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Sudán recluye sin cargos a cientos de personas por el ataque del 10 de mayo

Wed, 20 Aug 2008 17:41:31 +0100

El gobierno sudanés mantiene recluidas a cientos de personas sin cargos ni acceso a asistencia letrada tras el ataque armado lanzado contra Jartum el 10 de mayo por el Movimiento Justicia e Igualdad. El gobierno se prepara para juzgar a otras 109 personas detenidas en relación con este ataque.

Siguen sin conocerse la suerte y el paradero de la mayoría de las personas que continúan recluidas. Se han recibido informes de tortura y malos tratos de personas que fueron puestas en libertad. Amnistía Internacional teme que quienes siguen detenidos corran grave peligro de sufrir torturas. Según los informes que ha recibido la organización, entre los recluidos hay mujeres y un bebé de nueve meses.

Los temores de Amnistía Internacional han sido suscitados por las condenas a muerte en la horca dictadas el domingo 17 de agosto por los Tribunales Especiales Antiterroristas de Sudán contra 8 presuntos miembros del Movimiento Justicia e Igualdad. Entre ellos se encuentra un jefe militar del grupo. Otros doce presuntos miembros del mismo grupo fueron condenados a la horca el 20 de agosto de 2008. La condena eleva a 50 el número de personas condenadas a muerte en relación con el ataque del 10 de mayo.

"Los Tribunales Especiales Antiterroristas de Sudán no son más que una parodia de justicia", ha dicho Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. "Algunas de las personas condenadas ayer vieron a sus abogados por primera vez durante el juicio, mientras que varias afirmaron que las torturaron mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación y las obligaron a confesarse culpables."

"Esos juicios fueron claramente injustos y ahora Sudán se prepara para juzgar a más personas con este sistema. ¿Es eso justicia?", ha dicho Tawanda Hondora.

Uno de los abogados de los condenados el 17 de agosto dijo a Amnistía Internacional que el tribunal había rechazado su petición de que se examinaran las denuncias de tortura y malos tratos de su cliente, incluida la petición para que se le realizara un examen médico, a pesar de que, cuando comparecieron ante el juez, los acusados presentaban claras señales de malos tratos en sus cuerpos.

Los abogados defensores han recurrido las 38 sentencias en el limitado plazo que permiten los Tribunales Especiales. La decisión final, que se espera para las próximas semanas, deberá ser tomada por un Tribunal Especial de Apelaciones. A partir de entonces, el presidente tendrá que sancionar con su firma la decisión para que se lleven a cabo las ejecuciones.

"El gobierno sudanés tiene la obligación de investigar los delitos y poner a sus autores a disposición judicial, pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional y su propia Constitución, que garantiza juicios justos", ha manifestado Tawanda Hondora.

"Instamos a las autoridades sudanesas a que no ejecuten a estos hombres y revisen de inmediato sus causas."

Amnistía Internacional ha instado también a las autoridades sudanesas a que revelen el paradero de todas las personas recluidas en el marco de la investigación de los sucesos del 10 de mayo y a que presenten cargos contra ellas sin demora o las pongan en libertad de inmediato.

La organización también pide que a todos los detenidos se les permita acceder de forma regular a sus abogados y familiares y que se les facilite la atención médica adecuada.

Información complementaria

Con el ataque del 10 de mayo, un grupo armado de oposición con base en Darfur alcanzó por primera vez la capital desde el comienzo conflicto en 2003.

En las semanas siguientes al ataque cientos de personas fueron detenidas por la policía y las fuerzas de seguridad sudanesas. La mayoría de los detenidos eran naturales de Darfur. Amnistía Internacional recibió informes de ejecuciones extrajudiciales durante las oleadas de detenciones.

En julio, el presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir, anunció que pondría en libertad a 87 presuntos niños soldados acusados de participar en el ataque.

A finales de julio, los Tribunales Especiales condenaron a muerte a otras 30 personas, tras declararlas culpables de delitos relacionados con los ataques del 10 de mayo.

Los Tribunales Especiales Antiterroristas se crearon el 29 de mayo expresamente para juzgar a personas acusadas de participar en el ataque del 10 de mayo.

Se ha acusado y condenado a personas en virtud de artículos como los del Código Penal de 1991, la Ley Antiterrorista de 2001 y la Ordenanza sobre Armas y Municiones de 1993.

La sentencia del 17 de agosto es la cuarta dictada por estos tribunales.

Lamentable investigación del ejército israelí sobre el homicidio de un cámara en Gaza

Fri, 15 Aug 2008 18:31:53 +0100

Amnistía Internacional ha calificado de escandalosa la conclusión de la investigación del ejército israelí según la cual el disparo de un proyectil efectuado desde un tanque, que acabó con la vida del cámara de Reuters Fadel Shana, fue una decisión “sensata”. La supuesta investigación versaba sobre los homicidios del periodista y de otros tres civiles desarmados –entre los que había dos menores– ocurridos el 16 de abril de 2008.

La pretendida investigación del ejército ha carecido de todo signo de imparcialidad, por lo que Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento para que se realice una investigación imparcial e independiente del homicidio. La organización ha afirmado que la conclusión a la que ha llegado el ejército no hará más que reforzar la impunidad que ha llevado a las fuerzas israelíes en Gaza a cometer tantos homicidios temerarios y desproporcionados de menores y de otros civiles desarmados.

Fadel Shana trabajaba para la agencia de noticias Reuters y viajaba en un vehículo claramente señalizado con la palabra “Press”. Al salir del auto, tanto él como su compañero llevaban chalecos antibalas con el distintivo de la prensa. Lo mató un tanque israelí al que estaba filmando. El tanque lanzó un proyectil contra Shana, que también impactó en civiles, incluidos niños, e hirió a su compañero y a otras personas a su alrededor.

Shana y dos niños, Ahmad Farajallah y Ghassan Khaled Abu ‘Ataiwi, murieron a consecuencia de los impactos de los dardos del proyectil. Amnistía Internacional ha explicado que las bombas de fragmentación, que son muy imprecisas y albergan en su interior hasta 5.000 dardos de acero de cinco centímetros de longitud conocidos como flechettes que se extienden por una zona del tamaño de un campo de fútbol, son letales y nunca deben utilizarse en zonas pobladas ni en sus alrededores.

En la carta que envió a Reuters, el procurador general militar israelí afirma que el personal del tanque no vio ningún distintivo en el vehículo y que pensó que Fadel Shana era un integrista que apuntaba con un misil.

"Habida cuenta de los sofisticados sistemas ópticos de los dos tanques israelíes, situados a menos de kilómetro y medio, y de que la zona es abierta y la visibilidad era muy buena a plena luz del día, resulta extremadamente difícil creer que los soldados no hubieran visto las palabras ‘TV-Press’ señalizadas claramente tanto en el chaleco antibalas azul de Fadal Shana como en el vehículo Mitsubishi de Reuters aparcado a su lado", declaró Donatella Rovera, del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Casi nunca se llevan a cabo investigaciones independientes cuando las fuerzas israelíes matan a población civil desarmada. Incluso en los casos en que la indignación internacional obliga al procurador general militar a investigar un suceso de este tipo, el proceso es restringido y carece de independencia o imparcialidad. En esta ocasión, como en casi todas las demás, no se interrogó a ningún testigo.

No se ha realizado ninguna investigación adecuada de los homicidios de los otros 13 civiles desarmados, entre ellos ocho menores, ocurridos ese mismo día después de que grupos palestinos hubieran emboscado y matado a tres soldados israelíes.

Al no investigar estos homicidios ilegítimos ni hacer rendir cuentas a sus responsables, se niega la justicia a las víctimas y se fomentan los abusos. En último término también se están poniendo obstáculos a la posibilidad de encontrar una solución pacífica al conflicto, pues se transmite a la población palestina el mensaje de que les está vedada la justicia.

“Es incuestionable la necesidad de llevar a cabo una investigación plenamente independiente e imparcial de este homicidio”, manifestó Donatella Rovera.

Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente el lanzamiento de cohetes y demás ataques de los grupos armados palestinos contra civiles israelíes, y ha pedido que se les ponga fin y que sus responsables sean procesados. No obstante, la organización ha señalado que estos ataques de grupos armados no justifican la impunidad de que goza el ejército israelí por los homicidios de civiles palestinos.

En los primeros seis meses de 2008, las fuerzas israelíes mataron a unos 400 palestinos, entre ellos a más de 50 menores. La mayoría murió en Gaza y al menos la mitad eran civiles desarmados.

En el mismo periodo murieron 25 israelíes, entre ellos 17 civiles, en ataques lanzados por grupos armados palestinos.

Solidaridad con Zimbabue ante la reunión de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral

Fri, 15 Aug 2008 15:03:15 +0100

Cerca de 80 organizaciones, entre ellas varias Secciones africanas de Amnistía Internacional, han aunado sus voces para mostrar su solidaridad con el pueblo de Zimbabue. En una declaración dirigida a la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, que se reúne este fin de semana en Sudáfrica, las organizaciones han expresado su preocupación por las continuas violaciones de derechos humanos que sufre la población zimbabuense.

En el texto, las organizaciones reconocen que los partidos políticos zimbabuenses, la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, la Unión Africana y las Naciones Unidas están haciendo esfuerzos para solucionar la situación política y económica del país.

Sin embargo, los firmantes de la declaración –entre los que están HURINET, con sede en Uganda; la Red de ONG de Derechos Humanos del África Austral (SAHRiNGON), con sede en Tanzania; y el Centro de Asistencia Jurídica, de Namibia– han señalado que siguen cometiéndose violaciones de derechos aun después de que los partidos políticos hayan firmado el Memorando de Entendimiento el 21 de julio. Han hecho hincapié en que continúan la tortura, los malos tratos, el hostigamiento y la intimidación de activistas políticos y de derechos humanos.

“También nos preocupa que el Memorando de Entendimiento no haya abordado expresamente ciertas cuestiones importantes sobre justicia e impunidad, lo cual indica que esos asuntos no se tratarán en las conversaciones que tengan lugar entre los partidos políticos”, expone la declaración.

“Sumamos nuestras voces al creciente número de líderes cívicos y políticos, activistas y personas de a pie que condenan los acontecimientos de Zimbabue, que han causado indecibles sufrimientos a su población. Deben buscarse de una vez soluciones a la persistente violencia política, la supresión de derechos humanos fundamentales y la ausencia de gobernanza, que han contribuido de forma directa al empobrecimiento del pueblo zimbabuense.”

“El actual gobierno ha reprimido brutalmente la disidencia democrática y ha perseguido a activistas políticos y de derechos humanos, despreciando sin miramientos los derechos consagrados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.”

La declaración hace un llamamiento a los líderes africanos de todas las esferas –panafricana, regional y nacional– y a sus instituciones para que insten al gobierno de Zimbabue a poner fin de inmediato a las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en el país, a condenar públicamente toda violencia política y a pedir el cese de dicha violencia.

Suspensión de ejecuciones por lapidación, un paso acogido con satisfacción si se lleva a cabo

Fri, 15 Aug 2008 14:38:04 +0100

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción el anuncio realizado la semana pasada por el portavoz de la magistratura iraní de que se ha suspendido la ejecución por lapidación y que se ha conmutado la condena a varias mujeres, cuyos nombres se desconocen, que se enfrentaban a esta pena.

"La lapidación es una práctica horrible, diseñada para aumentar el sufrimiento de las personas condenadas a muerte y no tiene cabida en el mundo moderno –declaró Amnistía Internacional–. Esperamos que las autoridades iraníes garanticen que no se volverá a usar esta pena espantosa."

La mayoría de las personas condenadas a muerte por lapidación han sido mujeres. En virtud de la legislación iraní y ante los tribunales iraníes, las mujeres no reciben el mismo trato que los hombres. Además, puesto que el analfabetismo es superior entre las mujeres, es más probable que firmen confesiones relativas a delitos que no cometieron y que se las someta a juicios injustos.

"La suspensión de las lapidaciones es un paso que, si bien se debería haber producido mucho antes, se acoge con satisfacción y supone un homenaje a los valerosos esfuerzos de las personas que defienden los derechos humanos en Irán –manifestó Drewery Dyke, del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional–. No obstante, se incumplió una suspensión anterior de las ejecuciones por lapidación, por lo que estaremos observando vigilantes para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar".

En 2002, el presidente de la Magistratura anunció que se había acabado con el uso de la lapidación como método de ejecución. Sin embargo, según informes, en Mashad, en 2006, se lapidó hasta la muerte a un hombre y a una mujer. El 5 de julio de 2007 se llevó a cabo una nueva ejecución por lapidación: Ja'far Kiani fue ejecutado en la provincia de Qazvin tras haber sido condenado por adulterio.

"Realmente está en manos del Parlamento [que actualmente está considerando la propuesta de un nuevo código penal] reformar la legislación y garantizar que no se vuelva a permitir nunca más la celebración de ejecuciones por lapidación", añadió Drewery Dyke.

La anunciada suspensión de las lapidaciones se produce a raíz de una acción concertada por los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Irán, quienes, desde octubre de 2006, han puesto en marcha la campaña "Detengan las lapidaciones para siempre". Se cree que sus esfuerzos, junto con la publicidad local e internacional que han generado y el apoyo de Amnistía Internacional y de otras organizaciones han ayudado a evitar que al menos cinco personas fueran lapidadas.

Aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción el anuncio relativo a la suspensión de las lapidaciones, la organización continúa exhortando a las autoridades iraníes para que pongan fin a otras penas crueles e inhumanas, como el flagelamiento y la amputación de los miembros prescrita en algunas disposiciones –si bien es cierto que rara vez se ponen en práctica–, y para que adopten otras medidas que conlleven una reducción del uso de la pena de muerte.

El Código Penal iraní existente estipula que la pena aplicable por el delito de adulterio cometido por personas casadas es la ejecución por lapidación. Dispone, incluso, que las piedras deben ser suficientemente grandes como para que causen dolor, pero no tanto como para que maten a la víctima inmediatamente.

Las personas que defienden los derechos humanos en Irán continúan enfrentándose a detenciones, acoso e intimidación por parte de las autoridades. En marzo de 2007, mientras protestaban por la celebración en Teherán del juicio a cinco activistas en favor de los derechos de las mujeres, se detuvo a 33 mujeres, entre ellas, algunas participantes en la campaña "Detengan las lapidaciones para siempre".

Ocho ciudadanos bahreiníes liberados

Wed, 13 Aug 2008 17:48:56 +0100

El 12 de julio de 2008 quedaron en libertad sin cargos en Arabia Saudí ocho ciudadanos bahreiníes tras haber pasado más de cuatro meses detenidos.

Habían viajado de Bahréin a Riad, en Arabia Saudí, y fueron detenidos por fuerzas de seguridad a su llegada, el 28 de febrero. Durante semanas sus familias no tuvieron contacto con ellos ni supieron cuál era su paradero exacto.

Siete de los ocho hombres son profesores –Sayyid Ahmad ‘Alawi, Majeed al-Ghasra, Muhammad ‘Abdullah al-Mu’man, ‘Abbas Ahmad Ibrahim, ‘Isa ‘Abdul-Hassan Ahmad, Muhammad Hassan ‘Ali Marhoun y Ibrahim Marzam al-Haddad– y uno ingeniero –Muhammad Mahdi Khalil–. Los ocho estuvieron recluidos en régimen de aislamiento durante todo el tiempo que permanecieron detenidos sin que se presentaran cargos contra ellos o fueran juzgados.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción su liberación y el regreso a su hogar. No obstante, las autoridades saudíes siguen manteniendo a personas detenidas en régimen de incomunicación, y siguen sometiéndolas a tortura y otros malos tratos.

En 2007, el Ministerio del Interior anunció que había al menos 3.000 presuntos opositores políticos retenidos sin cargos ni juicio. Según informes, el Ministerio reveló que entre 2003 y 2007 detuvo a 9.000 personas en el contexto de la “guerra contra el terror”.

No debemos retroceder en Myanmar

Fri, 08 Aug 2008 13:08:22 +0100

Por Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar

"Debemos seguir adelante, avanzando, en Myanmar. No podemos retroceder”. Estas palabras me las dijo una persona participante en el alzamiento del "8888" de Myanmar que se vio obligada a huir del país. Sin embargo, veinte años después del breve florecimiento del poder popular en Myanmar, apenas ha mejorado nada para los millones de personas que continúan sufriendo, sometidas a un gobierno represivo.

Para que el futuro sea mejor, el Consejo de Seguridad de la ONU y los vecinos asiáticos de Myanmar deben dejar de pasar por alto las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país y comenzar a tomar medidas audaces y efectivas para ponerles fin.

El 8 de agosto de 1988, los estudiantes se echaron a la calle en Yangón (entonces todavía Rangún) para exigir democracia y derechos humanos al gobierno. Durante las seis semanas siguientes, las manifestaciones, cada vez más multitudinarias y con más apoyo popular, se extendieron por todo el país, hasta que intervinieron las fuerzas de seguridad y reprimieron violentamente el alzamiento: mataron a más de 3.000 personas y causaron la desaparición forzada de muchas otras, cuyo número exacto se desconoce.

La masacre conmocionó al mundo hasta el punto de que, dentro y fuera del país, muchas personas creyeron que con ella se ponía el punto final en Myanmar y que la comunidad internacional no iba a tolerar ya que se cometieran violaciones de derechos humanos en una escala tan atroz. Pero, por desgracia para la población de Myanmar, esas personas estaban equivocadas.

Durante casi 13 de los últimos 19 años, Daw Aung San Suu Kyi, líder del principal partido de oposición, galardonada con el Nobel de la Paz e icono del movimiento de derechos humanos birmano, ha estado sometida a alguna forma de detención. U Win Tin, de 78 años, alto cargo de su partido, lleva encarcelado los 19 años enteros. Desde 1988 se ha detenido a millares de presos políticos más; y 137 han muerto bajo custodia, en algunos casos por tortura o falta de atención médica.

En estos momentos hay más de 2.000 personas encarceladas, más de un tercio de las cuales fueron detenidas por el gobierno durante la represión violenta de las manifestaciones dirigidas por monjes en otoño del año pasado: la tercera gran serie de manifestaciones que ha organizado la población birmana desde el alzamiento del “8888” parareivindicar sus derechos, pese a encontrar implacable e intimidante resistencia. Sólo días después de la represión, monjes y disidentes llegados a la frontera entre Tailandia y Myanmar me contaron terribles relatos de la reciente violencia y de su huida a duras penas del país.

Fuera de las ciudades –y sin llamar la atención internacional– durante los últimos 20 años el ejército de Myanmar ha seguido también haciendo la guerra a las minorías étnicas del país, entre ellas los karen. Las campañas contra el Ejército de Liberación Nacional Karen son incesantes desde principios de la década de 1990. Hace tres años, el ejército comenzó otra gran ofensiva contra esta etnia, que continúa todavía, aunque esta vez evita activamente a dicho grupo y ataca, en su lugar, a campesinos indefensos.

El ejército está perpetrando de manera generalizada y sistemática diversas violaciones graves de los derechos humanos contra los karen, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, trabajo forzado, destrucción y confiscación de cultivos, restricción de la libertad de circulación, levas arbitrarias, imposición de multas y colocación de minas terrestres antipersonal.

Otro efecto de la represión del alzamiento del “8888” y de la persecución étnica es que en los dos últimos decenios centenares de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para buscar refugio en otras partes de Myanmar o en países vecinos. Al menos medio millón de personas, de una nación de alrededor de 51 millones de habitantes, están desplazadas internamente en Myanmar. Como yo mismo he comprobado, la mayoría viven en condiciones lamentables y con miedo constante, preguntándose si el mundo sabe siquiera que existen.

Algo menos de la mitad de ese número de personas están reconocidas como refugiados en los países vecinos, pero un número varias veces superior no están reconocidas oficialmente y tienen, por tanto, menos derechos todavía. Mientras otra generación entera de niños y niñas nacía en el exilio, muchos refugiados se han convertido en activistas de los derechos humanos –los miembros de la “generación del 88” de Myanmar– y figuran entre los más comprometidos y valientes del mundo.

Hace tres meses, el gobierno dejó abandonada intencionadamente a la población cuando el ciclón Nargis arrasó Myanmar. Trabajadores de agencias de ayuda humanitaria, diplomáticos, periodistas y supervivientes birmanos me dijeron una y otra vez con horror e incredulidad que el gobierno había violado los derechos humanos de sus propios ciudadanos, entre ellos el derecho a alimentos, abrigo y salud, y a la vida misma en escala masiva.

El gobierno se negó a desplegar su muy necesitado ejército de 400.000 soldados en las zonas afectadas y rechazó la ayuda internacional. En cambio, las autoridades consideraron adecuado obligar a una población traumatizada, desconsolada y hambrienta a “votar” en favor de una nueva Constitución que no protege los derechos humanos y que codifica la impunidad de los funcionarios que los violan.

El éxodo de refugiados de Myanmar y la respuesta del gobierno al ciclón han generado el tipo de sufrimiento humano para el cual se concibió el sistema de la ONU. Ésta ha enviado numerosas misiones oficiales y no oficiales a Myanmar desde 1988 —dos de ellas este mismo mes— y tiene una gran presencia humanitaria allí ahora, pero con muy poco o ningún impacto en los derechos humanos.

No obstante, el único órgano de la ONU con auténtico poder, el Consejo de Seguridad, no ha podido tomar medidas efectivas o no ha estado dispuesto a hacerlo. Ni ha visitado Myanmar para conseguir información de primera mano sobre la situación sobre el terreno ni ha impuesto un embargo exhaustivo y obligatorio de armas al país. La única resolución en que se condenaba el historial de Myanmar en materia de derechos humanos fue vetada en enero de 2007 por China y Rusia, dos de los miembros permanentes, mientras que Indonesa, que era miembro no permanente en ese momento, se abstuvo.

Desde entonces, el Consejo de Seguridad ha emitido sólo dos declaraciones de la Presidencia sobre Myanmar, una en octubre de 2007, en la que se lamentaba terriblemente la represión de ese otoño, y otra en mayo de 2008, en la que se subrayaba la necesidad de que Myanmar garantizara la participación y la credibilidad en el referéndum constitucional que iba a celebrarse ese mes. China, Indonesia y Vietnam, entre otros Estados, se opusieron al uso de un lenguaje más contundente.

Aunque hay que expresar satisfacción por las declaraciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) críticas con la represión de otoño del año pasado y con el hecho de que Daw Aung San Suu Kyi continúe detenida, esta organización y sus países miembros han sido inexcusablemente indulgentes con el historial de Myanmar en materia de derechos humanos durante los últimos veinte años. India, que es un poderoso Estado vecino y una de las mayores democracias del mundo, también se ha mostrado alarmantemente comprensiva.

Como ocurrió con el alzamiento del “8888”, muchas personas esperan que la respuesta del gobierno al ciclón Nargis marque el final de tan enormes violaciones de derechos humanos en Myanmar. Sin embargo, que en esta ocasión sea así depende no sólo de la población birmana, cuya “Generación del 88" continúa abriendo con gran valor el camino, sino también de la voluntad política del Consejo de Seguridad de la ONU y de los vecinos asiáticos de Myanmar. Veinte años son mucho tiempo, pero no es demasiado tarde.

Este artículo se publicó originalmente en el Bangkok Post de Tailandia el 8 de agosto de 2008.

Salim Hamdan, condenado por una comisión militar

Tue, 12 Aug 2008 08:37:24 +0100

Salim Hamdan fue condenado el 7 de agosto a cinco años y medio de prisión en el primer juicio ante una comisión militar estadounidense de Guantánamo. El fiscal había pedido una condena de al menos 30 años.

El día anterior, un grupo de seis militares estadounidenses habían declarado a Hamdan culpable de "prestar apoyo material al terrorismo" y lo habían absuelto del cargo de "conspiración".

Se considera cumplida la parte de la condena correspondiente a los 61 meses y 8 días que ha pasado bajo custodia en Guantánamo desde que se consideró por primera vez que reunía los requisitos necesarios para ser sometido a juicio, en 2003. Esta decisión se tomó con el sistema anterior de comisiones militares, autorizado por orden presidencial pero declarado ilegal posteriormente, en 2006, por la Corte Suprema de Estados Unidos.

En un sistema ordinario de justicia, esto significaría que sería puesto en libertad en menos de cinco meses. Sin embargo, el 5 de agosto el Pentágono sugirió que Salim Hamdan quedara sometido a detención indefinida como "combatiente enemigo", con independencia de la sentencia dictada contra él.

Matt Pollard, asesor jurídico de Amnistía Internacional, ha manifestado que la sentencia condenatoria de Hamdan ha estado basada en un procedimiento que ha "incumplido fundamentalmente las normas internacionales sobre juicios justos".

"Imponer así una pena no puede, por tanto, más que agravar la injusticia del juicio y las demás violaciones de derechos humanos cometidas durante sus muchos años de detención ilegal", ha añadido Pollard.

El marco de leyes y normas en que actúan las comisiones militares es básicamente incompatible con el derecho internacional y ha recibido críticas en todo el mundo. Sin embargo, parece que las autoridades estadounidenses tienen pensado seguir con él y someter a muchos más detenidos de Guantánamo a estos procedimientos ilegales.

Amnistía Internacional considera que el sistema de comisiones militares adolece de deficiencias fundamentales y debe suprimirse. La organización continúa haciendo campaña para que todo juicio de detenidos de Guantánamo se celebre ante tribunales civiles ordinarios de Estados Unidos, sin que se recurra a la pena de muerte, y para que el centro de detención de Guantánamo se cierre.

Salim Hamdan, condenado en Guantánamo

Thu, 07 Aug 2008 14:17:59 +0100

Salim Hamdan, ciudadano yemení, ha sido declarado culpable por un tribunal integrado por seis oficiales militares estadounidenses de "proporcionar apoyo material al terrorismo" y absuelto de "conspiración". El Pentágono había confirmado ayer, 5 de agosto de 2008, que continuaría en detención indefinida como "combatiente enemigo", cualquiera que fuera la sentencia.

Un portavoz de Amnistía Internacional ha señalado que la declaración de culpabilidad de Salim Hamdan, en virtud de procedimientos que no cumplen las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías, agrava la injusticia que suponen sus más de cinco años de detención ilegal en Guantánamo.

"Hemos pedido constantemente que la justicia y la seguridad se procuren dentro de un marco de estricto respeto del derecho internacional; sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha fallado sistemáticamente en este sentido", ha manifestado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.

Amnistía Internacional ha afirmado que el sistema de comisiones militares en su integridad adolece de deficiencias fundamentales y que estos tribunales deben abandonarse en todos los casos. La organización sigue haciendo campaña para que los juicios de los detenidos de Guantánamo se celebren en tribunales civiles ordinarios en Estados Unidos, sin que pueda imponerse la pena de muerte, y para que se cierre el centro de detención de Guantánamo.

Está previsto que la vista para la imposición de la pena comience hoy, 6 de agosto. Salim Hamdan se enfrenta a una condena máxima de cadena perpetua.

La detención de Radovan Karadžic es un gran paso hacia la justicia

Tue, 22 Jul 2008 15:25:31 +0100

Radovan Karadžic podría ser entregado al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en Países Bajos, este fin de semana o a principios de la semana que viene, dependiendo de qué suceda con un posible recurso de apelación de última hora.

El ex líder serbobosnio contaba con un plazo que vencía a media noche del viernes 25 de julio de 2008 para presentar un recurso de apelación contra su extradición al citado Tribunal con sede en La Haya, Países Bajos. De hacerlo, un panel de jueces se reunirá para tomar una decisión. Si, como es de esperar, se desestima el recurso, el gobierno serbio emitirá la orden definitiva de extradición.

Amnistía Internacional ha pedido que se conceda al Tribunal tiempo y recursos suficientes para garantizar justicia a las víctimas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guera de Bosnia y Herzegovina.

“El Consejo de Seguridad de la ONU debe revisar el plazo límite, y arbitrario, de 2010 establecido para que el Tribunal para la ex Yugoslavia complete sus causas”, ha manifestado Amnistía Internacional el martes 22 de julio.

“De las 161 personas acusadas por el Tribunal, se han concluido las causas contra 115, pero todavía continúan los procedimientos contra otras 46. Además, dos de los acusados -Ratko Mladic y Goran Hadžic– continúan en libertad. El Tribunal debe disponer del tiempo necesario para procesar todos estos casos.”

Amnistía Internacional siente preocupación por que el Tribunal no va a poder juzgar antes de 2010 a todas las personas que han sido acusadas pero cuyos casos siguen en curso. A consecuencia de ello, es posible que se retiren acusaciones por falta de tiempo para examinar todos los cargos, o que no se estudien apelaciones.

Los casos pueden ser remitidos a los tribunales penales nacionales, pero Amnistía Internacional siente una considerable preocupación por la calidad de la justicia que se puede impartir en ellos, por la capacidad de estos tribunales para proteger a víctimas y testigos o para conseguir pruebas, y por el compromiso de llevar a cabo una investigación y unos procedimientos exhaustivos. En la mayoría de los países de la ex Yugoslavia, la falta de voluntad política, y en ocasiones incluso la obstrucción deliberada, siguen bloqueando la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de guerra.

“La detención de Radovan Karadžic es una gran victoria. Amnistía Internacional, como parte de su campaña ‘¡Detención ya!’, lleva una década pidiendo su detención y entrega al Tribunal. Es este Tribunal el que debe examinar los casos de los presuntos perpetradores de tan graves crímenes, incluidos Ratko Mladic y Goran Hadžic”, ha manifestado la organización.

Radovan Karadžic, ex presidente de la República Srpska, cabeza del Partido Democrático Serbio y comandante en jefe del Ejército de los Serbios de Bosnia, ha permanecido en libertad más de 12 años tras ser acusado de crímenes cometidos en Bosnia y Herzegovina, crímenes entre los que se encuentran el de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra perpetrados en Srebrenica.

Información complementaria
Radovan Karadžic está acusado de genocidio, complicidad en genocidio, exterminación, asesinato, homicidio intencionado, persecución, deportación, actos inhumanos y otros crímenes cometidos contra musulmanes de Bosnia, croatas de Bosnia y otros civiles no serbios de Bosnia y Herzegovina durante el conflicto de 1992-1995.

Entre los cargos de genocidio que pesan contra él se encuentra el asesinato de unos 8.000 hombres y muchachos musulmanes bosnios cometido en Srebrenica en 1995. La acusación afirma que también cometió genocidio, persecución y otros crímenes cuando las fuerzas bajo su mando mataron a personas no serbias por todo Bosnia y Herzegovina, detuvieron a miles de no serbios y los trasladaron a campos de detención establecidos por las autoridades serbias de Bosnia. Asimismo, la acusación expone que las fuerzas bajo su mando mataron, torturaron, maltrataron y agredieron sexualmente a personas no serbias en esos campos.
Radovan Karadžic también está acusado de crímenes de guerra por los bombardeos y tiroteos contra civiles de Sarajevo que causaron la muerte y heridas a miles de personas, muchas de ellas mujeres y menores.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia fue establecido en 1993 por el Consejo de Seguridad de la ONU para investigar y enjuiciar crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia desde 1991.

Pese a que algunas de las personas acusadas por el Tribunal continúan en libertad, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió en 2004 al Tribunal que completara su trabajo para 2010.

El Ministerio de Defensa británico acuerda compensar a víctimas iraquíes de tortura

Mon, 14 Jul 2008 10:14:34 +0100

El Ministerio de Defensa británico pagará una indemnización a la familia de un hombre iraquí que trabajaba como recepcionista de hotel y que murió tras ser torturado durante 36 horas bajo custodia de las tropas británicas en Basora, Irak.

Se abonarán casi tres millones de libras esterlinas como reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos a las que tanto ese hombre como otros detenidos al mismo tiempo que él fueron sometidos por miembros de las fuerzas armadas británicas.

Baha Mousa, iraquí de 26 años y padre de dos hijos, murió en septiembre de 2003. La autopsia reveló que había 93 lesiones distintas en el cadáver. Varios iraquíes que estuvieron recluidos hacia la misma época también fueron torturados y maltratados.

El jueves 10 de julio se anunció que las indemnizaciones ascenderán a 2,83 millones de libras esterlinas (5,59 millones de dólares estadounidenses), a repartir entre la familia de Baha Mousa y nueve hombres más que estuvieron detenidos junto con él.

Según los abogados que actuaron en nombre de Baha Mousa en el litigio para el pago de la indemnización, Daoud Mousa, padre de Baha y ex coronel de la fuerza policial iraquí, ha manifestado en relación con la concesión de la indemnización: “Tengo presente cada día la muerte de mi hijo. El acuerdo de indemnización aliviará algo ese dolor, y servirá en parte para que sus hijos, mis nietos, puedan rehacer su vida.”

Amnistía Internacional ha afirmado que considera que la concesión de esta indemnización es un reconocimiento necesario, aunque muy tardío, de las graves violaciones de derechos humanos a las que Baha Mousa y quienes estuvieron detenidos con él fueron sometidos. La organización estima asimismo que se trata de un paso hacia la reparación de esas violaciones.

En su trabajo sobre este caso, Amnistía Internacional ha hecho campaña para conseguir que el Reino Unido lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre todas las circunstancias de la tortura y la muerte de Baha Mousa, y de la tortura de los demás iraquíes recluidos junto con él.

En mayo de 2008, el Ministerio de Defensa anunció finalmente que se iba a abrir una investigación pública sobre este caso. Su ámbito y alcance no se han comunicado aún, pero se ha confirmado ya que la investigación se realizará dentro del marco de la Ley de Investigaciones de 2005.

Amnistía Internacional considera desde hace mucho tiempo que ninguna investigación iniciada en aplicación de esta ley sobre una denuncia de violación grave de derechos humanos será lo suficientemente independiente del gobierno que la encargue como para cumplir los criterios pertinentes establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.