Argelia

En el contexto del EPU, Amnistía Internacional ha formulado las siguientes recomendaciones a Argelia:

  • Que derogue o reforme las leyes que siguen discriminando a las mujeres, con el fin de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y penalizar los delitos relacionados con la violencia en el ámbito familiar, incluida la violación conyugal.
  • Que derogue o reforme las disposiciones legales sobre delitos relacionados con el terrorismo que violan el derecho internacional, incluida la amplia definición de terrorismo.
  • Que derogue las disposiciones legales introducidas en la Ley 06-01 de febrero de 2006 que impiden a los tribunales investigar las denuncias contra las fuerzas de seguridad y contra quienes actúan de forma concertada con ellas, y que penalizan la libertad de expresión y de debate en torno a la conducta de las fuerzas de seguridad.
  • Que lleve a cabo investigaciones inmediatas e imparciales sobre todas las denuncias de desaparición forzada, detención secreta y tortura, y lleve ante la justicia a los responsables de esos actos, de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.
  • Que tome medidas inmediatas para garantizar que los agentes del Departamento de Información y Seguridad (Département du Renseignement et de la Sécurité, DRS), que violan de manera habitual las salvaguardias jurídicas relativas a la detención y la reclusión, dejan de desempeñar esas funciones o ejercer funciones de policía judicial.
  • Que reforme la legislación para garantizar que todas las personas detenidas tienen acceso a asistencia letrada en todas las etapas del proceso judicial, incluso durante la detención, el interrogatorio y las investigaciones preliminares.
  • Que garantice que no se utiliza como prueba en ningún procedimiento judicial ninguna declaración de la que se determine que se ha realizado a consecuencia de tortura o malos tratos, salvo contra las personas acusadas de esos actos de tortura o malos tratos, y que introduzca salvaguardias jurídicas a este respecto.
  • Que garantice que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a intimidación.

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