India

En el contexto del EPU, Amnistía Internacional ha formulado las siguientes recomendaciones a India:

  • Que ponga plenamente en práctica protecciones jurídicas en los planes constitucionales y políticos, sin discriminación de ningún tipo, especialmente hacia los grupos marginados social y económicamente.
  • Que investigue todos los informes de conducta indebida de las autoridades policiales y tome medidas efectivas para reformar la estructura policial con el fin de garantizar un acceso fácil a la justicia para todas las personas.
  • Que garantice que todos los informes de violaciones de derechos humanos, en particular de muertes bajo custodia, se investigan sin demora y de manera imparcial y efectiva, que los responsables comparecen ante la justicia en juicios que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, y que las víctimas y supervivientes reciben plena reparación.
  • Que ponga fin a la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad, y que elimine todas las disposiciones legislativas que podrían impedir la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos.
  • Que cumpla su compromiso de fortalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos otorgándole una mayor autoridad, un mandato más amplio y recursos adecuados para la protección efectiva de los derechos humanos en el país.
  • Que ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que coopere plenamente con los Procedimientos Especiales y los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU y que ponga en práctica sus recomendaciones.
  • Que lleve a cabo investigaciones efectivas e inmediatas sobre los incidentes de violencia contra las comunidades musulmanas en el estado de Gujarat, donde más de 2.000 personas han muerto por homicidio. Que procese a los responsables de estas muertes, incluidas las autoridades gubernamentales y policiales, y que proporcione reparación a víctimas y supervivientes.
  • Que tome medidas concretas para impedir que se cometan violaciones de derechos humanos durante la apropiación de tierras para proyectos industriales. Esto incluye poner fin a la práctica de desalojos forzosos y reasentamientos involuntarios, investigar sin demora los informes de violaciones de derechos humanos, garantizar la indemnización a quienes pierden sus tierras y garantizar también la seguridad de tenencia.

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