Indonesia

En el contexto del EPU, Amnistía Internacional ha formulado las siguientes recomendaciones a Indonesia:

  • Que garantice que el Código de Procedimiento Penal es conforme con las normas internacionales sobre juicios justos.
  • Que garantice la protección, tanto en la ley como en la práctica, a todos los sospechosos, víctimas y testigos, de acuerdo con el derecho internacional y las normas sobre juicios justos, y que garantice que todas las violaciones del Código de Procedimiento Penal cometidas por agentes del Estado se investigan adecuadamente, y que los responsables comparecen ante la justicia.
  • Que elimine de la legislación nacional todas las disposiciones que establecen la pena de muerte y que declare de inmediato una suspensión de todas las ejecuciones, y que revise la Ley para Combatir los Actos de Terrorismo con el fin de garantizar que es conforme con las normas internacionales de derechos humanos.
  • Que garantice que en la provincia de Papúa se respeta el derecho a la libertad de expresión y reunión. Que garantice también que los periodistas locales e internacionales, el personal humanitario y los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen acceso completo y sin trabas a la población de la provincia. Que garantice asimismo que todos los miembros de la policía y el ejército son conscientes del papel legítimo que desempeñan los defensores y defensoras de los derechos humanos y de la responsabilidad que ellos mismos tienen de proteger a estas personas, conforme establece la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
  • Que respalde la reciente resolución del Tribunal Constitucional eliminando todos los artículos del Código Penal que vulneran el derecho a la libertad de expresión y asociación, y que ponga inmediatamente en libertad a todas las personas encarceladas por ejercer pacíficamente ese derecho.
  • Que investigue sin demora y enjuicie todos los informes de ejecución extrajudicial, tortura y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones y acoso a defensores y defensoras de los derechos humanos. Que lleve ante la justicia a los responsables, y que garantice que las víctimas de violaciones de derechos humanos reciben reparación efectiva.
  • Que incorpore en el proyecto de legislación de 2006 sobre las condiciones de las personas que trabajan en el servicio doméstico las normas mínimas de la OIT sobre este tipo de trabajo. La ley debe mencionar específicamente un salario mínimo, una jornada diaria claramente definida de horas de trabajo y de descanso, disposiciones sobre el trabajo nocturno y las horas extra –incluida la compensación adecuada–, y disposiciones respecto a los días festivos, la baja por enfermedad y el permiso de maternidad.

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