Marruecos

En el contexto del EPU, Amnistía Internacional ha formulado las siguientes recomendaciones a Marruecos:

  • Que derogue todas las disposiciones que permiten la pena de muerte y declare de inmediato una suspensión de todas las ejecuciones.
  • Que modifique la legislación contra la tortura para garantizar que tiene en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 4 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
  • Que reforme la Ley de 2003 para Combatir el Terrorismo, de acuerdo con las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por Marruecos, y especialmente teniendo en cuenta su amplia definición de terrorismo y delitos relacionados con el terrorismo. Que garantice el derecho a un juicio justo, conforme establecen las normas internacionales, tanto para los acusados en virtud de la ley antiterrorista como para los acusados de otros delitos.
  • Que lleve a cabo investigaciones exhaustivas sobre todos los casos de desaparición forzada presentados ante las autoridades, y que lleve a los responsables ante la justicia. Los agentes del Estado sospechosos de ser responsables de violaciones graves de derechos humanos deben ser suspendidos mientras se decide su procesamiento.
  • Que tome medidas concretas para garantizar que se respeta el derecho de toda la población saharaui a la libertad de expresión, asociación y reunión, y que permita a los defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos reunir y difundir información y opiniones sobre cuestiones de derechos humanos sin temor al procesamiento, el acoso o la intimidación.
  • Que ponga en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia, y que garantice que los artículos del Código Penal y del Código de la Prensa que penalizan el ejercicio pacífico del derecho fundamental a la libertad de expresión, asociación y reunión son conformes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por Marruecos.
  • Que detenga de inmediato la devolución (refoulement) de personas refugiadas y solicitantes de asilo y la expulsión colectiva o en masa de migrantes a países vecinos.
  • Que lleve a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e independientes sobre todas las denuncias de muertes, lesiones o agresiones sexuales a migrantes y solicitantes de asilo causadas por el uso de la fuerza o de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que haga públicos sus resultados.
  • Que reafirme y respete plenamente el principio de no devolución (non-refoulement) y que garantice que todos los solicitantes de asilo tienen acceso a procedimientos justos y satisfactorios para determinar si necesitan protección internacional. Esto incluye el derecho de apelación, con efecto suspensivo, ante un órgano especializado independiente, y el derecho a contar con asistencia letrada e interpretación, de acuerdo con el derecho internacional.
  • Que dé a la Dirección de la Vigilancia del Territorio (Direction de la surveillance du territoire, DST) instrucciones claras y públicas de que sus agentes deben obedecer la ley y dejar de llevar a cabo detenciones y reclusiones.
  • Que garantice que se llevan a cabo investigaciones efectivas sobre todas las denuncias de tortura o malos tratos y que los responsables son procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.
  • Que ordene la repetición de juicios, en procedimientos conformes con las normas internacionales sobre juicios justos, para todas las personas que hayan sido declaradas culpables sobre la base de declaraciones de las que se sospeche que han sido obtenidas mediante tortura o malos tratos.

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