Sri Lanka

En el contexto del EPU, Amnistía Internacional ha formulado las siguientes recomendaciones a Sri Lanka:

  • Que acceda a establecer sin más demora una presencia internacional de observación de los derechos humanos, tal como recomendó el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, quien, tras su visita a Sri Lanka en 2005, recomendó el establecimiento de un mecanismo internacional de vigilancia de los derechos humanos. En octubre de 2007, la alta comisionada para los derechos humanos ofreció la ayuda de su Oficina para reunir información e informar públicamente sobre cuestiones de derechos humanos. En las crecientes hostilidades entre el gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, una gran parte de la población civil ha sido víctima de homicidios, desapariciones forzadas y desplazamiento.
  • Que facilite a las organizaciones internacionales y nacionales el acceso pleno y sin restricciones al país, incluida la concesión de los permisos de viaje necesarios, para que puedan proporcionar ayuda humanitaria, incluidos alimentos y suministros médicos, a los civiles que lo necesitan.
  • Que establezca, como cuestión prioritaria, un programa efectivo de protección de testigos que permita llevar a cabo investigaciones inmediatas e imparciales sobre todos los informes de homicidio, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, y otras violaciones graves de derechos humanos. Que garantice que los responsables de esos actos comparecen ante la justicia en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, y que garantice también la reparación a las víctimas y sus familiares. Cuando el Grupo Internacional Independiente de Personas Eminentes anunció en marzo de 2008 su decisión de dar por concluida su misión, identificó la ausencia de una protección efectiva para los testigos como una de las razones principales de la falta de progresos en las investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos. El Grupo citó asimismo la injerencia indebida del fiscal general en el trabajo de la Comisión de Investigación, el lento avance de sus vistas y la falta de cooperación plena por parte de los órganos del Estado.
  • Que garantice la plena aplicación de la Enmienda 17 a la Constitución, que establece la Comisión Constitucional encargada de designar a los miembros independientes de diversas comisiones públicas. En la situación actual, en la que la Comisión Constitucional no está funcionando, el presidente ha nombrado unilateralmente para la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Policía a personas que carecen de la independencia necesaria. Esto ha afectado tanto a la credibilidad como a la efectividad de estas importantes comisiones. El Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales rebajó recientemente la categoría de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka a causa de la preocupación por su independencia. Se trata de un círculo vicioso que debe romperse urgentemente. El gobierno debe garantizar que los miembros de comisiones públicas son designados mediante un proceso independiente. Por lo tanto, la Comisión Constitucional debe reconstituirse urgentemente y asumir su importante papel en el nombramiento de los miembros de comisiones públicas (el punto 24 del informe del Estado destaca el importante papel desempeñado por la Constitución en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, tal como señala el punto 3 del informe recopilatorio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la falta de cumplimiento de la Enmienda 17, que incluye la falta de nombramiento de los miembros de la Comisión Constitucional, ha socavado la independencia de instituciones clave, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Policía).
  • Que garantice la plena aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y de las comisiones presidenciales de investigación sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, incluida la petición de que se cree un registro central –de acceso público– de detenidos que incluya la fecha de la detención, el traslado y la liberación, y la petición de que derogue o revise la normativa de emergencia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
  • Que facilite sin más demora la visita solicitada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, pendiente desde 2006.

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