Túnez

En el contexto del EPU, Amnistía Internacional ha formulado las siguientes recomendaciones a Túnez:

  • Que reforme la legislación antiterrorista de 2003, especialmente su amplia definición de terrorismo y delitos relacionados con el terrorismo, que cumpla con las obligaciones internacionales contraídas por Túnez en materia de derechos humanos, y que garantice que las personas acusadas tanto en virtud de la ley antiterrorista como de otros cargos reciben un juicio justo, de acuerdo con las normas internacionales.
  • Que tome medidas efectivas, incluida una reforma legislativa, para abordar las graves irregularidades estructurales de la administración de justicia que dañan la independencia del poder judicial.
  • Que cumpla con las obligaciones contraídas por el país en virtud tanto de la legislación nacional como del derecho y las normas internacionales de derechos humanos y que levante las restricciones impuestas arbitrariamente a los ex presos políticos. Que reforme o derogue todas las leyes que siguen permitiendo la imposición de penas de prisión por ejercer pacíficamente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y que ponga en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia.
  • Que ponga fin a las restricciones impuestas a las organizaciones de derechos humanos y que detenga el acoso y la intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas.
  • Que tome medidas efectivas para poner fin a los actos de tortura y otros malos tratos en cualquier etapa de la detención o el interrogatorio de una persona, y que garantice que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos a presos se investigan con carácter de urgencia y que los responsables comparecen ante la justicia.
  • Que tome medidas concretas y efectivas para mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar que las personas encarceladas tienen pleno acceso a visitas de sus familias y a atención médica y que no son sometidas a tortura o malos tratos, tampoco a manos de las autoridades penitenciarias.
  • Que respete la libertad de religión y tome medidas para proteger a las mujeres que visten el hiyab frente a la discriminación o el acoso, incluso a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

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