Reino Unido

En el contexto del EPU, Amnistía Internacional ha formulado las siguientes recomendaciones a Reino Unido:

  • Que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y que firme y ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
  • Que establezca un plazo límite para la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos, que Reino Unido firmó en marzo de 2007. Que firme y ratifique el Protocolo núm. 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
  • Que confirme que no hay límite para la aplicación extraterritorial de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
  • Que deje claro que toda persona detenida o recluida por personal de servicio británico en el extranjero se considerará bajo la jurisdicción británica desde el momento mismo de la detención, donde quiera que ésta tenga lugar, y por lo tanto deberá gozar de la protección de los derechos humanos prevista tanto por la Ley de Derechos Humanos como por las obligaciones internacionales contraídas por Reino Unido.
  • Que asuma su obligación de respetar los derechos humanos de las personas a las que mantiene detenidas en Irak.
  • Que derogue o reforme la Ley de Comisiones de Investigación y establezca un mecanismo realmente independiente para llevar a cabo investigaciones judiciales en torno a las denuncias graves de violaciones de derechos humanos.
  • Que reforme los procedimientos de la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración para conformarlos con las normas internacionales sobre juicios justos, lo cual incluye derogar la Ley de Prevención del Terrorismo de 2005 y acusar a las personas sospechosas de implicación en actos terroristas de un delito común reconocible y juzgarlas con las debidas garantías.
  • Que establezca sin más demora una investigación judicial realmente independiente sobre las denuncias de connivencia por parte de agentes del Estado con paramilitares unionistas en el asesinato, cometido en 1989, del abogado de derechos humanos Patrick Finucane, y sobre las denuncias de que distintas autoridades gubernamentales participaron en el encubrimiento posterior de esa connivencia. No será posible llevar a buen puerto una investigación de ese tipo si se emprende en virtud de las disposiciones de la Ley de Comisiones de Investigación de 2005.
  • Que establezca una investigación independiente sobre todos los casos en los que existan denuncias creíbles de que alguna persona ha sufrido violaciones de derechos humanos a consecuencia de la presunta implicación de Reino Unido en el programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas encabezado por Estados Unidos.
  • Que otorgue una forma de permiso temporal de residencia a los solicitantes de asilo que no pueden regresar a su país sin peligro, para que puedan trabajar y acceder a ayuda mientras permanezcan en Reino Unido.

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