Índice AI: ACT 30/09/98/s

Derechos humanos y apoyo internacional

Goenawan Mohamad, conocido periodista y poeta indonesio, fue cofundador de Tempo, un semanario que estuvo entre los más importantes de Indonesia. Tras la prohibición de Tempo en 1994, Goenawan Mohamad colaboró en la fundación de la Alianza de Periodistas Independientes y creó el Instituto para el Estudio del Libre Flujo de Información, que lucha contra la censura.

La inclusión de las cuestiones de derechos humanos dentro del orden del día de las reuniones diplomáticas internacionales se ha convertido en una tendencia común. Me refiero en concreto a la relación entre los países denominados habitualmente «Occidente» y los pertenecientes a un conjunto de naciones generalmente agrupadas bajo el nombre de «Tercer Mundo».

Resulta, desde luego, una evolución bastante prometedora. En 1994, cuando el gobierno indonesio prohibió Tempo y otras dos publicaciones, los dirigentes y diplomáticos extranjeros manifestaron su preocupación. No sirvió para que Tempo volviera a funcionar, pero sí contribuyó a presionar al gobierno indonesio para que adoptara una actitud menos arrogante respecto a las infracciones del derecho a la información de la sociedad.

Un gesto internacional de protesta y agravio puede al menos hacer sentir a las víctimas de abusos contra los derechos humanos que el mundo no las ha abandonado. No obstante, existe el riesgo de que la cuestión de los derechos humanos se convierta sobre todo en un problema de relaciones internacionales, algo para ser negociado en las reuniones de autoridades gubernamentales y diplomáticos. Este asunto se percibe cada vez más como una imposición extranjera a países que no cuentan con medios para negarse a ella. De aquí los recurrentes debates sobre las «diferencias culturales» y sobre la expansión imperialista de los valores occidentales.

Desde mi punto de vista, dicho debate puede resultar bastante engañoso. Debemos tener en cuenta que inicialmente no se trata de una cuestión de preceptos y principios sancionados internacionalmente. Para empezar, debe ser una historia de violencia y sufrimiento, y esencialmente eso es lo que es.

Permítanme contarles la historia de una mujer asesinada llamada Marsinah. El 8 de mayo de 1993 se encontró el cadáver de una mujer en la choza de un campesino, en un bosque de la parte oriental de Java. Al parecer había sido asesinada. Tenía una herida abierta en el vientre y el estado de la vagina indicaba que había sido salvajemente violada. Tenía sólo 23 años.

En la época de su asesinato, Marsinah trabajaba en una fábrica de relojes en la localidad de Sidoarjo, en el este de Java. El 3 de mayo de 1993, Marsinah y algunos de sus compañeros de trabajo organizaron una huelga para reclamar un aumento de sueldo que les supondría ganar 1 dólar estadounidense con 25 centavos al día. El 5 de mayo, 13 huelguistas fueron llamados a la oficina de la comandancia militar local. El agente de los servicios de información que estaba al cargo acusó a los trabajadores de celebrar reuniones «ilegales» y les pidió que presentaran la dimisión. Marsinah no se encontraba entre las personas a las que se pidió que abandonaran su trabajo pero, probablemente indignada ante tal abuso de poder, intentó protestar. No existen informes concluyentes sobre lo que le ocurrió luego, la noche de aquel 5 de mayo, pero, cuando volvía a casa tras visitar a uno de sus compañeros, desapareció. Su cuerpo fue hallado tres días más tarde.

Sus compañeros de trabajo sospecharon que se había jugado sucio. Comunicaron sus recelos a algunos periodistas que acudieron al lugar. La historia, publicada por los periódicos locales y nacionales, llegó a oídos de activistas estudiantiles y defensores de los derechos humanos. Se creó un comité especial, llamado «Comité de Solidaridad con Marsinah», para canalizar el apoyo y la publicidad. Gracias a los medios de comunicación impresos, el caso de Marsinah no se cerró fácilmente. Abogados honrados y activistas de derechos humanos, al igual que la emergente clase trabajadora de Indonesia, no dejaron de hablar de ello, y la prensa no dejó de publicar lo que decían.

Me interesa mostrar la historia de Marsinah como un caso en el que las autoridades fueron presionadas por la gente, en especial por los trabajadores de Sidoarjo, para que arrojaran luz sobre un asesinato, y no porque estuvieran al tanto de la Declaración Universal de Derechos Humanos o actuaran influidos por algunos virtuosos valores occidentales, sino porque la mujer asesinada estaba muy próxima a sus vidas cotidianas, porque ellos mismos podían convertirse en víctimas. En otras palabras, para ellos la cara de la víctima era una realidad inmediata. Partiendo de este punto siguieron nuevas reclamaciones: la necesidad de una prensa más libre, juicios con más garantías y un mayor respeto a los debidos procedimientos legales, y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores a la huelga y a la creación de organizaciones sindicales. Este es un caso en el que las víctimas hablan más alto que la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Esto me recuerda que el 15 de julio de 1945, tres años antes de que se aprobara la Declaración Universal de Derechos Humanos, un líder del movimiento nacionalista de Indonesia defendió enérgicamente en una reunión histórica, en la que se redactaba el proyecto de la primera Constitución de Indonesia, el derecho a expresar la propia opinión, a reunirse libremente y a escribir con libertad. Este hombre se llamaba Mohammad Hatta, economista que luego se convertiría en vicepresidente de la recién creada República de Indonesia. Sostenía que esos derechos «son necesarios para que el Estado no se convierta en un Estado de poder desnudo y de represión, [en el que] la gente viva bajo una disciplina cadavérica». Permítanme recordar que dicha reunión tuvo lugar hacia el final de la ocupación japonesa de Indonesia, periodo de brutalidad militar y represión de las libertades individuales.

Hoy día, pocas personas en Indonesia recuerdan el consejo de Mohammad Hatta. Para ellos los derechos humanos son simplemente un protocolo internacional que Occidente quiere hacer cumplir al «Tercer Mundo», y nada tienen que ver con una necesidad realmente interiorizada. Curiosamente, este es un punto de vista que comparten muchas personas, intelectuales liberales incluidos, en los Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. Deseosos de no ofender a otras personas (especialmente si pertenecen a un grado de «desarrollo» inferior), defienden sus posturas coincidiendo en que los valores nacionales son esencialmente diferentes.

No creo que se pueda hablar de valores con una frontera nacional determinada en la mente. Los valores morales son la expresión de un proceso interiorizado mediante el cual se aprende a juzgar lo bueno y lo malo del comportamiento humano. Es un proceso que probablemente tarda siglos en adquirir forma. Por el contrario, las fronteras nacionales son el resultado de un accidente histórico reciente. Citando las famosas palabras de Benedict Andersen, una nación es «una comunidad imaginada».

Tengo también un problema con el concepto de «valores occidentales». Deja un regusto de autosuficiencia europea, especialmente cuando se relaciona este concepto con la idea de libertad y derechos humanos. Es la causa de algo que yo llamo «el síndrome de Flash Gordon». En el cómic creado por Alex Raymond hace décadas, Flash Gordon es el superhéroe rubio de aspecto ario que viaja al espacio exterior y se enfrenta a la tiranía de Ming, un emperador de rasgos «asiáticos» que reina en el planeta Mongo. La historia termina felizmente cuando Flash Gordon se convierte en el libertador. Como pueden ver, el pensamiento binario sobre los valores humanos (los de la raza blanca y los de la gente de color) penetra hondo en la mentalidad popular.

Para mí, este es un enfoque «segregacionista» de los valores. Traza líneas claras, inamovibles y definitivas entre las personas de origen diferente. Gradualmente, imperceptiblemente, la palabra «cultura» se ha convertido en un eufemismo de «raza».

Considero que debemos acabar con este enfoque «segregacionista» de los valores. Es una tarea urgente, especialmente hoy. Vivimos una era extraña, absorta en la identidad política. El historiador británico Eric Hobsbawm resume con agudeza el talante del fin de siglo: «Lo que hoy día mantiene unida a la humanidad es la negación de lo que tiene en común la raza humana».

Si se niega que la raza humana tiene muchas cosas en común, a la fuerza se tienen que ver los derechos humanos como algo creado para servir a intereses partidistas. Y probablemente eso son. El hecho de que muchas agencias de vigilancia de los derechos humanos tengan su sede en los Estados Unidos y en el Reino Unido pone las cosas todavía más difíciles. En Indonesia, un líder musulman tachó de «hipócritas» a dichas agencias («Occidente») a raíz de los disturbios de 1995 en Timor Oriental. Durante estos disturbios, unos jóvenes de Timor Oriental atacaron con furia a las comunidades musulmanas de la zona, lo cual podría interpretarse como violencia contra una minoría religiosa. No obstante, hasta el momento los defensores occidentales de los derechos humanos no han dicho una palabra al respecto.

La acusación de hipocresía conduce naturalmente a otra cuestión preocupante: al defender los derechos humanos, al condenar las violaciones de derechos, ¿quién arrojará la primera piedra? Sin embargo, yo creo que esta manera de plantear el problema también es errónea. No podemos hablar de un país como de una entidad inmutable y unívoca. Ninguna nación posee un pasado común, una culpa común y una indiferencia común. Una nación se compone de víctimas, asesinos, espectadores, compañeros de viaje y cualquier otro tipo de persona que usted pueda imaginar.

Mirado de este modo, no se puede esperar que un ejecutivo alemán o un espía estadounidense planteen cuestiones de derechos humanos cuando se encuentran con su colega indonesio. Tienen sus propios asuntos de los que preocuparse. Lo mismo ocurre con las autoridades del gobierno. Un apoyo internacional significativo a la causa de los derechos humanos dependerá finalmente de la ayuda mutua que se presten las personas de diferente nacionalidad que comparten las mismas preocupaciones.

Al final, por supuesto, serán las personas directamente afectadas por abusos contra los derechos humanos las que decidan de qué debe depender su supervivencia. Al fin y al cabo es su lucha. Es su deber. Como señaló Gandhi, el gran mahatma hindú, «los derechos que no se desprenden del deber bien cumplido no merecen la pena».

Este artículo forma parte de una serie de testimonios personales escritos para la campaña de Amnistía Internacional sobre el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las opiniones que en él se expresan no reflejan necesariamente la postura de Amnistía Internacional. Para más información sobre la campaña, visítenos en www.amnesty.excite.com