[COLUMNA COMÚN EN TODOS LOS FOLLETOS SOBRE LA DISCRIMINACIÓN]

NO A LA DISCRIMINACIÓN

La discriminación es una violación de los derechos humanos

La discriminación, en sí misma una violación de los derechos humanos, es origen de otras violaciones masivas en todo el mundo. Con ella se niega de forma sistemática sus derechos a las personas por lo que son o por lo que creen y, además, constituye un ataque al principio fundamental de que los derechos humanos son derechos inalienables de todos los seres humanos sin distinción alguna.

Cuando se manipulan las «diferencias» entre los humanos para fomentar la división y el odio, la consecuencia inevitable es el sufrimiento. Los conflictos étnicos, religiosos y raciales han dado lugar a violaciones y a matanzas genocidas. El racismo institucionalizado se salda con el sufrimiento, el trato injusto, la tortura y el castigo inhumano a las minorías étnicas sujetas a esa ley. Que las personas sufran violencia, represión, exclusión, pobreza y humillaciones es el diario resultado de la misoginia, la aversión a los homosexuales y otras formas de discriminación.

En algunas sociedades, el infanticidio de niñas es consecuencia de la escasa consideración en que se tiene a las mujeres. En otras se las somete a mutilación genital. En multitud de lugares, la discriminación niega a las personas sus derechos sociales, económicos y culturales. Quedan excluidas de la educación, del empleo y la salud, o se las persigue por hablar su propio idioma, por el aspecto que tienen o por ser jóvenes o viejas.

La discriminación socava el concepto clave en el que se basa la Declaración Universal de Derechos Humanos: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Combatir la discriminación es, por consiguiente, el mejor modo de promover la Declaración Universal durante su cincuentenario, y una labor que necesita su urgente apoyo.

[COLUMNA SENCILLA - TEXTO COMÚN SOBRE LOS DERECHOS]

La violación de los derechos

La discriminación tiene como consecuencia la violación de los derechos fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Algunos de los que se han violado en este caso son:

GUATEMALA

Para los pobres no hay justicia

A los campesinos indígenas se les niega la justicia

[cita]

«Se nos hizo tanto daño, tenemos que hacer algo»

Han pasado dieciséis años desde que unos soldados mataron a sangre fría al menos a diez campesinos indígenas en Guatemala, sencillamente por ser quienes eran y vivir donde vivían. La discriminación que propició la matanza sigue impidiendo que a los familiares se les haga justicia.

Al pueblo de Tululché, en la municipalidad de Chiché, departamento de El Quiché, llegaron a primera hora de la mañana del 22 de noviembre de 1982 miembros de una patrulla civil (fuerzas auxiliares civiles bajo mando militar) acompañados de soldados. La patrulla reunió a todos los hombres del pueblo y los llevó al campo de fútbol local. Allí leyeron los nombres de al menos diez y los ejecutaron delante de todos. Enterraron los cadáveres en las inmediaciones del lugar. Tuvieron que pasar diez años para que se procediera a la exhumación de la improvisada fosa común y se determinase oficialmente la causa de la muerte.

El modo en que se realizaron las investigaciones judiciales sobre esta y otras violaciones de los derechos humanos de los indígenas guatemaltecos a principios de los años ochenta es un contundente ejemplo de los obstáculos con que se encontraron las familias, testigos y abogados en sus esfuerzos por que se hiciera justicia. En mayo de 1997, un tribunal absolvió al comandante militar que, según los informes, había dirigido la operación de Tululché. Había sido acusado de cometer más de 150 crímenes, entre ellos 35 ejecuciones extrajudiciales, además de secuestros, torturas y violaciones de mujeres en la zona de Tululché. Poco después de la decisión judicial, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala manifestó su preocupación por las graves irregularidades que se habían registrado en el juicio, especialmente el modo discriminatorio en que a los testigos de cargo, en su mayoría mujeres indígenas, se les habían negado traductores, y la injustificada desestimación de pruebas. Además, se intimidó, se hostigó y amenazó de muerte a testigos presenciales de la matanza y a los abogados. Desde entonces, esta causa se ha visto entorpecida por nuevas demoras y graves irregularidades judiciales.

En treinta y seis años de conflicto armado, las ejecuciones extrajudiciales en masa como la perpetrada en Tululché se han cobrado decenas de miles de vidas en las zonas rurales de Guatemala. La mayoría de las víctimas eran campesinos indígenas, eliminados únicamente por vivir en las áreas que la política de contrainsurgencia militar designó como «tierra arrasada», estrategia concebida para negar a la guerrilla todo posible apoyo local y ejecutada mediante el arrasamiento de zonas enteras, la eliminación de comunidades y la destrucción de cosechas y ganado.

Tras el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y la oposición armada en diciembre de 1996 se han realizado algunos esfuerzos limitados para poner en manos de la justicia a quienes perpetraron violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los familiares de las víctimas que han intentado que se les haga justicia, en su inmensa mayoría indígenas sin recursos, se han encontrado con enormes obstáculos al llegar ante los tribunales guatemaltecos. Lo más frecuente es que en los procesos se les haya negado el acceso a traductores o que se les haya amenazado con algún tipo de violencia o con la muerte para obligarlos a desistir en sus esfuerzos.

ARTÍCULO 3

«Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.»

ARTÍCULO 7

«Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.»

Escriban a:

Lic. Rodolfo Mendoza

Ministro de Gobernación

Ministerio de Gobernación

Despacho Ministerial, Of. No. 8

Palacio Nacional

6ª Calle y 7ª Avenida, Zona 1

Guatemala

Guatemala

Envíen copia de sus cartas a:

Sres. Confregua

10 Calle ''A'' 1-40, Zona 1

Ciudad de Guatemala

Guatemala

Expresen su preocupación por las irregularidades y prolongadas demoras que han caracterizado las investigaciones de la causa sobre los sucesos ocurridos en Tululché, por las continuadas amenazas que se han proferido contra los abogados y testigos, y por el trato discriminatorio que se ha dispensado a los testigos indígenas. Insten a que a los responsables de la matanza se los procese y a que se compense a los familiares de las víctimas.

Guatemala:

Foto izquierda: La mujer de esta fotografía, María Mejía, fue una de las personas ejecutadas extrajudicialmente en el departamento de El Quiché durante el conflicto armado que concluyó en 1996. © AI

Foto portada: Familiares de miembros «desaparecidos» de la organización de defensa de los derechos indígenas Todos somos iguales, 1998. © AI

Su firma es su voz

Firme ahora su compromiso para lograr que se cumplan las disposiciones de la Declaración Universal:

Prometo hacer todo lo que esté en mi mano para garantizar que los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierten en realidad en todo el mundo.

Firma:....................................................

Puede también firmar en la página de Internet de Amnistía Internacional:

http://amnesty.excite.org

O enviar esta hoja firmada a:

Su firma es su voz

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

London WC1X 8DJ

Reino Unido

IRAQ

Expulsiones de kurdos

[cita al margen (sacada del texto)]

«Un largo historial de violaciones sistemáticas de los derechos humanos»

Los kurdos aquí no son bienvenidos

«Márchense. Aquí no os quiere nadie». Este es el mensaje que las autoridades iraquíes transmiten cada vez con más fuerza a las familias kurdas que viven en la región de Kirkuk, que en su mayoría no han conocido otro hogar que ese. A esta advertencia se le suman las amenzas, los arrestos arbitrarios y la violencia. En casi todos los casos, las víctimas lo son únicamente por su origen étnico.

Las autoridades iraquíes citaron el 10 de diciembre de 1997 a un hombre kurdo, padre de dos niños (uno de cuatro y el otro de dos años), para decirle que tenía que marcharse de la región de Kirkuk. El día 15 de ese mismo mes lo arrestaron y, durante los tres días que estuvo detenido en la comisaría de Al Andalus, le estuvieron propinando palizas. Durante ese tiempo, las autoridades confiscaron a la familia las cartillas de racionamiento. A su esposa le dijeron que no lo pondrían en libertad hasta que se presentara en la comisaría con sus pertenencias y consintiera en marcharse de Kirkuk con el resto de la familia. Finalmente, la mujer cedió y, el 18 de diciembre, los cuatro partieron hacia las zonas que están bajo el control de los dos principales partidos kurdos, la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) y el Partido Demócrata del Kurdistán (PDK).

Centenares de familias kurdas han corrido la misma suerte desde noviembre de 1997. El procedimiento habitual consiste en detener a un miembro de la familia como «rehén» para evitar que la familia eluda la expulsión. A menudo se confiscan las pertenencias, cartillas de racionamiento y documentos de identidad de la familia. Después, no liberan al detenido hasta que la familia llega a un control iraquí próximo a las zonas bajo el control del UPK o el PDK.

Con demasiada frecuencia, a los que se detiene se los tortura antes de su expulsión. En un caso registrado a fines de 1997, un hombre al que habían detenido para ejercer presión sobre la familia con objeto de que abandonaran la región de Kirkuk cayó gravemente enfermo tras ser sometido a torturas. Lo dejaron en libertad, pero murió varias semanas después. Su familia, que finalmente acabó expulsada, tiene miedo de que se sepa su nombre porque temen las represalias contra los familiares que quedaron en Kirkuk.

Según los informes, en abril de 1998 el gobierno iraquí dio orden de que se expulsara a otras 1.468 familias kurdas de la región de Kirkuk a provincias bajo control kurdo. El proceso debía acabar a mediados de junio de ese año. Pocos días después de cursarse esa orden comenzaron las expulsiones. De acuerdo con la información disponible, en un solo día, el 23 de abril, al menos siete familias fueron obligadas a marcharse.

Estas expulsiones son el último episodio de un largo historial de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población iraquí de origen kurdo. En las últimas décadas, centenares de miles de kurdos han «desaparecido» y otros muchos han sido ejecutados extrajudicialmente. Los kurdos también han sufrido arrestos arbitrarios, torturas y matanzas ejecutadas con armas químicas y otros tipos de armamento.

ARTÍCULO 9

«Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.»

ARTÍCULO 13

«2. Toda persona tiene derecho [...] a regresar a su país.»

Escriban a:

H.E. President Saddam Hussein

President of the Republic

Presidential Palace

Karadat Mariam

Baghdad

Iraq

Télex: 212299 alqasr ik

Telegramas: President Hussein, Baghdad, Iraq

Tratamiento: Su excelencia / Your Excellency

Pidan el cese de todas las expulsiones de familias kurdas, que a los que ya han sido expulsados se les permita regresar a sus hogares y que se ponga fin a la discriminación contra los kurdos. Pidan también la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas de forma previa a las expulsiones puesto que se trata de presos de conciencia.

Iraq:

Foto izquierda: Niños kurdos en el campo de Kiziltepe. © AI

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Foto portada: Niños kurdos refugiados en el campo de Silopi. © AI

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ZIMBABUE

Persecución de lesbianas y gays

«En Zimbabue, los gays serán siempre unos indeseables»

Robert Mugabe, presidente de Zimbabue

Persecución de activista de los derechos de los homosexuales

Keith Goddard, director de programas de la organización Gays y Lesbianas de Zimbabue (GALZ) y uno de los más destacados activistas en favor de los derechos de los homosexuales del país, fue arrestado en junio de 1998 acusado de sodomía. Según parece, lo detuvieron por ser uno de los principales miembros de la organización GALZ y por haber criticado públicamente a las autoridades del país por sus insultantes declaraciones contra los coletivos de gays y lesbianas. Si llegara a ser condenado, podría tener que hacer frente a una pena de hasta siete años de cárcel. Si fuera encarcelado, Amnistía Internacional lo consideraría preso de conciencia.

En la actualidad, Keith Goddard se encuentra en libertad sin fianza. No obstante, el 9 de septiembre de 1998 debe presentarse ante las autoridades judiciales para comparecer en una vista en la que se decidirá su posible puesta bajo custodia. De todos modos, aún no se ha fijado una fecha definitiva para su juicio. Conforme al derecho civil, en Zimbabue siguen siendo delito la sodomía y otras relaciones sexuales entre varones adultos, prácticas tipificadas como delitos «contra natura».

El proceso abierto contra Keith Goddard parece tratarse de un «montaje». Keith Goddard se dirigió a la policía tras recibir tres cartas con amenazas que le había enviado un particular, la primera de ellas en mayo de 1997. Siphephele Vuma, el remitente de las cartas, exigía a Keith Goddard ciertas sumas de dinero alegando que habían mantenido relaciones sexuales. Sin embargo, la policía no actuó tras presentar éste las dos primeras misivas. Al presentar una denuncia por la tercera de las cartas, en la que Siphephele Vuma le exigía a Goddard bienes y dinero en metálico por un valor de aproximadamente dos mil dólares estadounidenses, la policía acusó a Siphephele Vuma de extorsión. Sin embargo, detuvo también a Keith Goddard al presentar Siphephele Vuma una contradenuncia en la que le acusaba de haberlo sodomizado a punta de pistola.

El procesamiento de Keith Goddard no es más que el último episodio de una creciente campaña de represión contra las minorías sexuales de Zimbabue. El gobierno del presidente Robert Mugabe parece estar tratando de utilizar como chivo expiatorio a los homosexuales para distraer la atención de otros graves y crecientes problemas internos. El propio presidente Mugabe ha manifestado en público que los homosexuales «no tienen derecho alguno», y los ha calumniado tildándolos de «bestias», «pervertidos» y seres «peores que perros y cerdos». En 1995, el gobierno prohibió a la organización Gays y Lesbianas de Zimbabue la instalación de un puesto en la Feria Internacional del Libro de Zimbabue. Esta organización, posteriormente, ganó la batalla legal emprendida para anular esa prohibición y participó en la siguiente edición de la feria en 1996. Sin embargo, sus miembros fueron objeto de ataques y se prendió fuego al material impreso que distribuían. A pesar de las solicitudes que realizó la organización, no se les proporcionó protección policial alguna.

Recientemente, el presidente Mugabe atacó al Consejo Mundial de Iglesias por permitir a los homosexuales participar en su asamblea, que habrá de celebrarse en diciembre de 1998 en Zimbabue. Poco después, el presidente Mugabe afirmó que en su país todos tienen derechos, salvo los gays y las lesbianas.

Los derechos humanos son aplicables a todas las culturas, a todos los países y a todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Los activistas que luchan en Zimbabue en favor de los derechos humanos, al igual que quienes lo hacen en otros lugares de África, están promoviendo en la sociedad la idea de que perseguir a las personas por su orientación sexual constituye una grave violación de derechos humanos fundamentales. Activistas como Keith Goddard necesitan que todos los defendamos.

Escriban a:

President Robert Mugabe

The President's Office

P Bag 7700

Causeway, Harare

Zimbabue.

Pidan que se retiren todos los cargos formulados contra Keith Goddard. Insten al gobierno a que deje de fomentar prejuicios y violencia contra las minorías sexuales del país, y a que derogue toda la legislación discriminatoria contra las personas por su orientación sexual.

ARTÍCULO 2

«Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna.»

ARTÍCULO 7

«Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley...»

Zimbabue:

Foto izquierda: Keith Goddard (derecha) con Tsitsi Tiripano, noviembre de 1997. © AI

Foto portada: Keith Goddard. © AI

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MYANMAR

Tratan a las minorías étnicas como esclavos

Abusan de ellos, los esclavizan, y los matan

[cita al margen (sacada del texto)]

«No eres más que un shan, no tienes la misma sangre que nosotros. Así que te vamos a matar...»

Un arrocero de 31 años de edad perteneciente a la comunidad budista shan de la localidad de Pri Tho Lae, estado de Kayah, asegura no recordar ya la cantidad de veces que los militares lo obligaron a trabajar como porteador. Sin embargo, jamás olvidará el trato a que lo sometieron: «Todos los días, a las tres o cuatro de la mañana, había que ponerse en marcha. Cada vez que hacía un servicio de porteador me golpeaban y propinaban patadas. Muchas veces me daban golpes con la culata o la recámara del rifle... Vi muchos, muchos cadáveres».

Trabajar a la fuerza como porteadores no es más que una de las muchas violaciones de derechos humanos que habitualmente padece la población de las etnias minoritarias de Myanmar. Los miembros de esas comunidades sufren bajo el régimen militar del país discriminaciones en todos y cada uno de los aspectos de sus vidas. El gobierno, por ejemplo, no reconoce como raza a los rohingyas (musulmanes del estado de Rakhine) y les niega la ciudadanía. Ante tal situación, el ejército regular considera que tiene carta blanca para violar los derechos básicos de las minorías étnicas con total impunidad.

El ejército regular ha capturado a centenares de miles de personas pertenecientes a las minorías étnicas de Myanmar para obligarlas a trabajar como porteadores. Las detienen arbitrariamente, y las torturan o someten a malos tratos como castigo si no son capaces de hacer el trabajo que se les exige. Les propinan frecuentes palizas con varas de bambú o las culatas de los rifles; les privan de alimentos, agua, descanso y atención médica, y, si tratan de huir, los matan.

Una de las víctimas de esos tratos fue un conductor de taxi-triciclo de 39 años de edad, perteneciente a la etnia budista mon, que residía en la localidad de Mawlamyine, en el estado de Mon, en cuya estación de ferrocarril la policía lo aprehendió en enero de 1997. Lo llevaron al estado de Kayin para que trabajase como porteador para el ejército regular durante una ofensiva militar contra un grupo de oposición armada. Luchaba por no caer bajo el peso de la carga que le habían encomendado porque, cuando eso ocurría, lo golpeaban. Tres meses después logró escapar a Tailandia llevando aún sobre la piel las marcas de su tortura.

De modo similar se ha obligado a trabajar en obras de construcción, sin salario alguno, a multitud de personas más de las comunidades minoritarias de Myanmar. Nadie se libra del trabajo, ni los enfermos, ni los ancianos, ni las mujeres embarazadas, ni los niños. El trabajo es muy duro y entre las labores que deben realizar figuran el picar piedra y el desplazamiento de tierras. Los obreros normalmente deben procurarse el sustento alimenticio y la atención médica que se les presta en las obras peligrosas es escasa o nula. Los accidentes y corrimientos de tierras con frecuencia se saldan con heridos, e incluso muertos.

Un anciano de 60 años originario de la localidad de Nam Zarng, de etnia shan, describía de este modo cómo en 1997 lo obligaron a trabajar en un cuartel del ejército en Nammo Kao Sin: «Los soldados me dijeron: ''No eres más que un shan, no tienes la misma sangre que nosotros. Así que te vamos a matar..., pero antes, te obligaremos a trabajar para nosotros''».

Las minorías étnicas de Myanmar constituyen en torno a un tercio de la población del país y están constantemente sometidas a abusos. Para los akha, karen, karenni, mon, rohingya, shan y otras muchas comunidades étnicas del país, la discriminación significa hambre, desplazamiento, tortura, esclavitud y, sobre todo, muerte.

Escriban a:

Senior General Than Shwe

Chairman

State Peace & Development Council

c/o Ministry of Defence

Signal Pagoda Road

Yangon

Unión de Myanmar

Pidan que se respeten los derechos de todas las minorías étnicas de Myanmar y que se acabe con las violaciones de sus derechos humanos.

ARTÍCULO 4

«Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre...»

ARTÍCULO 7

«Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley...»

Myanmar:

Foto izquierda: Miembro de la minoría étnica mon a quien el ejército sometió a trabajos forzados como porteador. © AI

Foto portada: Refugiados de la minoría étnica karen. © Ben Bohane

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PAKISTÁN

Hostigada por defender los derechos de la mujer

[cita al margen]

«Han hecho todo lo posible por intimidarme...»

Objeto de abusos por combatir la discriminación

Asma Jahangir ha sido objeto de hostigamiento y amenazas por defender a personas cuyos derechos habían sido violados a causa de leyes discriminatorias o del desprecio oficial hacia los derechos humanos. Asma Jahangir es abogada y defensora de los derechos humanos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, y miembro del Foro de Acción de la Mujer. Ha sido especial objeto de abusos por su labor en favor de miembros de minorías religiosas y por su actividad en relación con el trato que se dispensa a los niños presos y con las leyes que discriminan a la mujer.

En 1995, Asma Jahangir defendió a Salamat Masih, que había sido condenado a muerte por un delito de blasfemia, pues presuntamente había escrito palabras blasfemas en los muros de una mezquita. En el momento de cometerse el presunto delito, Salamat Masih tenía sólo 14 años y era analfabeto. Salamat Masih resultó absuelto en apelación un mes después de haber sido condenado a muerte ante la ausencia de testigos y pruebas materiales en su contra. Poco después de la absolución, una banda de hombres armados irrumpió en el domicilio de la hermana de Asma Jahangir en su busca. Se salvó gracias a que no se encontraba allí en esos momentos.

Recientemente, Asma Jahangir defendió a una mujer de 22 años, Saima Wahid, cuyo padre quería que los tribunales anularan su matrimonio porque se había casado sin su consentimiento. Saima Wahid pasó once meses en un refugio para mujeres por temor a que su padre la matara. En marzo de 1997, el Tribunal Superior de Lahore resolvió que, para que un matrimonio sea válido, no es preciso el consentimiento de un tutor varón. Esta causa era de gran importancia como precedente para la defensa del derecho de la mujer a elegir esposo, derecho que en Pakistán está cuestionado. En septiembre de 1996, el propio Tribunal Superior de Lahore había fallado que una mujer musulmana no puede contraer matrimonio sin el consentimiento de su tutor varón y que todo matrimonio que no contase con ese consentimiento no era válido. Por hacerse cargo de esta y otras causas similares, Asma Jahangir ha sido objeto de más amenazas.

La legislación de Pakistán es notoriamente discriminatoria contra las mujeres. Por ejemplo, la Ordenanza sobre el Delito de Fornicación y Adulterio, promulgada en 1979, estipula el encarcelamiento de mujeres por el mero hecho de ser mujer, prescribe castigos crueles, inhumanos y degradantes para las mujeres, es discriminatoria contra las niñas y en su aplicación se puede llegar a encarcelar a víctimas de violación, considerada como acto sexual extramarital (zina). Cuando se estima que uno de los delitos tipificados en la Ordenanza merece ser castigado, la mujer a la que se acusa pierde todo derecho a presentar pruebas de descargo. Las declaraciones de culpabilidad se fundamentan exclusivamente en la confesión del que presuntamente ha delinquido, o en los testimonios de cuatro varones musulmanes de buena reputación que hayan sido testigos de los hechos. Las penas preceptivas que estipula esta Ordenanza oscilan entre la muerte por lapidación y la flagelación en público, pasando por el encarcelamiento y las multas de diversa cuantía. De este modo, las mujeres a las que se invalida el matrimonio son susceptibles de que se les aplique esta Ordenanza y, consecuentemente, pueden morir lapidadas.

En Pakistán, Asma Jahangir y otras mujeres que defienden sus derechos se encuentran en peligro por su lucha contra la legislación y las prácticas discriminatorias existentes en el país.

Escriban a:

Prime Minister Nawaz Sharif

Office of the Prime Minister

Islamabad

Pakistán

Pidan a las autoridades que protejan a quienes luchan por los derechos de la mujer, y a otros activistas de derechos humanos. Ínstenles a que deroguen y anulen la legislación y las prácticas que discriminan a la mujer y a otros grupos vulnerables.

ARTÍCULO 3

«Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.»

ARTÍCULO 7

«Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley...»

Izquierda: Asma Jahangir con Saima Wahid a las puertas del tribunal.© Rahat Dar/NEWSLINE

Cubierta: Asma Jahangir© HRCP.

Estados Unidos de América

Aplicación racista de la pena de muerte

[cita]

«La raza, incluso en las legislaciones estatales más garantistas sobre la aplicación de la pena capital, sigue desempeñando una función determinante sobre quién habrá de vivir y quién habrá de morir»

Magistrado Blackmun, Corte Suprema de los Estados Unidos, 1994

Racismo y pena de muerte

El racismo afecta a millones de hombres y mujeres de las minorías étnicas de Estados Unidos. Esa actitud puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte en un sector clave como es el sistema judicial.

Wilburn Dobbs, joven de raza negra, fue condenado a muerte en 1974 tras ser sometido a un juicio que repugnó por su patente racismo. Lo declararon culpable de asesinar a un hombre blanco en el curso de un robo a mano armada. A Wilburn Dobbs lo defendió en el juicio un abogado designado por el estado que en un principio solicitó el aplazamiento de la causa porque se encontraba más dispuesto —dijo— «a actuar como fiscal que como abogado defensor». En el curso del proceso, el juez y el abogado defensor se refirieron a Dobbs como «el muchacho de color». Posteriormente, dos de los miembros del jurado admitieron que, para referirse al acusado, habían utilizado el término insultante inglés que se emplea para designar a los negros. La defensa no presentó en ningún momento ninguna de las contundentes pruebas atenuantes que habrían disuadido al jurado de decidir acabar con la vida de Dobbs. Un tribunal federal de primera instancia condenó más tarde las opiniones abiertamente racistas del abogado defensor pero se negó a anular la sentencia y la pena. En junio de 1998, tras pasar veinticuatro años esperando ser ejecutado, un tribunal de apelación revocó la condena de muerte de Dobbs, pero basándose, no en que había sido objeto de trato racista en el juicio, sino en que el abogado defensor había actuado incorrectamente al no haber solicitado al jurado clemencia para su cliente. Dobbs será pronto sometido a una segunda vista judicial en la que se decidirá de nuevo qué sentencia imponerle, y en ella el jurado habrá de decidir si lo condena a cadena perpetua o a muerte.

No cabe duda de que la raza es un factor determinante a la hora de aplicar la pena capital en Estados Unidos. Los negros constituyen sólo el 12 por ciento de la población estadounidense; sin embargo, el 42 por ciento de los condenados a muerte del país son negros. La raza de la víctima de asesinato y del acusado de la muerte influye enormemente en la decisión de a quién se condena a morir. El porcentaje de blancos y negros que son víctima de asesinato en Estados Unidos es aproximadamente el mismo y, sin embargo, el 82 por ciento de los ejecutados desde 1977 lo fueron por la muerte de víctimas de raza blanca. El juez que presidió el juicio de Dobbs había presidido con anterioridad otros cuatro procesos en los que se dirimía la pena capital. En todos ellos las víctimas habían sido de raza blanca. En los dos casos en que los acusados eran también de raza blanca se impusieron penas de cadena perpetua, en los otros dos procesos, donde los acusados eran de raza negra, las penas que se impusieron fueron de muerte.

El sistema judicial que se ocupa de estos casos sigue estando compuesto abrumadoramente por personas de raza blanca. En Georgia, donde se celebró el juico de Dobbs, son blancos 45 de los 46 fiscales de distrito. Desde 1983, de las 12 personas de raza negra ejecutadas en ese estado, seis fueron condenadas a muerte por jurados compuestos en su totalidad por blancos tras lograr los fiscales que se excluyera de ellos a los posibles miembros negros. En el conjunto del país, en los estados en que la pena capital está vigente en la legislación, son blancas 1.794 de las 1.838 personas capacitadas (fiscales de distrito en su mayoría) para decidir si debe o no pedirse la pena de muerte para un acusado.

Escriban a:

President Bill Clinton

The White House

Office of the President

1600 Pennsylvania Avenue

Washington DC 20500

Estados Unidos

Pidan la abolición de la pena de muerte porque se trata de la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante, y porque constituye una violación del derecho a la vida. Pidan que, mientras la abolición se hace efectiva, los gobiernos federal y estatales apliquen sin demora una suspensión de todas la ejecuciones y adopten medidas urgentes para garantizar que se erradica el racismo del sistema judicial.

ARTÍCULO 3

«Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.»

ARTÍCULO 7

«Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley...»

Estados Unidos:

Foto izquierda: Miembro del Ku Klux Klan manifestándose en favor de la pena de muerte, Georgia, 1991. © Bill Clark

Foto portada: Vigilia ante la prisión del estado de Florida momentos antes de una ejecución, 1979. © Doug Magee

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REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA: KOSOVO

Los kosovares de etnia albanesa

objetivo de abusos

Crece el odio étnico

[cita]

«Me golpearon seis policías [...] Me dieron patadas por todo el cuerpo»

Vlora Maliqi, estudiante de 19 años de edad, se disponía a volver a casa con un grupo de ciudadanos kosovares de etnia albanesa tras una manifestación celebrada el 19 de marzo de 1998 en Pristina, provincia de Kosovo. La policía, de repente, cargó contra el grupo que se dispersaba y propinó golpes y malos tratos a sus integrantes. A Vlora Maliqi la tiraron al suelo y le propinaron una severa paliza. Posteriormente declaró: «Me golpearon seis policías, me dieron por todas partes. Me dieron patadas por todo el cuerpo [...] Me tiraron al suelo, me arrastraron por el pelo. Me dieron la vuelta para golpearme primero en la espalda y luego en el estómago».

El ambiente en Pristina era muy tenso en aquellos días, pues habían llegado a la ciudad multitud de serbios de todas las regiones para celebrar una contramanifestación de oposición a las reivindicaciones de la población de etnia albanesa. Lamentablemente, las actuaciones de la policía no podían considerarse incidentes aislados. Durante años habían venido recibiéndose informes similares sobre actos de violencia policial contra la población de etnia albanesa, sucesos que han culminado con la actual situación de conflicto armado en que está inmersa la provincia, resultado en gran medida de los abusos que durante tanto tiempo se han venido cometiendo contra los derechos humanos.

La tensión en Kosovo ha ido en aumento desde 1989, año en que las autoridades serbias decidieron suprimir de hecho el régimen de autonomía de que gozaba esta provincia en la república yugoslava. Desde entonces, la mayoría de la población kosovar, que es de etnia albanesa (en torno al 90 por ciento de la población de la provincia), se ha negado a reconocer la autoridad de Serbia.

La población de etnia albanesa decidió organizar entonces una sociedad «paralela» con sus propias organizaciones políticas (que boicoteaban los sistemas políticos serbio y yugoslavo), instituciones educativas y de otra índole. Los malos tratos y otras violaciones de derechos humanos perpetrados por la policía seguían aumentando.

Los dirigentes políticos de etnia albanesa emprendieron una política de resistencia no violenta a las autoridades serbias. Ante la manifiesta frustración por la ausencia de progresos en la mejora de la situación en Kosovo —y en un contexto en el que la población de etnia albanesa consideraba de forma generalizada que Kosovo había quedado al margen durante las negociaciones de los Acuerdos de Paz de Dayton para Bosnia y Herzegovina— surgió un grupo armado de etnia albanesa denominado Ejército de Liberación de Kosovo (ELK). En 1996 se registraron los primeros ataques armados contra la policía serbia, civiles serbios y otras personas, cuya autoría no siempre se atribuyó el ELK. A fines de febrero y principios de marzo de 1998, la policía serbia mató a unas ochenta personas en diversas operaciones emprendidas contra ese grupo armado. Se recurrió a un uso excesivo de la fuerza, y a buena parte de las personas a las que se quitó la vida (entre las que había mujeres y niños) es posible que se las matara de modo ilegítimo. La paliza que le propinaron a Vlora Maliqi se produjo tras una de las muchas manifestaciones que la población de etnia albanesa celebró para protestar contra esas muertes.

Desde el mes de marzo no cabe duda ya de que la situación que se vive en la provincia de Kosovo es claramente de conflicto armado: de un lado están la policía serbia y el ejército yugoslavo, y del otro el ELK. Decenas de miles de personas son ahora desplazados internos o han buscado refugio en otros países. Todo ello en medio de gravísimos abusos contra los derechos humanos. Aunque la mayoría de las víctimas son de etnia albanesa, también los serbios están sufriendo las consecuencias.

Escriban a:

Slobodan Miloševiƒ

President of the Federal Republic of Yugoslavia

Bulevar Lenjina 2

11070 Beograd, Yugoslavia

Correo electrónico: slobodan.milosevic@gov.yu

Pidan que se cursen órdenes estrictas a los agentes de policía para que no inflijan torturas ni malos tratos, como sucedió en el caso de Vlora Maliqi, de etnia albanesa, a quien propinaron una grave paliza en Pristina en marzo de 1998, y para que respeten la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales de derechos humanos.

ARTÍCULO 3

«Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.»

ARTÍCULO 5

«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.»

Fotos:

Foto izquierda: Una niña, de étnia albanesa, sostiene una vela y hace el signo de la victoria en una manifestación celebrada en el centro de Pristina, capital de la provincia de Kosovo, 15 de marzo de 1998. © Oleg Popov / Reuters

Foto portada: Vlora Maliqi, víctima de apaleamiento, en 1998. © AI