Noticias sobre la pena de muerte, diciembre de 2001

NOTICIAS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Diciembre de 2001

AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

Índice AI: ACT 53/001/2002/s London WC1X 0DW

Distribución: SC/DP/PO/CO/GR Reino Unido

RESUMEN TRIMESTRAL DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE

Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN UNIVERSAL

PROHIBICIÓN DE EXTRADITAR A PRESUNTOS DELINCUENTES EXPUESTOS A PENA DE MUERTE EN ESTADOS UNIDOS

Tras los atroces ataques a Nueva York y Washington D.C. del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de Estados Unidos ha tratado de establecer una alianza internacional para responder a estos y otros delitos. Numerosos países en todo el mundo han prometido su apoyo y cooperación en esta «guerra al terrorismo». Sin embargo, la práctica persistente de ejecuciones judiciales en Estados Unidos ha constituido, en el marco de un mundo cada vez más abolicionista, un obstáculo a la cooperación internacional en lo que al cumplimiento de la ley se refiere.

En los últimos años, un número sin precedentes de gobiernos se ha negado a extraditar a presuntos delincuentes a países retencionistas; no al menos sin haber obtenido antes garantías de que no se solicitará ni se les impondrá la pena de muerte.

El principio de no devolución (non-refoulement), internacionalmente reconocido, prohíbe enviar personas a otro país si existen claros riesgos de que sean objeto de graves violaciones de sus derechos humanos fundamentales. La Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creados para procesar a los responsables de los delitos más graves, como el genocidio y los crímenes de guerra, excluyen la pena de muerte.

No obstante, Estados Unidos sigue negándose a aprobar una suspensión de las ejecuciones o abolir la pena capital. De hecho, el presidente Bush firmó el 13 de noviembre una orden militar que permite que comisiones militares especiales juzguen a ciudadanos no estadounidenses presuntamente implicados en actos de terrorismo internacional. Estas comisiones pueden actuar en secreto y están autorizadas a dictar penas de muerte si cuentan con una mayoría de dos tercios. Además,

no se puede recurrir contra sus condenas ante ningún otro tribunal.

Los 43 Estados miembros del Consejo de Europa, que ha pasado a exigir la abolición de la pena de muerte como requisito de pertenencia, albergan a decenas de sospechosos detenidos en relación con los ataques del 11 de septiembre. En España, ocho hombres presuntamente vinculados a la organización «terrorista» Al Qaeda fueron detenidos en noviembre acusados de estar involucrados en tales actos. Según informes, representantes de la justicia española comunicaron a las autoridades estadounidenses que no podían extraditarlos a Estados Unidos mientras los detenidos corrieran riesgo de enfrentarse a la pena capital o a juicios a cargo de las comisiones militares especiales.

En Francia, la ministra de Justicia Marylise Lebranchu afirmó el 13 de diciembre en una emisora de radio francesa que «no se debe ejecutar a ninguna persona que goce de protección consular francesa». Zacarias Moussaou, ciudadano francés encarcelado en el estado de Virginia desde agosto, ha sido la primera persona procesada en relación con los ataques del 11 de septiembre.

John Ashcroft, fiscal general de Estados Unidos, visitó Europa en diciembre para tratar de obtener la colaboración de los países europeos en relación con la extradición de detenidos para juzgarlos en Estados Unidos. Ministros destacados de los gobiernos de Alemania, Italia y el Reino Unido, que también tienen recluidos a sospechosos de haber participado en los ataques a Estados Unidos, informaron a John Ashcroft de que no extraditarían a nadie que pudiese ser condenado a muerte.

CONMUTACIÓN DE PENAS DE MUERTE IMPUESTAS A MENORES EN PAKISTÁN

El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, anunció el 10 de diciembre la conmutación a cadena perpetua de todas las penas de muerte impuestas a menores de edad. La decisión, que afecta a cerca de un centenar de delincuentes menores, se tomó durante la reunión en Islamabad del presidente y la nueva secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan. El decreto se notificó en la gaceta oficial y entró en vigor el 13 de diciembre.

En julio del 2000, el presidente Musharraf había promulgado la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores, que prohibía la imposición de penas de muerte a menores de edad, pero dado que no era aplicable con efectos retroactivos impedía perdonar las vidas de los delincuentes menores que habían sido condenados con anterioridad a esa fecha. Las penas de muerte se conmutaron posteriormente en virtud del nuevo decreto.

Con todo, el decreto presidencial llegó demasiado tarde para Ali Sher, joven ejecutado el 3 de noviembre por un asesinato cometido en 1993 cuando sólo tenía 13 años. Tanto el Tribunal Superior de Peshawar como el Tribunal Supremo de Pakistán rechazaron los argumentos de la defensa, que había alegado la corta edad de su representado y el hecho de que en la Zona Tribal de Administración Provincial donde éste vivía no se podía imponer la pena capital en aquel entonces. El presidente también había desestimado una solicitud de clemencia. Según informes, en la cárcel en que se llevó a cabo la ejecución se vivieron escenas conmovedoras mientras los reclusos que asistieron al ahorcamiento intentaban consolar a Ali Sher, abandonado por sus familiares durante los años que había permanecido encarcelado.

INICIATIVAS PARA ABOLIR LA PENA DE MUERTE EN RUSIA

Un grupo de parlamentarios rusos del partido Unión de Fuerzas por la Justicia, presente en la Duma, está intentando eliminar la pena de muerte del Código Penal y sustituirla por la de cadena perpetua.

El comité legislativo parlamentario, presidido por Pavel Krasheninnikov, miembro de la Unión de Fuerzas por la Justicia, invitó a abolicionistas estadounidenses y a Amnistía Internacional a que

asistieran a una conferencia celebrada el 10 de diciembre para iniciar el proceso de abolición de la pena de muerte.

Rusia mantiene una suspensión de las ejecuciones desde 1997, aunque, en gran parte, esto se ha debido a una resolución del Tribunal Constitucional, por la cual los tribunales no pueden imponer la pena capital hasta que el sistema de juicios con jurado no se introduzca en toda la Federación Rusa (véase Noticias sobre la pena de muerte, marzo de 1999). Un proyecto del Código de Procedimiento Penal señala que la introducción del sistema de juicios con jurado debe haber finalizado al terminar el 2002, fecha en la que podría levantarse la suspensión.

Entre los partidarios de la abolición se encuentra el Defensor de los Derechos Humanos de Rusia, Oleg Mironov, el cual, durante una entrevista concedida el 10 de diciembre a la emisora Ekho Moskvy, afirmó: «La ley del talión: eso es lo que hemos visto imperar en Chechenia durante los últimos siete años [...] sin obtener ningún resultado positivo». También dijo que la posible ejecución de una persona inocente podía considerarse un asesinato promovido por el Estado.

Se ha afirmado que también el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha mostrado en contra de la reinstauración de la pena de muerte en el país (véase Noticias sobre la pena de muerte, septiembre de 2001).

También se invitó a los abolicionistas estadounidenses a un exitoso pase en Moscú de la película Pena de muerte, aclamada internacionalmente, durante el Festival Internacional de Cine de Moscú sobre Derechos Humanos, celebrado en diciembre. La hermana Helen Prejean, autora del libro en el que se basa la película; Denise Le Boeuf, abogada del estado de Louisiana especializada en causas de penas de muerte; y Bud Welch, padre que perdió a su hija durante el atentado de Oklahoma y activista contra la pena de muerte en la actualidad, intervinieron en programas de la televisión nacional, concedieron entrevistas y hablaron con miembros de la Comisión Presidencial de Indultos.

PROYECTO DE LEY PARA ACABAR CON LA PENA DE MUERTE EN COREA DEL SUR

El 30 de octubre, 155 miembros de la Asamblea Nacional de Corea del Sur presentaron un

proyecto de ley para abolir la pena de muerte. El proyecto tendrá que ser aprobado por el Comité Judicial y conseguir el voto mayoritario de los 273 miembros de la Asamblea para alcanzar la categoría de ley.

El primer intento de abolir la pena de muerte tuvo lugar en 1999, cuando 98 legisladores firmaron un proyecto que reclamaba su abolición. Sin embargo, el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional terminó sin que ésta hubiera estudiado el proyecto.

El presidente Kim Dae-jung, uno de los promotores del proyecto, se opone a la pena de muerte al igual que el cardenal católico Stephen Kim Sou-hwan, que se ha manifestado públicamente en contra. Aunque se han dictado 51 penas de muerte, en Corea del Sur no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde que Kim Dae-jung llegó a la presidencia en 1998.

EL CONSEJO DE EUROPA REDACTA UN NUEVO PROTOCOLO

En 1994, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la Recomendación 1246 (1994), que solicitaba un protocolo adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Tal protocolo habría de disponer la total abolición de la pena de muerte en todos los casos. Cabe señalar que, en la actualidad, los Estados miembros todavía pueden aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra.

El Comité de Expertos para el Desarrollo de los Derechos Humanos, de Estrasburgo, dio su visto bueno en octubre a un proyecto del protocolo número 13, que pone en práctica esa recomendación; el proyecto también obtuvo la aprobación del Comité Director para los Derechos Humanos, de Estrasburgo, en noviembre. Está previsto que la Asamblea se reúna para discutir esta cuestión a principios del 2002.

SIGUEN LAS EJECUCIONES POR MOTIVOS POLÍTICOS EN CHINA

Según los informes recibidos, Metrozi Mettohti, miembro de la minoría étnica uigur, fue ejecutado en octubre en Hotan, en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, al oeste de China, inmediatamente después de ser condenado a muerte en un acto público de imposición de sentencias. Lo

hallaron culpable de «almacenar armas» y de «intentar dividir el país». Ésta es la única región en China en la que se ha condenado a muerte y se ha ejecutado a personas por motivos políticos en los últimos años.

Tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, se produjo una nueva oleada de ejecuciones de personas consideradas como «independistas» o «terroristas», por las autoridades. El llamamiento del gobierno chino solicitando ayuda internacional para luchar contra el «terrorismo» de su país y la rápida introducción de modificaciones a la legislación penal en diciembre del 2001, por las que el «terrorismo» pasa a ser un delito punible con la muerte, hace temer que aumente la represión contra grupos de etnia musulmana en la región.

Las autoridades chinas no diferencian entre «terrorismo» e «independentismo» (véase Noticias sobre la pena de muerte, marzo de 1999). El concepto de independentismo parece abarcar una amplia gama de actividades, que en su mayoría no constituyen más que actos de disensión u oposición pacífica. Predicar el islam o impartir la educación islámica al margen de los controles gubernamentales también se considera subversivo.

BREVES

China– La agencia de noticias china Xinhuainformó el 31 de diciembre de que Chen Luorung, antiguo director del monopolio productor de tabaco de la provincia de Hainan, fue condenado a muerte por desfalco y aceptación de sobornos.

Irak – En noviembre, el Consejo del Mando de la Revolución, máximo órgano ejecutivo de Irak, emitió un decreto que establecía la pena de muerte para los delitos de prostitución, homosexualidad, incesto y violación. El decreto también señalaba que los condenados por proporcionar alojamiento para el ejercicio de la prostitución serían ejecutados mediante espada.

Irán– Según informaba el diario Kayhamen su edición del 17 de noviembre, Ramin Chaharlang, natural de Azna, al suroeste de Irán, se libró de morir ahorcado cuando, tras permanecer cuatro minutos colgado, la familia de Said Hatami, de 77 años de edad, víctima del caso por el que había sido condenado, le concedió el indulto.

Tayikistán– Entre los días 20 y 21 de diciembre se celebró una conferencia sobre la pena de muerte en la capital, Dushanbe. Representantes de países vecinos, como Rusia, Ucrania e Irán, entre otros, asistieron a la conferencia, promovida por la Fundación Soros y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa con el fin de analizar los «pros y contras» de la pena de muerte.

En la conferencia se anunció que cerca de un centenar de personas murieron ejecutadas en Tayikistán en el 2001.

Estados Unidos –El número de ejecuciones en Estados Unidos ha disminuido por segundo año consecutivo. La estadística muestra un descenso de un 22 por ciento en el 2001, durante el cual se ejecutaron a 66 personas, frente a las 85 ejecuciones del año 2000, que ya suponían un descenso de un 13 por ciento respecto a las 98 ejecuciones registradas en 1999.

Entre las razones de esta tendencia a la baja cabe señalar la suavización de las normas que permiten utilizar resultados de pruebas de ADN en los tribunales, la creciente renuencia de los tribunales a condenar a muerte a los disminuidos psíquicos y las serias dudas que suscita la aplicación de la pena de muerte por su posible falta de imparcialidad.

Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que se reanudaran las ejecuciones en 1976, se ha excarcelado a 98 personas inocentes que habían sido condenadas a muerte, a cinco de ellas este mismo año.

Una encuesta reciente del canal de televisión ABCindica que el 51 por ciento de los ciudadanos estadounidenses está a favor de que se suspendan las ejecuciones.

Nuevo México– El 6 de noviembre se llevó a cabo la primera ejecución desde 1960, en una cárcel próxima a Santa Fe. Terry Clark, que había sido condenado por asesinato en 1986, murió mediante inyección letal, tal como había solicitado.

Estados Unidos– Pensilvania– El 18 de diciembre, el juez del distrito de Philadelphia William Yohn revocó la pena de muerte impuesta a Mumia Abu-Jamal, debido, según alegó, a fallos en la fase de imposición de sentencias del juicio original, celebrado en 1982. El juez, que confirmó la declaración de culpabilidad y concedió autorización para recurrir contra su resolución, dio un plazo de

180 días para que las autoridades llevaran a cabo una nueva vista condenatoria.

Mumia Abu-Jamal, periodista, escritor y antiguo miembro del grupo político de los Panteras Negras, fue condenado en 1982 por asesinar a un agente de policía. Los tribunales suspendieron sendas órdenes de ejecución en 1995 y 1999.

Mumia Abu-Jamal no ha dejado de proclamar su inocencia y que el juicio de 1982 fue injusto. Su reivindicación se ha ganado el apoyo de activistas y dirigentes políticos de todo el mundo (véase Noticias sobre la pena de muerte, junio de 1995).

Texas– Gerald Mitchell fue ejecutado el 22 de octubre por un asesinato que cometió en 1985 cuando tenía 17 años. En su declaración final, antes de que lo mataran, mostró su arrepentimiento por el asesinato diciendo: «Lamento haberle quitado la vida... pido a Dios que me perdone...».

Gerald Mitchell es el 18º delincuente menor de edad ejecutado desde 1977 en Estados Unidos, donde el número de ejecuciones de menores de edad supera el total de las del resto del mundo.

Zimbabue– El 9 de octubre se ahorcó a tres hombres condenados por asesinato en Harare. Fueron las primeras ejecuciones llevadas a cabo en el país desde abril de 1998.

Estadísticas sobre la pena de muerte Países abolicionistas y retencionistas (diciembre del 2001) Abolicionistas para todos los delitos 75 Abolicionistas para delitos comunes 14 Abolicionistas en la práctica 20 Retencionistas 86

TRATADOS INTERNACIONALES El 6 de septiembre, Yugoslavia ratificó el Segundo Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con lo cual el número total de países que ha ratificado el Protocolo es de 46. Chile firmó el Segundo Protocolo Facultativo el 15 de noviembre, con lo cual el número de países que ha firmado pero no ratificado el Protocolo es de siete. El 9 de octubre, Chile firmó el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es el único país que ha firmado el Protocolo pero no lo ha ratificado.