NOTICIAS SOBRE LA PENA DE MUERTE SEPTIEMBRE DE 1995

AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

Índice AI: ACT 53/03/95/sLondres WC1X 8DJ

Distribución: SC/DP/PO/CO/GR

RESUMEN DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN

«UN NÚMERO SIN PRECEDENTE DE PAÍSES REVOCA O SUSPENDE LA PENA DE MUERTE» - Informe Quinquenal de 1995 de la ONU (véase pág. 6)

MORATORIA DE LAS EJECUCIONES EN ALBANIA Y MOLDAVIA

Antes de su incorporación al Consejo de Europa, formado por 34 países, Albania y Moldavia se han comprometido a acabar con las ejecuciones y a ratificar el Sexto Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. En una declaración firmada el 29 de julio, Pjeter Arbnori, presidente del Parlamento albanés, manifestaba el deseo de que su país se comprometiera a «firmar, ratificar y aplicar el Sexto Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos para la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz antes de los tres años de su adhesión [al Convenio Europeo de Derechos Humanos], y a imponer una moratoria de las ejecuciones hasta [la] abolición total de la pena capital». Moldavia se comprometió el 27 de junio a «firmar y ratificar el Sexto Protocolo... en tiempos de paz antes de los tres años de su adhesión, y a mantener la moratoria de las ejecuciones hasta la abolición total de la pena capital».

POLONIA - PROYECTO DE LEY PARA LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

El gobierno polaco se ha puesto de acuerdo sobre el texto de un proyecto de ley para abolir la pena de muerte. El proyecto debe ser aprobado por el Parlamento y firmado por el presidente Lech Walesa antes de convertirse en ley. El gobierno tomó esta decisión después de una votación en la cámara baja del Parlamento (Sejem) el 9 de junio para introducir una moratoria formal de las ejecuciones durante cinco años. La agencia de noticias Reuters informó de que el portavoz del ministerio de Justicia, Andrzel Cubala, había manifestado que su gobierno quería abolir la pena de muerte antes de solicitar la entrada del país en la Unión Europea.

EL PARLAMENTO DE MAURICIO APRUEBA UN PROYECTO DE LEY PARA ABOLIR LA PENA DE MUERTE PERO EL PRESIDENTE SE NIEGA A FIRMARLO

El 3 de agosto de 1995, la Asamblea Nacional aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley para abolir la pena de muerte para cualquier delito y reemplazarla por una sentencia preceptiva de veinte años de cárcel. Sin embargo, el presidente Caseem Uteem devolvió el proyecto de ley al Parlamento, que volverá a reunirse a finales de octubre para un nuevo debate. El propósito del presidente es aumentar el tiempo de la sentencia preceptiva. Hasta que el presidente firme el proyecto de ley la pena de muerte sigue vigente, pero se cree que la demora es sólo temporal.

SRI LANKA - NO HAY INTENCIÓN FIRME DE APLICAR LA PENA DE MUERTE

Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que el Parlamento aprobara el 9 de junio una moción presentada por uno de sus miembros para aplicar la pena de muerte, concretamente en los casos extremos de asesinatos que conmocionan a la opinión pública. En la carta de respuesta a Amnistía Internacional, el ministro de Justicia, profesor G. L. Peiris, manifestaba: «Quiero afirmar categóricamente que no existe el propósito firme de permitir que se vuelvan a realizar ejecuciones». El ministro alegó que el proyecto de ley era una respuesta a la «inquietud de parte del público en los últimos años por... la liberación al cabo de poco tiempo» de presos que cumplían condenas de cadena perpetua tras haber sido conmutada su condena a muerte. A uno de los presos se le había concedido la libertad sólo seis años después de la declaración de culpabilidad. La pena de muerte sigue vigente, pero no se han llevado a cabo ejecuciones en Sri Lanka desde 1976.

EJECUCIÓN DE MENORES - ESTUDIO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Un nuevo estudio de Amnistía Internacional proporciona detalles sobre delincuentes juveniles que, según informes, han sido ejecutados en ocho países desde 1985. Los ocho países son Bangladesh, Irán, Iraq, Nigeria, Paquistán, Arabia Saudí, Yemen y EE.UU. La ejecución de delincuentes juveniles ─personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando tenían menos de dieciocho años─ está prohibida por los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más de cien países cuya legislación aún prevé la aplicación de la pena de muerte tienen disposiciones legales que excluyen la aplicación de dicha pena en el caso de delincuentes juveniles, o puede interpretarse que excluyen su aplicación entrar a formar parte de uno o más de los tratados anteriormente mencionados sin hacer ninguna reserva respecto al artículo correspondiente (Los menores y la pena de muerte. Ejecuciones en todo el mundo desde 1985, Índice AI: ACT 50/05/95/s, agosto de 1995).

UNA ENCUESTA CANADIENSE MUESTRA EL RESPALDO DEL PAÍS A LA PENA DE MUERTE

El 44% de los canadienses apoyaría el restablecimiento de la pena de muerte, según una encuesta llamada National Angus Reid Poll realizada entre una muestra representativa de 1.500 adultos canadienses entre el 26 y el 30 de junio de 1995. Esta cifra es ligeramente superior al 46% obtenido en marzo de 1987, cuando el Parlamento canadiense llevó a cabo una votación sobre este tema.

El 25% de los encuestados expresaron un respaldo moderado al restablecimiento de la pena de muerte, frente al 27% de 1987. Un 11% se opuso moderadamente (más que el 6% de 1987) y el 18% se opuso firmemente, el mismo porcentaje que en 1987.

Canadá abolió la pena de muerte para el delito de asesinato en 1976. Un intento del Partido Conservador Progresista de restablecer la pena de muerte para los casos de asesinato fue frustrado por la Cámara de los Comunes canadiense el 30 de junio de 1987 por 148 votos frente a 127.

CHINA - EJECUCIONES MÚLTIPLES ANTES DE LA CONFERENCIA DE LA ONU

La autoridades chinas llevaron a cabo ejecuciones múltiples como parte de una «limpieza» de Pekín, la capital, antes de la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre. El periódico Beijing Daily publicó el 10 de agosto que diez personas declaradas culpables de asesinato, robo, gamberrismo y otros delito, habían sido ejecutadas para garantizar el «orden público». Según el diario Beijing Evening News, otras seis personas fueron ejecutadas el 16 de agosto inmediatamente después de haberse dictado la sentencia. La inminencia de la llegada de unos 20.000 visitantes de otros países a la Conferencia indujo a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en la capital. En una conferencia de prensa celebrada el 10 de agosto en Pekín, el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, observó: «Para que Pekín reciba al mundo, ¿debe morir gente?»

Anteriormente, en el mes de junio, se habían llevado a cabo ejecuciones múltiples relacionadas con el 26 de junio, declarado por la ONU Día contra la Droga y el Tráfico Ilegal de Estupefacientes, como venía sucediendo desde 1991. El 23 de junio, 34 presos declarados culpables de delitos relacionados con las drogas fueron ejecutados en la provincia de Guangxi después de que sus condenas fueran anunciadas públicamente por toda la provincia.

KAZAJSTÁN - PROTESTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL POR TELEVISAR UNA EJECUCIÓN

Amnistía Internacional escribió una carta de protesta a las autoridades del gobierno y al presidente de la Compañía de Radio y Televisión de Kazajstán por haber televisado una ejecución que tuvo lugar en el mes de junio. En el programa de televisión, la cámara seguía a un preso esposado mientras lo llevaban a una pequeña habitación donde recibía un tiro en la nuca. El programa se volvió a emitir en julio para millones de televidentes de la parte europea de la antigua Unión Soviética. En la carta, Amnistía Internacional manifestaba: «Ejecutar a la gente para castigar delitos violentos graves sólo sirve para perpetuar un ciclo de violencia. Televisar dichas ejecuciones amplía el círculo de violencia hasta los hogares de las personas».

NIGERIA - EJECUCIONES PÚBLICAS

El 22 de julio, un pelotón de fusilamiento ejecutó a 43 presos en Lagos, capital de Nigeria. Las ejecuciones se llevaron a cabo en grupos durante más de dos horas y media ante una muchedumbre de un millar de personas que ocupaba el patio de ejecuciones de la prisión de máxima seguridad de Kirikiri. Según informes, tres médicos certificaron la muerte de todos los presos tras las ejecuciones. Los 43 presos habían sido declarados culpables de robo a mano armada por Tribunales de Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego, tribunales especiales que no pertenecen al sistema judicial normal y que no garantizan un juicio justo ni conceden el derecho de apelación ante una jurisdicción superior e independiente.

El 25 de julio, un funcionario del gobierno anunció que seis presos, a los que, según informes, se les concedió el indulto, en realidad habían sido ejecutados antes; no se conoce la fecha de la ejecución. En el estado de Adamawa, en el este de Nigeria, cinco presos fueron ejecutados el 26 de julio; también habían sido declarados culpables por un Tribunal de Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego. Otros tres presos esperan el resultado de las apelaciones presentadas al administrador militar del estado de Lagos.

Desde que en noviembre de 1993 un golpe militar interrumpió el proceso de restauración de un gobierno civil, se han reanudado las ejecuciones públicas en masa como respuesta de las autoridades al aumento de los delitos violentos. Las últimas ejecuciones tuvieron lugar en un momento de seria preocupación, tanto en Nigeria como en la comunidad internacional, ya que las ejecuciones precipitadas podían ser el resultado de juicios secretos por traición. En los meses de junio y julio, más de 40 presos ─entre ellos el ex jefe de Estado, el general retirado Olusengun Obasanjo─ fueron declarados culpables de traición en juicios secretos ante un tribunal militar. Fuentes extraoficiales afirman que unos catorce presos fueron condenados a muerte. Amnistía Internacional cree que muchos de los presos son presos de conciencia, declarados culpables por sus actividades en favor de la democracia.

ARABIA SAUDÍ - LAS EJECUCIONES PROVOCAN PROTESTAS EN TURQUÍA

En Arabia Saudí, cuatro turcos declarados culpables de introducir clandestinamente anfetaminas en el país fueron decapitados el 11 y el 14 de agosto. El 14 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores turco declaró que había convocado al embajador saudí en Turquía para que diera una explicación de las ejecuciones que se habían llevado a cabo a pesar de las gestiones turcas a alto nivel para que se perdonara la vida de los cuatro hombres. Los periódicos turcos publicaron fotografías de encolerizados parientes y amigos de los cuatro presos decapitados quemando banderas saudíes y gritando consignas ofensivas.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades saudíes a que pongan fin a las ejecuciones, que en una alarmante proporción son consecuencia de unos procedimientos judiciales en los que se hace caso omiso de las salvaguardias acordadas internacionalmente para los presos condenados a la pena de muerte. A mediados de septiembre, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de 171 ejecuciones llevadas a cabo desde comienzos de año, cifra varias veces superior a las 53 ejecuciones reconocidas en 1994.

GAMBIA RESTAURA LA PENA DE MUERTE

El Consejo de Gobierno Provisional de las fuerzas armadas, actualmente en el poder, proclamó un decreto el 12 de agosto por el que se restablecía la pena de muerte, abolida en abril de 1993. Amnistía Internacional instó a las autoridades, que llegaron al poder en julio de 1994 tras un golpe de Estado militar, a que reconsideraran su decisión.

Chiste publicado por el Gambian Daily Observer el 23 de agosto de 1995.

REACCIONES DESPUÉS DEL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SUDÁFRICA

El fallo pronunciado el 6 de junio por el Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la pena capital estipulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (véase Noticias sobre la Pena de Muerte de junio de 1995) ha provocado fuertes reacciones que se han manifestado en forma de artículos, editoriales y cartas a los periódicos de Sudáfrica. La preocupación de los ciudadanos por los delitos violentos se ha traducido en un movimiento de opinión a favor de mantener la pena de muerte tanto por razones de disuasión como de castigo. Algunos escritores han cuestionado el «derecho» de los jueces del Tribunal Constitucional a prohibir la pena de muerte a pesar del número de ciudadanos partidarios de la misma. El Partido Nacional, respaldado por algunos otros partidos, ha solicitado un referéndum sobre la pena de muerte, pero la Asamblea Nacional rechazó la solicitud. La Asamblea Constitucional está en este momento revisando la Constitución, que deberá ser adoptada en su forma definitiva antes de mayo de 1996.

UCRANIA - SE HACEN PÚBLICAS LAS ESTADÍSTICAS

Las cifras dadas a conocer por el ministerio de Justicia en el mes de mayo revelan que en 1994 fueron ejecutadas 60 personas, con lo que Ucrania alcanza una de las tasas de ejecuciones judiciales más altas del mundo. En 1994 fueron condenadas a muerte 143 personas y sólo se conmutó la pena a dos de ellas. Desde entonces, las autoridades ucranianas han informado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que en los primeros seis meses de 1995 se dictaron 74 sentencias de muerte. No han proporcionado cifras de ejecuciones.

Al examinar el cuarto informe periódico de Ucrania presentado en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, constituido en virtud del Pacto, publicó un comentario el 26 de julio expresando su profunda preocupación por la actual tendencia de Ucrania a imponer y ejecutar un creciente número de sentencias de muerte, y por las circunstancias inhumanas en que se ejecutan dichas sentencias. El Comité recomendó que Ucrania estudiase medidas para limitar los delitos punibles con la muerte a los delitos más graves, de conformidad con el artículo 6 del Pacto, con vistas a su futura abolición y a ampliar, cuando sea apropiado, el uso del derecho a la conmutación de la pena o al indulto. Desde entonces, Ucrania ha añadido otros dos delitos a la lista de delitos militares que pueden suponer una posible condena a muerte.

NOTICIAS DE EE. UU.

Pensilvania - Se concede el aplazamiento de una ejecución

El 7 de agosto, el mismo juez que condenó a muerte a Wesley Cook, más conocido por Mumia Abu Jamal, por el homicidio de un agente de policía en 1981, le concedió el aplazamiento indefinido de la ejecución. El ex miembro del grupo político Panteras Negras, Mumia Abu Jamal, debía ser ejecutado el 17 de agosto en Pensilvania. El periodista galardonado y autor del libro Vida en el Pabellón de los Condenados a Muerte, uno de los más vendidos actualmente, mantiene que el juicio de 1982 careció de las debidas garantías. En años pasados, Amnistía Internacional escribió a las autoridades de Pensilvania expresando su preocupación por el caso de Abu Jamal. Su petición también atrajo el apoyo de líderes y activistas políticos de distintos países. Se han enviado peticiones de clemencia al presidente francés Jacques Chirac, al ministro alemán de Asuntos Exteriores, Claus Kinkel, y a parlamentarios italianos. El escritor inglés Salman Rushdie y el filósofo francés Jacques Derrida se encuentran entre las muchas personalidades que también han apelado al gobernador Tom Ridge en nombre de Mumia Abu Jamal.

Misuri - Médicos y ejecuciones

El 5 de julio, Misuri se convirtió en el primer Estado que rescindió el requisito reglamentario de la presencia de un médico en las ejecuciones. Según el Journal of the American Medical Association (16 de agosto de 1995), las leyes de otros 27 Estados permiten que los médicos participen de algún modo en las ejecuciones. La participación puede ser como testigo, como persona responsable de declarar la muerte o, incluso, como en Illinois (véase Noticias sobre la Pena de Muerte de junio de 1995), como encargado de administrar la inyección letal a los presos pendientes de ejecución.

Las normas ético-médicas relacionadas con la pena de muerte fueron establecidas por la Asociación Estadounidense de Médicos, por el Colegio Estadounidense de Médicos, por la Asociación Mundial de Médicos, por la Asociación Estadounidense de la Salud Pública y por otras organizaciones de profesionales de la salud. Se puede considerar que todos los actos mencionados anteriormente vulneran alguna de dichas normas.

NUEVO INFORME QUINQUENAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PENA CAPITAL

Cada cinco años, el secretario general de las Naciones Unidas debe elaborar un informe sobre la pena capital. Estos informes constituyen una fuente de información única ya que se basan en la información proporcionada por los gobiernos, así como en la proporcionada por organizaciones no gubernamentales y por los estudios de expertos.

El último Informe Quinquenal del secretario general, quinto de los realizados, se publicó el 8 de junio de 1995, con ampliaciones el 29 de junio y el 6 de julio. Sesenta y tres gobiernos respondieron a la solicitud de información del secretario general; para el anterior informe de 1990 fueron 55 los que proporcionaron información.

Crece el número de países que revocan la pena de muerte

El informe compara la información reciente con la de períodos anteriores y llega a la conclusión de que «un número sin precedente de países ha abolido o suspendido el uso de la pena de muerte». Continúa manifestando que «el ritmo de cambio puede considerarse notable. En los años transcurridos desde 1989, han abolido la pena de muerte 24 países, 22 de ellos para todos los delitos cometidos tanto en tiempo de guerra como de paz». Pero desde 1989 cuatro países han vuelto a instaurar la pena de muerte, dos países considerados anteriormente abolicionistas de hecho han reanudado las ejecuciones y «varios países han ampliado los casos de aplicación de la pena de muerte como reacción al aumento de los delitos».

Salvaguardias de las Naciones Unidas

El informe de este año abarca tanto el asunto de la pena capital como el de la aplicación de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, adoptadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984. Destaca que, contrariamente a lo establecido en las Salvaguardias de 1984, se aplica la pena de muerte a «delitos sin intención de causar la muerte, diversos delitos políticos y delitos relacionados con la disciplina militar». No siempre se realizan juicios con las debidas garantías, y otro problema es que «en varios países existen las sentencias de muerte preceptivas, sin dejar margen para las circunstancias atenuantes». El informe sugiere que se dé una definición más clara de «retraso mental» de acuerdo con la recomendación adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1989 (resolución 1989/64) de no aplicar la pena de muerte a aquellas «personas que sufren retraso mental o poseen una capacidad mental extremadamente limitada».

Alternativas a la pena de muerte

Por primera vez, el informe de 1995 preguntaba por las penas que han reemplazado a la pena de muerte después de su abolición. «Surgieron varias tendencias», afirma el informe. «En primer lugar, fue relativamente raro que se fijara preceptivamente en la ley la duración del encarcelamiento. En segundo lugar, muchos países dejaron a discreción de los tribunales la aprobación de una condena a cadena perpetua o a un determinado período en prisión que variaba entre los distintos países, pero que generalmente oscilaba entre quince y veinticinco años de cárcel, aunque el período para los delitos económicos que anteriormente eran punibles con la muerte solía ser menor. En tercer lugar, aunque al menos un país no tiene disposiciones para la remisión de la condena, la mayoría de los países permiten la reducción del período bajo custodia mediante varios mecanismos para obtener la libertad condicional, a menudo después de haber cumplido los dos tercios de la pena».

Decisión del Comité Económico y Social de las Naciones Unidas

Después de estudiar el informe, el Comité Económico y Social adoptó una resolución el 28 de julio estableciendo el método que debería usarse en adelante para elaborar el próximo Informe Quinquenal del año 2000 y solicitando a la Comisión de prevención del delito y justicia penal de la ONU que examinara el informe en su quinta sesión de 1996.

(Pena Capital; Informe del secretario general, documento de la ONU E/1995/78, E/1995/78/Ad.1 y E/1995/78/Ad.1/Corr.1. Para información sobre el cuarto Informe Quinquenal, véase Noticias sobre la Pena de Muerte, noviembre de 1990.)

NOTICIAS BREVES

El Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina (CJCPR), con sede en Inglaterra, aplazó en el último momento la ejecución de dos hombres, que debía haber tenido lugar el 25 de agosto en BELIZE; el aplazamiento se concedió antes de resolver la apelación de los acusados ante dicho Comité, que es la última instancia de apelación de Belize. En los últimos diez años no se han llevado a cabo ejecuciones en Belize.

En IRÁN ha sido ejecutado un ex jefe de la policía antidroga de la provincia de Khorasan, fronteriza con Afganistán, por tráfico de drogas, según los informes recibidos. Según el periódico Kayhan, el teniente coronel Kazem Farzanek fue ejecutado en la semana del 22 de julio después de ser condenado a muerte por el Tribunal Islámico Revolucionario de Mashdad, capital de Khorasan. Según el periódico mencionado, fue declarado culpable de distribución ilícita de drogas, aceptar sobornos para dejar en libertad a drogadictos, posesión ilegal de armas y adulterio. Desde la creación de la República Islámica de Irán en 1979, han sido ejecutadas más de 2.900 personas acusadas de delitos relacionados con las drogas.

En BOTSUANA cinco personas fueron ejecutadas en la horca el 26 de agosto en la cárcel de máxima seguridad de Gaborone. Amnistía Internacional había presentado una petición de clemencia.

La ley de 1994 por la que se restablece la pena de muerte en FILIPINAS especifica que el método empleado para la ejecución debe ser la electrocución hasta que se construya una cámara de gas, pero según el director de la Oficina de Instituciones Penitenciarias, Vicente Vinarao, el país carece de los fondos necesarios tanto para comprar una silla eléctrica, destruida por un rayo hace algunos años, como para construir la cámara de gas. En Filipinas han sido condenados a muerte al menos 60 presos en aplicación de la nueva ley, pero todavía no se ha ejecutado a ninguno.