Índice de AI: ACT 53/004/1999/s

Distribución: SC/DP/PO/CO/GR

NOTICIAS SOBRE LA

PENA DE MUERTE

SEPTIEMBRE DE 1999

AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

Londres WC1X 0DW

Reino Unido

RESUMEN TRIMESTRAL DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN UNIVERSAL

ACCIÓN EN LAS NACIONES UNIDAS

Una subcomisión de las Naciones Unidas (ONU) hizo en agosto el llamamiento más enérgico que la organización había realizado hasta entonces en favor de la suspensión de las ejecuciones. Por otro lado, la Unión Europea anuncióen septiembre que iba a solicitar la adopción de una resolución sobre la pena de muerte en el periodo de sesiones de este año de la Asamblea General de la ONU.

Reunida en Ginebra, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU adoptó, por catorce votos contra cinco y cinco abstenciones, la resolución 1999/4 sobre la «pena capital, especialmente en relación con los menores delincuentes».

En la resolución, la Subcomisión «hace un llamamiento a todos los Estados que mantienen la pena capital y que no aplican una moratoria a las ejecuciones para que, con el fin de conmemorar el milenio, conmuten las sentencias de los condenados a la tal pena el 31 de diciembre de 1999 por lo menos a sentencias de prisión a perpetuidad y se comprometan a observar una moratoria a la imposición de la pena capital durante todo el año 2000».

Gran parte de la resolución trata de la imposición de la pena muerte a individuos menores de edad en el momento de la comisión del delito. Fundada en información proporcionada por Amnistía Internacional, la Subcomisión toma nota de que «desde 1990, se ha procedido a 19 ejecuciones de menores delincuentes en seis países, a saber: Arabia Saudita, los Estados Unidos de América, Nigeria, el Pakistán, la República Islámica del Irán y el Yemen, 10 de las cuales tuvieron lugar en los Estados Unidos, y que, en 1998, el único país del que se tenga noticias de que ha ejecutado a menores delincuentes fueron los Estados Unidos». Asimismo, «condena inequívocamente la imposición y aplicación de la pena capital contra quienes tuvieran menos de 18 años en el momento de la comisión del delito» y «hace un llamamiento a todos los Estados que mantienen la pena capital para los menores delincuentes a fin de que se comprometan a abolir tal pena para los que tuvieran menos de 18 años en el momento de la comisión del delito».

Otra importante cuestión considerada por la Subcomisión fue la relativa a la imposición de la pena de muerte a desertores y a objetores de conciencia al servicio militar. Por primera vez se hace en una resolución de la ONU o en otra norma internacional «un llamamiento a todos los Estados que mantienen la pena capital especialmente por la negativa a cumplir el servicio militar o por deserción para que no apliquen tal pena cuando la negativa a cumplir el servicio militar o la deserción sean resultado de la objeción de conciencia a ese servicio».

A finales de septiembre, la Unión Europea revelóen una declaración ante la Asamblea General de la ONU que en el periodo de sesiones de ésta del año en curso iba a solicitar la adopción de una resolución sobre la pena capital. Tal decisión se sumaba a otras iniciativas que se estaban tomando para conseguir que el año 2000 fuera el comienzo de un milenio sin pena de muerte, entre ellas sendas resoluciones adoptas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en su periodo de sesiones de este año (véase Noticias sobre la pena de muertede junio de 1999) y por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en agosto. Cuando el presente número de Noticias sobre la pena de muerteentró en prensa no se conocían todavía los detalles de la resolución propuesta.

«No soy Dios. Sólo soy un ser humano y puedo cometer errores».

Palabras pronunciadas por el presidente de Filipinas, Joseph Estrada, en una entrevista radiofónica en la que anuncióla suspensión de la ejecución de Romeo Gallo, quien había sido condenado a muerte por la violación de su hija, de 13 años.

SUSPENDIDAS LAS EJECUCIONES EN FILIPINAS

El 18 de agosto, el presidente Joseph Estrada suspendiótodas las ejecuciones en espera del examen del caso de cada condenado a muerte por un comitéespecial de «conciencia» creado a instancias del consejero espiritual del presidente, el hermano Mike Velarde, líder del carismático grupo católico El Shaddai, y del obispo auxiliar de Manila, Teodoro Bacani hijo. La suspensión fue acogida con satisfacción por el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Astma Jahangir, quien manifestóque el restablecimiento de la pena de muerte había sido causa de gran preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos.

Según informes, el comitéde «conciencia», instituido en septiembre, estarápresidido por Ronaldo Zamora, jefe de la administración presidencial, y consta de otros cuatro miembros, a saber: un sacerdote católico, la presidenta de la organización de ciudadanos partidarios de la pena de muerte Cruzada contra la Violencia y dos catedráticos de psicología. De acuerdo con los informes, el comiténo va a revisar la decisión judicial emitida en cada caso, sino que evaluarácircunstancias atenuantes no especificadas por las que cabría recomendar la concesión de un indulto presidencial.

Según la información publicada en la prensa, estáprevisto que el comitéestudie el caso de Josefina Esparas, la primera mujer que seráejecutada en el país mediante una inyección letal por tráfico de drogas, asícomo los de tres hombres condenados a muerte por violación y asesinato.

El 5 de febrero tuvo lugar la primera ejecución llevada a cabo en Filipinas en veintitrés años. La víctima fue Leo Echegaray, condenado a muerte por violación de menores (véase Noticias sobre la pena de muerte de marzo de 1999). Desde entonces han sido ejecutadas por inyección letal cuatro personas más. Una de ellas fue Eduardo Agbayani, ejecutado el 25 de junio a pesar de haber recibido en el último momento un indulto del presidente. Por sólo unos minutos, la llamada a las autoridades de la prisión para que detuvieran la ejecución llegódemasiado tarde para salvarle la vida.

Filipinas había abolido la pena de muerte en 1987, pero la restablecióa finales de 1993. En la actualidad hay ya más de un millar de condenados a muerte en el país. Hay 46 delitos por los que se puede aplicar o no la pena de muerte y 21 por los que su imposición es obligatoria.

BOLIVIA: PETICIONES DE PENA DE MUERTE

La violación y el asesinato de la niña de 10 años Patricia Flores en la capital boliviana, La Paz, a finales de agosto sirvióde acicate para pedir el restablecimiento de la pena de muerte.

El ministro del Interior, Walter Guiteras, manifestóque estaba de acuerdo con los padres de la niña asesinada en que los delitos contra menores debían estar penados con la muerte, pero aclaróque para el restablecimiento de la pena capital era necesaria la aprobación en el Congreso de una enmienda a la Constitución boliviana.

A comienzos de septiembre se celebróen el Congreso un debate en el que resultórechazado por mayoría un proyecto de ley para restablecer la pena capital.

La última ejecución llevada a cabo en Bolivia tuvo lugar en 1974.

ARABIA SAUDÍ: AUMENTAN LAS EJECUCIONES

Continúa acelerándose en Arabia Saudíel aumento del número de ejecuciones (véase Noticias sobre la pena de muertede junio de 1999). A mediados de septiembre habían sido ejecutadas ya 89 personas, 51 de las cuales (entre ellas tres mujeres) eran ciudadanos extranjeros. La mayoría habían sido condenadas a muerte por delitos relacionados con drogas.

Las ejecuciones tienen lugar tras juicios en los que no se respetan las normas internacionales sobre justicia procesal. Los acusados no tienen derecho a estar representados formalmente por un abogado defensor; según informes, a los ciudadanos extranjeros no siempre se les proporcionan los debidos servicios de interpretación y acceso a asistencia consular, y las sentencias condenatorias pueden estar basadas únicamente en confesiones. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, hay 59 personas recluidas por cargos penados con la muerte, pero la cifra real podría ser mucho mayor.

TAYIKISTÁN: EJECUCIONES POR MOTIVOS POLÍTICOS

Fuentes diplomáticas han revelado que la suspensión de facto de las ejecuciones en vigor extraoficialmente en Tayikistán desde junio de 1995 concluyóen noviembre de 1998, cuando fue ejecutado Abdulkhafiz Abdullayev, hermano de un ex primer ministro y líder de un partido político de oposición. En enero fue ejecutado otro hombre, Bakhrom Sodirov.

Se sabe que este año se han dictado al menos seis sentencias de muerte. El 26 de marzo, el Tribunal Supremo impuso la pena capital a tres miembros de la organización Oposición Tayika Unida por el asesinato en julio de 1998 de tres integrantes de UNMOT, la misión de observadores de la ONU en Tayikistán. El secretario general de la ONU pidióla conmutación de las condenas a muerte.

El 22 de junio, el Tribunal Supremo condenóa muerte dos ex políticos acusados de haber participado en un intento de golpe de Estado en agosto de 1997. Se temía que los condenados —el ex miembro del Parlamento Sherali Mirzoyev y el vicegobernador de la provincia de Khatlon Kosym Babayev— no pudieran ejercer el derecho de apelación y que su única esperanza de escapar a la ejecución fuera elevar una petición de indulto al presidente.

ESTADOS UNIDOS: APELACIÓN CONTRA LA EJECUCIÓN DE MENORES

Michael Domingues, preso de Nevada condenado a muerte por un delito que cometiócuanto tenía 16 años, ha apelado a la Corte Suprema de Estados Unidos por considerar que su condena constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que es ilegal con arreglo al derecho internacional. Si es aceptada por la Corte Suprema, que el 7 de junio emitióuna orden en la que se pedía al fiscal general de Estados Unidos que le proporcionara la opinión del gobierno sobre sus obligaciones internacionales con respecto a la imposición de la pena de muerte a menores, la apelación podría dar lugar a la revocación de las condenas a muerte impuestas a más de 70 personas en 16 estados del país por delitos que cometieron siendo menores de edad.

Desde 1990 han sido ejecutadas en Estados Unidos por delitos que cometieron con menos de 18 años 10 personas. La última fue Sean Sellers, ejecutado en febrero en Oklahoma por delitos que había cometido a los 16 años de edad.

El 17 de septiembre, Gregory Wynn fue condenado a muerte en Alabama por un delito que cometióa los 17 años.

Al menos cuatro causas se substancian en la actualidad contra personas acusadas de asesinatos cometidos con menos de 18 años ante los tribunales de Nevada, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

BREVES

Bangladesh- Según informes, el gobierno ha propuesto una enmienda a la Ley (Disposición Especial) sobre Represión de las Mujeres y los Niños en virtud de la cual se penarían con la muerte las agresiones con ácido y la violación. El proyecto de ley se iba a presentar ante el Parlamento durante su actual periodo de sesiones, que comenzóen agosto.

Japón- El 10 de septiembre fueron ejecutados tres presos: Sato Masashi, Takada Katsutoshi y Morikawa Tesuyuki, de 62, 61 y 69 años, respectivamente. Los tres habían sido condenados por doble asesinato. Las ejecuciones tuvieron lugar en secreto y sin haber informado de ellas a los familiares. Han sido las primeras de este año y se han llevado a cabo estando el Parlamento en periodo de descanso.

LIBROS

The Death Penalty - Abolition in Europe (La pena de muerte: la abolición en Europa), con prólogo de Roger Hood y epílogo de Sergei Kovalev, Council of Europe Publishing, mayo de 1999, ISBN 92-871-3874-5. Este libro contiene artículos de distintos autores sobre la abolición de la pena de muerte en Francia y en la República Eslovaca, sobre los esfuerzos por abolirla en la Federación Rusa y en Ucrania, y sobre las iniciativas abolicionistas del Consejo de Europa y de la ONU. Entre los temas tratados figuran preocupaciones relacionadas con los derechos humanos, cuestiones criminológicas y el papel de la opinión pública.

En un importante ensayo, Peter Hodgkinson, director del Centro de Estudios sobre la Pena Capital de la Universidad de Westminster, Londres, examina los efectos que tiene sobre los esfuerzos abolicionistas el movimiento en pro de las víctimas de delitos y sostiene que las organizaciones que propugnan la abolición deben prestar más atención a las necesidades y derechos de las víctimas.

En el ensayo final, Sergei Kovalev, miembro del Parlamento ruso y ganador en 1995 del Premio de Derechos Humanos del Consejo de Europa, pone en duda los argumentos abolicionistas clásicos y sugiere que la causa abolicionista es fundamentalmente un reflejo de los valores políticos liberales.

La República Eslovacaratificóel Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 22 de junio, Bulgarialo hizo en 10 de agosto y Chipreel 10 de septiembre, con lo que el número total de países que lo han ratificado ha ascendido a 40.

Lituaniaratificóel Protocolo número 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales el 1 de agosto, con lo que el número total de países que lo han ratificado ya ascendióa 33.

Death as a Punishment: an Offence Against Life(La muerte como castigo: un delito contra la vida), Commissie Justitia et Pax, Países Bajos, 1999, traducido al inglés del original neerlandés de 1997 por Justitia et Pax Death Penalty Task Force. Con el subtítulo de Reflections on fear, revenge and reconciliation (Reflexiones sobre el miedo, la venganza y la reconciliación), este folleto de 81 páginas contiene los documentos de trabajo de un seminario sobre la pena de muerte celebrado en 1996 con objeto de examinar los cambios que ha experimentado a lo largo del tiempo el punto de vista de la Iglesia católica sobre la pena capital.