MAPA DE RUANDA Y BURUNDI

RUANDA Y BURUNDI

REGRESO DE LOS REFUGIADOS: RUMORES Y REALIDADES

INTRODUCCIÓN

En julio de 1994 cerca de dos millones de ruandeses huyeron de su paísa raíz de un genocidio que había costado un millón de vidas. La suerte de estas gentes capturó la atención de los medios internacionales de comunicación y sus imágenes se contemplaron en las pantallas de televisión de todo el mundo. Gobiernos que habían hecho oídos sordos a las señales de inmimente genocidio entre 1990 y 1994 y que nada habían hecho para impedir las matanzas ocurridas entre abril y julio de 1994 manifestaron súbitamente su preocupación ante la situación en Ruanda y países vecinos.

La mayor parte de estos refugiados pertenecían a la etnia mayoritaria hutu. Abandonaron su país a raíz de la victoria del Frente Patriótico Ruandés sobre el ejército del anterior gobierno de Ruanda y la milicia conocida como interahamwe, responsables ambos de las matanzas sin precedentes de miembros de la minoría tutsi y de muchos hutus.

Además, cerca de 200.000 refugiados huidos de Burundi permanecen fuera de su país. Otros 200.000 se encuentran desplazados dentro de Burundi. Decenas de miles de ellos se vieron forzados a dejar sus casas en los últimos meses de 1993 y en 1994 para evitar las matanzas generalizadas que se desataron en octubre de 1993 tras el magnicidio del presidente Melchior Ndadaye. Se estiman en más de 100.000 las personas que han perecido en Burundi desde octubre de 1993. Las masacres de civiles a manos del ejército y milicianos armados )tanto tutsis como hutus)se han prolongado hasta hoy. Miles y miles se ven forzados a abandonar sus hogares por esta causa.

La huida de más de dos millones de personas de Ruanda y Burundi y su prolongado exilio constituyen una de las mayores crisis de refugiados del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis ha tenido múltiples y trágicas consecuencias. El presente informe se centra en los diversos aspectos de los derechos humanos de los refugiados y ofrece una visión panorámica de la situación general de los derechos humanos en Ruanda y Burundi, ya que el temor a la violación de sus derechos humanos es uno de los factores que disuaden a la mayoría de los refugiados de volver voluntariamente.

A la vista del descorazonador problema del desplazamiento de tanta gente, ha ido aumentando la presión a favor de una repatriación masiva de los refugiados (especialmente de los procedentes de Ruanda) a su lugar de origen. La repatriación se presenta cada vez más como la única «solución» posible a la crisis, a pesar de los peligros que hicieron huir a los refugiados y de los que éstos podrían afrontar a su retorno. Poco se ha hecho para encontrar soluciones a más largo plazo. Se ha establecido un plan de repatriación voluntaria que ha despertado sólo débil respuesta entre los refugiados, la gran mayoría de los cuales todavía no ha regresado. Permanecen a la espera en campos situados en el Zaire, Tanzania y Burundi, atemorizados e inciertos sobre su futuro.

En septiembre de 1995 unos delegados de Amnistía Internacional visitaron Ruanda, Burundi y la parte oriental de Zaire para estudiar la situación en los campos de refugiados y los peligros que éstos podrían correr a su regreso. Se entrevistaron con un amplio espectro de personas, incluidos refugiados, refugiados que habían regresado, autoridades gubernamentales y representantes de organismos de la onuy organizaciones no gubernamentales. Dada la urgencia creada en aquel momento por la amenaza de Zaire de devolver forzosamente a todos los refugiados que todavía quedaran en el país para el 31 de diciembre de 1995, la visita de Amnistía Internacional a la región se centró primordialmente en los refugiados en Zaire, y en menor medida en los de Tanzania y Burundi. Estas prioridades se reflejan en el contenido del informe.

Los delegados de Amnistía Internacional concluyeron que para un elevado número de refugiados los tres obstáculos más importantes para su retorno a Ruanda o Burundi son la información distorsionada sobre la situación real en sus países, la ausencia de justicia en ambos y los abusos generalizados contra los derechos humanos, sobre todo en Burundi.

Este informe trata de describir objetivamente los riesgos a que se enfrentan los refugiados que deciden volver a Ruanda o Burundi, y de examinar la posibilidad de repatriación o retorno de los refugiados en el contexto de su seguridad, o falta de ella. Examina también la función de los diversos agentes interesados en la crisis: gobiernos de Ruanda y Burundi, gobiernos de los países de acogida, líderes de los refugiados, y diversos integrantes de la comunidad internacional. El informe trata de llamar la atención sobre las medidas concretas que deben tomarse para crear en Ruanda y Burundi condiciones que hagan posible la vuelta voluntaria de los refugiados, y sobre la necesidad imperativa de garantizar, mientras no existan esas condiciones, que los refugiados sigan protegidos frente a un retorno forzoso a un lugar donde corren riesgo de violación de sus derechos humanos. Amnistía Internacional pide a todos estos agentes que cumplan con sus responsabilidades para conseguir estas metas, ya que cada uno de ellos tiene una función vital que desempeñar.

Aunque este informe se centra primordialmente en la situación de los refugiados, también formula recomendaciones sobre los problemas más generales de los derechos humanos en Ruanda y Burundi, reconociendo así el hecho de que las cuestiones de justicia y prevención de nuevas violaciones masivas de los derechos humanos son cruciales para la solución de la crisis de los refugiados en la región de los Grandes Lagos.

La mayoría de la población de Ruanda y Burundi tiene ante todo un deseo: poder vivir en paz, en su propio país, reunidos con los familiares que estén todavía vivos. Este deseo fundamental debe poder convertirse en realidad. Todos los interesados de dentro y fuera de la región tienen el deber de garantizar que así sea.

1. LA CRISIS DE REFUGIADOS EN LA REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS ANTECEDENTES

1.1 Cifras y lugares (1)

Hay todavía más de 1.700.000 ruandeses que lleva viviendo en campos de refugiados desde julio de 1994. Un millón aproximado de éstos se encuentran en Zaire, 600.000 en Tanzania y 150.000 en Burundi. La gran mayoría son hutus que huyeron de Ruanda a raíz de la victoria del Frente Patriótico Ruandés, con posterioridad al genocidio perpetrado por el anterior gobierno del país que costó un millón de vidas entre abril y julio de 1994. La población total de Ruanda antes de abril de 1994 se estimaba en torno a los siete millones.

El número de refugiados de Burundi se aproxima a los 200.000. Muchos huyeron del país en los últimos meses de 1993 y primeros de 1994 para escapar de las matanzas desencadenadas por el magnicidio del presidente Melchior Ndadaye en octubre de 1993. Otros muchos huyeron en 1995 a causa de nuevas matanzas. Otros habían huido decenios antes para escapar a anteriores oledas de muertes. Dentro de Burundi, además, hay varios cientos de miles de personas desplazadas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares pero no han buscado u obtenido asilo en otro país. La población total de Burundi se estima en torno a los 5,7 millones.

Los refugiados en el este del Zaire se agrupan principalmente en campos cercanos a Goma, al norte del lago Kivu (donde se encuentran unos 700.000 refugiados), y a Bukavu, al sur del mismo lago (con unos 300.000 refugiados). Estos campos están cerca de la frontera con Ruanda y Burundi, constituida por el lago. Se cuentan además unos 160.000 refugiados cerca de Uvira, más al sur. Los campos de refugiados del Zaire varían en tamaño, pero algunos de los mayores de ellos, como los de Katale y Kibumba, todavía acogían a unos 200.000 al fin de 1995.

Además, un gran número de refugiados principalmente tutsis, que huyeron de Ruanda en 1959-1960, han permanecido en el Zaire desde entonces, sobre todo en la zona de Masisi, al norte del lago Kivu. Muchos de ellos están ahora volviendo voluntariamente a Ruanda.

En Tanzania se estima que hay 600.000 refugiados procedentes de Ruanda y unos 80.000 de Burundi. A ellos hay que añadir otros 200.000 refugiados de Burundi que llevan varios decenios en Tanzania. Los refugiados se agrupan en campos situados en tres zonas: Ngara, Karagwe y Kigoma. Hay quienes estiman que Ngara, con unos 420.000 refugiados, es el segundo núcleo de Tanzania en número de habitantes.

Campo de refugiados ruandeses de Kashusha (Zaire): taller y tienda de objetos de artesanía.

1.2 Condiciones sociales y económicas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) y algunas organizaciones no gubernamentales han venido prestando asistencia humanitaria a los refugiados desde la apertura de los campos en 1994. En estos últimos meses se han reducido las raciones alimentarias (de 2.000 a 1.500 calorías por día) y algunos programas humanitarios a más largo plazo han sufrido recortes, incluido el apoyo a la enseñanza secundaria. Según algunos funcionarios del acnur, ello se ha debido en parte a la constatación de que algunos refugiados se mostraban reacios a abandonar los campos por estimar que vivían mejor de lo que vivirían en Ruanda o Burundi.

En algunos campos se desarrolla una activa vida social. Por ejemplo, los de Ngara, en Tanzania, y Mugunga y Kashusha, en Zaire, cuentan con muchos servicios. Los refugiados han tomado la iniciativa de instalar a su manera tiendas, centros de salud, restaurantes, salas de vídeo, barberías, talleres de artesanía, iglesias, escuelas y oficinas postales. Algunos refugiados se han establecido en las poblaciones, especialmente parejas mixtas hutu-tutsi temerosas de represalias en los campos de refugiados.

Algunos refugiados en el Zaire tratan de ganarse la vida en las poblaciones de Goma y Bukavu para complementar las raciones que reciben en los campos. Estas iniciativas no siempre son bien acogidas por la población local. En julio de 1995 se tomaron medidas para limitar las actividades comerciales de los refugiados. Por ejemplo, los pequeños negocios ahora tienen que registrarse y pagar impuestos. Los toques de queda, impuestos en varias ocasiones por razones de seguridad, han tenido un efecto también negativo en los refugiados que buscaban trabajo, particularmente en Goma.

En 1994 y primeros meses de 1995 hubo frecuentes denuncias de robos, saqueos e intimidación por parte de soldados zaireños y también de refugiados ruandeses de los campos. Se dice que la presencia del Contingente Zaireño para la Seguridad en los campos (Contingent zairois de securitédans les camps) (czsc), integrado por soldados zaireños escogidos por el presidente Mobutu, bajo la supervisión del acnury encargados de la seguridad en los campos, ha reducido el nivel de inseguridad mencionado.

Muchos refugiados han quedado separados de sus familias a consecuencia de una huida repentina o de una expulsión forzosa. Muchos no saben dónde estan sus familiares o si están vivos todavía. Los niños probablemente han soportado la carga más penosa. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef) y el acnurestimaron en julio de 1995 que en Zaire, Ruanda y Burundi había 117.100 niños ruandeses separados de sus familias.

1.3 Retorno de refugiados de 1993 y 1994. Nuevos éxodos en 1995 y 1996

Por el momento la tasa de regresos voluntarios de los refugiados de 1993-1994 )conocidos entre los que trabajan con refugiados como la «nueva oleada») a Ruanda y Burundi ha sido baja. Durante 1995 unos 230.000, de 1,7 millones de refugiados, decidieron volver voluntariamente a Ruanda, si bien sólo 78.000 de ellos pertenecían a la «nueva oleada». La cifra mensual de regresos voluntarios descendió de unos 27.000 en septiembre de 1995 a unos 13.000 en octubre y sólo 6.700 en noviembre. La cifra se situó nuevamente en torno a los 13.500 en diciembre. Es digno de notar que una alta proporción de los que regresan a Ruanda son mujeres y ancianos.

Los refugiados que han vuelto a Burundi son aún menos. El alto nivel de inseguridad en Burundi sigue creando muchos obstáculos para la vuelta tanto de refugiados como de desplazados internos a sus lugares de origen dentro de Burundi. Además es causa de nuevas huidas al exterior. En un solo mes, de mediados de diciembre de 1995 a mediados de enero de 1996, otros 15.000 refugiados llegaron a Uvira (Zaire) huyendo de los combates en las provincias burundesas septentrionales de Cibitoke y Bubanza.

Es significativo que muchos de los refugiados ruandeses que deciden volver a su país lo hacen desde los campos del norte de Burundi. La violencia en ellos reinante empuja a los refugiados ruandeses a volver a su propio país, aun cuando tal vez no lo hicieran en otras condiciones. Por ejemplo, muchos refugiados procedentes de Ruanda que huyeron a Burundi en abril de 1995 tras la matanza de Kibeho (en la que murieron varios miles de personas cuando soldados del Ejército Patriótico Ruandés abrieron fuego contra una multitud de desplazados internos) están retornando a Ruanda, no porque se sientan seguros, sino porque creen que se sentirán menos amenazados.

Sin embargo, no todos los refugiados ruandeses que deciden marchar de Burundi escogen volver a su país de origen. El 17 de enero de 1996 unos 15.000 refugiados ruandeses huyeron del campo de Mugano, en la provincia de Muyinga, al nordeste de Burundi, y buscaron asilo en Tanzania. Según los informes recibidos, huían de los combates en torno al campo de Mugano, al parecer entre las fuerzas de seguridad de Burundi y grupos armados. Varios de los refugiados que pasaron a Tanzania mostraban heridas de bala. El 20 y 21 de enero un segundo grupo de 16.000 refugiados ruandeses huyó de Ntamba, también en la provincia de Muyinga, hacia la frontera de Tanzania.

1.4 Retorno y reasentamiento de los refugiados de 1959

Además de los refugiados que abandonaron Ruanda en 1994, muchos refugiados que huyeron de este país en 1959 o 1960 y han permanecido en el este del Zaire durante treinta y cinco años están ahora regresando a Ruanda. Se estima que ya son 146.400 los que han vuelto. Como ya se ha indicado, estos refugiados son sobre todo tutsis y no se sienten especialmente amenazados por el actual gobierno de Ruanda.

Con frecuencia estos refugiados no pueden volver a sus zonas de origen dentro del país, bien porque sus casas han quedado destruidas y sus tierras están ocupadas, bien porque el gobierno los reasienta en otra parte. Muchos tienen que pasar varias semanas en campos de tránsitoantes de ser asignados a zonas de reasentamiento, principalmente Kibungo, al este, y Byumba, al norte. En algunos casos ocupan casas vacíaspertenecientes a refugiados hutus todavía en el exilio. Esto probablemente creará problemas en el caso de que los refugiados de la «nueva oleada» vuelvan a las casas de su propiedad. El reasentamiento de la «vieja oleada» se hace con frecuencia en zonas remotas infértiles donde el agua es a veces escasa. Muchos de los reasentados están acostumbrados a una vida urbana y encuentran difícil adaptarse a una existencia rural. Algunas zonas de reasentamiento están cercanas a la frontera tanzana, y en ellas las incursiones de partidas armadas de ruandeses hutus desde Tanzania han creado un clima de inseguridad (véase más abajo).

El gobierno ruandés ha hecho ciertos intentos de ofrecer una mayor seguridada estas zonas. Sin embargo, debería intensificar sus esfuerzos para impedir que los que regresan se conviertan en fácil blanco de abusos contra los derechos humanos por parte de los milicianos ruandeses que operan desde Tanzania.

Vuelta a casa tras un largo exilio: llegada al campo de tránsito de Nkamira (Ruanda) de cientos de refugiados ruandeses que han permanecido cerca de treinta y cinco años en Zaire. Los más jóvenes contemplan su país por primera vez

1.5 Infraestructura del regreso: Campos de tránsito

A los refugiados que desean volver se les pide que se registren en los puntos de contacto establecidos por el acnuren los campos. A pesar de un programa de información masivo desarrollado por el acnur(véase más abajo), Amnistía Internacional comprobó que algunos refugiados no eran conscientes de la existencia de tales puntos de registro. Una vez registrados, los refugiados esperan a que el acnurorganice el transporte para volver a Ruanda o Burundi asistidos por miembros del Alto Comisionado. Si se trata de Ruanda, algunas veces, después de pasar la frontera, son escoltados por miembros del Ejército Patriótico Ruandés.

Una vez llegados, los refugiados ruandeses son conducidos a uno de los campos de tránsito establecidos para este fin. A los refugiados procedentes de Goma se los lleva al campo de Nkamira, junto a Gisenyi, y a los procedentes de Bukavu al campo de Nyagatare, cerca de Cyangugu. Los refugiados que llegan de Tanzania son llevados a los campos de Birenga o Nyakarambi. También existen campos de tránsito más al interior del país, lejos de las fronteras, como el de Ndera, en los alrededores de Kigali. Los refugiados que regresan a Burundi procedentes del Zaire son conducidos al campo de Gatumba, al oeste de la capital, Bujumbura.

El problema de las familias divididas es especialmente agudo en los campos de tránsito, donde entre los regresados figuran padres que no saben dónde están sus hijos y niños totalmente solos, algunos de diez años. Por ejemplo, un muchacho de diecisiete años(2) decidió abandonar el campo de inera(Zaire) por sentirse solo y no tener familia. Partió en secreto, fingiendo que iba al mercado. Al llegar a Ruanda, no sabía claramente qué hacer o a dónde ir.

En septiembre de 1995 las condiciones de los campos de tránsito en el interior de Ruanda eran razonablemente buenas. Parecía bastante bien organizados, con servicios básicos de distribución de alimentos e instalaciones médicas y de saneamiento. Algunos campos tienen capacidad para varios miles de personas, pero en el caso de un retorno masivo es evidente que quedarían desbordados, que las instalaciones resultarían insuficientes y que sería difícil garantizar la seguridad de los acogidos.

En los campos de Ruanda la seguridad y el procedimiento seguido a la llegada varían de un campo a otro. La seguridad de Nkamira es competencia del ejército. Cuando el Zaire obligó a regresar a los refugiados en agosto de 1995, y en el periodo inmediato, se sometía a los refugiados que llegaban a Nkamira a interrogatorios y registros. Los que reconocían haber pertenecido al ejército del gobierno anterior eran separados y conducidos a un centro militar de detención cercano conocido como etag(porque en él había estado la Ecole Technique Appliquée Générale(3)). Para fines de septiembre 226 personas habían permanecido encarceladas en este centro. La mayoría eran antiguos miembros del estamento militar, pero al menos doce eran civiles. De éstos, algunos parecían haber sido detenidos arbitrariamente, a pesar de lo cual no se les puso inmediatamente en libertad. Entre ellos había algunos zaireños y el médico burundes Nicolas Bigirimana. No se dio razón alguna de su detención, aunque tardó varias semanas en ser puesto en libertad.

Amnistía Internacional no recibió informes de torturas o «desapariciones» en el campo de tránsito de Nkamira.

Otros campos de tránsito parecían más distendidos y no se apreciaba presencia visible de fuerzas de seguridad. En el campo de Ndera, a las afueras de la capital Kigali, se dijo a los delegados de Amnistía Internacional que no se autorizaba la entrada de soldados para no atemorizar a los refugiados. En el campo de Nyagatare, en Cyangugu, al sudoeste del país, el Ejército Patriótico Ruandés se hizo cargo de la seguridad al retirarse de esta función la Misión de las Naciones Unidas a Ruanda (unamir). Según informes recibidos, algunos soldados del Ejército asignados al campo fueron responsables de incidentes de intimidación y robo de bienes propiedad de los refugiados. Sin embargo, una vez denunciados los hechos, los soldados fueron retirados y sustituidos por otros.

1.6 Conclusión

Unos dieciocho meses después de la huida de casi dos millones de ruandeses de sus casas y casi dos años después del éxodo de cientos de miles de ciudadanos de Burundi, sólo una pequeña fracción ha decidido volver a su punto de origen. Esto es así a pesar de los enormes esfuerzos realizados por el acnurpara persuadirles de que volvieran, de las indicaciones de los países de acogida de que ya no son bienvenidos y de las numerosas declaraciones del gobierno ruandés animando a los refugiados a regresar. La renuncia a regresar persiste. Es evidente que una de las principales razones es el temor de los refugiados a los peligros que corren en su propio país. En las secciones posteriores de este informe, Amnistía Internacional examina el riesgo de violación de sus derechos humanos a que se enfrentan los que regresan a Ruanda o Burundi. Pero antes es necesario considerar los principios de derecho internacional que regulan el retorno de los refugiados y que todos los países de la región de los Grandes Lagos están obligados a cumplir.

2. PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL

2.1 Normas internacionales

Es principio firmemente establecido en el derecho internacional consuetudinario que nadie debe ser devuelto a un país donde corra peligro de grave violación de sus derechos humanos. Este principio, conocido como de no devolución («non- refoulement»), es la base fundamental de todo el sistema de derecho internacional relativo a los refugiados. Se establece en el artículo 33 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y queda confirmado en el Artículo II. 3 de la Convención de la ouapor la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África, en los términos siguientes:

Ninguna persona será sometida por un Estado miembro a medidas tales como la negativa de admisión en la frontera, la devolución o la expulsión que la obligarán a regresar o a permanecer en un territorio donde su vida, su integridad corporal o su libertad estarían amenazadas por las razones enumeradas en los párrafos 1 y 2 del artículo I.

Consiguientemente el regreso forzoso de personas a un país donde corran riesgo de abuso grave de sus derechos humanos vulnera el derecho internacional. Igualmente lo vulnera el rechazo de tales personas en las fronteras. Los principios establecidos en las convenciones de 1951 y 1969 se aplican a todos los estados implicados en la crisis de refugiados de la región de los Grandes Lagos )Zaire, Tanzania, Ruanda, Burundi, Kenia y Uganda) ya que todos ellos son partes signatarias de ambas convenciones. Así pues, los estados que acogen a refugiados procedentes de Ruanda y Burundi están obligados a respetar el principio de no devolución y abstenerse de devolverlos forzosamente a esos países si parece que los refugiados correrán riesgo de grave violación de sus derechos humanos a su regreso.

Naturalmente es posible que en algunas situaciones los refugiados decidan volver voluntariamente a su país de origen aun cuando exista un cierto riesgo. Ésta es una cuestión que cada refugiado debe decidir por sí mismo, libre de presión de cualquier tipo y con información objetiva sobre la situación en su país. Los principios de derecho internacional relativos al retorno o repatriación voluntarios subrayan la índole absolutamente voluntaria de la decisión de volver. El Artículo V (1) de la Convención de 1969 establece:

Se respetará en todos los casos el carácter esencialmente voluntario de la repatriación, y ningún refugiado será repatriado en contra de su voluntad.

Además el Comité Ejecutivo del acnurha adoptado una serie de conclusiones relativas a la repatriación voluntaria. Aunque estas conclusiones no son jurídicamente vinculantes en el mismo sentido estricto que un tratado internacional, sí representan el sentir de la comunidad internacional en lo que se refiere a las normas internacionales que deben respetarse en este campo. La más importante es la Conclusión 40. b, que dice así:

La repatriación de refugiados deberá tener lugar solamente por deseo de los interesados libremente manifestado; el carácter voluntario e individual de la repatriación de refugiados y la necesidad de llevarla a cabo en condiciones de absoluta seguridad, preferiblemente al lugar de residencia del refugiado en su país de origen, deben ser siempre respetados.(4)

Es claro que, incluso en el caso de un programa amplio de repatriación, la decisión del refugiado de regresar a su país de origen debe ser siempre voluntaria. Según las Directrices de Protección del acnur, esto supone la posibilidad de ejercer la propia e ilimitada voluntad al hacer una elección significativa [de volver]. Las Directrices también establecen que esta elección debe hacerse sin presión alguna, ya sea física, psicológica o material y que el registro de la decisión voluntaria de regresar debe producirse sin forma alguna de escrutinio o presión de las partes o sin amenaza alguna de reducción de los programas básicos de asistencia a los refugiados.

Así pues, las normas internacionales para la repatriación de los refugiados requieren que:

a) nadie sea devuelto forzosamente a un país donde corra peligro de violación grave de sus derechos humanos

b) nadie sea rechazado en la frontera de forma que se vea forzado a permanecer en un país donde corra peligro

c) toda repatriación de refugiados a su país de origen se produzca de forma enteramente voluntaria

d) la decisión de regresar sea tomada individualmente por cada refugiado, a quien le asiste el derecho de tomar una decisión informada.

Además de estas obligaciones, los acuerdos tripartitos entre Zaire, Ruanda y el acnur, Tanzania, Ruanda y el acnur, y Burundi, Ruanda y el acnurhan reafirmado el compromiso de las partes interesadas a observar los principios de retorno voluntario y en condiciones de seguridad y dignidad.

2.2 Posición de Amnistía Internacional

La actividad de Amnistía Internacional en favor de los refugiados se deriva de su esfuerzo por la protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional organiza campañas contra violaciones específicas de derechos humanos, en especial, la detención de prisioneros de conciencia, el empleo de torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones extrajudiciales, las «desapariciones» y la aplicación de la pena de muerte. También se esfuerza por que todos los presos políticos sean sometidos a un juicio justo en un plazo razonable de tiempo. La organización se opone asimismo a los abusos cometidos por grupos armados de oposición, incluida la toma de rehenes, la tortura, los homicidios de prisioneros y otros homicidios deliberados o arbitrarios.

Partiendo de estas preocupaciones, Amnistía Internacional se opone a la devolución forzosa de cualquier persona a un país donde corra riesgo de cualquiera de estos abusos graves de sus derechos humanos. Además, se opone al envío de personas a un tercer país cualquiera donde no reciba protección efectiva y duradera contra tal devolución.

Amnistía Internacional fundamenta su trabajo en este campo en los principios del derecho internacional relativos a los refugiados, especialmente en el principio de no devolución.

Con respecto a la cuestión específica de la repatriación de refugiados, Amnistía Internacional reconoce que toda persona tiene el derecho de regresar a su país, como se establece en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por esta razón la organización pide a los gobiernos de países donde personas que se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares que tomen todas las medidas necesarias para crear las condiciones (incluido el respeto pleno a los derechos humanos de todos los ciudadanos) que permitan a los refugiados regresar a su punto de origen de forma voluntaria y segura. Hasta que no se creen estas condiciones, los refugiados continuarán necesitados de protección por parte de los países de asilo. En cualquier situación dada, Amnistía Internacional no trata de promover o favorecer las modalidades concretas de ninguna «solución» particular. Amnistía Internacional solamente se interesa por el hecho de que toda repatriación o devolución de refugiados debe cumplir las normas internacionales antes mencionadas y, en particular, de que nadie sea devuelto a un país donde corra peligro de grave abuso de sus derechos humanos y de que se permita a cada refugiado ejercer individualmente su derecho a tomar una decisión libre e informada sobre su regreso.

3. RIESGOS DEL REGRESO A RUANDA

3.1 Situación general de los derechos humanos

Los delegados de Amnistía Internacional que visitaron Ruanda en septiembre y octubre de 1995 describieron la atmósfera del país como una mezcla contradictoria de esperanza, buena voluntad, sospechas y miedo. El país se encuentra en crisis, en un frágil equilibrio entre guerra y paz, seguridad y falta de ella. Se habla mucho de respeto a los derechos humanos, pero los homicidios, las «desapariciones», la tortura y las detenciones arbitrarias sin juicio continúan. El recuerdo del genocidio es omnipresente. El genocidio y otras matanzas han creado un clima de miedo que invade todo el país: a ser víctimas de actos arbitrarios por parte del Ejército Patriótico Ruandés, a represalias por parte de la población local, al regreso de miembros del anterior ejército o de la antigua milicia que siguen aterrorizando no sólo a los refugiados en Zaire y Tanzania sino también a la población civil de Ruanda.

Amnistía Internacional sigue preocupada por todo un espectro de violaciones de los derechos humanos en Ruanda. Nada podría compararse con las atrocidades perpetradas por las fuerzas armadas del anterior gobierno y la milicia interahamweentre abril y julio de 1994. En esos meses el asesinato, la violación y la tortura se convirtieron en norma. Sin embargo, no debe olvidarse que también el Frente Patriótico Ruandés fue responsable de muertes generalizadas de civiles desarmados e indefensos(5). Aun cuando estos crímenes no alcanzaron el mismo nivel, han dejado sin embargo cicatrices profundas y una atmósfera de sospecha por todo el país. Un año más tarde, las masacres en gran escala de civiles han dejado de ser un hecho diario, pero los críticos del gobierno son sistemáticamente silenciados y cientos de personas mueren lentamente hacinadas en prisiones esperando que se haga justicia. Algunos de ellos probablemente han participado en el genocidio y en las matanzas de 1994 y deben ser acusados y juzgados con prontitud, pero otros muchos han sido detenidos arbitrariamente.

En el seno mismo del gobierno han surgido profundas divisiones en relación con los derechos humanos. Estas divergencias salieron a la superficie al fin de agosto de 1995 cuando el primer ministro Faustin Twagiramungu y cuatro ministros clave del gabinete, incluidos el ministro de Justicia y el ministro del Interior, dimitieron o fueron depuestos.(6) Uno de los principales motivos del desacuerdo que desembocó en estas dimisiones fue la política gubernamental sobre el regreso de los refugiados. Otro fue el clima de inseguridad en el país por efecto de las violaciones de derechos humanos que cometía el Ejército Patriótico Ruandés. En círculos oficiales existe todavía una aguda tensión entre quienes parecen buscar sinceramente el restablecimiento del respecto a los derechos humanos en Ruanda y los que están dispuestos a ser mucho más laxos por sus propios fines políticos.

En muchos casos la ambición por el poder se ha traducido en un burdo olvido de los derechos a la integridad física y a la libertad de expresión. El grado de violación de los derechos humanos varía de una zona a otra, en función de las autoridades locales civiles y militares. Sin embargo, en general, puede percibirse una pauta clara de hostigamiento de personas consideradas críticas u opuestas al gobierno. Más abajo se citan algunos casos.

No siempre es posible concluir que estas violaciones han sido ordenadas a un alto nivel en la escala de mando. En algunos casos el gobierno ha condenado enérgicamente las violaciones de los derechos humanos y ha anunciado investigaciones. Sin embargo, éstas nunca han llegado muy lejos. Por lo demás, poco se ha hecho para impedir la repetición de violaciones de derechos humanos o para garantizar la intervención del Ejército Patriótico Ruandés para proteger a las personas contra la violencia. Dada la estricta disciplina característica del Ejército, la ausencia de medidas oficiales para poner fin a estas violaciones hace pensar en una falta de voluntad política.

3.1.1 Detenciones ilegales y muertes en prisión como sustitutivo de la justicia

La situación de las prisiones de Ruanda alcanzó proporciones críticas sin precedentes en el segundo semestre de 1995. Las detenciones aumentaron bruscamente a partir de septiembre. En diciembre se estimaba que más de 60.000 personas estaban detenidas sin cargos concretos o juicio, bajo sospecha de haber participado en el genocidio. Muchos fueron detenidos arbitrariamente. Se los tiene en total hacinamiento, en prisiones cuyas condiciones equivalen con frecuencia a un trato inhumano, cruel y degradante. En los casos más extremos, como en la prisión de Gitarama, visitada por delegados de Amnistía Internacional en junio de 1995,(7) la situación puede describirse como tortura. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, más de 2.300 detenidos han muerto desde julio de 1994 a consecuencia del hacinamiento y la falta de instalaciones médicas o de saneamiento en prisiones y centros de detención por toda Ruanda.

El gobierno ha reconocido que la situación de las prisiones debe mejorar y varios funcionarios estatales han admitido que una parte importante de los detenidos puede ser inocente. Ha habido diversas iniciativas gubernamentales para aliviar la situación, pero siempre han sido muy tardías y, hasta la fecha, de corto alcance. Por ejemplo, en noviembre de 1995 se inauguró finalmente la ampliación de la prisión de Nsinda, en el sudeste del país, y a ella se transfirieron 4.500 presos. Unas semanas más tarde, las nuevas instalaciones estaban casi repletas. En diciembre, varios enclaves designados por el gobierno para aminorar el hacinamiento de las prisiones, como el conocido por ONATRACOM, en la prefectura de la ciudad de Kigali, seguían sin ser utilizados. Los comités de selección (commissions de triage) establecidos para recomendar la liberación de ciertos detenidos tampoco han tenido efecto alguno.

Amnistía Internacional ha recibido cientos de testimonios e información detallada de individuos detenidos arbitrariamente y todavía encarcelados sin cargos ni juicio. La lista es excesivamente larga para incluirse en este informe. Los ejemplos de casos concretos parecerían insuficientes para ilustrar la gravedad y el alcance de la situación. El hacinamiento en los cachots(pequeños calabozos donde la policía o las autoridades locales encierran a los que acaban de detener) está también aumentando dado que no se puede trasladar a más detenidos a las prisiones oficiales por falta de espacio.

Prisión de Gitarama: en junio de 1995 morían cuatro presos al día a causa del hacinamiento. La población reclusa era diez veces superior a la capacidad proyectada. Los presos no podían tumbarse por falta de sitio y la ausencia de higiene e instalaciones básicas de saneamiento era total. Algunos reclusos fueron trasladados en noviembre de 1995 a una ampliación. © Seamus Murphy / Panos Pictures

A diferencia de las prisiones oficiales, los cachotsno caen bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. Amnistía Internacional sigue recibiendo informes de torturas y malos tratos a presos por funcionarios de seguridad, incluidas palizas y violaciones, lo que indica que tales prácticas son todavía comunes en los cachotsy en las brigadesde la gendarmería.

Las detenciones son realizadas casi siempre por soldados del Ejército Patriótico Ruandés, responsables más ante sus oficiales que ante los jueces. Esto confirma una vez más la necesidad de restaurar las instituciones judiciales adecuadas y acelerar la formación de la policía ya que es ella y no el ejército nacional quien debe llevar a cabo las detenciones.

Persiste la pauta de detención arbitraria basada en la denuncia de una sola persona o en pruebas no demostradas. Este aspecto reviste especial importancia para los refugiados, conscientes de que dudarán de ellos y los mirarán con recelo a su regreso.

El conocimiento de que personas inocentes pueden ser objeto de detención ilegal a su regreso atemoriza a aquellos refugiados que podrían pensar en volver. El procedimiento para atender las denuncias arbitrarias varía de un lugar a otro. Por ejemplo, en Ngenda las personas que regresan y son objeto de denuncia son detenidas inmediatamente sin más diligencias aclaratorias. En otros distritos como Birenga y Kibayi, sin embargo, las denuncias contra los que regresan sólo producirán detenciones tras una investigación preliminar. En otros casos, el denunciante dispone de tres días para aducir pruebas. Si no lo hace en ese plazo, el sospechoso es puesto en libertad.

Los refugiados que manifiestan el deseo de volver a un distrito diferente del de origen levantan sospechas inmediatamente y tienen mayor probabilidad de ser detenidos. Los presuntos miembros del ejército del anterior gobierno son conducidos a centros de readiestramiento militar, como Gako, en el sur del país. Algunos de ellos han sido posteriormente detenidos y encarcelados, incluidos algunos que se habían expresado su disposición a alistarse voluntariamente en el Ejército Patriótico Ruandés.

Dada la actual atmósfera de temor en Ruanda y la actitud generalizada de recelo hacia los refugiados, existe grave riesgo de que un retorno multitudinario de refugiados provoque un nuevo incremento espectacular de detenciones y encarcelamientos arbitrarios sin cargos ni juicio en condiciones intolerables.

Maria Nungurubwenga vio con sus propios ojos cómo los soldados del Ejército Patriótico Ruandés mataban a su marido y a su hermano en septiembre de 1995 en Kanama, al noroeste de Ruanda.

3.1.2 «Desapariciones» y homicidios políticos

Los delegados de Amnistía Internacional visitaron Ruanda inmediatamente después de la masacre de Kanama, en el distrito noroccidental de Gisenyi, en la que al menos 110 civiles desarmados murieron a manos del Ejército Patriótico Ruandés en la madrugada del 12 de septiembre. Amnistía Internacional recogió testimonios detallados de testigos presenciales y parientes de algunas de las víctimas. Confirmaron, en efecto, que los soldados dispararon a corta distancia, en muchos casos tras haber sacado a las víctimas de sus casas. Los soldados ejecutaron a familias enteras, desde niños de pecho a ancianos. Por ejemplo, Maria Nungurubwenga vio cómo mataban delante de sus propios ojos a su marido, Simeon Sekabanza, de sesenta y cinco años y a su hermano Michael Urimubenshi, de cincuenta y cuatro. Domitie Bahengeri contempló la muerte de su hijo a pocos metros de su casa y tuvo que enterrarle ella misma. Los cuatro hijos de otra familia campesina fueron asesinados.

Amnistía Internacional considera que la matanza de Kanama es un caso claro de ejecución extrajudicial de civiles inermes que no representaban ninguna amenaza para el ejército. Aun cuando no hay confirmación de que los homicidios fueran ordenados por los oficiales de mayor graduación del ejército o por autoridades del gobierno, es evidente que se trató de una operación bien organizada, en la que participaron gran número de soldados que se apostaron en varios sitios diferentes para llevar a cabo los homicidios.

La matanza fue descrita por las autoridades como un incidente aislado: un acto de represalia de los soldados del Ejército Patriótico tras la muerte del teniente Claude Uraza, muerto en una emboscada tendida, al parecer, por milicianos armados el 11 de septiembre. Sin embargo, los hombres, mujeres y niños ejecutados al día siguiente estaban desarmados y no existen pruebas de que tuvieran relación con la emboscada. Esta masacre de Kanama )como la del 22 de abril de 1995 en la que murieron varios millares de personas en el campo para desplazados de Kibeho) demuestran un desprecio absoluto de los derechos humanos por parte de miembros del Ejército Patriótico Ruandés.

A fines de noviembre de 1995 se descubrió otra matanza en el bosque de Nyungwe, en la prefectura de Gikongoro, al sur de Ruanda. Se trataba de al menos 20 cuerpos )incluidas varias mujeres, niños, bebés y un anciano)hallados en un asentamiento rudimentario en medio del bosque. Según los informes recibidos, las víctimas, al parecer desplazados internos instalados temporalmente en el bosque, fueron asesinados por soldados del Ejército Patriótico Ruandés que patrullaban la zona. Los soldados confirmaron la muerte de algunos civiles, pero describieron el incidente como un choque entre elementos armados del campo y la patrulla. También se informó de que un fiscal militar estaba investigando el caso en enero de 1996.

Aparte de estas matanzas, Amnistía Internacional ha documentado otra serie de homicidios y «desapariciones» que están ocurriendo con alarmante frecuencia a espaldas de la atención internacional. Estos abusos ocultos son más característicos de la actual situación de los derechos humanos en Ruanda. Casi todos los casos se distinguen por la implicación activa o pasiva de soldados locales y por la ausencia de investigación oficial satisfactoria.

Las víctimas pertenecen a muchos sectores de la sociedad. Entre ellas se cuentan figuras públicas prominentes, personas con formación académica, campesinos ancianos y niños de corta edad. Casi siempre se trata de hutus, con frecuencia individuos conocidos por haber manifestado opiniones críticas del gobierno o del ejército. A continuación se dan algunos ejemplos.

Bernard Nikuze, juez y presidente en funciones del Tribunal Suyperior de Butase (Tribunal de première instance), fue asesinado el 28 de agosto de 1995. Crítico elocuente de las violaciones de derechos humanos, abogaba abiertamente por la acción de la justicia. Los motivos de su asesinato no están claros. Según los informes recibidos, dos soldados y dos civiles han sido detenidos en relación con su muerte, si bien el gobierno no ha hecho públicos resultados de ninguna investigación.

El 27 de julio de 1995 Placide Koloni, su esposa Immaculée Nyirambibi, sus hijas Marie-Claire Umutoniwase, de quince años de edad, y Carine Uwamahoro, de nueve, junto a la sirviente Séraphine Murekatete, fueron muertos por atacantes no identificados que, a continuación, prendieron fuego a la casa con los cinco cadáveres dentro. Según informes recibidos, se vio a soldados del Ejército Patriótico Ruandés merodeando por los alrededores de la casa. Placide Koloni era el subprefecto de Ruhango, prefectura de Gitarama. El 14 de febrero de 1995 había sido detenido arbitrariamente y acusado de tomar parte en las matanzas de 1994. Fue encerrado en la prisión de Gitarama, cuyas condiciones son notoriamente duras. El 24 de julio fue puesto en libertad gracias a la recomendación de un comité de selección que estimó que no había pruebas suficientes contra él. Le mataron tres días más tarde.

El 6 de septiembre dos campesinos, Fidèle Munyanguju y Gervais Ndindabahizi, fueron golpeados hasta morir por soldados del distrito de Masango, en la prefectura de Gitarama. Según los informes recibidos, los soldados los sacaron de sus casas golpeándolos sin cesar hasta que ya no podían andar. Entonces los abandonaron en la espesura. Murieron más tarde.

En algunos casos, los homicidios se han producido tras disputas por propiedades, cuando el propietario legal ha tratado quizá de recuperar su casa ocupada por oficiales del ejército o por sus familiares o amigos. Por ejemplo, la tarde del 28 de agosto de 1995 Callixte Kamanzi, director financiero de la empresa nacional de té conocida como ocir-Thé, fue sacado de su casa e interrogado por dos soldados. Nunca volvió. Dos días más tarde se encontró su cuerpo con disparos de bala en la cabeza y el corazón. Hasta la fecha no ha habido confirmación del motivo de su asesinato. Una teoría es que todo pudo haber sido resultado de una disputa con un capitán del Ejército Patriótico Ruandés que había ocupado ilegalmente la casa de Kamanzi y se negaba a abandonarla al cabo de un tiempo convenido. Poco antes de su muerte, Kamanzi había dado diversos pasos para recuperar su casa poco antes de que lo mataran. Según los informes recibidos, el gobierno está investigando el caso.

Manassé Mugabo, periodista del servicio Kinyarwanda de Radio unamir«desapareció» sin dejar huella en agosto de 1995. Ni su familia ni su empresa han recibido noticias desde que marchó de vacaciones el 15 de agosto. Se teme que esté muerto. Se piensa que puede haber sido seleccionado como víctima a causa de su trabajo como periodista y por haber transmitido información sobre la situación en Ruanda.

Otros críticos prominentes del gobierno han recibido repetidas amenazas de oficiales del ejército. Algunos, como el padre André Sibomana, obispo provisional de la diócesis de Kabgayi y presidente del grupo pro derechos humanos Asociación Ruandesa para la Defensa de los Derechos de la Persona y de las Libertades Públicas (adl), han escapado a duras penas a intentos de asesinato. Los activistas en favor de los derechos humanos han sido escogidos especialmente como blanco de intimidación, si bien continúan vigilando la situación de los derechos humanos en todo el país y emitiendo informes públicos, a pesar de sus limitados recursos y un estado permanente de temor.(8)

3.1.3 Ausencia de justicia

Subyacente a todos los problemas mencionados está la parálisis del sistema de administración de justicia. A raíz del genocidio el gobierno ruandés se encontró en una difícil situación, enfrentado a la necesidad de juzgar a un gran número de personas en un país donde las instituciones judiciales estaban completamente destruidas. Se necesitaba entonces y se sigue necesitando una ayuda internacional importante para reconstruirlas. Sin embargo, en julio de 1995, la Asamblea Nacional Provisional rechazó un proyecto de ley que hubiera permitido a expertos judiciales extranjeros actuar en Ruanda. Esta iniciativa habría acelerado significativamente los procedimientos judiciales. El gobierno no ha descartado explícitamente la presencia de expertos extranjeros, pero no se ha tomado medida concreta alguna desde la negativa de la Asamblea en julio. Según informes fiables, Marthe Mukamurenzi, nueva ministra de Justicia desde septiembre de 1995, ha manifestado sus reservas sobre la presencia de expertos judiciales extranjeros y ha aplazado el estudio de este asunto en tanto no se avance más en lo tocante a la judicatura nacional.

Mientras tanto, los presos siguen languideciendo en condiciones inaceptables, sin perpespectivas inmediatas de ser puestos en libertad o de ser acusados formalmente y juzgados. Los comités de selección, creadas por el gobierno para recomendar la puesta en libertad de detenidos contra los que no hay pruebas suficientes, han resultado un fracaso casi completo. Sólo han puesto en libertad a unas cuantas decenas de detenidos, algunos de los cuales han sido encarcelados de nuevo.

En una decisión largamente esperada, el 12 de octubre de 1995 se nombraron finalmente seis magistrados del Tribunal Supremo. La falta de funcionamiento de este tribunal ha sido uno de los mayores obstáculos de la vida jurídica del país. Sin embargo, existen todavía muchas lagunas en los niveles inferiores de la judicatura y por algún tiempo no cabe esperar el comienzo de los juicios. El gobierno belga y la organización no gubernamental Citizens´ Networkhan puesto en marcha un programa de formación intensiva de 200 jueces de primera instancia, que deberán estar en condiciones de actuar en los primeros meses de 1996. Esta iniciativa será completada con otro programa belga de formación de cien jueces ruandeses. Una judicatura adecuadamente formada y debidamente constituida contribuirá al cumplimiento por los tribunales ruandeses de las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías.

Otro factor positivo han sido los seminarios sobre procedimiento de detención y prisión preventiva dirigidos a los inspectores de la policía judicial y desarrollados conjuntamente por el acnur, la Operación de Derechos Humanos en Ruanda, de las Naciones Unidas, y funcionarios del Ministerio de Justicia. Citizens´ Networkha desempeñado un papel instrumental en el inicio de estos programas y en la preparación de un manual para los inspectores. La aplicación estricta del procedimiento legal de detención y prisión preventiva será tanto más importante en el caso de un retorno multitudinario de refugiados, no sólo para garantizar que los funcionarios de seguridad proceden correctamente sino también para limitar la posibilidad de represalias personales.

Amnistía Internacional sigue preocupada por la posible aplicación de la pena de muerte en Ruanda y teme que una vez iniciados los juicios, muchos de los acusados de participación en el genocidio se enfrenten a la pena capital. En virtud de la Constitución de Ruanda, las personas declaradas culpables de crímenes contra la humanidad pueden ser sentenciadas a muerte por fusilamiento. Autoridades estatales, incluidos el presidente y vicepresidente, han expresado en varias ocasiones su apoyo a la aplicación de la pena de muerte. Tres oficiales del Ejército Patriótico Ruandés ya han sido condenados a muerte )dos el 11 de mayo y uno el 28 de diciembre de 1995)por un consejo de guerra por crímenes no relacionados con el genocidio. Amnistía Internacional sigue instando al gobierno del país a que se abstenga de aplicar la pena de muerte. Esta pena constituye una violación, sancionada por el estado, del derecho a la vida y servirá únicamente para agravar el ciclo de violencia y venganzas fruto del genocidio.

3.1.4 Homicidios deliberados y arbitrarios de civiles por grupos armados de oposición

Las incursiones a través de las fronteras de grupos armados hutus establecidos en el Zaire y Tanzania han proseguido durante todo 1995 y han supuesto graves abusos contra los derechos humanos, como son los homicidios deliberados y arbitrarios. Los ocasionales periodos de calma probablemente son atribuibles a la mayor presencia del Ejército Patriótico Ruandés a lo largo de las fronteras. Sin embargo, los informes recibidos señalan que las incursiones desde el Zaire, Tanzania y Burundi se han reanudado a partir de septiembre de 1995. Estos ataques se han vuelto cada vez más violentos y han costado la vida a muchos civiles. Su objetivo militar se ha hecho más patente en cuanto a su estructura y organización.

Algunas incursiones parecen dirigidas específicamente a la eliminación de testigos que pudieran testificar la participación de personas bien conocidas en las matanzas de 1994; otras tienen por fin matar o desalojar a determinadas personas para ocupar sus propiedades. En varios casos los atacantes se han llevado consigo a algunas personas en lo que podría describirse como reclutamiento forzoso para aumentar los efectivos de las milicias de los campos de Zaire y Tanzania. Cualquiera que sea el motivo, el efecto ha sido aterrorizar a la población local.

Los civiles muertos o heridos en estas incursiones estaban desarmados e indefensos. A finales de agosto y en septiembre de 1995 se registró en la zona sudoriental de Ruanda una oleada de incursiones armadas procedentes de Tanzania. Según los informes recibidos, la milicia interahamwese sirve del Parque Nacional de Akagera, cercano a la frontera tanzana, como trampolín para sus ataques.

Los informes recibidos hablan de al menos cuatro incidentes diferentes en la prefectura de Kibungo, cerca de la frontera. Por ejemplo, en el distrito de Rukira, de la prefectura de Kibungo, la casa de un ganadero de treinta años de edad fue atacada la noche del 3 de septiembre de 1995. Su esposa y su hija de seis años fueron asesinadas. Partieron la cabeza a la niña con un machete. Un pastor de dieciséis años sufrió graves heridas también de machete. El ganadero y una hija de muy corta edad sobrevivieron. Un vecino reconoció a los atacantes como antiguos vecinos del pueblo. Los atacantes escaparon llevándose a otros tres hombres.

En otro incidente ocurrido en el sector Kabare II, del distrito de Kigarama, en la noche del 26 al 27 de septiembre un hombre murió y otro resultó herido cuando diez personas atacaron una casa en una zona aislada exigiendo dinero en nombre del ejército del anterior gobierno de Ruanda. Los soldados del Ejército Patriótico Ruandés les rodearon cuando intentaban escapar y mataron a tres de ellos. La identidad de los asaltantes era al parecer conocida para los habitantes del pueblo. Los describieron como procedentes del campo de refugiados de Benaco, en Tanzania.

En respuesta a estos ataques, el Ejército Patriótico Ruandés ha reforzado su presencia en zonas estratégicas, especialmente a lo largo de las fronteras con el Zaire y Tanzania. La tensión entre el Ejército Patriótico Ruandés y la milicia interahamwesigue en aumento. Los rumores de presencia de esta milicia en algunas zonas concretas ha obligado al Ejército Patriótico Ruandés ha registrar varios pueblos. Con frecuencia se emiten informes de descubrimiento de armas, así como de choques entre la interahamwey las tropas del Ejército Patriótico Ruandés.

Estas incursiones han provocado el temor en los habitantes de las zonas fronterizas y están teniendo un efecto directo sobre la seguridad de los refugiados que deciden volver. Por ejemplo, en el distrito meridional de Kigembe, junto a la frontera con Burundi, la gente no duerme en sus casas por miedo a los ataques durante las infiltraciones desde Burundi; éstas ocurren, según informes recibidos, aproximadamente una vez al mes en esta zona y a veces se registran ataques contra civiles. La población local cultiva sus tierras durante el día, pero muchos pasan la noche en un centro de acogida cercano. Algunos han manifestado que estarán dispuestos a regresar a sus casas solamente cuando todos sus vecinos hayan vuelto de Burundi.

3.2 Riesgos que corren los refugiados que regresan

Cuando los delegados de Amnistía Internacional visitaron Ruanda en septiembre y octubre de 1995 parecía que la mayoría de los refugiados que habían vuelto al país en agosto y septiembre no habían sido objeto singular de violaciones de sus derechos humanos por parte de las autoridades, aunque hubo excepciones; en la mayoría de los casos hubo abusos debidos a venganzas personales.

Los delegados de Amnistía Internacional se entrevistaron con varios ex refugiados que habían regresado recientemente a Ruanda procedentes del Zaire, Tanzania y Burundi. Algunos habían vuelto voluntariamente; otros habían sido expulsados por las autoridades zaireñas.

Campo de tránsito de Nyagatare (sudoeste de Ruanda): la esperanza se refleja en el rostro de estos refugiados recién regresados al país.

Por ejemplo, un mecánico de treinta y dos años, su esposa, de veintiséis y su hijo, de un mes se encuentran entre los que fueron expulsados por el ejército zaireño del campo de Mugunga el 20 de agosto(9). Habían estado refugiados en el Zaire desde julio de 1994 y no habían intentado volver por temor a ser asesinados. Tras verse forzados a volver a Ruanda, se dirigieron a su pueblo en la zona de Gisa, en el distrito de Rubavu (prefectura de Gisenyi). En un comienzo se instalaron con unos parientes ya que su propia casa estaba ocupada por un refugiado de la «vieja oleada» que había regresado antes. Al enterarse de que tenían derecho a reclamar su casa o a compartirla con el ocupante, volvieron a ella. El ocupante ilegal se marchó a los cuatro días. Ambos esposos estaban contentos de haber vuelto a Ruanda. Se sentían seguros y decían que vivían en paz, aun cuando todavía no habían encontrado trabajo.

En otro caso, tres jóvenes, de diecinueve, veintiuno y veintidós años de edad, entrevistados en el campo de tránsito de Nyagatare, declararon que habían regresado voluntariamente de Tanzania. Antes habían estado en Burundi, pero habían dejado aquel país a causa de la violencia reinante. Decidieron regresar a Ruanda cansados de las condiciones de los campos de refugiados y tras haber oído que el regreso no entrañaba peligro. Tras cruzar la frontera entre Tanzania y el este de Ruanda, lograron atravesar el país hasta Cyangugu, en el sudoeste. No habían encontrado problemas y estaban satisfechos de haber vuelto.

No obstante, Amnistía Internacional cree que, a menos que se tomen medidas adecuadas, los peligros que corren los que regresan probablemente aumentarán en grado considerable si se produce un súbito retorno masivo. El gobierno de Ruanda, con ayuda de la comunidad internacional, debe seguir preparándose para recibir un alto número de ruandeses y crear las garantías necesarias de su seguridad.

3.2.1 Venganzas personales y represalias contra los que regresan

Aunque no hay pruebas de una pauta de comportamiento que haga suponer que el gobierno tiene intención de eliminar a los que regresan, sí ha habido denuncias de casos de venganza personal que no son sistemáticamente investigados por las autoridades. Por ejemplo, en julio de 1995 un refugiado que regresó de Burundi al distrito de Birenga, en la prefectura sudoriental de Kibungo, resultó gravemente herido tras ser golpeado por un vecino. El atacante fue arrestado y estuvo detenido dos semanas; luego fue puesto en libertad. En eso quedó todo, al parecer.

En otro caso, en el distrito de Kanzenze, en la prefectura de Kigali Rural, una mujer y sus cuatro hijos, recientemente regresados del Zaire, fueron atacados por cuatro hombres. Sólo uno de los hijos logró escapar. La madre y los otros tres hijos murieron. Se describió a los atacantes como supervivientes del genocidio que se vengaban de crímenes atribuidos al marido de la mujer, en prisión entonces por presunta participación en el genocidio. En este caso se detuvo a tres de la partida de cuatro atacantes, aunque no está claro si están todavía privados de libertad o si han sido ya acusados formalmente. Sin embargo, en otros casos, apenas se han llevado a cabo diligencias para poner a los responsables de tales represalias a disposición de la justicia. Esto podría explicarse por la falta de estructuras judiciales efectivas, pero de hecho está contribuyendo a perpetuar la impunidad y estimulando a la gente a tomarse la justicia por su mano.

Es probable que las denuncias contra los que regresan, seguidas de encarcelamiento, aumenten si se produce un flujo masivo de retornos. El temor a estas denuncias es muy fuerte entre los refugiados. Entre los que permanecen en el exilio hay sin duda muchos que participaron en las matanzas de 1994. Algunos de forma calculada y deliberada; otros contra su voluntad. El ejército del gobierno anterior y los milicianos forzaron a la población a participar en el genocidio, por ejemplo obligándoles a matar a sus vecinos bajo amenaza de sufrir la misma suerte. Dado el alto número de personas implicadas activa o «pasivamente» en las matanzas )la cifra real nunca será conocida)inevitablemente hay muchos refugiados que temen volver a sus lugares de origen porque saben que probablemente serán reconocidos como participantes de alguna forma en aquellos crímenes.

En algunas zonas, según informes recibidos, se han constituido grupos dentro de la comunidad con el objeto de denunciar a los que presuntamente participaron en el genocidio. Estas denuncias han ido a veces dirigidas contra refugiados que regresaban. En algunos casos estos grupos han sido alentados por las autoridades locales para así demostrar que se hace justicia. Se registra una tendencia generalizada a encarcelar a personas simplemente «por si luego resultan culpables». A los detenidos normalmente no se les da oportunidad de impugnar el fundamento de su detención.

3.2.2 Conflictos relacionados con la propiedad

Las disputas sobre la propiedad de casas y tierras figuran probablemente entre las causas principales de represalias personales y otras formas de violencia, y ciertamente aumentarán en el caso de un retorno multitudinario de refugiados. Tanto Ruanda como Burundi tienen una densidad muy alta de población, estimada en torno a 208 personas por kilómetro cuadrado en Ruanda y 272 en Burundi. La gran escasez de tierra y vivienda se agudiza en el caso de Ruanda con el retorno de antiguos refugiados (1959) que está teniendo lugar simultáneamente con la vuelta de los refugiados de la «nueva oleada» (1993-94). Muchos refugiados de este último grupo humano están volviendo y encontrando sus casas ocupadas por refugiados de la oleada anterior que ya han regresado. Algunos consiguen reclamar sus hogares; otros no lo consiguen o se ven obligados a compartir su casa con extraños.

Según la normativa vigente, los refugiados que vuelven a Ruanda después de más de diez años de exilio (como los que salieron en 1959) no tienen el derecho automático de reclamar sus casas y tierras. Sin embargo, a los que abandonaron el país más recientemente (por ejemplo, los que huyeron en 1994) sí les asiste ese derecho. Si regresan y encuentran su casa ocupada por un habitante ilegal, éste tiene dos meses para abandonarla. Al ocupar una casa vacía, el ocupante debe firmar un compromiso de ceder la casa al término del periodo legal de dos meses si el propietario retorna(10). Si no encuentra otra casa en ese plazo de tiempo, el Ministerio de Rehabilitación tiene la obligación de encontrarle otra vivienda o facilitarle los materiales de construcción necesarios. Esto puede llevar consigo el reasentamiento en alguna zona más remota de Ruanda.

Esta normativa parece justa y equitativa en teoría, si bien en la práctica plantea dificultades. Aparte de la escasez de tierra y viviendas para los que regresan, muchas casas quedaron destruidas o saqueadas en 1994. Es probable que surjan conflictos entre los dos grupos de refugiados. De hecho, ya hay envidias y opiniones contrarias sobre cuál de estos dos grupos está recibiendo un trato preferencial. Algunos tutsis creen que se favorece a los hutus en el sentido de que les reconoce derecho a volver a su zona de origen y recuperar sus casas y tierras, mientras que ellos son reasentados por el gobierno en zonas donde no quieren vivir. Por otra parte, los refugiados hutus que regresan están descontentos por haber encontrado sus casas ocupadas por otros que han vuelto durante su exilio. Algunos no se atreven a reclamar sus propiedades porque han sido intimidados. Algunos ni siquiera se atreven a exigir el pago de una renta en concepto de alquiler aun cuando tienen derecho a ello. Muchos acaban instalándose por largos periodos en viviendas prestadas por amigos o parientes mientras esperan a que les devuelvan sus propias casas.

Ha habido casos en los que la gente ha amañado deliberadamente la detención de individuos concretos para que no puedan reclamar sus propiedades. En estos casos, se detiene a alguien arbitrariamente bajo pretexto de que ha tomado parte en el genocidio. Estas iniciativas no son siempre sancionadas por las autoridades, pero sí se permiten una y otra vez las detenciones arbitrarias sin investigación de los casos particulares. Las autoridades locales han revisado la detención de unas cuantas personas, pero sólo tras varias semanas o varios meses de privación de libertad.

3.3 Conclusión

Dado que el nivel de retornos se ha mantenido bajo hasta ahora, el compromiso del gobierno de proteger a los que regresan no ha sido puesto a prueba plenamente. Existe una cierta sensación de que es frágil la paz que los que regresan han ido encontrando en Ruanda hasta el momento.

Un retorno masivo produciría muy probablemente una situación caótica ya que los que regresan lo harían a zonas donde el recuerdo del genocidio está todavía vivo y donde el ansia de venganza es grande. Sin medidas serias para hacer frente a esta situación, este retorno no sólo causaría problemas logísticos, humanitarios y de titularidad de casas y tierras en una escala muy por encima de la capacidad de Ruanda para resolverlos, sino que erosionaría rápidamente y con toda probabilidad las limitadas medidas del gobierno ruandés para salvaguardar los derechos de los que retornan.

Lo que es más, la persistencia de violaciones de derechos humanos en Ruanda no inspira gran confianza de cara al futuro. Hasta que no se instaure en Ruanda, con la ayuda de la comunidad internacional, un sistema judicial imparcial y efectivo, los refugiados seguirán temiendo ser víctimas de la arbitrariedad a su regreso.

Amnistía Internacional cree, en el caso de una repatriación forzosa y masiva, que ésta se verá acompañada de un incremento significativo de violaciones de derechos humanos por parte del Ejército Patriótico Ruandés, así como de represalias entre la población local. El retorno a Ruanda sólo puede continuar produciéndose con seguridad si la repatriación es voluntaria; incluso en ese caso habrá que supervisar muy de cerca la seguridad de los que vuelven. El gobierno tiene que garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación y normativa general para la protección de los que regresan. También debe responsabilizarse de que sus propias fuerzas armadas respeten los derechos humanos.

4. RIESGOS DEL REGRESO A BURUNDI

4.1 Situación generalde los derechos humanos (11)

Burundi está sufriendo una guerra civil y una anarquía virtual caracterizadas por homicidios étnicos de motivación política, limpieza étnica )ya que miembros de los grupos tutsi o hutu se ven forzados a abandonar determinadas zonas merced a una política de intimidación y abusos contra los derechos humanos)y criminalidad generalizada. Los dirigentes políticos elegidos en junio de 1993 han sido asesinados, forzados al exilio o incapacitados para ejercer el control político o de otro tipo. La supervivencia se ha convertido en una cuestión de suerte.

La crisis actual es la más prolongada de las sufridas en este país que ha visto homicidios de motivación política y otros abusos durante treinta años. Todo comenzó con las elecciones de junio de 1993 en las que el Frente para la Democracia en Burundi (Front pour la démocratie au Burundi, frodebu), dominado por los hutus, consiguió una mayoría de escaños (65 de 80) en la Asamblea Nacional y su líder Melchior Ndadaye fue elegido como primer presidente hutu de Burundi. Antes de que el frodebuasumiera el poder el 10 de julio de 1993, se produjo un intento de golpe de Estado preventivo el 3 de julio.

Dos años y medio más tarde, el presidente y sus aliados se muestran incapaces de controlar en modo alguno a las fuerzas armadas. Éstas se consideran libres para llevar a cabo homicidios generalizados y otros abusos contra los partidarios declarados o supuestos del partido de mayoría en la coalición gubernamental. La mayoría de los abusos han tenido lugar durante operaciones contra la insurrección y de desarme en zonas dominadas por los hutus. No sólo no ha conseguido el gobierno, en la mayoría de los casos, detener o al menos condenar verbalmente los abusos contra los derechos humanos, sino que se ha mostrado incapaz de ordenar al ejército que desarme a los milicianos tutsis.

El desánimo de los partidarios del frodebuha llevado a muchos de ellos a sumarse a un nuevo grupo rebelde conocido como Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (cndd), dirigido por el ex ministro del Interior del frodebuLéonard Nyangoma. El brazo armado del cndd, las Fuerzas para la Defensa de la Democracia (fdd) se enfrenta actualmente a las fuerzas gubernamentales en muchas partes del país, especialmente en Bujumbura y en el noroeste del país. Se han recibido informes de combates también en el sur, entre fuerzas del gobierno y partidas armadas de hutus. Los grupos armados han perpetrado numerosos abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios deliberados y arbitrarios. Los informes recibidos hablan de civiles que compran armas para uso privado, aparentemente para defensa propia, con el resultado de que hay ahora más hutus propietarios y usuarios de armas de fuego que nunca.

Diariamente se reciben informes de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas gubernamentales y de homicidios deliberados y arbitrarios de motivación política por parte de los grupos armados. Se estima que más de 100.000 personas han muerto de esta forma en Burundi desde octubre de 1993. Cada mes mueren hasta 1.500 civiles inermes.

Burundi: regreso al hogar en ruinas. Una familia vuelve a su casa en el distrito hutu de Kinama, en la capital Bujumbura. La casa ha sufrido ataques de milicianos y de las fuerzas de seguridad. © Howard J. Davies.

La mayoría de estas víctimas son mujeres, niños y ancianos.(12) Otros muchos han «desaparecido» y se les supone muertos. Los homicidios de Burundi quizás no sean tan numerosos como los ocurridos en la vecina Ruanda a mediados de 1994, pero la cuenta va subiendo rápidamente, sin fin a la vista. Además, otras muchas matanzas pasan desapercibidas en provincias inaccesibles como Bubanza y Cibitoke en el noroeste del país. Nadie ha sido puesto a disposición de la justicia en relación con los homicidios, aunque hay varios miles de presuntos responsables privados de libertad y sin juicio.

Unas 5.200 personas, virtualmente todas ellas hutus, han sido detenidas desde 1993 y están encarceladas sin juicio en prisiones casi siempre saturadas. Muchos detenidos sufren habitualmente palizas y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el momento de su detención y mientras permanecen bajo la custodia de las fuerzas armadas. Algunos detenidos han sido ejecutados extrajudicialmente y otros han «desaparecido» durante su encarcelamiento. La judicatura parece incapaz de impedir abusos contra los detenidos y se sabe que los ha consentido e incluso sancionado. Al parecer el estamento judicial, dominado por los tutsis, se muestra reacio a ordenar detenciones de sospechosos pertenecientes a esta etnia y no goza de la confianza de la población. La administración de justicia está paralizada por las crisis políticas y la falta de recursos humanos y materiales.

Ante los abusos continuos y masivos contra los derechos humanos por parte del ejército y de los grupos armados de oposición de Burundi, el gobierno ha llamado repetidamente a la calma y ha pedido a la población que se disocie de los grupos armados. Sin embargo, estos llamamientos han sido desoídos. Según los informes recibidos, se ha detenido a varios dirigentes de la milicia o de los grupos armados, pero los homicidios continúan. Los extremistas de ambos bandos siguen incitando a la población a la violencia. La inseguridad general, que incluye ataques al personal de organizaciones humanitarias internacionales, ha obligado a diversas organizaciones no gubernamentales a suspender sus actividades en Burundi en varias ocasiones, lo que ha tenido directas consecuencias para el nivel de asistencia a los desplazados internos y a los refugiados que regresan a Burundi. El gobierno se ha mostrado incapaz de controlar a los autores de esta violencia.

4.2 Riesgos que corren los refugiados y desplazados internos que regresan a su lugar de origen

Dada la inseguridad que caracteriza a Burundi, no es posible para todos los refugiados o desplazados internos volver a sus casas. En efecto, en muchos casos les es totalmente imposible regresar al país sin peligro personal. El alto nivel de riesgo a su vuelta a Burundi ha sido reconocido explícitamente por el acnury otras organizaciones internacionales. A diferencia de lo que ocurre en Ruanda, el acnurno aconseja automáticamente a los que deciden regresar que lo hagan al lugar de origen. Cuando se produjo el retorno forzoso de refugiados desde el Zaire en agosto de 1995, muchos de ellos no pudieron volver a sus casas; estaban situadas en zonas peligrosas, como los suburbios de Kamenge y Kinama en la capital Bujumbura, o habían sido destruidas. Se vieron pues obligados a permanecer en el campo de tránsito de Gatumba, junto a la frontera con el Zaire.

Por ejemplo, un fontanero de treinta y seis años(13) de Bubanza huyó al Zaire el 5 de mayo de 1995 cuando su pueblo sufrió un ataque de milicianos tutsis en presencia del ejército, que no intervino. Posteriormente fue devuelto forzosamente, junto con otros refugiados, a Burundi el 21 de agosto. Cuando Amnistía Internacional visitó el campo de tránsito de Gatumba, llevaba ya en él más de un mes. Acababa de saber que su casa había sido destruida el 21 de septiembre. Pensó que le era imposible regresar a su pueblo y prefirió permanecer en la relativa seguridad del campo de tránsito. Manifestó que estaría dispuesto a volver a cualquier punto de Burundi siempre que pudiera vivir en paz. Sin embargo, como otros muchos refugiados, se sentía abandonado de todos: incapaz de volver a su casa en Burundi, expulsado a la fuerza del campo de refugiados del Zaire, imposibilitado de ir a Tanzania a causa del cierre de la frontera.

En Gatumba el acnursuministra raciones de comida y asistencia durante cuatro semanas a quienes regresan al país, se supone que acontinuación volverán a sus zonas de origen, tras una evaluación de las condiciones de seguridad realizada en conjunción con el Ministerio de Reinserción y Reasentamiento. Aquellos cuyas casas se encuentran en zonas peligrosas y que, por tanto, no pueden regresar a ellas inmediatamente reciben asistencia por un periodo más largo. El acnury la Misión Internacional de Observadores de Burundi (miob) de la Organización de la Unidad Africana (oua) desarrollan programas de supervisión de la seguridad de los que regresan una vez que se reinstalan en sus casas. Estos programas encuentran más dificultades en Burundi que en Ruanda a causa de la inseguridad reinante. Si se dispusiera de observadores de los derechos humanos de la onudestacados in situen Burundi (como los hay en Ruanda), podrían desempeñar una función importante contribuyendo a supervisar las condiciones de seguridad de los refugiados que deciden regresar.

Refugiados en su propio país: desplazados y dispersos

Además de los campos de tránsito para refugiados que regresan de países vecinos, existen todavía varios campos para los desplazados dentro del mismo Burundi, especialmente en el norte del país. Estos desplazados internos son principalmente tutsis que viven en pueblos o en sus cercanías, u otros lugares públicos como iglesias y escuelas, en busca de la protección de las fuerzas armadas. En octubre de 1995 se estimaban en 200.000 los desplazados dentro de Burundi, muchos de ellos desde las matanzas de 1993. La mayoría no quería o no podía volver a sus zonas de origen por miedo a ataques de partidas de hutus armados. Algunos refugiados o desplazados internos que volvieron a sus casas decidieron posteriormente regresar a los campos de tránsito por sentirse inseguros.

En las zonas más afectadas por los homicidios, como Cibitoke, en el noroeste, algunas personas han tenido que huir más de tres veces desde el comienzo de las matanzas generalizadas en octubre de 1993. La huida se ha convertido en un modo de vida para la gente de estas zonas. Los campos de desplazados sufren frecuentemente ataques, a pesar de la vigilancia prestada por el ejército. Por ejemplo, unas 42 personas, incluido un soldado, que vivían en un campo de la provincia de Kayanza fueron muertas el 2 de noviembre de 1995 por un grupo armado.

Los que se ha dispersado por el campo son normalmente hutus que han tenido que huir de ataques perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad y de la milicia tutsi. Se estima su número en más de 200.000 personas que vagan de un lugar a otro en constante huida. Carecen virtualmente de toda protección y escasa o ninguna atención médica. Su alimentación también es precaria. Algunos han tratado de cultivar el suelo, sólo para verse atacados y tener que huir. Los cultivos son saqueados por los atacantes, entre los que se incluyen bandas armadas. Algunas bandas tutsis tienen su base en campos para desplazados y, según los informes recibidos, operan en compañía de fuerzas gubernamentales.

La suerte de los desplazados o dispersos internos pasa con frecuencia desapercibida ya que la atención internacional tiende a fijarse primordialmente en los refugiados que han cruzado la frontera de Burundi. Sin embargo, sus vidas han quedado destrozadas en igual medida; su necesidad de protección y asistencia no es menor. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos por lo general no cuentan con ninguna organización internacional responsabilizada de reclamar y asegurar su protección, si bien en Burundi el acnurha extendido su asistencia a las personas desplazadas como parte de su mandato humanitario.

Burundi: uno de los 200.000 desplazados internos a causa de los homicidios de civiles inermes por parte de las fuerzas de seguridad. © Martin Adler / Panos Pictures

Se debe conceptualizar claramente y aceptar que los desplazados dentro de su propio país tienen el derecho a una protección plena de sus derechos humanos. Entre éstos figura el de libertad de circulación del cual se deriva para las personas que corren peligro de conculcación de sus derechos humanos el de huir de una parte del país a otra y no verse forzados a volver a zonas peligrosas. Desgraciadamente, en un país como Burundi, el gobierno resulta incapaz de proteger los derechos de sus ciudadanos, y por ello el derecho a buscar protección en otro país no debe encontrar ningún obstáculo. Por lo demás, se requiere una vigilancia internacional sistemática de la seguridad de los refugiados en los campos destinados a ellos y, especialmente, cuando deciden regresar a su lugar de origen.

4.3 Conclusión

La mayoría de los refugiados huidos de Burundi están demasiado temerosos para volver a su país dado su bien fundado miedo a la violencia generalizada y a las masacres diarias por parte de las fuerzas de seguridad y de las milicias tutsis o hutus. Muchos saben que a su vuelta, en caso de lograr sobrevivir, tendrán pocas probabilidades en muchas zonas de Burundi de llevar una vida normal, ya que las actividades políticas, sociales y económicas han quedado totalmente rotas por la guerra civil. El mismo temor abrigan los desplazados dentro de las fronteras de su propio país.

Los gobiernos y los organismos que abogan por una repatriación voluntaria deben tomar muy en serio estos bien fundados temores a perder la vida en Burundi. La situación en este país es muy diferente de la de Ruanda y los peligros del retorno son muy reales.

5. PAPEL DE LOS DIRIGENTES DE LOS REFUGIADOS RUANDESES EN LOS CAMPOS(14)

5.1 Estructura y actividades políticas en los campos de refugiados

Cada campo de refugiados se ha convertido en una entidad administrativa regida por estructuras bien diferenciadas. Se trata normalmente de estructuras de autoridad local que ya existían con el anterior gobierno de Ruanda y que los refugiados han trasladado directamente a los campos. De este modo, los dirigentes siguen manteniendo un estrecho control sobre la población. Esta forma de control les permite apoderarse de los alimentos y el agua potable destinados a los refugiados, algunos de los cuales se han visto obligados a beber agua lacustre con el consiguiente riesgo de enfermedad.

En estos últimos meses se ha registrado una evolución de las estructuras y de la actividad política en los campos de refugiados, especialmente en el Zaire. En abril de 1995 se constituyó en este país la primera organización abiertamente política que reclamaba para sí la representación de los refugiados ruandeses: la Agrupación en pro del Regreso de los Refugiados y del Establecimiento de la Democracia en Ruanda (Rassemblement pour le retour et la démocratie au Rwanda, rdr). Esta entidad cuenta con representantes en otros países, como Kenia, Bélgica y Francia, y ha desarrollado una agenda política explícita que incluye el diálogo político y la participación en el poder con las autoridades de Kigali. Todo ello se basa, en parte, en los Acuerdos de Arusha de agosto de 1993 entre el anterior gobierno de Ruanda y el Frente Patriótico Ruandés. Otras entidades, como la Organización para el Regreso a Ruanda (orerwa-gutaha) con sede en el campo de Kashusha, tienen una estructura independiente pero objetivos similares a los del rdr. El gobierno de Kigali ha rechazado de plano estas demandasde diálogo argumentando que el rdr, aunque profesa ser independiente, está aliado con miembros del ejército y del gobierno anteriores, responsables del genocidio. Sin embargo, el RDR sigue ejerciendo presión política mediante comunicados informativos periódicos, memoranda y llamamientos a la comunidad internacional.

Algunas otras organizaciones tienen una agenda menos política. Por ejemplo, la Asociación de Socorro a los Estudiantes Refugiados de Ruanda (Association de secours aux élèves réfugiés du Rwanda, asserwa) fue creada en Kivu Norte en respuesta a la insuficiencia de los servicios educativos de los campos de refugiados. Cuenta con unos cien profesores y unos tres mil alumnos. Existen también diversas asociaciones activas de mujeres.

En los campos de celebran reuniones periódicas. En Mugunga, por ejemplo, se reúnen los consejos de campo para tratar de un orden del día con asistencia de representantes de los refugiados, autoridades locales zaireñas, soldados zaireños del czsc, funcionarios del acnury delegados de organizaciones no gubernamentales. En Kashusha y en INERA se celebran reuniones periódicas de los que ocupan puestos de autoridad, quienes a su vez organizan «grupos de reflexión» en los que se debaten asuntos diversos, incluidos temas de política, seguridad y problemas prácticos. Tras el retorno forzoso de refugiados en agosto, esta cuestión ha sido prioritaria para estos grupos. Otro asunto importante es si los refugiados deben o no negociar con las autoridades de Kigali.

«Es difícil, lleva tiempo, pero es posible» Tomado de un periódico distribuido por el grupo de debate «La Chandelle» de un campo de refugiados en Goma (Zaire oriental). El dibujo ilustra los estadios del proceso de reconciliación

5.2 Presencia y actividades de elementos militares en los campos de refugiados

La presencia de miembros del gobierno, ejército y milicia anteriores entre los refugiados es un elemento central para la comprensión de la dinámica vital de los campos de refugiados y de los factores que determinan su prolongado exilio. Algunos soldados y milicianos del gobierno anterior están agrupados en campos especiales, por ejemplo Panzi y Bulonge, en el Zaire. Sin embargo, otros muchos están mezclados irreconociblemente con los cientos de miles de refugiados «civiles».

Las armas todavía son abundantes dentro de los campos y en su entorno. En junio de 1995 Amnistía Internacional publicó el informe Ruanda: Armas para los autores del genocidio(Índice AI AFR 02/14/95/s) e hizo un llamamiento a todos los gobiernos para que dejaran de suministrar armas y adiestramiento a los responsables del genocidio de Ruanda de 1994. Entonces, en una iniciativa muy bien acogida, la onucreó una comisión internacional de investigación de las transferencias militares a las fuerzas del anterior gobierno ruandés(15). Sin embargo, aun en el caso de que que no se produzcan más envíos, ya hay un volumen significativo de armas en manos del anterior ejército de Ruanda y de su milicia, junto a indicios de una creciente determinación de su parte de desestabilizar la situación del país.

Según los informes recibidos, el ejército y la milicia simpatizante del anterior gobierno se muestran especialmente activos en la isla de Idjwi, en el lago Kivu. En esta isla viven unos 40.000 refugiados mezclados con la población local, cuya cifra total se estima en 110.000 personas. La actividad armada dentro de la isla se ha visto agravada por la falta de presencia permanente del acnury del Contingente Zaireño de Seguridad en los Campos (czsc). El 4 de noviembre de 1995 el Ejército Patriótico Ruandés lanzó un ataque preventivo sobre la pequeña isla de Iwawa, cercana a la de Idjwi, y causó al menos 171 bajas mortales. Se supuso que los muertos eran miembros de la milicia interahamweo del anterior ejército ruandés venidos desde Idjwi y que usaban Iwawa como campo de entrenamiento para futuros ataques sobre Ruanda. La isla de Idjwi se encuentra en el lado zaireño de la frontera, mientras que la de Iwawa pertenece a Ruanda.

Se ha denunciado la estrecha cooperación entre grupos armados ruandeses y burundeses en los campos de refugiados. La dimensión regional también ha pasado a primer plano al circular informes de que la milicia interahamweruandesa está participando en incursiones armadas y combates en el norte de Burundi junto a los grupos armados hutus conocidos como «bandes armées».

5.3 Propaganda e intimidación para evitar el regreso

Miembros del anterior ejército de Ruanda, la milicia interahamwee individuos simpatizantes del anterior gobierno siguen siendo una fuerza dominante en los campos. Uno de sus objetivos principales es impedir el regreso voluntario de refugiados a Ruanda, ya que temen que este retorno debilitaría su campaña contra el actual gobierno ruandés y pondría en peligro de identificación y cárcel a los que, de entre ellos, desempeñaron un papel crítico en el genocidio. La huida masiva de hutus tras la victoria del Frente Patriotico Ruandés y la prolongada estancia de una porción tan grande de la población fuera del país ha tenido también el efecto de privar al nuevo gobierno de legitimidad. Así mismo, ha dado tiempo para que los miembros del anterior gobierno y sus seguidores se preparen para nuevas actividades militares.

En realidad, la mayoría de los refugiados ruandeses se preocupa menos de los objetivos militares y políticos de sus líderes que de vivir sin peligro, mantener sus familias unidas y recuperar un día sus casas y tierras. Sin embargo, se han convertido en víctimas involuntarias de los que controlan los campos.

Elemento central de estas tácticas de control para impedir el retorno es la difusión de información falsa y rumores exagerados. Al entrevistar a refugiados y a los que ya han regresado, Amnistía Internacional ha comprobado que el peligro real de perder la vida al volver, a manos del Ejército Patriótico Ruandés, había sido exagerado desproporcionadamente por los extremistas de los campos de refugiados, que manipulan la información para sus propios fines. Como resultado, casi todos creían sinceramente que Ruanda era un país de terror donde todos los que volvían eran inmediatamente torturados o asesinados.

Sin embargo, algunos refugiados han tratado de regresar a su país. Estos intentos chocan con actos de intimidación física y psicológica. Los líderes de los campos previenen a los refugiados que morirán en camino a Ruanda. Algunas veces los refugiados sufren palizas para que ni siquiera se pongan en marcha hacia la frontera. Los autores del atropello han llegado a decir a los refugiados que les estaban haciendo un favor, ya que así les salvaban de morir en Ruanda. Hay informes de que algunos extremistas se han autolesionado y han fingido que las heridas fueron causadas por el Ejército Patriótico Ruandés, tratando así de demostrar que esa fuerza armada toma como blanco a todos los que intentan volver. Se han recibido informes de que la interahamweincluso ha matado a algunos refugiados que intentaban volver y ha declarado que el autor de los homicidios era el Ejército Patriótico Ruandés.

Un folleto anónimo distribuido en el campo de Mugunga en septiembre de 1995 decía:

De tous ceux que le HCR a rapatrié il n'en existe plus un seul vivant... Les Tutsi se sont accaparés de tous les biens des Hutu et les téméraires qui essaient de parler son massacrés sans merci... Le HCR veut rapatrier les réfugiés à sa manière, illégalement, tout en sachant qu'ils von être tués... Cher frère, nous savons que tu as des problèmes... la solution n'est pas le suicide... Les candidats à la mort peuvent rentrer, ils sont avertis.

(Traducción al francés oficiosa de Kinyarwanda)

(De todos los que el acnurha repatriado, ninguno ha sobrevivido... Los tutsis se han apoderado de todos los bienes de los hutus y los temerarios que se atreven a hablar son masacrados sin piedad... el acnurquiere repatriar a todos los refugiados a su manera, ilegalmente, sabiendo que serán asesinados... Querido hermano, sabemos que tienes problemas... la solución no es el suicidio... Los candidatos a morir pueden volver; ya están advertidos.)

Algunas organizaciones, por ejemplo el acnury varias emisoras de radio independientes, han tratado de hacer llegar información objetiva a los refugiados. Sin embargo, hasta la fecha, sus esfuerzos se han visto repetidamente frustrados por la propaganda incesante en los campos.

Campo de refugiados de Kashusha, cerca de Bukavu (Zaire)

Un agricultor de cuarenta y nueve años(16), casado y con seis hijos, fue uno de los expulsados a Ruanda desde el campo zaireño de Mugunga el 22 de agosto de 1995. Dos meses antes había intentado regresar voluntariamente. Cuando se rumoreó que quería volver, sus pertenencias, incluidas su tienda y su radio, fueron confiscadas. Después de esto no hizo ningún nuevo intento. Declaró haber visto cómo otras personas eran golpeadas por la noche al intentar abandonar el campo a escondidas. Finalmente el ejército zaireño le obligó a partir. De todos modos se sentía satisfecho de haber vuelto a Ruanda, a pesar de que su casa estaba ocupada y un mes después de su regreso él y su familia estaban viviendo todavía en una casa prestada. Durante el retorno forzoso había tenido que dejar uno de sus hijos en el Zaire. Cuando Amnistía Internacional habló con él, no tenía noticias de su hijo y estaba demasiado atemorizado para ir a buscarle sin compañía por miedo a las represalias de los líderes del campo.

Otro refugiado que había regresado voluntariamente a Ruanda se negó a dar su nombre a un periodista independiente por miedo a que sus dos hermanos, que estaban todavía en el Zaire perdieran la vida. Hay refugiados que comunican al acnursu intención de regresar, pero no se presentan el día señalado. Otros tienen demasiado miedo para registrarse oficialmente. Los refugiados más decididos abandonan simplemente el campo en secreto procurando no ser vistos.

Como ha quedado documentado desde el comienzo de la crisis de los refugiados, los líderes políticos y militares que viven en los campos siguen abusando de su poder. No sólo son responsables de graves abusos contra los derechos humanos para así intimidar a los refugiados sino que, al ejercer una presión injusta sobre ellos, les están impidiendo hacer una elección libre e informada sobre su posible vuelta a Ruanda. Tales actuaciones vulneran las normas internacionales ya mencionadas.

6. PAPEL DEL GOBIERNODE RUANDA

Iniciativas del gobierno de Ruanda para salvaguardar los derechos de los refugiados que regresan

El gobierno de Ruanda ha hecho muchas declaraciones alentando a los refugiados a que regresen y ha insistido en que serán bien recibidos. El 5 de septiembre de 1995 el presidente Pasteur Bizimungu anunció que su gobierno reiteraba «su inflexible determinación de hacer todo lo posible para permitir el retorno seguro de todos los refugiados ruandeses» y prometió que no se escatimarían esfuerzos «para garantizar a todo ruandés igual derecho a la ciudadanía y a la protección del gobierno. El retorno de todos los ruandeses no tiene condiciones previas y este derecho es inalienable en cualesquiera circunstancias». También ofreció seguridades de que no se producirían detenciones arbitrarias. Este discurso se ha visto seguido de garantías similares por parte de otros altos funcionarios del Estado.

Se han tomado varias medidas concretas para fomentar el retorno y la reintegración. Por ejemplo, se han formado comités de recepción y asentamiento de los refugiados. El Ministerio de Rehabilitación ha creado un comité para afrontar las crisis humanitarias en conjunción con organizaciones no gubernamentales locales, incluidas las que se ocupan de los derechos humanos. En algunas prefecturas, como la de Kibungo, el prefecto local ha tomado la iniciativa de crear un comité de urgencia (cellule d´urgence) que haga preparativos para un regreso multitudinario. El Ministerio de Rehabilitación tiene delegados en cada distrito. También está adjudicando tierra a los que regresan y no pueden recuperar sus propias casas, y les está asistiendo en la construcción de viviendas y distribución de los materiales necesarios para ello, así como de aperos para cultivar la tierra.

Se ha formado un comité ministerial para resolver las disputas sobre títulos de propiedad. En algunas zonas se ha establecido un procedimiento para limitar la ocupación ilegal de las propiedades. Si se respeta este procedimiento se contribuirá positivamente a la resolución de algunos de los conflictos más frecuentes surgidos con motivo del regreso de los refugiados. Sin embargo, las autoridades tendrán que estar vigilantes y poner fin a los casos de intimidación, ya que son frecuentes las situaciones en que los dueños reales de una casa tienen miedo de reclamar su propiedad o no están dispuestos a compartir la vivienda con los ocupantes de hecho. En algunas zonas las autoridades locales se muestran menos dispuestas a aplicar la normativa de lo que dice el gobierno central.

El gobierno se está esforzando por mejorar los derechos de la mujer en cuestiones de propiedad. En el momento actual los derechos de la mujer en este campo son prácticamente nulos. Se está revisando la legislación pertinente para permitir a la mujer heredar propiedad perteneciente a familiares varones ya fallecidos. El Ministerio de Asuntos de la Mujer tiene un programa más amplio de educación sobre los derechos de la mujer y sobre el acceso de la mujer a actividades económicas. Estos programas son especialmente importantes dada la gran proporción de la población masculina de Ruanda que ha muerto o está en el exilio.

El gobierno ha declarado repetidamente que Ruanda tiene la capacidad de recibir gran número de refugiados y que existen las estructuras necesarias para ello. Sin embargo, hay pocas normas oficiales escritas que regulen el procedimiento de acogida de los refugiados que regresan. Esto se traduce en contradicciones procedimentales y variaciones de una zona a otra, dependiendo de las personas investidas de autoridad en el nivel local. Las iniciativas del gobierno han tendido hasta ahora a concentrarse en aspectos logísticos y de capacidad, pero son muy escasos todavía los mecanismos fiables de protección de los derechos humanos que garanticen, por ejemplo, que los que regresan no son víctimas de detenciones arbitrarias o de ataques perpetrados por soldados o por la población local. De hecho, las declaraciones de algunos funcionarios del Estod, en el sentido de que los que se resisten a volver probablemente han tenido algo que ver con el genocidio, han creado tensiones adicionales y han acentuado los temores de los refugiados de que todos ellos sin distinción serán considerados sospechosos por las autoridades del país. Por otra parte, otros funcionarios estatales han insistido repetidamente que los inocentes nada tienen que temer.

En algunas zonas las autoridades locales han dado muestras de una actitud positiva hacia los derechos humanos y están colaborando estrechamente con los observadores pertinentes de la onu. Por ejemplo, la gendarmería local de Butare ha puesto en marcha mecanismos para estudiar los casos de detenidos en los calabozos (cachots) y poner en libertad a todos aquellos contra quienes no se han formulado cargos concretos antes de ser transferidos a la prisión propiamente dicha. Una iniciativa similar se estaba estudiando en Gikongoro. Sin embargo, otras propuestas menos concretas no siempre son puestas en práctica y sólo quedan en meras promesas.

Amnistía Internacional cree que la protección de los derechos humanos debe alcanzar a todos los ciudadanos. Sin embargo, en el caso de un retorno multitudinario, los refugiados serán probablemente los más vulnerables. Se pueden tomar medidas ahora para impedir una espiral de abusos contra los derechos humanos instaurando procedimientos para vigilar constantemente la seguridad de los que hayan regresado y la conducta de los funcionarios de seguridad locales para con la población.

7. PAPEL DEL GOBIERNO DE BURUNDI

Iniciativas del gobierno de Burundi para salvaguardar los derechos de los que refugiados que regresan

El Ministerio de Reinserción y Rehabilitación, creado en septiembre de 1994 para ocuparse de la situación de los refugiados y los desplazados internos, está colaborando estrechamente con el acnurpara garantizar la seguridad de los refugiados que retornan a Burundi. Las autoridades locales han visitado el campo de tránsito de Gatumba varias veces para tratar de persuadir a los refugiados de que regresen a su provincia y han logrado acompañarlos en su vuelta, generalmente sin coacción.

El comienzo de una nueva vida. Reconstrucción de casas destruidas durante los combates de 1994. Gitarama (Ruanda). © Martin Adler / Panos Pictures

Como quiera que varias zonas son consideradas todavía peligrosas, el Ministerio ha trazado un plan para construir viviendas en otras zonas para desplazados internos o refugiados que tienen demasiado miedo como para volver a sus lugares de origen. Además de la construcción de viviendas, el plan incluye la provisión de asistencia humanitaria y medidas para restablecer la confianza y estimular la reconciliación. Estas iniciativas están probablemente inspiradas en buenas intenciones, pero se teme que el plan de construcción de viviendas dé origen a la aparición de zonas separadas tutsis y hutus, ya que es improbable que se los aloje juntos. Esta segregación acentuaría las divisiones en una sociedad ya sumamente polarizada étnica y políticamente.

Al igual que en Ruanda, las autoridades de Burundi han difundido por radio frecuentes invitaciones a los refugiados para que regresen. Sin embargo, como lo demuestra el bajo número de retornos, estos esfuerzos han tenido poco efecto para calmar el temor de los refugiados a la inseguridad reinante.

8. PAPEL DE LOS ESTADOS DE ACOGIDA

8.1 Ausencia de protección

Amnistía Internacional se opone a la devolución forzosa de cualquier persona a un país donde corra peligro de abuso grave contra sus derechos humanos. El principio de no devolución es un principio fundamental del derecho internacional consuetudinario y está consegrado en el artículo 33 de la Convención de 1951 y en el Artículo II (3) de la Convención de la ouade 1969. Este principio existe para que todos los que huyen de un peligro puedan encontrar protección efectiva y duradera.

Durante todo 1995 Tanzania, Burundi, Ruanda y Zaire han incumplido este deber de protección. En diversas ocasiones durante ese año Zaire y Tanzania cerraron sus fronteras a los refugiados que huían de Ruanda y Burundi y devolvieron forzosamente a los que habían logrado cruzarlas. La frontera con Tanzania ha permanecido cerrada desde el 31 de marzo de 1995, aunque se abrió como medida excepcional el 17 de enero de 1996 para pemitir la entrada a cerca de 15.000 ruandeses que pedían asilo y huían de la violencia en el nordeste de Burundi.

Así pues, los cuatro países han cometido actos de devolución de refugiados. Estos actos deben considerarse en el contexto de la carga soportada por los países de acogida (véase más abajo), si bien constituyen, de todos modos, un incumplimiento claro de las obligaciones de estos Estados en virtud del derecho internacional.

8.2 Zaire: devoluciones forzosas del 19 al 24 de agosto de 1995

El incidente más dramático de «devolución» por parte de Zaire tuvo lugar durante los días 19 a 24 de agosto de 1995. Unos 13.000 refugiados ruandeses y casi 2.000 refugiados burundeses fueron expulsados a sus respectivos países por el ejército zaireño(17) en violación flagrante del derecho internacional y de las disposiciones del acuerdo tripartito entre Zaire, Ruanda y el acnurde 24 de octubre de 1994.

Aun cuando las devoluciones forzosas se interrumpieron a los cinco días, tuvieron un efecto significativo en la restante población refugiada, no tanto por su número, sino porque los refugiados comprendieron que ya no podían dar por descontado que podían seguir sin peligro en Zaire hasta que consideraran que había llegado el momento apropiado para volver.

Durante las devoluciones forzosas, cerca de 170.000 refugiados huyeron de otros campos situados en Zaire y se repartieron por los bosques para evitar el retorno forzoso a Burundi o Ruanda. Se dice que la mayoría ha vuelto a los campos de refugiados, aunque se desconoce la suerte de otros. Un ejemplo es Hongo, uno de los campos donde se registraron más devoluciones. Los que no fueron devueltos a Ruanda huyeron a las colinas y el campo fue totalmente arrasado. No hay garantías de seguridad o protección para el número desconocido de los que huyeron a las colinas.

Se recibieron numerosos testimonios de brutalidad por parte de soldados zaireños durante los días del retorno forzoso. Mientras se agrupaba a los refugiados para expulsarlos se prodigaron los golpes; muchos fueron despojados a punta de pistola de sus pertenencias y dinero. Después de presenciar la brutalidad de los soldados zaireños durante los cinco días que duraron las expulsiones, algunos refugiados se ofrecieron a volver voluntariamente con el acnuren los días siguientes. Sin embargo, la tasa de retornos voluntarios descendió ininterrumpidamente en las semanas posteriores.

Muchas familias quedaron divididas durante las expulsiones, ya que los soldados zaireños agrupaban a los refugiados al azar. Muchas familias siguen todavía dispersas y en diferentes lados de la frontera. Por ejemplo, un agricultor ruandés de veintiséis años(18) fue expulsado del campo de Mugunga a Ruanda con su esposa y su hijo de siete meses, pero tuvo que dejar a su hijo de seis años y a su padre. Desde su vuelta a Ruanda no ha tenido noticias de ellos.

De forma semejante, el 22 de agosto un hombre de cincuenta y ocho años de la provincia de Bubanza (Burundi) quedó separado de su esposa, que había ido al mercado, al ser apartado por los soldados zaireños para formar un grupo de expulsados.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (cicr) y el acnurhan realizado enormes esfuerzos para reunir familias y poner en contacto a parientes que viven en lados diferentes de la frontera entre Ruanda y Zaire. Es necesario dar mayor publicidad a este servicio ya que algunos regresados que han dejado parientes detrás parecen desconocerlo.

Puente fronterizo entre Ruanda y Zaire, cerca de Cyangugu, en Ruanda sudoccidental.

Imposición de fechas límite

La devolución de refugiados a Ruanda y Burundi por parte del Zaire se interrumpió solamente después de suscitar la condena mundial y de intensas presiones internacionales. Posteriormente, en el curso de negociaciones con el acnur, el Zaire declaró que los restantes refugiados en su territorio )todavía más de un millón)tendrían que repatriarse voluntariamente antes del 31 de diciembre de 1995 y amenazó con reanudar su programa de retornos forzosos en caso contrario. Esta declaración obligó al acnura desarrollar esfuerzos ingentes para intensificar su programa de fomento de repatriación voluntaria de refugiados; el acnurobtuvo cierto éxito inicial inmediatamente después de la oleada de devoluciones.

En octubre de 1995 el presidente zaireño Mobutu anunció a los periodistas extranjeros que se oponía personalmente a la devolución forzosa de refugiados. Sin embargo, otras autoridades estatales, incluido el primer ministro Kengo wa Dondo, siguieron amenazando con el cumplimiento del plazo anunciado. Posteriormente, a raíz de conversaciones celebradas en El Cairo el 28 de noviembre a iniciativa del ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter entre dirigentes de países de la región de los Grandes Lagos, y tras ulteriores conversaciones en diciembre de 1995 y enero de 1996 entre el gobierno zaireño y el acnur, el Zaire parece haber retirado su amenaza de devolución forzosa de refugiados para una fecha determinada.

Esta amenaza de devoluciones inmediatas puede haber cesado temporalmente, pero Amnistía Internacional sigue preocupada por la imposición unilateral de una fecha límite para una repatriación voluntaria, incluso si no se aplica. La naturaleza voluntaria de la repatriación queda desvirtuada con la imposición de este tipo de fechas límite. Mientras los refugiados sean conscientes de que la amenaza de retorno forzoso gravita sobre ellos, no les será posible ejercer su derecho a una decisión libre e informada. Al imponer esta fecha tope arbitraria, Zaire declaró rehenes no sólo a los refugiados sino a toda la comunidad internacional y, al hacerlo, vulneró todas las normas internacionales sobre repatriación. Aunque las autoridades zaireñas han declarado ahora que no ordenarán otra repatriación forzosa, el primer ministro ha avisado indirectamente de que la población zaireña podría levantarse contra los refugiados, con independencia de la política oficial. Estas amenazas deben tomarse en serio en el marco ya descrito de creciente tensión e inseguridad en Zaire oriental.

Ngara (Tanzania): llegada de refugiados ruandeses al campo de Benaco. Después del cierre de la frontera con Ruanda el 31 de marzo de 1995, se ha negado asilo a miles de refugiados. © Heldur Netocny / Panos Pictures

8.3 Tanzania: devoluciones forzosas

Tanzania cerró sus fronteras el 31 de marzo de 1995 a los refugiados procedentes de Burundi y Ruanda. La decisión estuvo motivada por la afluencia masiva de refugiados de estos dos países tras las nuevas matanzas en Burundi de fines de marzo. El ejército tanzano reforzó sus efectivos en la frontera y miles de personas que solicitaban asilo fueron rechazadas, especialmente entre abril y julio de 1995. Para el 5 mayo de 1995 más de 20.000 refugiados de Burundi y Ruanda )principalmente mujeres y niños)que habían logrado cruzar la frontera desde el 31 de marzo se vieron forzados, según los informes recibidos, a volver a Burundi. Se han dado también casos de devoluciones de refugiados de Burundi y Ruanda que habían penetrado en Tanzania con anterioridad al cierre de la frontera. Por ejemplo, el 4 de abril los soldados tanzanos obligaron a volver a Burundi a un grupo de unos 300 refugiados. Según los informes, al menos seis de ellos resultaron muertos por soldados de Burundi una hora después de su regreso.(19) También se ha informado de que el 17 de junio los soldados tanzanos hicieron disparos de aviso a un grupo de unos 250 ruandeses que buscaban refugio para disuadirles de entrar en el país. Asimismo, que soldados tanzanos y la milicia local han sido responsables de malos tratos a refugiados de Ruanda y Burundi. Se produjeron palizas y violaciones; a otros refugiados les robaron sus pertenencias.

El 26 de septiembre el ejército tanzano entregó a 36 refugiados ruandeses (28 hombres, tres mujeres y cinco niños) a las las autoridades de Ruanda acusándoles de actos delictivos. Tras un interrogatorio, el Ejército Patriótico Ruandés detuvo a tres de ellos por presunta participación en el genocidio; los demás fueron puestos en libertad. El 4 de diciembre 70 refugiados de Ruanda y Burundi fueron expulsados de Tanzania, según los informes recibidos, por presuntas actividades delictivas.

Tras las devoluciones forzosas de agosto por parte del Zaire, el gobierno tanzano insinuó que también a Tanzania se le estaba acabando la paciencia para con los refugiados, y dejó entender que también podrían empezar a repatriarlos forzosamente. Se ha sabido que ya en mayo de 1995 el ministro del Interior declaró que el gobierno de Tanzania estaba dispuesto a incumplir los convenios internacionales sobre derechos de los refugiados antes que ver amenazada la seguridad de sus ciudadanos. Más recientemente, en diciembre de 1995, el recientemente elegido presidente Benjamin Mkapa reiteró que Tanzania no permitiría la estancia indefinida de los refugiados.

El 17 de enero de 1996 se permitió penetrar en Tanzania a título excepcional a cerca de 15.000 refugiados ruandeses que huían de Burundi. Sin embargo, las autoridades tanzanas han dejado en claro que se trataba solamente de una medida temporal.

8.4 Burundi: devoluciones forzosas

Burundi devolvió forzosamente a varios cientos de refugiados ruandeses en 1995. Más de 300 fueron devueltos inmediatamente después de la masacre de desplazados internos de Kibeho (Ruanda), lo que había provocado una huida hacia Burundi a fines de abril. Otros 200 aproximadamente fueron devueltos a la fuerza en agosto.

Los refugiados ruandeses en Burundi )a diferencia de los que están en Zaire) no pueden salir de los campos sin autorización de las autoridades. A los que se descubre fuera de los campos se les considera inmigrantes ilegales y sospechosos de actividades delictivas. Por ejemplo, en septiembre de 1995 13 refugiados fueron devueltos forzosamente a Ruanda tras haber sido descubiertos fuera de su campo de noche. La razón principal aducida por las autoridades de Burundi fue que esos refugiados ruandeses podían causar nuevos problemas políticos y de seguridad en Burundi. Los grupos de refugiados ruandeses descubiertos fuera de los campos son considerados con frecuencia sospechosos de formar grupos armados hutus de oposición (bandes armées). La preocupación de las autoridades por la seguridad es comprensible, pero parece que los procedimientos para respetar la condición de refugiado de los que son aprehendidos se desprecian totalmente en esas situaciones y la devolución de los refugiados que tiene entonces lugar vulnera el derecho internacional. A los refugiados devueltos forzosamente se les niega el derecho a impugnar las razones para su devolución ante una entidad independiente. La devolución tiene lugar sin que las autoridades intenten en informar al acnur. Tampoco existe ningún mecanismo para el seguimiento de la suerte de los refugiados a su retorno a Ruanda.

8.5 Aliento a la impunidad

Aparte de incumplir sus obligaciones, derivadas del derecho internacional, de proteger a los refugiados procedentes de Ruanda y Burundi, algunos países de acogida han permitido a personas de las que razonablemente se puede sospechar que han participado en violaciones masivas de derechos humanos permanecer en su territorio sin ponerlas a disposición de la justicia. Este es el caso no sólo de países de la región de los Grandes Lagos, como Zaire y Tanzania, sino también de varios países de otras regiones de África, de Europa y América del Norte. Esta inhibición ha alentado la impunidad, que origina una espiral de miedo, injusticia y violencia tanto en Ruanda como en Burundi.

Las recomendaciones de Amnistía Internacional para poner a disposición judicial a quienes han perpetrado violaciones masivas de derechos humanos en Ruanda y Burundi aparecen detalladas en el informe «Ruanda y Burundi: Llamamiento a la intervención de la comuniad internacional» (AFR 02/24/95/s), publicado en septiembre de 1995. Desde entonces ningún país con gran número de refugiados ruandeses ha aprobado legislación dirigida a colaborar con el Tribunal Internacional para Ruanda, a pesar de sus repetidas declaraciones de que iban a hacerlo. Ante las críticas internacionales, algunos países, como Kenia, procedieron a detener arbitrariamente a decenas y decenas de refugiados ruandeses (muchos de los cuales luego fueron liberados)(20), pero todavía no han entregado a ningún sospechoso al Tribunal Internacional. En octubre Zambia detuvo a 20 ruandeses. Según nuestros informes, los detenidos en Kenia y Zambia lo fueron por ser inmigrantes ilegales; algunos de los detenidos en Kenia fueron también acusados de haber participado en crímenes violentos. En diciembre de 1995 el Zaire detuvo a nueve refugiados ruandeses en el campo de Katale presuntamente por intimidar a otros refugiados. Según los informes recibidos, fueron transferidos a la capital zaireña Kinshasa. No se sabe si se ha presentado algún cargo concreto.

El Tribunal Internacional para Ruanda, instituido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 1994, no ha avanzado mucho en su trabajo. Finalmente, en diciembre de 1995, dictó sus primeros ocho autos de procesamiento. En enero de 1996 solicitó de las autoridades belgas la entrega de tres sospechosos ruandeses detenidos en Bélgica varios meses antes. También señalan los informes recibidos que el Tribunal está instruyendo los casos de varios de los detenidos en Zambia. El Tribunal ha anunciado que los primeros juicios pueden empezar en marzo de 1996 y ha manifestado su intención de centrar sus esfuerzos en los casos de quienes planificaron y ordenaron el genocidio. La mayoría de éstos se encuentra fuera de Ruanda.

En los casos en que se sospeche que refugiados ruandeses hayan podido ser responsables de violaciones masivas de los derechos humanos, los países de acogida deben abrir inmediatamente investigaciones judiciales, con las debidas garantías, para determinar si existen pruebas suficientes en contra de esos refugiados. Los Estados pueden entonces ejercer una de estas tres opciones: juzgar a la persona en cuestión en sus tribunales nacionales; extraditarla a otro país que esté dispuesto a iniciar el proceso, o, si procede, transferir al sospechoso al Tribunal Internacional para Ruanda. En cualquier opción, todos los detenidos deben disfrutar de garantías de un juicio pronto y justo, lo que excluye la pena de muerte.

En cuanto a Burundi, fue sólo el 28 de agosto de 1995 cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1012 por la que se creaba una comisión internacional de investigación para establecer los hechos relacionados con el magnicidio del presidente Melchior Ndadaye el 21 de octubre de 1993 y las matanzas que siguieron, y recomendar, entre otras cosas, medidas para poner a disposición judicial a los autores de las matanzas. Ya en los primeros días de enero de 1996, la comisión de investigación reconocía no haber avanzado gran cosa. Al parecer, se ve entorpecida por la insuficiencia de recursos y problemas de seguridad. Existe una flagrante distancia entre la repetida condena internacional a los más altos niveles de la onude las violaciones multitudinarias de los derechos humanos en Burundi y la prolongada inhibición de las organizaciones intergubernamentales para contribuir al fin de la impunidad que protege a los responsables de esas violaciones.

9. PAPEL DE LOS GOBIERNOS EXTRANJEROS Y LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

En la región de los Grandes Lagos la comunidad internacional se ha visto ante una de las mayores crisis de refugiados del mundo y no ha estado a la altura de las circunstancias. Aunque la devolución de refugiados por el Zaire en agosto de 1995 suscitó una condena generalizada, pronto quedó claro que la respuesta de los gobiernos extranjeros y de las organizaciones intergubernamentales era insuficiente ante la amenaza de nuevas devoluciones por parte del Zaire y Tanzania. La comunidad internacional tampoco tomó medidas eficaces para compartir la carga impuesta por las masas de refugiados sobre los territorios de esos países, lo que bien podría haber sido causa de la adopción de tales medidas sin precedentes. Lo que es más importante, la búsqueda de formas para alentar la repatriación voluntaria parece haber oscurecido la necesidad de encontrar soluciones a largo plazo que impidan que gran número de personas puedan verse forzadas una vez más a huir de Ruanda y Burundi.

9.1 Amenaza de nuevas devoluciones forzosas

El acnury otros organismos internacionales que trabajan en la región de los Grandes Lagos se vieron en una dificilísima situación cuando el Zaire empezó a devolver miles de refugiados procedentes de Ruanda y Burundi el 19 de agosto de 1995. Se inició entonces una serie de intensas negociaciones de alto nivel con las autoridades zaireñas. El resultado fue la interrupción de la repatriación forzosa, si bien sólo temporalmente. Zaire declaró que daría al acnurhasta el 31 de diciembre de 1995 para repatriar voluntariamente a todos los refugiados todavía en territorio zaireño. Si la repatriación no se había completado para esa fecha, se reanudarían las devoluciones forzosas. De hecho, se dejó en el aire explícitamente la amenaza de nuevas devoluciones de refugiados. No se tiene certeza de que el posterior compromiso por parte del Zaire de no devolver forzosamente a refugiados será cumplido.

Amnistía Internacional comprende muy bien que el acnury las organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro de los refugiados se encontraron ante un dilema aparentemente sin solución tras la imposición de la fecha límite: entre el ultimátum del Zaire de una repatriación colectiva y el principio de que toda repatriación debe ser voluntaria. Es quizá comprensible que, ante esta situación, el acnurescogiera la única solución aparente: «persuadir» a los refugiados de que volvieran a casa y así se adelantaran a la fecha límite. Sin embargo, al hacerlo, el acnurestaba incumpliendo sus obligaciones para con los refugiados. En primer lugar, porque era clara la imposibilidad de llevar a cabo tal operación en el plazo impuesto. En segundo lugar, y lo que es más importante, el acnurse encontró apoyando (y de hecho organizando) una iniciativa de repatriación en la que se minimizaban los peligros del retorno y se diluía el requisito de voluntariedad.

El acnurcondenó enérgicamente los intentos del Zaire de imponer una fecha límite y su amenaza de devoluciones. Sin embargo, ante el ultimátum, modificó prontamente sus prioridades, reduciendo su labor de ayuda y protección en los campos e intensificando sus esfuerzos por persuadir a los refugiados para que volvieran voluntariamente. El esfuerzo realizado por el acnura este respecto fue en cierto sentido la continuación o intensificación de iniciativas positivas ya en marcha antes de los acontecimientos de agosto. Entre ellas figura una campaña masiva de información objetiva a los refugiados sobre la situación en Ruanda y Burundi. En esta campaña se recurrió a estaciones de radio (como la independiente Radio Agatashyaen el Zaire y Radio Kwizeraen Tanzania), entrevistas con refugiados que ya habían regresado y con residentes de las zonas de origen de los refugiados, y otros informes independientes. El acnurtambién organizó visitas rápidas de refugiados a sus zonas de origen para que vieran por sí mismos cuál era la situación, así como visitas de vuelta a los campos del Zaire de personas que se habían repatriado recientemente y, por tanto, podían informar a amigos y parientes sobre la situación real en su país. El trabajo del acnuren este sentido es laudable y debe mantenerse. También debe contar con el apoyo financiero necesario que garantice su continuación.

Sin embargo, algunos otros de los métodos adoptados por el acnureran cuestionables. Era claro que un cierto grado de coacción sería inevitable si el acnurquería cumplir (o intentar cumplir) con la fecha impuesta por el Zaire. Este elemento de coacción fue reconocido por algunos funcionarios del acnur, quienes admitieron que, al adoptar una política de «persuasión» de los refugiados de que su única opción era el regreso, éste podría considerarse involuntario. Por tanto, en cierta medida, el acnurse encontró actuando en contradicción con las propias Directrices y Conclusiones de su propio Comité Ejecutivo al no respetar plenamente el carácter individual y voluntario de la decisión de volver. Otras medidas adoptadas por el acnur, como la reducción del nivel de asistencia alimentaria en los campos de 2.000 calorías a 1.500 calorías con el fin de «persuadir a los refugiados a regresar a sus lugares de origen», son también indicativas de este comportamiento cuestionable.

Con anterioridad a las repatriaciones forzosas de agosto, el acnurhabía ya trabajado en un programa de repatriación voluntaria de refugiados ruandeses y había firmado acuerdos tripartitos con los gobiernos de Ruanda y Zaire, Ruanda y Tanzania, y Ruanda y Burundi. La respuesta al programa fue más bien escasa: los refugiados siguieron negándose a volver. Tras las repatriaciones forzosas, el acnurse esforzó por reavivar el espíritu de los acuerdos originales (los cuales, naturalmente, disponían que la repatriación fuera voluntaria) firmando un nuevo acuerdo con Zaire y Ruanda en septiembre de 1995. En este acuerdo las partes se comprometían a un retorno «voluntario», «masivo», «organizado» y «acelerado» de los refugiados en condiciones de seguridad y dignidad. El acnurparticipó en esta iniciativa, sin duda, con buena intención, pero el acuerdo contenía incoherencias inherentes en cuanto que un retorno «acelerado» ponía en peligro el compromiso con un retorno «voluntario». La cuestión era si el acnurpodía cumplir con su compromiso de respetar a toda costa la voluntariedad, dada la existencia de la fecha límite. Algunas de las dificultades inherentes fueron reconocidas por la Alta Comisionada para los Refugiados durante reuniones con el gobierno zaireño al subrayar que el objetivo de repatriación voluntaria de todos los refugiados en condiciones de seguridad y dignidad para fin de año no era realista.

El 20 de diciembre de 1995 el acnurcelebró una nueva reunión con representantes de los gobiernos de Ruanda y Zaire para estudiar medidas que aceleraran la repatriación a Ruanda. Los representantes de los gobiernos reiteraron que la repatriación era la única solución posible y reafirmaron el compromiso a respetar su índole voluntaria. Sin embargo, también en diciembre, el acnurindicó que sería prematuro fomentar la repatriación voluntaria a Burundi dada la inseguridad todavía reinante en el país.

Amnistía Internacional cree que a la vista del comportamiento de Zaire en agosto de 1995, el acnurdebería haber mantenido firmemente los principios de voluntariedad del regreso con seguridad y dignidad, y que debería haber insistido en la obligación de Zaire de prestar protección a los refugiados. También debería haber apelado a la comunidad internacional de naciones para que apoyaran esta postura.

Estos principios siguen siendo importantes. Las devoluciones pueden reanudarse en cualquier momento. Los fundamentos de la institución de asilo internacional han quedado erosionados por la renuencia de la comunidad internacional en general y del acnuren particular a cuestionar seriamente el ultimátum lanzado por Zaire. Habrá que mostrar una gran determinación y un fuerte apoyo al principio de protección para evitar que tal situación se produzca nuevamente.

9.2 Responsabilidad compartida

Cuando un país de asilo se enfrenta a una entrada multitudinaria y súbita de refugiados, sus recursos y capacidad de reacción se ven sometidos a una enorme prueba. En estos casos, los gobiernos extranjeros y las organizaciones intergubernamentales tienen la responsabilidad de facilitar al país de acogida los recursos necesarios para seguir ofreciendo protección a los que están en peligro. La presencia prolongada de números ingentes de refugiados procedentes de Ruanda y Burundi ha tenido un efecto devastador en los países de asilo )fundamentalmente Zaire, Tanzania y Burundi)con repercusiones sobre su economía, medio ambiente y seguridad. Una respuesta internacional a la crisis de la región de los Grandes Lagos no será adecuada si no se toman en cuenta estos factores.

9.2.1 Impacto de la población refugiada en los países de acogida

Tanto Zaire como Tanzania sufrían ya graves problemas económicos antes de la entrada multitudinaria de refugiados en 1993 y 1994. Por ello se han suscitado resentimientos en la población local, convencida de que los refugiados se benefician de un nivel de vida superior gracias a la ayuda suministrada por los organismos internacionales y a sus propias actividades comerciales. Algunos zaireños han perdido su modo de ganarse la vida porque los refugiados están dispuestos a trabajar por salarios inferiores. Además, ciertas instituciones, como escuelas y hospitales, se han visto desbordadas.

La vegetación, las cosechas y la vida silvestre también han sufrido los efectos. Cerca de Bukavu, en Zaire, el crudo contraste entre las desnudas colinas donde estuvo el campo de Hongo (ya clausurado) y la abundante vegetación de las colinas circundantes es un ejemplo elocuente de devastación medioambiental. La ciudad de Bukavu, en la orilla del lago Kivu, fue en otro tiempo un precioso lugar con gran atractivo turístico. Los habitantes de la zona la describen ahora como un «cubo de basura».

Se ha registrado una espiral de violencia relacionada con la presencia de refugiados. En Zaire, desde agosto de 1995, el uso de minas y los ataques con bombas de mano y granadas se incrementó acusadamente. Entre septiembre y diciembre de 1995 varias personas resultaron muertas o heridas. Entre las víctimas se contaban zaireños y miembros de organizaciones humanitarias internacionales. No está claro quién fue el autor de estos ataques. En un marco de relaciones crecientemente hostiles entre Zaire y Ruanda, se ha acusado a diversas facciones, incluidos los refugiados ruandeses, la milicia interahamwe, el ejército zaireño y el Ejército Patriótico Ruandés. La escalada de estos ataques coincidió con la amenaza de Zaire de repatriar a todos los refugiados para fin de 1995 y parecía deliberadamente coordinada para atraer la atención internacional a la situación en la región. La inseguridad en los campos de refugiados y en su entorno llevó a la imposición de toques de queda y cierres de frontera en diversas ocasiones.

Las autoridades de Zaire han acusado a sus propios ciudadanos de origen tutsi de parte de esta violencia, incluido un presunto complot en noviembre de 1995 para poner una bomba en un avión que debía transportar a los jefes de Estado Mayor del ejército zaireño y del ejército del anterior gobierno ruandés. Se detuvo a varios tutsis en Goma )a algunos de ellos arbitrariamente). Varios denunciaron haber sido golpeados durante el tiempo que estuvieron detenidos. Según informes, el 20 de diciembre dos de los detenidos fueron expulsados de Goma a Ruanda y uno a Burundi. La inseguridad también parece haber alimentado fuertes sentimientos antitutsi )o más en general contra los ruandeses)entre la población de Goma; en algunos casos, estos sentimientos fueron alentados por artículos publicados en la prensa local. El 22 de diciembre una familia tutsi fue atacada por residentes locales que les acusaban de ser responsables de la explosión de una mina dos días antes.

Bukavu (Zaire oriental) en esta yerma colina estuvo el campo de refugiados de Hongo, clausurado a raíz de las devoluciones de agosto de 1995. Los refugiados que no fueron deportados a Ruanda o Burundi se dispersaron por bosques y colinas.

La llegada y prolongada presencia de tantos ruandeses en la parte oriental de Zaire ha agitado también viejas tensiones intercomunales en los distritos de Masisi y Walikale, en Kivu Norte. En 1993 los choques entre los banyarwanda (zaireños de origen ruandés) y otros grupos étnicos zaireños causaron miles de muertos. Las tensiones se reavivaron en 1994 y 1995, con pérdida de al menos varios centenares de vidas. En junio de 1995 se recibieron informes de choques entre los banyarwanda )esta vez apoyados, al parecer, por antiguos milicianos ruandeses hutus y efectivos del ejército del anterior gobierno ruandés)y otros grupos étnicos. Un número no confirmado de personas murió en nuevos choques en diciembre de 1995. Los combates en la zona se han visto alimentados por la existencia de grandes cantidades de armas en la región y por un intenso tráfico de ellas. La presencia de milicianos y ex soldados ruandeses ha agravado la situación.(21)

Se han recibido informes de ataques a ciudadanos tanzanos, con violaciones o asesinatos, por parte de refugiados procedentes de Ruanda o Burundi. En septiembre de 1995 se informó del asesinato de 112 tanzanos por refugiados ruandeses implicados en bandidaje o robos a mano armada. También se ha registrado un incremento de la tensión entre Tanzania y Burundi al quejarse repetidamente las autoridades tanzanas de las incursiones del ejército de Burundi en su territorio.

Los refugiados ruandeses hutus en Burundi han sido frecuentemente acusados por el gobierno y las autoridades encargadas de la seguridad de ser miembros de la milicia interahamwey actuar en complicidad con grupos extremistas hutus de Burundi. En algunos casos han sido acusados de responsabilidad directa de actos de violencia contra ciudadanos de Burundi. Por ejemplo, el 2 de agosto de 1995 se informó que un refugiado ruandés había lanzado una granada en el campo de refugiados de Kirundo, al norte de Burundi, y había matado a siete personas.

9.2.2 Carga no compartida

En términos generales, la comunidad internacional ha fracasado en sus intentos de compartir la carga de la crisis de los refugiados en la región de los Grandes Lagos. Esta carga ha caído principalmente sobre Zaire, Tanzania y Burundi.

Uno de los motivos atribuidos a Zaire en su primera devolución forzosa de refugiados en agosto y para poner luego un ultimátum para el 31 de diciembre de 1995 fue el de atraer mayor ayuda material y apoyo de la comunidad de donantes. Resulta significativo que las devoluciones ocurrieran en un momento en que se producía una caída importante en el cumplimiento de los compromisos ya formulados por la comunidad donante. De hecho sólo un poco más de la mitad de los recursos necesarios se pusieron a disposición del Zaire. Si la intención de este país al llevar a cabo las devoluciones forzosas era realmente atraer la atención sobre este hecho, aunque sus métodos fueron claramente deplorables e injustificados, hay que admitir que existía un motivo real de queja contra la comunidad internacional, al que ésta debía responder.

A partir de agosto de 1995 ciertamente ha llegado a Zaire ayuda material y otros recursos, pero no puede admitirse en absoluto que un Estado pueda sentirse obligado a tomar una medida tan tremenda, como la de expulsar a millares de refugiados, con el fin de asegurarse la respuesta de los países donantes a la crisis. Esta situación ha sentado un precedente peligroso, que bien podría alentar a otros países, como Tanzania, a seguir los pasos de Zaire. Es necesario que la comunidad donante se tome más en serio su responsabilidad de compartir la carga material de la crisis de refugiados en la región de los Grandes Lagos. Debe garantizar, en efecto, que ningún Estado pueda sentirse justificado a recurrir a las expulsiones y poner en peligro las vidas de los refugiados con el objeto de que los demás Estados cumplan con sus obligaciones.

Además, ha sido notoria la ausencia de esfuerzos por reasentar a los refugiados a mayor distancia de las fronteras con sus respectivos países. Dado que la mayoría de los refugiados de Ruanda y Burundi parecen todavía reacios al regreso o incapaces de realizarlo en un futuro inmediato, debería estudiarse su reasentamiento a corto plazo en los países de acogida donde ahora se encuentran. Los campos de refugiados, especialmente en Zaire, están situados muy cerca de las fronteras con Ruanda y Burundi. De ello se derivan los problemas ya descritos, en particular la inseguridad debida a las incursiones transfronterizas y los conflictos con la población local. A los refugiados que no creen poder regresar todavía sin peligro se les debe dar la opción de reasentamiento en otra zona del país de asilo, más alejados de la frontera y donde, en el caso de Zaire, la autosuficiencia resulte más fácil.

9.3 Presencia internacional como protección para los refugiados que regresan

Amnistía Internacional ha venido haciendo llamamientos desde 1994 para el despliegue de observadores de los derechos humanos tanto en Ruanda como en Burundi. El informe publicado por Amnistía Internacional en septiembre de 1995 Ruanda y Burundi: un llamamiento a la acción de la comunidad internacional, Índice AI AFR 02/24/95) señalaba algunos de los logros de la Operación de Derechos Humanos en Ruanda (odhr) de las Naciones Unidas.(22) Lamentablemente no se ha organizado todavía una operación similar sobre derechos humanos en Burundi, a pesar de las repetidas promesas de la onuen 1994 y durante todo 1995. Finalmente el 9 de enero de 1996 la Unión Europea firmó un acuerdo para financiar el despliegue en Burundi de un grupo inicial de cinco observadores de los derechos humanos. Este grupo será seguido de más observadores en el transcurso de 1996, hasta un total de treinta y cinco.

A pesar de las muchas dificultades previstas y encontradas en tales operaciones, la experiencia de Ruanda ha demostrado que los observadores internacionales pueden desempeñar una función positiva en zonas donde los abusos contra los derechos humanos están generalizados. La presencia en Ruanda de odhr, acnury unamiry los esfuerzos combinados de las tres operaciones han contribuido a la creación de un clima de relativa seguridad y confianza, a pesar de los limitados recursos disponibles. El conocimiento de que organizaciones internacionales están vigilando los abusos contra los derechos humanos en el país ha servido de elemento de tranquilidad para la población de Ruanda, así como para los refugiados que están pensando regresar.

Por el contrario, la situación en Burundi empeora de forma constante. Sin embargo, no existe ninguna operación equivalente a la de Ruanda que inspire confianza. No es coincidencia que el nivel de abusos contra los derechos humanos en Burundi, donde todavía no funciona ningún programa de envergadura en este campo, sea hoy mucho más alto que en Ruanda. Amnistía Internacional reconoce los considerables peligros que corren las personas que intervienen en esas operaciones, pero ello no justifica los prolongados retrasos de la onuy de la Unión Europea en el libramiento de los fondos prometidos para la operación de protección de los derechos humanos en Burundi.

acnury odhrestán desempañando en Ruanda un papel particularmente importante en la vigilancia y seguimiento del regreso de los refugiados, de su reintegración y su seguridad. odhr, en especial, ha invertido un volumen significativo de recursos y esfuerzos en el seguimiento de la seguridad de los que regresan y en planificar una estrategia que garantice su protección en el caso de un retorno multitudinario. Sin embargo, las incertidumbres que se ciernen sobre la financiación futura de odhrestán minando el papel crucial que se espera de esta operación en el seguimiento de la situación de los derechos humanos de los que regresan. Debido a una financiación a corto plazo, los observadores de derechos humanos que abandonan Ruanda al término de contratos de breve duración no son reemplazados automáticamente. De hecho, el número total de observadores se ha reducido en un momento en que se necesita más que nunca una mayor presencia de ellos en el terreno. El 10 de enero de 1996 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos declaró que la operación en Ruanda quedaría seriamente comprometida si no se facilitaban recursos adicionales.

El programa de seguimiento y vigilancia del acnurpuede también encontrar dificultades para afrontar un retorno multitudinario dada su escasez de personal. Por ejemplo, en septiembre de 1995, en las críticas zonas fronterizas de Gisenyi y Ruhengeri, en el noroeste del país, y de Kibungo, en el sudeste, había solamente dos y tres funcionarios del acnur, respectivamente, para cubrir extensiones muy amplias. La posibilidad de seguimiento sistemático de la situación de los que regresan era por tanto sumamente limitada. Esto subraya la necesidad de una estrecha colaboración entre el acnury odhrsi bien la necesidad de este trabajo conjunto no debe oscurecer las limitaciones de cada organismo derivadas de la insuficiencia de recursos y de la incertidumbre sobre los presupuestos.

acnury odhrhan trabajado en estrecha colaboración también con unamir, cuya presencia en Ruanda ha sido prorrogada hasta el 8 de marzo de 1996 con el fin de que coopere afacilitar el retorno de los refugiados. unamirha desempeñado un papel instrumental en materias de seguridad y asistencia práctica, y en la difusión de información actualizada sobre la situación general de seguridad en el país. Los observadores militares no armados están desempeñando también un papel importante con sus patrullas fuera de las ciudades, recogiendo información sobre los que regresan y sobre su reintegración, y tratando de descubrir áreas de posible conflicto. Aun cuando el volumen y el mandato de unamirhan sufrido un nuevo recorte desde diciembre de 1995 ante la insistencia del gobierno ruandés, Amnistía Internacional cree que unamirpuede todavía desempeñar una función importante ayudando a Ruanda a hacer frente a una vuelta multitudinaria de refugiados en un futuro proximo. La coordinación de una estrategia internacional integrada para la protección de los derechos humanos en Ruanda será de especial importancia tras la posible retirada de unamira partir de marzo de 1996.

La colaboración ininterrumpida entre todas las entidades mencionadas y el Ministerio de Rehabilitación ruandés sigue siendo esencial. Lo que es más, para poder desempeñar un papel verdaderamente eficaz en el restablecimiento de la confianza entre la población que vive en el país y en el exilio, el personal de la onutiene el deber de no permanecer callado ante ninguna violación de los derechos humanos que tenga lugar en Ruanda. La publicación de informes sobre la situación de los derechos humanos será sumamente útil para exponer y rectificar las violaciones. Servirá además para informar de modo independiente )algo tan necesario en estos momentos)a los que viven en el país o en el extranjero.

9.4 Iniciativas regionales de paz

La comunidad internacional ha intentado varias veces reunir a las autoridades de los países de la región para buscar soluciones a la crisis de los refugiados y a los conflictos políticos en Ruanda y Burundi. Entre estas inciativas figuran la reunión regional en la cumbre de Nairobi (Kenia) en enero de 1995 y la conferencia regional organizada conjuntamente por el acnury la ouaen Bujumbura (Burundi) en febrero de 1995.

La onu, la ouay varios países han propuesto o apoyado otras iniciativas, como la Conferencia regional sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, que debía haber sido organizada por la onu. Sin embargo, tanto esta conferencia como una iniciativa anterior de la ouapara reunir a las diferentes partes en Burundi se han visto repetidamente pospuestas o abandonadas por falta de voluntad política de algunas de las partes interesadas.

En noviembre de 1995 el ex presidente estadounidense Jimmy Carter puso en marcha un proceso negociador entre los gobiernos de los países de la región de los Grandes Lagos dirigido a la solución de la crisis de los refugiados y el conflicto en Burundi. La reunión inicial del 28 al 29 de noviembre en El Cairo contó con la asistencia de dirigentes de Burundi, Ruanda, Zaire, Tanzania y Uganda. Amnistía Internacional hizo llamamientos a todos los participantes en estas conversaciones instándoles a convenir salvaguardas de los derechos humanos como una prioridad en la búsqueda de soluciones a los conflictos de la región. Sin embargo, la declaración final de la cumbre fue decepcionante. En efecto, no llegó a recomendar medidas concretas de protección de los derechos humanos y se limitó a reiterar promesas generales que varios Estados parte en las conversaciones habían incumplido frecuentemente en el pasado. Amnistía Internacional cree que muchas conversaciones de paz han fracasado o logrado unos resultados limitados porque no se ha prestado suficiente atención o voluntad política a los mecanismos para investigar y remediar jurídicamente las violaciones de los derechos humanos y ofrecer reparación por ellas.

10. RECOMENDACIONES

El respeto a los derechos humanos es la clave de toda solución satisfactoria de la crisis de los refugiados en la región de los Grandes Lagos. Por ello, Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos a que consideren la situación de los refugiados como una cuestión de derechos humanos y no simplemente un asunto humanitario o político, y a que declaren explícitamente su apoyo prioritario a los derechos humanos.

En especial, Amnistía Internacional exhorta a todos los gobiernos y organizaciones interesadas a que respeten plenamente las normas internacionales que regulan la repatriación de los refugiados y se abstengan de hacer volver a los refugiados a una situación en la que puedan correr riesgo de abusos graves contra sus derechos humanos.

Amnistía Internacional tambien pide a los estados que reconozcan que el establecimiento de un sistema imparcial de justicia en Ruanda y Burundi, que inspire confianza, es un requisito esencial para el retorno voluntario de los refugiados así como para la protección a largo plazo de los derechos humanos. Todos los Estados deben prestar la ayuda y los recursos necesarios para que estas condiciones sean una realidad.

10.1 Recomendaciones a los gobiernos de Ruanda y Burundi

Amnistía Internacional recomienda que los gobiernos de Ruanda y Burundi:

- hagan todos los esfuerzos posibles para crear condiciones conducentes al retorno voluntario de los refugiados, en particular garantizando el respeto de los derechos humanos en todo el país.

- tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los refugiados que regresan y vigilar su seguridad periódicamente una vez hayan vuelto a su país de origen.

- continúen colaborando estrechamente con organismos internacionales como el acnury los observadores de la onupara los derechos humanos para garantizar así la seguridad de los que regresan.

- garanticen que los periodistas y activistas en pro de los derechos humanos que tratan de emitir o difundir información objetiva sobre la situación en Ruanda y Burundi puedan hacerlo sin amenazas o miedo de represalias.

Al gobierno de Ruanda:

Amnistía Internacional recomienda la gobierno de Ruanda que:

- ponga fin a las detenciones arbitrarias y a las detenciones prolongadas sin cargos o juicio.

- transfiera la responsabilidad de las detenciones desde el Ejército Patriótico Ruandés a las autoridades policiales y civiles pertinentes tan pronto como se disponga de ellas.

- reconozca el fracaso de los comités de selcción y los sustituya por un nuevo mecanismo con atribuciones legales para poner en libertad a presos contra los que no existen pruebas suficientes; que proceda a realizar este cometido tan pronto como sea posible.

- tome medidas inmediatas para poner fin a los tratos crueles, inhumanos o degradantes y a las torturas que tienen lugar en los centros de detención.

- acelere el proceso de transferencia de los detenidos a nuevos centros penitenciarios como medida transitoria para aliviar el hacinamiento.

- apruebe la legislación necesaria para que expertos judiciales extranjeros puedan trabajar en Ruanda para acelerar el restablecimiento de la judicatura nacional.

- garantice que toda las actuaciones del Ejército Patriótico Ruandés que terminan en ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» o malos tratos de civiles inermes tendrán inmediato fin. Todas las denuncias de estas actuaciones deben ser investigadas y las conclusiones hechas públicas en un plazo de tiempo razonable. Debe quedar claro a todos los responsables, cualquiera que sea su rango dentro del Ejército Patriótico Ruandés, que no se tolerarán las violaciones de los derechos humanos y que los culpables de ellas serán puestos a disposición de la justicia para ser juzgados con plenas garantías, lo que excluye la pena de muerte.

- denuncie públicamente los abusos contra los derechos humanos siempre que se produzcan )incluidos los cometidos por sus propias fuerzas)para así contribuir a restablecer la confianza en la voluntad del gobierno de respetar los derechos humanos.

- se apresure a tomar medidas inmediatas en todos los casos de venganza o represalia personal para que los responsables de estos actos sean detenidos y puestos a disposición de la justicia. Debe quedar claro para la población local que las denuncias no confirmadas no son suficientes para proceder a una detención. Se exhorta al gobierno a que tome medidas preventivas para que el pueblo no tome la justicia por su mano; para ello se sugiere por ejemplo que intensifique la conciencia entre la población local de la existencia de procedimientos jurídicos y aliente a los ciudadanos a remitir los casos a las autoridades pertinentes.

Al gobierno de Burundi:

Amnistía Internacional recomienda al gobierno de Burundi que:

- tome medidas para impedir los ataques a personas que viven en los campos de refugiados o de desplazados internos, y los que estas personas puedan realizar.

- garantice que los miembros de las fuerzas de seguridad no llevan a cabo o toleran ataques contra campos de refugiados o grupos dispersos, sino que, más bien, impiden estos ataques y actúan, dentro de la ley, contra quienes los perpetran.

- proteja a los refugiados que regresan a Burundi de ataques y otros abusos contra sus derechos humanos.

- denuncie públicamente los abusos contra los derechos humanos y tome medidas para acabar con la impunidad en Burundi para así restablecer gradualmente la confianza entre la población refugiada.

- garantice la imparcialidad de la judicatura de forma que pueda iniciar investigaciones independientes de todos los abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional recomienda a los dirigentes de los grupos armados de Burundi que:

- dejen en claro a todos los miembros de los grupos armados que los ataques contra civiles desarmados son abusos contra los derechos humanos y vulneran el derecho humanitario, y que los responsables de tales abusos deben contar con que se les procesará cuando Burundi recobre la paz.

- impidan los ataques a civiles desarmados, incluidos desplazados y población dispersa, con independencia de su filiación política o étnica.

10.2 Recomendaciones a los dirigentes de los refugiados de los campos

Amnistía Internacional recomienda que los dirigentes que actúan en los campos de refugiados:

- se abstengan de ejercer presiones de ningún tipo sobre cualquiera de los refugiados en relación con su decisión de volver o no a su lugar de origen.

- se abstengan de tomar medida alguna para impedir que los refugiados vuelvan a su lugar de origen una vez que hayan tomado libremente la decisión de hacerlo.

- dejen de difundir información falsa sobre la situación en Ruanda y Burundi.

- condenen los abusos contra los derechos humanos perpetrados por grupos armados en el exilio e impidan nuevos abusos de esta naturaleza contra refugiados y civiles en Ruanda y Burundi, especialmente en el contexto de las incursiones transfronterizas.

- colaboren con las autoridades del país de acogia y el Tribunal Internacional para Ruanda en la determinación e investigación de los casos de personas sospechosas de haber participado en el genocidio.

10.3 Recomendaciones a los Estados de acogida

Amnistía Internacional recomienda que todos los gobiernos de países que acogen a refugiados procedentes de Ruanda y Burundi:

- se abstengan de devolver forzosamente a refugiados a Ruanda o Burundi o a cualquier otro país donde puedan correr riesgo de violaciones graves de sus derechos humanos, a tenor de sus obligaciones en virtud de las convenciones de la onuy de la ouarelativas a los refugiados.

- respeten plenamente el principio de no devolución y otras normas internacionales relativas a la repatriación de refugiados y cumplan los compromisos de repatriación voluntaria adquiridos en virtud de acuerdos tripartitos con el acnur.

- retiren explícita y permanentemente cualquier amenaza de devolución o ultimátum y se abstengan de imponer fechas límite arbitrarias para la repatriación de refugiados.

- mantengan abiertas sus fronteras a refugiados que corran peligro de abusos contra sus derechos humanos si permanecen en Ruanda o Burundi.

- garanticen que los refugiados no reciben malos tratos ni se ven sujetos a violaciones de sus derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del país de acogida, e investiguen todos los informes de tales violaciones, publiquen los resultados y pongan a los responsables a disposición de la justicia.

- vigilen estrechamente los casos de intimidación física o psicológica y de abusos contra los derechos humanos que tengan lugar en los campos de refugiados y aíslen a los responsables de tales abusos.

- colaboren plenamente con la comisión internacional de la onuen la investigación de informes de adiestramiento militar y transferencias de armas a las fuerzas del anterior gobierno de Ruanda.

- hagan serios esfuerzos para colaborar con el Tribunal Internacional para Ruanda, en especial aprobando la necesaria legislación nacional a este efecto y entregando a los sospechosos cuando así lo solicite el Tribunal.

- inicien investigaciones judiciales sobre las responsabilidades de determinados refugiados sospechosos de haber participado en violaciones colectivas de derechos humanos. Si existen pruebas suficientes contra ellos, deben acusarlos ante un tribunal nacional o extraditarlos a otro país dispuesto a procesarlos, todo ello con las garantías internacionales de un juicio imparcial que excluya la aplicación de la pena de muerte. Si procede, estos individuos deberán ser llevados ante el Tribunal Internacional para Ruanda.

Si bien es verdad que se deben alentar los intentos de detener a sospechosos de haber perpetrado actos de genocidio u otras violaciones de derechos humanos, las autoridades de los países de asilo deben garantizar que no se priva de libertad arbitrariamente a ningún refugiado, ni se le detiene ilegalmente, solamente a causa de su nacionalidad u origen étnico.

10.4 Recomendaciones a los gobiernos extranjeros y a las organizaciones internacionales

Los gobiernosextranjeros que colaboran con las oig pertinentes deben:

- buscar soluciones a largo plazo para la crisis de los refugiados en la región de los Grandes Lagos. Debe reconocerse que la repatriación colectiva, en sí misma, no constituye solución a largo plazo si no se toman medidas que garanticen el respeto duradero a los derechos humanos en Ruanda y Burundi. En caso contrario, es sumamente probable que una repatriación multitudinaria dé lugar a una continuación de los abusos generalizados contra los derechos humanos y, una vez más, obligue a grandes números de personas a buscar asilo en países vecinos.

- adoptar una estrategia general coordinada que impida nuevas violaciones colectivas de los derechos humanos en la región de los Grandes Lagos.

- cumplir su compromiso de vigilar las transferencias militares, de seguridad y policiales a la región de los Grandes Lagos para garantizar así que estas transferencias no contribuyen a nuevas violaciones de los derechos humanos. En tanto no existan esos mecanismos de vigilancia, la seguridad de los refugiados procedentes de Ruanda y Burundi seguirá amenazada.

El acnur y otros organismos internacionales de ayuda a los refugiados deben:

- garantizar que toda repatriación de refugiados a Ruanda o Burundi se haga siempre de acuerdo con las normas internacionales exigen voluntariedad, seguridad y dignidad.

- insistir en que estas exigencias y la obligación de los gobiernos de países de acogida de ofrecer protección sean plenamente respetadas frente a cualquier presión para acelerar la repatriación.

- Continuar apoyando los esfuerzos por lograr condiciones conducentes a un regreso voluntario.

- proseguir sus esfuerzos para suministrar a los refugiados regularmente información imparcial sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda y Burundi. La campaña de información de masas, con emisiones de radio independientes, visitas de comprobación in situy otras iniciativas, constituye un hecho positivo y debe seguir siendo prioritaria y disponer de los recursos necesarios.

- proseguir los esfuerzos de seguimiento de la situación de los refugiados que regresan a Ruanda y Burundi inmediatamente tras su regreso y una vez reasentados o reintegrados, y facilitar los recursos necesarios para un programa completo de seguimiento.

odhr y otros organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos deben:

- proseguir sus esfuerzos de seguimiento de la situación de los derechos humanos, incluida la de los refugiados que regresan a su lugar de origen.

- publicar informes periódicos sobre la situación en Ruanda como contribución importante a la protección de los refugiados mediante información independiente sobre la gravedad del riesgo que les espera a su regreso, dándoles la oportunidad de tomar una decisión informada a este respecto.

La comunidad internacional donante debe:

- seguir ofreciendo asistencia material y financiera para la reconstrucción de instituciones en Ruanda y Burundi, lo que contribuiría al respeto a los derechos humanos; en especial, reformas o restauración del poder judicial y de la policía, y asistencia a la judicatura para examinar a la población reclusa y poner en libertad a aquellos contra quienes no haya pruebas suficientes.

Sin embargo, los gobiernos donantes deben hacer comprender a las autoridades de Ruanda y Burundi que nunca se puede citar la falta de recursos como excusa de violaciones de derechos humanos, e insistir sobre la inmediata puesta en práctica de las reformas sobre derechos humanos que no dependan de la existencia de nuevos recursos.

- seguir ofreciendo asistencia y ayuda material a su debido tiempo a países que acogen un gran número de refugiados con el fin de aminorar la carga sobre unos recursos locales normalmente escasos.

- hacer posible el despliegue de obsevadores de derechos humanos en Burundi tan pronto como sea posible.

- garantizar que las organizaciones internacionales que desarrollan actividades esenciales para los derechos humanos en Ruanda dispongan de recursos suficientes y de mecanismos de seguridad para llevar a cabo su tarea tan eficazmente como sea posible. De modo particular, odhrdebe gozar de la suficiente estabilidad financiera para proseguir sus trabajos en Ruanda sin problemas.

- garantizar que el Tribunal Internacional para Ruanda disponga de los recursos adecuados para proseguir sus trabajos.

Las partes que intervienen como mediadoras o en conversaciones de paz para resolver los conflictos en Ruanda y Burundideben:

- garantizar que las cuestiones de derechos humanos centran sus debates, en reconocimiento del hecho de que la violación cotidiana de los derechos humanos constituye el núcleo de los conflictos en la región, y especialmente de la crisis de los refugiados.

- garantizar que las medidas concretas de protección de los derechos humanos reciben prioridad en sus recomendaciones.

Tanzania: llegada de un niño ruandés refugiado. © Howard Davies / Panos Pictures

INTERNO(Para miembros de AI solamente) Índice AI: AFR 02/01/96

Distrib: SC/CC/CO/GR

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

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RUANDA Y BURUNDI

El regreso de los refugiados: Rumores y realidades

ACCIONES RECOMENDADAS

Se ruega que todas las personas pertinentes de la Sección reciban ejemplares del documento. El documento debe archivarse para futura referencia. Se ruega también que se lleven a cabo el mayor número posible de las siguientes acciones recomendadas.

Adviértase que el SI está preparando una circular de acción aparte con acciones recomendadas más detalladas para que las Secciones y Grupos hagan campaña sobre las cuestiones descritas en este informe. También se distribuirá un comunicado de prensa.

Como mínimo, se alienta a las Secciones y Grupos a que distribuyan el documento ampliamente a periodistas, organizaciones no gubernamentales (especialmente de asistencia y de refugiados) y políticos del respectivo país.

Se ruega el envío de un ejemplar del documento a los representantes diplomáticos de Ruanda, Burundi, Zaire y Tanzania acreditados en cada país.

Asegúrense de que todos los miembros de la Sección que esten trabajando sobre Ruanda, Burundi, Zaire y Tanzania y sobre cuestiones de refugiados reciben un ejemplar de este informe, así como la circular de acción y el comunicado de prensa.

DISTRIBUCIÓN POR EL SI

El SI ha enviado directamente este documento a:

Todas las Secciones

Coordinadores de campañas

Coordinadores del trabajo con refugiados

Coordinadores de país que cubren Ruanda, Burundi, Zaire y Tanzania

Coordinadores CAFRAN

Coordinadores EAFRAN

****

(1) Las cifras de la población de refugiados en la región de los Grandes Lagos sólo pueden ser aproximadas, dado el número de personas afectadas, la alta tasa de natalidad en los campos, las idas y venidas entre países y el hecho de que no todos los refugiados están registrados. Así mismo no todos los que regresan se registran, ya que algunos refugiados optan por un «regreso espontáneo» (sin procedimiento formal). La mayoría de las cifras citadas en este informe proceden de las facilitadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur).

(2) En este informe se han omitido los nombres de los refugiados que han decidido regresar y que hablaron con Amnistía Internacional si existe un riesgo de represalia.

(3) Varios detenidos que se encontraban en este centro a principios de 1995 denunciaron haber sufrido torturas y malos tratos.

(4) Traducción no oficial de EDAI.

(5) Véase el informe de Amnistía Internacional Ruanda: Informes de homicidios y secuestros cometidos por el

Ejercito Patriotico Ruandes, abril - agosto de 1994, de 20 de octubre de 1994. (Índice AI AFR 47/16/94/s).

(6) Veáse el Servicio de Noticias de Amnistía Internacional «Ruanda: Los derechos humanos podrian ser la principal víctima de las tensiones en el seno del gobierno ruandes», de 30 de agosto de 1995 (Índice AI AFR 47/18/95/s).

(7) Véase Acción Urgente de Amnistía Internacional «Ruanda: Temor de más muertes bajo custodia», de 9 de junio de 1995 (Índice AI AFR 47/14/95/s).

(8) Véase Acción Urgente de Amnistía Internacional «Ruanda: temor por la seguridad» de 30 de noviembre de 1995 (Índice AI AFR 47/23/95/s) y actualización de 11 de diciembre de 1995 (Índice AI AFR 47/25/95/s).

(9) Véase la nota 2 sobre la protección del anonimato de los refugiados que han decidido volver.

(10) Amnistía Internacional habló con personas de varias zonas de Ruanda que dijeron que conocían esta norma, especialmente en la capital Kigali y alrededores. Sin embargo, no está claro si

ocurre así en todo el país.

(11) Para una descripción más detallada de la situación de los derechos humanos en Burundi, véase el informe de Amnistía Internacional Burundi: Lucha por la supervivencia: Se hace necesario actuar para evitar que continuen los homicidios, de junio de 1995 (Índice AI AFR 16/07/95/s).

(12) Para casos concretos de homicidios en Burundi en los últimos meses de 1995, véase el Servicio de Noticias de Amnistía Internacional «Burundi: ¿Por qué permite la comunidad internacional que continúe el derramamiento de sangre en Burundi?», de 20 de diciembre de 1995 (Índice AI AFR 16/19/95/s).

(13) Véase nota 2 sobre la protección del anonimato de los que regresan al país.

(14) Esta sección se refiere concretamente a la función de los dirigentes en los campos de refugiados en el Zaire, pero los informes recibidos señalan que las estructuras y problemas de los campos de Tanzania son similares.

(15) Véase Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1013, de 7 de septiembre de 1995.

(16) Véase nota 2 sobre la protección del anonimato de los refugiados que han regresado.

(17) Debe advertirse que el czsc, que es una entidad distinta del ejército zaireño, no participó en la devolución forzosa de refugiados.

(18)

Véase nota 2 sobre la protección del anonimato de los refugiados que han regresado.

(19) Véase Acción Urgente de Amnistía Internacional «Tanzania/Burundi/Ruanda: Repatriación forzada y temor de ejecuciones extrajudiciales», de 30 de junio de 1995 (Índice AI AFR 56/01/95/s).

(20) Véase la Acción Urgente de Amnistía Internacional «Kenia: Detención arbitraria, temor de torturas y temor de devolución forzosa», de 6 de diciembre de 1995 (Índice AI AFR 32/24/95/s).

(21) Véase el informe de Amnistía Internacional Ruanda: Armas para los autores del genocidio, de 13 de junio de 1995 (Índice AI AFR 02/14/95/s).

(22) odhrfue creada en el segundo semestre de 1994. Su mandato incluye la investigación de violaciones de derechos humanos y derecho humanitario con inclusión de posibles actos de genocidio; el desarrollo de programas de asistencia a la administración de justicia; la contribución al restablecimiento de la confianza para facilitar el regreso de los refugiados y personas desplazadas, y seguimiento de la situación de los derechos humanos.