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ÍNDICE AI: AFR 12/08/96/s

NO PUBLICAR ANTES DE LAS 00.01 HORAS GMT DEL 24 DE OCTUBRE DE 1996

ANGOLA: LA RETIRADA DE LA ONU PODRÍA DAR LUGAR A OTRO DESASTRE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Con ocasión del Día de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional advirtió a los gobiernos miembros de la nueva catástrofe de los derechos humanos que puede producirse en Angola si no se incorporan plenamente en el proceso de paz medidas encaminadas a proteger y promover esos derechos.

«A medida que el proceso de paz de Angola se acerca a su fin, es imprescindible que se tomen medidas para garantizar la salvaguardia de los derechos humanos ─ha afirmado Amnistía Internacional─. De lo contrario, el proceso de paz se quedará en nada, y los meses y años que millares de personas han dedicado a intentar sentar las bases de la reconciliación habrán sido en vano».

Está previsto que la Misión de Verificación de Angola (UNAVEM III), de las Naciones Unidas, se retire del país en febrero de 1997, después de dos años de trabajo para hacer efectivos los acuerdos de paz firmados en 1994 entre el gobierno y la oposición armada. La puesta en práctica de los acuerdos sigue sufriendo un retraso considerable. Amnistía Internacional insta a que en los próximos meses se tomen medidas para garantizar la protección de los derechos humanos después de la retirada.

«No podrá conseguirse una paz duradera mientras todas las partes teman que se repitan las masacres y otros abusos contra los derechos humanos que se produjeron con total impunidad durante el conflicto. Ambas partes se han comprometido a proteger los derechos humanos; ahora deben transformar sus palabras en hechos».

Amnistía Internacional solicita la creación de un organismo de expertos que asuma el trabajo de derechos humanos iniciado por la unidad de derechos humanos de la UNAVEM III, órgano cuya tarea prioritaria ha sido proteger y promover los derechos humanos en el país y que, según está previsto, se retirará en febrero. El organismo sustituto debe ser imparcial, independiente y competente, y debe estar dotado de la financiación necesaria para realizar su trabajo.

La organización insta a las organizaciones gubernamentales internacionales y a los donantes de ayuda a que presten apoyo financiero y otros tipos de ayuda a las iniciativas relacionadas con los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de la ONU debe velar para que el proceso de paz no se considere completo mientras los derechos humanos no estén debidamente protegidos.

Tanto el gobierno del presidente José Eduardo dos Santos como la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA), dirigida por Jonas Malheiro Savimbi, están intentando construir un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, en un contexto de amargura, desconfianza y falta de transparencia por ambas partes.

Preocupa a Amnistía Internacional que, si las salvaguardias de los derechos humanos no se incorporan como punto central del programa del nuevo gobierno, el mundo pueda asistir a una repetición de los sucesos que siguieron a intentos de pacificación precedentes. Tras la elecciones de septiembre de 1992, se produjeron masacres, seguidas de asedios y bombardeos aéreos de ciudades, que causaron hambruna y muertes. Las dos partes fueron culpables de graves violaciones de derechos humanos.

Durante los enfrentamientos, las fuerzas gubernamentales detuvieron a centenares de civiles; a otros los enterraron en tumbas poco profundas después de matarlos a tiros. Según informes, hay una fosa colectiva en Morro da Luz, un escarpado barranco situado en la zona de Samba, en Luanda, donde llevaron y arrojaron a presuntos miembros de UNITA.

Las fuerzas de la UNITA también persiguieron deliberadamente a civiles; en abril de 1993, mataron a decenas de personas en Gombe durante un ataque. Una de las víctimas fue Matias Inácio da Silva Neto, miembro del Comité Provincial del Movimiento para la Liberación de Angola, a quien, según informes, enterraron hasta el cuello y dejaron morir. Los soldados de la UNITA obligaron a los habitantes de algunos pueblos a presenciar ejecuciones públicas. Otros castigos consistieron en atar a las víctimas boca abajo al tronco de un árbol y dejarlas así toda una noche.

Tanto el gobierno como UNITA han matado deliberadamente a disidentes internos, personas que se oponían o eran sospechosas de oponerse a las políticas de sus respectivos líderes. Apenas se ha arrestado a agentes de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos, y son menos aún los procesados. La corrupción generalizada agrava el problema: el arresto o el procesamiento pueden eludirse mediante sobornos o con la intervención de amigos influyentes.

«La creación de un sistema judicial penal independiente, que todas las partes perciban como imparcial, debe ser prioritaria. Ambas partes pueden ayudar a garantizar el éxito del proceso de paz si toman medidas inmediatas para que cualquiera de sus fuerzas que cometa abusos contra los derechos humanos comparezca ante la justicia», ha afirmado Amnistía Internacional.

La mayoría de los periódicos y de las emisoras de radio están bajo control del gobierno o de UNITA: los demás se autocensuran, presionados por las intimidaciones. Periodistas que han criticado a alguna de las partes han recibido amenazas de muerte, han sido degradados o han perdido su empleo.

Según la organización: «Un hecho alentador en Angola es que muchas personas, en especial miembros de organizaciones no gubernamentales, juristas y docentes, miembros de grupos religiosos y de partidos políticos están plenamente dispuestos a promover los derechos humanos, ya que reconocen que la reconciliación es imposible si no se respetan. Para que la paz de Angola sea duradera, es imprescindible que el gobierno, la UNITA y la comunidad internacional apoyen a estos grupos y reconozcan que su responsabilidad respecto al proceso de paz no acaba con la retirada de la UNAVEM III. Febrero de 1997 debe marcar el inicio del verdadero proceso de paz en Angola».

Si desean obtener más información, recibir una copia del informe o concertar una entrevista, no duden en ponerse en contacto con Mark Ogle, Encargado de Prensa, Secretariado Internacional: Tel.: (44) 171 413 5729; Fax: (44) 171 413 5815