Índice AI: AFR 16/017/2002/s (Público)

Servicio de Noticias 177/02

7 de octubre de 2002

Burundi: La protección de los civiles debe gozar de prioridad en el programa de trabajo de la cumbre regional de jefes de Estado

Como quiera que hoy da comienzo en Dar es Salam una reunión de jefes de Estado y gobierno de la región centrada en el conflicto armado en Burundi, Amnistía Internacional está haciendo un llamamiento a los jefes de Estado que asistirán a ella para que condenen de la forma más enérgica la escalada de homicidios ilegítimos de civiles en Burundi y para que exijan que el gobierno de transición de dicho país y los grupos políticos armados adopten medidas inmediatas para mejorar la rendición de cuentas de sus fuerzas armadas.

El 9 de septiembre de 2002, miembros del ejército burundés ejecutaron extrajudicialmente al menos a 174 civiles desarmados en la comuna Itaba, provincia de Gitega. Los homicidios, que permanecieron ocultos durante más de una semana, provocaron la condena enérgica en el ámbito nacional e internacional.

Esta matanza no ha constituido un caso aislado, como algunos oficiales superiores del ejército y líderes políticos han sostenido. El homicidio deliberado de civiles desarmados por el ejército burundés en represalia por las actividades de grupos políticos armados, que también llevan a cabo ataques contra la población civil con asiduidad, es un rasgo por desgracia habitual del conflicto.

Desde el comienzo de 2002, estas ejecuciones extrajudiciales han aumentado de forma alarmante: tan sólo en lo que va de año se han llevado a cabo cientos de ejecuciones extrajudiciales. Lamentablemente, la mayoría de los casos siguen sin condenarse o investigarse. Los homicidios han aumentado tras la declaración pública realizada recientemente por el portavoz del ejército del país justificando los homicidios de civiles en las zonas en conflicto. A pesar de la matanza perpetrada en Itaba, no ha habido una retractación pública de esta declaración.

Durante una visita de alto nivel a Burundi del 21 al 26 de septiembre de 2002, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, abordó la cuestión de estos homicidios, y de cientos más, con las máximas autoridades. Éstas le aseguraron que los responsables de la matanza de Itaba serían identificados y puestos a disposición judicial para ser juzgados por tribunales militares.

La organización acoge con satisfacción la detención a principios de octubre de dos oficiales del ejército burundés pertenecientes al Cuarto Batallón (localidad de Ngozi) por su presunta implicación en la matanza de Itaba. El gobierno de transición y la comunidad internacional tienen ante sí la difícil tarea de garantizar que estos dos detenidos son juzgados con arreglo a las normas internacionales de justicia procesal, difícil tarea habida cuenta de que en el pasado los tribunales militares se han mostrado constantemente reacios a investigar denuncias de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas armadas y a llevar ante la justicia a los responsables. En las escasas ocasiones en que se ha detenido a miembros del ejército por tales violaciones, una vez desviada la atención nacional o internacional hacia otros asuntos, las autoridades han dejado en libertad sin cargos a la mayoría de los detenidos o bien les han impuesto condenas leves aparentemente irrisorias teniendo en cuenta la magnitud de las atrocidades por las que se les ha condenado. En octubre de 2000, dos soldados declarados culpables del asesinato de una personalidad conocida fueron condenados a muerte y ejecutados, violándose su derecho a apelar contra la sentencia recibida.

A Amnistía Internacional le preocupa por otra parte el hecho de que al no haberse realizado sin demora una investigación plenamente independiente, lo verdad de lo sucedido en la matanza de Itaba y la identidad de otras personas que tomaron parte, ordenaron o disculparon los homicidios no saldrá a la luz en su totalidad.

Amnistía Internacional está haciendo un llamamiento a la Cumbre Regional de Jefes de Estado para que ejerza su influencia sobre el gobierno de transición de Burundi a fin de que éste:

- adopte medidas inmediatas para acabar con la práctica habitual y en aumento de ejecuciones extrajudiciales de civiles desarmados a manos de los miembros de sus fuerzas armadas;

- inicie sin demora investigaciones independientes e imparciales sobre todos los homicidios ilegítimos de civiles perpetrados, haga públicos sus resultados y haga comparecer ante la justicia a los presuntos implicados en todos los niveles, con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal y sin que quepa la posibilidad de que se les imponga la pena de muerte;

- proteja plenamente a todos los testigos de toda amenaza o represalia; y, mientras concluyen las investigaciones, separe de su cargo a los comandantes militares de unidades responsables de la comisión de violaciones de derechos humanos;

- dicte instrucciones públicas dirigidas a las unidades militares en las que les informe de que los civiles desarmados no constituyen un blanco de ataque legítimo.

Amnistía Internacional insta asimismo a los Estados reunidos en la Cumbre Regional de Jefes de Estado a que recuerden a los grupos políticos armados burundeses las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional humanitario y a que en lo sucesivo sus fuerzas pongan fin al homicidio ilegítimo de civiles desarmados y de soldados que estén fuera de combate.

Información general

La secretaria general de Amnistía Internacional visitó Burundi del 22 al 26 de septiembre de 2002 para hablar con el gobierno de transición de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país, incluidos los homicidios en gran escala de civiles, y los casos de tortura y de reclusión prolongada sin juicio.

Durante la visita, la delegación de Amnistía Internacional reunió información que indicaba que el 9 de septiembre, las fuerzas armadas burundesas habían matado ilegítimamente al menos a 174 civiles, entre los que había numerosas mujeres y niños, en la comuna de Itaba, provincia de Gitega, y datos sobre otros homicidios ilegítimos perpetrados por fuerzas gubernamentales y de grupos armados de oposición.

En un informe publicado en junio de 2002, Amnistía Internacional documentaba la práctica sistemática y creciente de homicidios extrajudiciales por soldados del gobierno en represalia por las actividades de grupos políticos armados, e instaba a los líderes políticos y militares a que adoptaran medidas inmediatas para proteger la vida de los civiles. Desde entonces se han llevado a cabo otros cientos de homicidios extrajudiciales. El informe documentaba asimismo decenas de homicidios ilegítimos de civiles desarmados, soldados capturados y funcionarios del gobierno a manos de grupos políticos armados durante el mismo periodo e instaba a sus líderes a que garantizasen el respeto del derecho internacional humanitario por parte de sus combatientes.

Documento público

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