BURUNDI

La insurgencia y la contrainsurgencia perpetúan

los abusos contra los derechos humanos

I INTRODUCCIÓN

Entre diciembre de 1997 y septiembre de 1998 perecieron en Burundi centenares de personas, muchas de ellas civiles inermes. Miles de personas más, forzadas a abandonar sus hogares, se han convertido en desplazados internos o han huido a países vecinos, uniéndose a los centenares de miles de burundeses que ya se han exiliado o se encuentran desplazados dentro de su país. Soldados del ejército de Burundi han matado deliberada y arbitrariamente a centenares de civiles, casi todos hutus. Los diferentes grupos armados de oposición y otras milicias activas en Burundi también han cometido decenas de homicidios de civiles desarmados. Muy pocos de los responsables han sido detenidos y llevados ante la justicia.

Este informe expone una visión general de los graves abusos contra los derechos humanos cometidos en Burundi desde diciembre de 1997. Se centra en las reiteradas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas de Burundi así como en los homicidios y otros abusos contra los derechos humanos cometidos por los grupos armados de oposición en el contexto de la insurrección. También se ocupa de la difícil situación de los refugiados que se han visto obligados a huir de Burundi por motivos de seguridad. No pretende reflejar exhaustivamente la situación de los derechos humanos en Burundi. Los casos y ejemplos incluidos no representan más que una pequeña parte de la información recibida por Amnistía Internacional. La falta de acceso a algunas zonas del país, combinada con factores como el temor de las víctimas o de los supervivientes a las represalias, ha dificultado enormemente la recopilación y comprobación de testimonios detallados sobre los hechos, y ha motivado que no se incluyan muchos de los casos denunciados.

Este informe se basa en parte en la información recopilada durante dos visitas de Amnistía Internacional a la región, una a Tanzania en marzo de 1998 y otra a Burundi en abril y mayo de 1998, así como en otras investigaciones llevadas a cabo por la organización. En otro informe anterior, Burundi: La justicia, a prueba(1), publicado el 30 de julio de 1998, se abordan las preocupaciones de Amnistía Internacional en relación con la detención, la reclusión y la administración de justicia.

II EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO

La insurrección de las Fuerzas para la Defensa de la Democracia (brazo armado del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia, bajo control hutu) contra las fuerzas gubernamentales (bajo control tutsi), se remonta a fines de 1994. También mantienen un enfrentamiento armado con el gobierno los brazos armados de otros grupos de oposición hutus, el Partido por la Liberación del Pueblo Hutu y el Frente por la Liberación Nacional. Desde fines de 1993, el conflicto armado y la violencia política se han cobrado la vida de al menos ciento cincuenta mil personas, en su mayoría civiles.

La población civil hutu ha quedado atrapada en medio del conflicto: víctima de las frecuentes represalias de las fuerzas armadas, que consideran que apoya a los grupos insurgentes, y víctima asimismo, y cada vez con mayor frecuencia, de los ataques de los grupos armados de oposición. Desde que estalló el conflicto, la población civil también ha salido malparada en los combates entre los diferentes grupos armados de oposición. Por ejemplo, en julio de 1997, se estima que el Partido por la Liberación del Pueblo Hutu mató aproximadamente a quinientos civiles en la provincia de Bubanza por su presunto apoyo al Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia. Muchos civiles han visto su propiedad saqueada tanto por el ejército como por los grupos armados de oposición. La población tutsi también ha sufrido los ataques de los grupos armados de oposición, especialmente las personas que se encontraban en los campos para desplazados.

Desde que el presidente Buyoya recuperó el poder en julio de 1996, el país ha sufrido un proceso de militarización creciente. Las fuerzas armadas, dominadas por los tutsis, se han beneficiado de un reclutamiento en gran escala que ha incluido medidas como el servicio militar obligatorio para todos los estudiantes universitarios de primer año. Sin embargo, el dominio tutsi sobre las fuerzas de seguridad continúa siendo considerable. Las fuerzas armadas también han reclutado a ex miembros de milicias tutsis como los grupos denominados Sans échec(Infalibles) y Sans défaite(Invencibles) responsables de numerosos abusos contra los derechos humanos, entre ellos homicidios políticos.

Además del aumento del reclutamiento, el gobierno ha iniciado un programa de autodefensa para todos los civiles. El gobierno afirma que el programa pretende fomentar la responsabilidad cívica, y a tal fin se adiestrará a la población civil para que apoye a las autoridades civiles y militares en la lucha contra la insurrección mediante labores de vigilancia. Si bien Amnistía Internacional reconoce el derecho del gobierno a tomar medidas para proteger a la población civil, a la organización le inquieta que el propio programa de autodefensa pueda producir nuevos abusos contra los derechos humanos. Aunque las autoridades han negado en varias ocasiones que el programa esté armando a la población, al menos en algunas zonas, como Bujumbura y la provincia de Bururi, el gobierno ha adiestrado y armado a la población civil tutsi. En abril de 1998, el gobernador de la provincia de Bujumbura Rural reconoció que se habían entregado armas de fuego y granadas a parte de la población local.

En febrero de 1998, en respuesta a un ataque llevado a cabo a plena luz del día por las Fuerzas para la Defensa de la Democracia en un barrio del noreste de Bujumbura, al que las fuerzas armadas opusieron escasa resistencia, las unidades de autodefensa tutsis levantaron barricadas y detuvieron automóviles. El portavoz de las fuerzas armadas instó por radio a los grupos de autodefensa a que no utilizaran las armas contra los civiles. El grupo de autodefensa en cuestión, Puissance d'autodéfense amasekanya(P. A.), contestó manifestando que si el ejército no podía protegerlos ellos mismos se encargarían de hacerlo.

En la práctica, el programa de deberes cívicos también ha permitido al gobierno vigilar estrechamente a la población. Los habitantes locales han sido enrolados en patrullas nocturnas, conocidas como les rondes,la mayoría de las cuales van desarmadas, cuyo fin principal es informar oficialmente sobre las actividades nocturnas y detener a los desconocidos para evitar que los grupos armados de oposición se infiltren. Sin embargo, se han recibido informes de que en algunas zonas estas patrullas también actúan de día y se exige a los habitantes que informen a las autoridades locales sobre la presencia de cualquier desconocido. Al parecer, el incumplimiento de esta exigencia ha ocasionado en algunos casos la detención del responsable por cargos de colaboración con grupos armados de oposición.

Tanto el gobierno como el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia han expresado su compromiso con un acuerdo político negociado. Sin embargo, ambos parecen decididos a continuar el conflicto. En noviembre de 1998 seguía sin haberse aplicado el acuerdo de alto el fuego alcanzado en junio de 1998 en las negociaciones presididas por Julius Nyerere, ex presidente de Tanzania. El gobierno manifestó rápidamente que el alto el fuego no era aplicable a las fuerzas gubernamentales porque tenían el deber de proteger a la población civil. Una facción escindida del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia(2) se negó a aceptar el alto el fuego, argumentando que el presidente del Consejo Nacional, Léonard Nyangoma, carecía de autoridad para firmar un acuerdo de paz. Siguió habiendo intensos combates, tanto inmediatamente antes de las negociaciones como después de éstas. El Partido por la Liberación del Pueblo Hutu, que no fue invitado a esa ronda de negociaciones, también afirmó que no consideraba vinculante el alto el fuego. En octubre de 1998 continuaron las negociaciones, en las que los partidos siguieron debatiendo el origen de la crisis.

Según informes, el ejército y los grupos armados de oposición burundeses están involucrados, no solo en el conflicto armado interno, sino en el conflicto armado que estalló en agosto de 1998 en la vecina República Democrática del Congo. Aunque el gobierno de Burundi lo ha negado repetidas veces, numerosas fuentes de Burundi y de la República Democrática del Congo han informado sobre la participación de tropas burundesas en la toma de Uvira, Kalemie y de otras ciudades de la zona oriental de la República Democrática del Congo, prestando su ayuda al grupo armado de oposición Rassemblement congolais pour la démocratieAgrupación Congolesa para la Democracia. Según informes, el gobierno de Burundi también ha prestado apoyo a tropas ruandesas y ugandesas –que también apoyan a la Agrupación Congolesa para la Democracia–, permitiendo, por ejemplo, el paso por su país de tropas y material. Desde que se inició el conflicto en la República Democrática del Congo, Amnistía Internacional ha recibido información pormenorizada sobre centenares de homicidios de civiles desarmados, especialmente mujeres y niños, a manos de la Agrupación Congolesa para la Democracia, las fuerzas de seguridad ruandesas y los grupos aliados, entre otros. El grado de participación directa del ejército de Burundi en éstas y otras matanzas cometidas en la República Democrática del Congo todavía no está claro. El gobierno de Burundi ha afirmado que los grupos armados de oposición de su país están interviniendo en el conflicto de la República Democrática del Congo a cambio del apoyo que les ha prometido el presidente Laurent Désiré Kabila. Amnistía Internacional continúa investigando éste y otros informes sobre la intervención de Burundi en la República Democrática del Congo.

III VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Ejecuciones extrajudiciales y homicidios deliberados

Durante 1998(3) continuaron las grandes matanzas de civiles desarmados, cometidas principalmente por las fuerzas gubernamentales, en violación del derecho internacional humanitario y de las obligaciones contraídas por el gobierno de Burundi en virtud de los tratados internacionales que ha ratificado. El homicidio de las personas que no intervienen activamente en el conflicto de Burundi es una violación del artículo 3 común de los Convenios de Ginebrade 1949, que prohíben expresamente «los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios» de todos los no combatientes. Al ratificar el Segundo Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, el gobierno de Burundi se comprometió a respetar y proteger determinadas garantías fundamentales durante los conflictos armados que no sean de índole internacional. Entre estas garantías figuran el derecho de todas las personas que no intervienen directamente en las hostilidades o que han dejado de hacerlo a ser tratadas con humanidad. Asimismo, el Segundo Protocoloprohíbe los atentados contra la vida, la tortura y otras violaciones de derechos humanos contra esas personas. Además, el homicidio de civiles desarmados constituye una vulneración del derecho a la vida consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosy en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ambos ratificados voluntariamente por Burundi.

Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes sobre homicidios procedentes de las provincias meridionales de Makamba y Bururi y de la provincia de Bujumbura Rural. La mayoría de ellos se cometieron en zonas de conflicto armado, lo que ha dificultado especialmente el acceso y la verificación de la información. No obstante, sí se desprenden varias constantes claras.

La mayoría de las matanzas de civiles hutus cometidas por los soldados del gobierno parecen ser actos de represalia por actividades insurgentes o el homicidio de soldados o de civiles tutsis a manos de grupos armados de oposición hutus.

En algunos casos el pretexto para actuar y matar a civiles desarmados era que se creía que eran combatientes armados. Por otro lado, decenas de civiles inermes murieron debido a que los miembros de las fuerzas de seguridad no separaron a los combatientes de los civiles. En la mayoría de los casos de los que se ha informado a Amnistía Internacional, parece que no se intentó establecer esa distinción. Algunas de las víctimas eran niños a las que se dio muerte individualmente en circunstancias en las que era patente que no representaban ninguna amenaza para la vida de los soldados u otros civiles.

Los soldados del gobierno también han matado a decenas de civiles a los que acusaban de no haber informado sobre los grupos armados de oposición o de haberlos protegido o colaborado de alguna forma con ellos. En algunos casos, parece que la población civil avisó a los soldados de la presencia de grupos armados de oposición, pero que éstos no estaban dispuestos o no fueron capaces de enfrentarse directamente y en su lugar tomaron medidas de represalia contra los civiles después de marcharse los combatientes.

Otros civiles han sido ejecutados extrajudicialmente o han «desaparecido» y se piensa que las fuerzas de seguridad les dieron muerte poco después de detenerlos.

En la mayoría de los casos, los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de estos homicidios han quedado impunes.

El uso de armas de efecto indiscriminado como las minas antipersonas también se ha cobrado la vida o ha dejado lisiados a decenas de civiles, y causado asimismo muertos y heridos entre los soldados gubernamentales y los combatientes de los grupos armados. Según los informes, todas las partes implicadas en el conflicto han utilizado minas antipersonas y minas antitanques. Amnistía Internacional respalda la campaña mundial en favor de la prohibición de las minas antipersonas, por tratarse de armas que tienen un efecto indiscriminado en la población civil y que se caracterizan por causar lesiones o sufrimientos innecesarios a los que intervienen activamente en el conflicto. Actualmente los campos de minas en la frontera entre Tanzania y Burundi son muy numerosos y, al parecer, fueron colocados por orden del gobierno para impedir las incursiones de los grupos armados de oposición que el gobierno afirma emplean Tanzania como base. La presencia de minas en la frontera también tiene como consecuencia impedir que algunas personas puedan huir de Burundi y solicitar asilo en otros países. En agosto de 1998, los refugiados de Burundi que lograron huir a Tanzania dijeron que no habían podido cruzar la frontera durante semanas, debido en parte a las minas. Muchos se encontraban en un estado físico precario y algunos tenían lesiones causadas por las minas. Entre ellos había mujeres y niños, como Etienne, un niño de 13 años.

Los casos que se relatan a continuación sirven para ilustrar los puntos expuestos en este informe. No hay constancia de que ninguno de estos casos haya sido objeto de una investigación imparcial por parte del gobierno de Burundi.

Matanzas en la provincia de Bujumbura Rural

Según informes, el 7 de enero de 1998 se produjeron combates entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados de oposición en la zona de Kirekura y Maramvya, comuna de Mutimbuzi, en el curso de los cuales murieron cuatro soldados. El resto de las fuerzas gubernamentales se retiraron temporalmente, pero regresaron esa misma tarde con refuerzos, descubriendo, al parecer que los insurgentes ya habían abandonado la zona. Según el testimonio de los supervivientes, los soldados atacaron después a la población civil y ejecutaron extrajudicialmente como represalia al menos a 22 civiles. Entre las víctimas había por lo menos tres niños de corta edad, un hombre llamado Gaposho, una mujer llamada Munobera, y dos ancianas llamadasMponerezeyMwemuka.

Se ha informado de que, entre el 22 de febrero y el 30 de marzo de 1998, al menos 72 personas, entre ellas un mínimo de diez niños menores de diez años y varios ancianos, fueron asesinadas en la comuna de Isale al no poder trasladarse a un lugar situado en Rushubi o negarse a hacerlo cuando los soldados evacuaban a la población civil de la zona. Los homicidios tuvieron lugar en las collines–unidades administrativas– de Sagara, Rutegama, Nyarumpongo, Buyimba, Kibuye, Nyarukere y Caranka. Los soldados también parecen haber saqueado y destruido propiedades. Según informes, el 28 de marzo de 1998, en la collinede Caranka, soldados de un puesto militar cercano mataron a Boniface Bankuwunguka, de 66 años, aJean Ntirwahavuye, de 54 años, a un niño de tres años, a un adolescente llamado Callixte,y a por lo menos 21 personas más. Asimismo, el 16 de marzo, unos soldados mataron a Concilie Habonimana y a su hijo de dos años en la collinede Sagara, y dos días más tarde en esa misma zona al menos a otras diez personas, entre las que figuraban cuatro niños de corta edad y un anciano. Al parecer, ninguna de estas personas había atendido las indicaciones de que abandonaran la zona.

Se han recibido informes de que el 3 de julio,

f6 Biratevye, una anciana de 76 años, otras dos mujeres y dos niños de la comuna de Mutambu murieron a manos de soldados del gobierno. Según informes, tres días más tarde también se dio muerte en la misma comuna a Gaspard Bandyambona.Los motivos de estos homicidios no están claros.

Un superviviente de un ataque llevado a cabo por soldados contra la collinede Kitadja, comuna de Muhuta, en septiembre de 1997, que según informes, se cobró 86 vidas.

El 5 de agosto de 1998, los soldados ejecutaron extrajudicialmente a dos personas y destruyeron 22 casas en Kirekura, comuna de Mutimbuzi. Se cree que las víctimas eran civiles desarmados. Estas ejecuciones se produjeron al día siguiente de una operación militar en la que los soldados registraron Kirekura en busca de miembros de las Fuerzas para la Defensa de la Democracia. Se produjo un tiroteo entre los soldados y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia, cuyos componentes se dieron a la fuga abandonando algunas armas. La mayor parte de la población civil huyó de la zona por temor a las represalias del ejército. Sin embargo, una minoría, entre la que se encontraban las dos personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, se mostraron reacias a abandonar sus casas y permanecieron en la zona.

A fines de agosto, los soldados llevaron a cabo nuevas operaciones en la zona de Kirekura en el curso de las cuales, destruyeron 21 casas y causaron la muerte de seis personas, que según informes no eran combatientes, entre ellas un hombre conocido como «Tumbo», demasiado anciano o delicado de salud para huir. Inmediatamente antes de la operación, soldados de las zonas de Muramvya y Rubiziri, en la comuna de Mutimbuzi, detuvieron a Pascal Birari, consejero administrativo de la comuna, acusándolo de proporcionar alimentos y otra ayuda a los grupos armados de oposición. El día anterior a su detención, Pascal Birari había mantenido una reunión con los habitantes de la localidad, a instancias del administrador de la comuna, para, en ausencia de los soldados, animarlos a que regresaran a sus casas. La acusación parece estar relacionada con este llamamiento a la población en favor del regreso. Según informes, fue maltratado en la brigade, el centro de detención de la Gendarmería, de Gatumba. A fines de septiembre o comienzos de octubre de 1998 lo trasladaron a la Prisión Central de Mpimba.

Se ha informado de que el 3 de noviembre de 1998, unos soldados mataron al menos a 165 personas en las collinesde Rutovo y Busenge,comuna de Mutambu, a unos treinta kilómetros de la capital. Aunque algunas fuentes señalan que la cifra fue mucho mayor. En un principio, fuentes gubernamentales y militares declararon que desconocían la matanza. Sin embargo, el 10 de noviembre, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado público en el que se admitía que las fuerzas de seguridad habían matado a unas treinta personas en el curso de una operación militar contralas Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), brazo armado del Partido por la Liberación del Pueblo Hutu, y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia, brazo armado del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia, y se manifestaba que se iniciaría una investigación. Se ha informado de que el administrador de la comuna de Mutambu ha reconocido que en Rutuvo hubo más de setenta víctimas. Las causas de la matanza son motivo de controversia: según algunas fuentes, el motivo fue el resentimiento personal de un funcionario local; según otras, la matanza fue una represalia por las cinco vacas que habían robado miembros de las FNL unos días antes en una comuna vecina. Aunque las circunstancias exactas de la matanza todavía no están claras, parece que las víctimas fueron abatidas a tiros o a golpes de bayoneta mientras obedecían las órdenes de reagruparse alrededor del puesto militar de Busenge. Según informes, cerca de dicho puesto militar se contaron e identificaron los cadáveres de aproximadamente cien personas. Según los supervivientes, en las plantaciones cercanas eran fácilmente visibles decenas de cadáveres más. Los soldados impidieron la entrada a los periodistas de la emisora independiente Radio Ijamboy a los investigadores de la Liga Burundesa de Derechos Humanos que intentaron visitar la zona. Sin embargo, algunos testigos presenciales, entre ellos dos personas que perdieron en el ataque a 17 y 19 familiares respectivamente, lograron huir a la ciudad de Mutambu y han declarado que murieron más de un centenar de personas conocidas suyas. Amnistía Internacional continúa investigando la matanza.

Matanzas en el sur de Burundi (Bururi y Makamba)

Entre el 6 y el 7 de enero de 1998, unas cien personas resultaron muertas en una acción de represalia llevada a cabo en la zona de Kizuka, comuna de Rumonge, motivada según los informes por un ataque realizado el día anterior por las Fuerzas para la Defensa de la Democracia contra un puesto militar de la collinede Busaga, en el que murieron al menos dos soldados. Según informes, los soldados entraron en la localidad disparando contra los civiles desarmados que huían. Después comenzaron a registrar sistemáticamente las casas y la zona circundante buscando a personas que pudieran estar escondidas. Justine Niyukuluy su hijo de siete meses, que fueron abatidos a unos cincuenta metros de su casa, figuraban entre las personas ejecutadas extrajudicialmente. Algunas de las víctimas fueron asesinadas a golpes de bayoneta. Según informes, los soldados encontraron escondidas a una mujer llamada Margueritey a su hija de 12 años, Violette, y las degollaron. Al día siguiente los soldados, que se encontraban en estado de embriaguez, se dieron al saqueo.

El 20 de febrero de 1998, en la collinede Gasanda, los soldados permitieron a aproximadamente un centenar de personas que habían sido reagrupadas en un puesto militar de la zona como consecuencia de los combates entre soldados e insurgentes, que volvieran a sus campos para recoger la cosecha. Sin embargo, cuando se dirigían a los campos, los soldados que las acompañaban abrieron fuego contra ellas. Entre las víctimas estaban Bagaye, Barampama, Baryuwabo, Emmanuel Bazombanze, Bucumi, Budereye, Habonimana, Hirana, Kaburugutu, Kigo Nikodemu, Mugano, Nehemia Ndayiragije, Nijimbere, Nikodemu, Terensio Nitunga y Nkwirikiye, Gabriel Ntibahiriwe, Nzigo, Ruda, Ruhindanya, Ruhozi, Sifay tres mujeres –una de ellas llamadaMurayi–. Sólo hay constancia de un superviviente. Amnistía Internacional desconoce los motivos de la matanza. Con posterioridad a ésta, el jefe de zona (el funcionario administrativo local), que había permanecido en el puesto militar, también resultó muerto. Las circunstancias de su muerte no están claras: según una versión, lo mataron tras pedir permiso a los soldados para enterrar los cadáveres, aunque según otra versión, lo mataron al negarse a enterrar los cadáveres cuando se lo solicitaron los soldados. Se ha informado de que tres soldados fueron arrestados en relación con la matanza, aunque no está claro si las autoridades han iniciado otras medidas judiciales contra los responsables.

En febrero de 1998, los soldados ordenaron a los habitantes de la collinede Bugana, comuna de Gitaramuka, provincia de Karuzi, que se congregaran. Después dispararon contra todos los que habían acudido obedeciendo la orden. Un testigo declaró:

Todo el mundo huía. Yo estaba en casa. Me llevé a mi esposa y a mis cinco hijos y nos escondimos en el valle. Cuando regresé sobre las nueve de la noche, nuestra casa había sido incendiada. Había cadáveres por todas partes. Volví al valle, encontré a mi familia y nos marchamos sin llevarnos nada.

Según informes, Martin Uza, de 50 años,Lisoni Mleke, Kasugulu,todos ellos profesores, Stanley Sindayigaya, Sanuveli Ludede, ambos empresarios, Nkukunziza,Gashirahamwe, Shabani, Nzokirantevyay Butoto, de 14 años, y sus familias, figuraban entre los muertos. En la matanza se utilizaron armas de fuego, bayonetas y granadas. Se incendiaron las casas, se robaron bienes y ganado y las cosechas fueron destruidas. Se desconoce el motivo del ataque.

Entre el 20 y el 27 de julio de 1998, según informes, los soldados ejecutaron extrajudicialmente a 13 civiles en Buheka, Karonge y Gikumba, comuna de Nyanza lac, provincia de Makamba, tras los combates registrados en la zona entre el ejército gubernamental y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia. Según informes, a Jean Ngendabanyikwa, de 38 años, y Jumaine Seterine, una mujer de 28, los mataron a golpes de bayoneta el 20 de julio de 1998. En el mismo ataque mataron también a dos menores, un muchacho de 14 años llamado Ntahomvukiye, y una ni½a de 9 llamada Faines Nimpaye. El 28 de julio fueron abatidas a tiros en Gikumba otras cinco personas, entre ellas una mujer, Jacqueline Bukura, y una muchacha llamada Neema.Al parecer los homicidios fueron como represalia por las bajas sufridas por el ejército y los cometieron soldados de los puestos militares de Buheka, Kabobo, Mpinga y Mbizi, de la comuna de Nyanza lac.

Muertes bajo custodia

Amnistía Internacional ha recibido informes sobre ejecuciones extrajudiciales de personas detenidas cometidas por miembros de las fuerzas armadas y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Los informes no se limitan a las zonas de conflicto armado. En la mayoría de los casos, las personas ejecutadas extrajudicialmente habían sido detenidas por colaboración con los grupos armados sin pruebas que lo justificasen.

Por ejemplo, Léopold Baraunyeretsefue abatido a tiros el 31 de enero de 1998. Lo habían detenido cuatro días antes, el 27 de enero de 1998, en la escuela primaria de Bukoro. Según los funcionarios que entregaron el cadáver a la familia, le dispararon cunado intentaba escapar del calabozo de la comuna de Gishubi, provincia de Gitega. No hay constancia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación sobre el caso.

El 19 de abril de 1998, Claude, un activista del Frente por la Democracia de Burundi, partido político de la oposición bajo control hutu, fue detenido por unos soldados en Mubuga, provincia de Gitega. Su cadáver se encontró poco después. No hay constancia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación sobre las circunstancias de su detención ni de su muerte.

Spéciose Butore, Didace Bukoru, Jean Ndabagamye, Karidou Mugaboniheray Anaclet Bambarafueron ejecutados extrajudicialmente el 1 de julio de 1998 mientras se encontraban bajo custodia policial en un calabozo de la zona de Rwisabi, comuna de Mutaho, provincia de Gitega. Habían sido detenidos por funcionarios de la administración local el 26 de junio, o en torno a esa fecha, en la collinede Nyabisaka, provincia de Gitega, y acusados de colaborar con los grupos armados de oposición. Se han recibido informes del homicidio de Bigirimana, detenido el 21 de mayo en Buraza, ocurrido el 30 de junio, o en torno a esa fecha, en un calabozo de la comuna de Bukirasazi, provincia de Gitega. Amnistía Internacional desconoce los motivos de su detención. La organización ha planteado estos casos ante el gobierno de Burundi en varias ocasiones, pero todavía no ha recibido ninguna respuesta ni puede confirmar que estén siendo investigados.

Un hombre llamado Pascal,que también era conocido como Bidiga, fue hallado muerto cerca del puesto militar de Kirere, comuna de Rutegama, provincia de Muramvya, a las pocas horas de haber sido detenido por unos soldados y conducido al puesto militar a fines de octubre o principios de noviembre de 1998. Amnistía Internacional desconoce la fecha exacta de su detención. No hay constancia de que se haya realizado ninguna investigación sobre las circunstancias de su detención y muerte. Pascal fue detenido en su casa, sin que, según informes, se ofreciera ningún motivo.

En virtud de los Principios Relativos a una Eficaz prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de la ONU, que prohíben esta clase de ejecuciones en cualquier circunstancia, incluso en situaciones de conflicto armado interno, las autoridades de Burundi tienen la obligación de impedir las ejecuciones extrajudiciales y de iniciar sin dilación una investigación exhaustiva e imparcial de todos los presuntos casos de este tipo. Según el principio 18 del citado tratado, las autoridades de Burundi también deben velar «por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción».

Detenciones y tortura

Se han llevado a cabo decenas de detenciones arbitrarias e ilegales de personas acusadas de colaborar con los grupos armados de oposición. Muchas de estas personas han sido víctimas de malos tratos y algunas han «desaparecido» o han sido ejecutadas extrajudicialmente bajo custodia o poco después de ser detenidas.(4) Numerosos testimonios indican que se ha hecho objeto especial de detenciones arbitrarias a los hutus ricos, acusándolos de respaldar a los grupos armados de oposición.

La tortura y los malos tratos a los detenidos son frecuentes en Burundi, especialmente bajo custodia policial y militar. Las personas que han sido acusadas de colaborar con los grupos armados de oposición corren especial peligro de sufrir tortura o de «desaparecer». Según la información de que dispone Amnistía Internacional, estas acusaciones suelen formularse de modo arbitrario. Cualquier persona que tenga un desacuerdo con las autoridades locales fácilmente puede acabar detenida.

Entre los casos que recientemente han llegado a conocimiento de Amnistía Internacional están los de Appolinaire Nsengiyuma, Salvatore Nsavyimanay Serge Bizimana. El 31 de agosto de 1998, los soldados, acompañados de civiles, los detuvieron en sus casas, ubicadas en los barrios de Kinama y Kamenge, en la capital, Bujumbura. Los acusaron de colaborar con los grupos armados de oposición. Serge Bizimana fue acusado de distribuir en la ciudad folletos del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia. Los tres fueron brutalmente maltratados en el cuartel militar del Tercer Batallón de Intervención en Kamenge. A Appolinaire Nsengiyuma y Salvatore Nsavyimana los hospitalizaron el 9 de septiembre o en torno a esa fecha como resultado de las torturas que les infligieron. A Serge Bizimana, que según informes fue golpeado brutalmente en la cabeza, lo trasladaron el 12 de septiembre a la Brigada Especial de Investigación (dependiente del Ministerio de Defensa), donde continuaba recluido sin cargos a fines de octubre de 1998.

Muchas personas, en muy diversas zonas, han manifestado que les da miedo dormir en casa, en muchos casos por temor a que las detengan por la noche. Un refugiado de 25 años, entrevistado en el campo de Lukole, Ngara, Tanzania, manifestó que había huido tras ser detenido varias veces en enero de 1998 en la zona donde residía, Mukenke, comuna de Bwambarangwe, provincia de Kirundo. Entre el 8 y el 12 de enero, los soldados detuvieron aproximadamente a 25 jóvenes que habían sido denunciados por tener vínculos con los grupos armados de oposición. Este refugiado, como muchos otros entrevistados por Amnistía Internacional, huyó por temor a que, a causa de su origen étnico, lo acusaran de apoyar a los grupos armados de oposición dominados por los hutus, y lo detuvieran.

Amnistía Internacional también ha recibido informes según los cuales a algunos ciudadanos burundeses han sido forzados a trabajar en el bosque junto a la frontera con Tanzania. Por ejemplo, en marzo de 1998, los delegados que la organización había enviado a Tanzania recibieron información sobre dos ciudadanos burundeses que, en su huida a Tanzania, habían sido capturados por soldados de su país en la zona fronteriza, y conducidos a un puesto militar en Kavumwaye donde, según su testimonio, los obligaron a cortar leña y a ralizar otros trabajos para los soldados. Posteriormente lograron escapar y continuaron hasta Tanzania. Estas dos personas afirmaron que en el puesto militar había un número indeterminado de personas recluidas. Amnistía Internacional desconoce la suerte que hayan podido correr.

Burundi se ha comprometido a prohibir la tortura de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantesy la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La Convención contra la Tortura, por ejemplo, obliga a las autoridades de Burundi a tomar «medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura», a iniciar sin dilación una investigación imparcial sobre todas las denuncias de tortura y a procesar a los responsables de tortura. Sin embargo, las autoridades de Burundi no están cumpliendo sus obligaciones internacionales a este respecto.

Violación

Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes sobre violaciones de mujeres y ni½as cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. También se ha informado de que los grupos armados de oposición han llevado a cabo violaciones. Las víctimas de estas violaciones parecen elegidas al azar. Hasta la fecha no hay constancia de que ni el gobierno ni los dirigentes de los grupos armados de oposición hayan tomado medidas eficaces contra esta clase de abusos. Al parecer, la mayoría de los casos permanecen sin investigar.

Muchas de las violaciones cometidas por los soldados parecen haber tenido lugar en los campos de reagrupamiento (véase más adelante ) o en sus proximidades, o durante operaciones de contrainsurgencia. Según algunas fuentes, sólo en el mes de marzo de 1998, centenares de mujeres y ni½as, incluso menores de diez años, fueron violadas en los campos de reagrupamiento de Bubanza.

Se ha informado de que el 8 de marzo de 1998, tres mujeres jóvenes fueron violadas en el puesto militar de Musigati, Nyarysange, provincia de Bubanza. En mayo de 1998, tres soldados violaron a una joven de 20 años cuando se dirigía al mercado de Bubanza. En junio de 1998, un soldado violó a una muchacha de 15 años en Musigati, mientras otros tres soldados impedían que un testigo interviniera. Según informes, los soldados también le robaron a su víctima 7.000 francos burundeses. La familia denunció la violación y el robo al administrador de la comuna. El soldado devolvió el dinero pero no hay constancia de que se haya iniciado ninguna actuación judicial contra él. En julio de 1998, siete soldados violaron a una joven de 18 años en el campo de reagrupamiento de Mugongo. Murió una semana después, como consecuencia de las lesiones sufridas. No hay constancia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación.

La mañana del 7 de marzo de 1998, unos soldados de la collinede Gasi, en Bujumbura Rural, robaron, golpearon, violaron y mataron a dos mujeres de unos veinticinco años.

De conformidad con la Convención contra la Tortura, estas violaciones de mujeres y niñas que cometen las fuerzas de seguridad en los campos de reagrupamiento, constituyen tortura. El artículo 3 común de los Convenios de Ginebraprohíbe el trato cruel y la tortura y «los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes», por lo que las violaciones cometidas por los miembros de las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición en el contexto del conflicto armado constituyen, asimismo, una vulneración del derecho internacional humanitario.

Restricciones a la libertad de circulación: el reagrupamiento de la población

0 A partir de febrero de 1996, las fuerzas de seguridad procedieron a reagrupar a la población rural hutu de las zonas de conflicto y a realojarla en campos. A fines de 1996, se estima que aproximadamente medio millón de hutus habían sido reagrupados, aunque las cifras oficiales eran muy inferiores. Las personas que no abandonaban sus casas se arriesgaban a que las acusaran de pertener a los grupos armados de oposición, y las mataran; miles de hombres, mujeres y niños perdieron la vida en el curso de estas operaciones de reagrupamiento. Dado que toda persona que permaneciera en la zona pasaba a considerarse vinculada a los grupos armados de oposición, constituía por tanto un objetivo militar legítimo durante las operaciones de contrainsurgencia o los combates. También se han recibido informes sobre violaciones de derechos humanos dentro de los campos, como «desapariciones» y violaciones. Aunque, oficialmente, los «reagrupamientos» pretendían proteger, es evidente que se trató de una estrategia militar destinada a mantener un control más estrecho sobre la población hutu y a restar posibles apoyos a los grupos armados de oposición dominados por los hutus. Estas inquietudes se expusieron en el informe titulado Burundi: Reasentamiento forzado: nuevas pautas de abuso contra los derechos humanos,publicado por Amnistía Internacional en julio de 1997.

Si bien algunos campos de reagrupamiento ya han sido cerrados, a Amnistía Internacional le inquieta que sigan existiendo y generando informes de violaciones de derechos humanos; y que continúe el reasentamiento forzado de la población local en algunas zonas del país, proceso que también ha producido abusos Si la práctica del reagrupamiento parece haber surtido efecto como estrategia militar, las consecuencias para el país han sido devastadoras: no sólo ha causado la muerte de centenares de personas, sino la destrucción de casas, la quema de cosechas y una reducción drástica –cuando no total–, de las actividades agrícolas.

En algunas zonas septentrionales del país, en las que actualmente no hay conflicto armado, los campos se han cerrado y se ha permitido que la población regresara a sus hogares o se la ha trasladado a emplazamientos de menor extensión pero más próximos a sus casas. Sin embargo, en algunos casos, los campos se han cerrado en contra de la voluntad de la población, que ha sido obligada a regresar a sus casas en clima de inseguridad, poniendo en entredicho la afirmación del gobierno de que los campos habían sido creados para proteger a la población. En otras zonas, como las provincias de Bubanza, Bujumbura Rural, Bururi y Makamba, donde el conflicto armado continúa, buena parte de la población continúa desplazada, «reagrupada» o cerca de puestos militares. Se ha informado de que en mayo de 1998 el administrador de una comuna de la provincia de Bubanza admitió que se había reagrupado a unas ochenta mil personas de dos comunas para impedir que colaborasen con la rebelión. Algunos reagrupamientos recientes, como los efectuados en la provincia de Bujumbura Rural, han tendido a ser localizados y de corta duración.

Al menos en algunos casos, la población ha solicitado ser reagrupada por las fuerzas armadas para ser evacuada de la zona en conflicto y librarse de la violencia o el hostigamiento de los grupos armados de oposición. Sin embargo, según otros testimonios recibidos por Amnistía Internacional, algunos civiles afirman que se vieron obligados a trasladarse a los campos para evitar que las fuerzas armadas los mataran. También hay informes coincidentes procedentes de campos de reagrupamiento que mencionan casos de trabajos forzados, especialmente, de varones obligados a acompañar a soldados en operaciones militares para portar municiones o provisiones, o en algunos casos para participar activamente en la operación, por ejemplo marchando delante de los soldados a modo de escudos humanos. Los soldados también han cometido violaciones de mujeres en los campos, como se ha visto en el apartado anterior.

Las condiciones en los campos siguen siendo espantosas, con altos niveles de enfermedad y desnutrición. Según informes, miles de personas padecen grave desnutrición y en algunos casos se están muriendo literalmente de hambre debido a su confinamiento en estos campos. En mayo de 1998,el ministro de Comunicación, y portavoz del gobierno, desmintió en la radio ruandesa la información facilitada por las organizaciones humanitarias según la cual diez personas morían todos los días en los campos de reagrupamiento de las comunas de Bubanza y Musigati. El ministro acusó a algunas organizaciones no gubernamentales, sin nombrarlas, de presentar informes alarmantes para justificar su existencia. Varios de estos «reagrupados» entrevistados por organizaciones locales en la provincia de Bubanza dijeron que no se atrevían a sembrar sus cosechas porque temían que, si los encontraban en la zona evacuada, los soldados dispararían contra ellos como presuntos combatientes. Si bien algunas de estas personas consiguen pequeños trabajos que les permiten comprar alimentos, la mayoría, al parecer, padece grave desnutrición y otras enfermedades en potencia mortales, como tuberculosis y paludismo, que prevalencen en los campos. Muchos refugiados que han llegado recientemente a Tanzania procedentes del sur de Burundi padecen grave desnutrición. Algunas de estas personas han manifestado que su estado se debía a haber pasado semanas e incluso meses confinadas en malas condiciones y sin una alimentación adecuada en campos cercanos a los puestos militares.

Entre junio y agosto de 1998, el administrador y los militares de la comuna de Mutambo reagruparon a la población debido a la presencia de combatientes de grupos armados de la oposición en la zona. A mediados de julio se comunicó a la población que podía regresar a su casa, pero a comienzos de agosto volvió a ser reagrupada en tres campos. Las condiciones de estos campos siguen siendo deficientes, con pocos lugares donde cobijarse. El derecho de circulación está gravemente limitado, pues a estas personas no se les permite volver a sus casas durante el día si no es acompañadas de soldados, de forma que no pueden recolectar las cosechas. Amnistía Internacional ha recibido los nombres de 15 personas a las que, según informes, los soldados impusieron «multas» por intentar marcharse sin autorización.

El reasentamiento forzado vulnera varios tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Burundi, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 4 del citado Pacto sólo permite el desplazamiento forzado en situaciones de emergencia pública que suponga una amenaza para la existencia de la nación, es decir, que debe haber una amenaza excepcional y debe declararse el estado de excepción. El gobierno de Burundi no ha declarado el estado de excepción. En cualquier caso, los principios fundamentales sobre derechos humanos deben respetarse incluso en casos de emergencia nacional. Los homicidios cometidos durante los reagrupamientos y los casos de malos tratos y violaciones vulneran los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificada por Burundi en agosto de 1989, las autoridades deben proteger los derechos consagrados en dicho tratado, como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a la libertad de circulación y residencia dentro de las fronteras de un Estado. El artículo 17 del Segundo Protocoloa los Convenios de Ginebraprohíbe el desplazamiento forzado de la población civil para lograr controlar más eficazmente a un grupo étnico.

IV HOMICIDIOS Y OTROS ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN

Desde diciembre de 1997, los grupos armados de oposición han sido responsables de la muerte de decenas de civiles desarmados. Sólo en octubre, se informa, estos grupos mataron al menos a cincuenta personas durante un ataque contra un campo de desplazados en Bubanza y en otro ataque cerca de Bujumbura. Tanto el gobierno como fuentes locales atribuyeron los dos ataques a las FNL. En muchos casos, la muerte de civiles desarmados a manos de los grupos armados de oposición parecen ser actos de represalia o de castigo contra presuntos colaboradores o posibles informantes del gobierno. Las víctimas han sido tanto civiles tutsis como hutus. Según informes, los grupos armados de oposición también han llevado a cabo reclutamientos forzados, incluso de niños, violaciones, toma de rehenes y otros actos delictivos como saqueos y extorsión.

Los abusos contra los derechos humanos cometidos por los miembros de los grupos armados de oposición contra las personas que no intervienen activamente en el conflicto son una violación del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, que prohíbe el homicidio, el trato cruel y la tortura y la toma de rehenes de los no combatientes. Las disposiciones el artículo 3 común también son aplicables a «los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas fuera de combate por enfermedad, herida o por cualquier otra causa». Por consiguiente, está prohibido matar a miembros de las fuerzas de seguridad que hayan sido capturados y hechos prisioneros.

En algunos casos, especialmente cuando se trata de saqueos, no está claro si los responsables son miembros de los grupos armados de oposición o simplemente bandas de delincuentes. En ocasiones, tampoco está claro cuál de los grupos armados de oposición que combaten en Burundi es responsable de un ataque concreto o de un abuso contra los derechos humanos. Se han recibido informes coincidentes de que los diferentes grupos armados de oposición colaboran entre sí sobre el terreno, y también con las ex Fuerzas Armadas Ruandesas (las fuerzas del anterior gobierno ruandés), y la milicia Interahamwe. Aunque el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia ha negado públicamente que coopere con el Partido por la Liberación del Pueblo Hutu y con otros grupos armados de oposición, es evidente que, al menos en algunos casos, se llevan a cabo operaciones conjuntas. El Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia ha negado tajantemente que colabore con miembros de las anteriores Fuerzas Armadas Ruandesas y de la milicia Interahamwe. Sin embargo, la Comisión de Investigación sobre transferencias de armas a las anteriores fuerzas gubernamentales ruandesas, creada por la ONU, ha afirmado que tiene documentación que demuestra la colaboración entre las ex Fuerzas Armadas Ruandesas y el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia(5). Un alto cargo del Partido por la Liberación del Pueblo Hutu manifestó a representantes de Amnistía Internacional que miembros de las ex Fuerzas Armadas Ruandesas y de la milicia Interahamwehabían intervenido en operaciones de su partido pero que se negó a reconocer ninguna alianza oficial.

Es poco habitual que el ejército o los grupos armados de oposición reconozcan su responsabilidad en casos concretos de abusos contra los derechos humanos. En la mayoría de los casos, se acusan mutuamente de ser responsables de los homicidios y otros abusos contra estos derechos.

El 1 de enero de 1998, un ataque, dirigido por las Fuerzas para la Defensa de la Democracia, contra un campamento militar de Gakumba, próximo al aeropuerto de Bujumbura, fue seguido de una matanza de civiles. Tanto el ejército como los grupos armados de oposición negaron su responsabilidad en la matanza. El gobierno de Burundi y otras fuentes del país la atribuyeron a las Fuerzas para la Defensa de la Democracia. Sin embargo, los informes procedentes de varias fuentes recibidos por Amnistía Internacional, indican que la matanza de civiles fue obra tanto de las fuerzas gubernamentales como de grupos armados de oposición. Tras el ataque contra el campamento militar de Gakumba, los grupos armados de oposición mataron a varios civiles. Pero, después de este ataque, que se cobró la vida de un número indeterminado de soldados, miembros de las fuerzas armadas cometieron homicidios deliberados como represalia. Los soldados también cometieron homicidios psoteriormente, durante una operación de contrainsurgencia contra miembros de las Fuerzas para la Defensa de la Democracia.

Según informes, las Fuerzas para la Defensa de la Democracia mataron a 42 civiles, entre los que había por lo menos ocho niños y cinco mujeres, cuando abandonaban el campo militar de Gakumba en la zona de Rukaramu. Los informes citan entre las víctimas a Pascal Ntibanyiha, otro hombre no identificado, Karikumutima, Ndirkuriyoy su esposa, otra mujer no identificada, Madame Ngendakumanay su hijo. Según algunas fuentes locales independientes que investigaron la matanza, el motivo parece que fue impedir que la población pudiera avisar a un puesto militar cercano sobre la presencia de insurgentes mientras éstos se retiraban.

En torno a las 11 de la mañana llegaron refuerzos militares, se produjeron nuevos combates y los insurgentes se retiraron y cruzaron a la zona de Mpanda en la comuna de Gihanga, provincia de Bubanza y a la comuna de Mutimbuzi, en la provincia de Bujumbura Rural. Mientras volvían a sus bases, los soldados, como represalia, mataron a las personas que se habían quedado o que habían regresado a sus casas en Kigwati, entre ellas una mujer llamada Evangeline, que había residido en Ruanda. Los soldados dijeron que los combatientes hablabankinyarwanda, la lengua nacional de Ruanda; según informes, los soldados la mataron a tiros, tras acusarla de haber cocinado para los insurgentes. También dieron muerte a Dieudonné Nduwimana, acusándolo de haberse adiestrado con los combatientes, y a un hombre llamado Kibwa,al que mataron a tiros cuando huía. Después, los soldados que, al parecer estaban bebiendo cerveza, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra las casas, porque afirmaban que había «rebeldes» escondidos en ellas. Se ha informado de que a un hombre llamado Kapalo ataron a un árbol y después le dispararon por realizar un comentario sarcástico sobre la incompetencia de los soldados. También se afirma que los soldados mataron con bayonetas a ochos hombres que huían hacia la comuna de Mubone.

El acceso a la zona donde se produjeron las matanzas estuvo prohibido durante algunos días impidiendo que las organizaciones humanitarias y otras investigaran las muertes y, posiblemente, permiendo la eliminación de pruebas.

Los campos para personas desplazadas, que son predominantemente tutsis, siguen siendo vulnerables a los ataques de los grupos armados de oposición. La noche del 12 al 13 de agosto de 1998, un grupo armado de oposición atacó el campo para desplazados de Nabubu en la provincia de Bubanza. Al parecer, el ataque se llevó a cabo para conseguir provisiones. Mataron a cinco civiles, cuatro de los cuales iban desarmados. Según informes, los combatientes atacaron el campo en torno a la medianoche y mataron a una persona que vivía en los alrededores y a otras dos personas del campo, de las que no había constancia que estuvieran armadas. Unas 43 casas fueron quemadas y otras saqueadas. Tras el ataque al campo, los combatientes bajaron a la ciudad de Bubanza y saquearon las tiendas del mercado y de sus alrededores, matando a dos civiles que se cree no estaban armados. Se ha informado de que muchos habitantes de la localidad estaban armados. Al menos un hombre fue herido con arma de fuego tras disparar contra los combatientes para impedirles que saquearan su propiedad. Pese a la proximidad de un campo militar y a las dos horas que duró el ataque, los informes indican que no acudió ningún soldado.

Se ha informado de que grupos armados de oposición han maltratado y matado a civiles si sospechan o los acusan de colaborar con las fuerzas de seguridad, o si no cooperan con algún grupo concreto. Según informes, el 28 de enero de 1998, combatientes de las Fuerzas para la Defensa de la Democracia mataron a cinco personas durante un ataque llevado a cabo en la zona de Kizuka, comuna Rumonge, provincia de Bururi, porque se habían negado a entregar dinero a los combatientes. En julio de 1998, miembros de las FNL mataron a dos jefes de zona de las comunas de Mutambu y Mubone, provincia de Bujumbura Rural. Los informes recibidos indican que se actuó contra las víctimas por su presunta colaboración con las fuerzas armadas.

Las Fuerzas para la Defensa de la Democracia y otros grupos armados de oposición también mutilan a sus víctimas. Por ejemplo, se ha informado de que en abril de 1998, en la provincia de Bujumbura Rural le amputaron las orejas al menos a veinte personas, al parecer con el fin de intimidar a posibles informantes del ejército. A fines de julio, durante los combates registrados en Kayanza, que forzaron aproximadamente a trece mil personas a abandonar sus casas, se ha informado de que, además de matar a por lo menos seis personas, le amputaron la nariz y las orejas a otras.

En algunas zonas del país hay constancia de que el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia ha creado «ribunales populares» para juzgar a los civiles. En algunos casos, la labor de estos tribunales no ha sido otra cosa que linchamientos. Según informes, el 19 de noviembre de 1997, ocho personas fueron ejecutadas sumariamente en Kirekura, comuna de Mutimbuzi, Bujumbura Rural, tras ser acusadas de haber pasado información a las autoridades militares o gubernamentales locales. Amnistía Internacional también ve con preocupación que los «tribunales populares» hayan condenado a muerte y ejecutado sumariamente a soldados capturados.

El Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia, el Partido por la Liberación del Pueblo Hutu y el Frente por la Liberación Nacional tienen estructuras de mando militar y administrativa bien definidas. Amnistía Internacional ha preguntado en varias ocasiones a los representantes de estos grupos si se ocupan –y de qué forma– de los abusos contra los derechos humanos cometidos por miembros de sus facciones armadas o simpatizantes. Aunque los representantes que han contestado han afirmado que se investiga y castiga a los responsables de cometer abusos contra los derechos humanos, no han facilitado datos concretos.

V REFUGIADOS

Décadas de violencia y de graves violaciones de derechos humanos han provocado desplazamientos de población en gran escala. A los aproximadamente seiscientos mil desplazados que, según informes, hay en el país, deben añadirse más de trescientos mil refugiados burundeses en países vecinos de la región de los Grandes Lagos.

En los últimos años, los principios de protección al refugiado se han visto gravemente socavados en la región de los Grandes Lagos y muchas otras partes. Los casos más elocuentes son posiblemente la devolución forzada (refoulement) masiva de centenares de miles de refugiados burundeses de la República Democrática del Congo y de Tanzania y la expulsión de miles de refugiados ruandeses de la República Democrática del Congo a fines de 1996. Muchos de estos refugiados temen que el país de asilo no garantice su protección y los devuelva a Burundi(6). En los últimos años miles han sido devueltos por países vecinos como Tanzania, Ruanda, Kenia y la República Democrática del Congo los cuales, en los últimos doce meses, han devuelto por la fuerza a refugiados burundeses, los han amenazado con expulsarlos, o coaccionado para que regresaran, a pesar de que muchos de ellos posiblemente corrían grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos a su regreso.

El gobierno de Burundi también ha intervenido en operaciones militares para repatriar por la fuerza a refugiados burundeses de la República Democrática del Congo y en octubre de 1998 repatrió asimismo a cinco refugiados congoleses. Los cinco habían sido detenidos el 21 de octubre por miembros de las fuerzas de seguridad y fueron repatriados tres días más tarde. Todos estaban estrechamente relacionados con un ex gobernador de Kivu del Sur, en el este de la República Democrática del Congo, que había huido recientemente del país. Fueron devueltos a la República Democrática del Congo y conducidos a Bukavu para someterlos a interrogatorio. Su situación y paradero actual están sin confirmar.

El regreso al propio país - el papel del ACNUR

Todo refugiado tiene derecho a elegir regresar a su país, sean cuales sean los peligros que pueda afrontar, y miles de refugiados burundeses han optado por hacerlo. El gobierno de Burundi ha realizado reiterados llamamientos a los refugiados burundeses para que regresen, afirmando que pueden hacerlo en condiciones de seguridad. Según algunas fuentes, en 1997 unos cincuenta y seis mil burundeses refugiados en Tanzania regresaron a su país de forma espontánea. Se recibieron numerosos informes de malos tratos, incluiso violaciones, infligidos por las fuerzas de seguridad de Tanzania a los refugiados que se dirigían a la frontera. A fines de 1997, ante estas denuncias de violaciones de derechos humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) manifestó que facilitaría, pero no promovería, el regreso voluntario de los refugiados burundeses con tres condiciones:

- que no hubiera habido ningún incidente «importante» relacionado con la seguridad en la provincia de Burundi a la que los refugiados fueran a regresar, y la provincia pudiera considerarse «relativamente segura»;

- que no hubiera política de reagrupamiento en la provincia;

- que el ACNUR tuviera acceso a las zonas donde fueran a regresar los refugiados.

Amnistía Internacional reconoce que la ayuda prestada por el ACNUR a los refugiados que regresaban a su país posiblemente haya evitado que se cometieran abusos contra ellos, que en Tanzania son vulnerables fuera de sus campos y que posiblemente habían perdido sus casas en Burundi. Con todo, el hecho de facilitar la repatriación de los refugiados que optan por volver a su país independientemente del peligro que puedan correr, no puede convertirse en un paso más hacia la promoción del regreso voluntario.

Campo de tránsito de Gatumba, provincia de Bujumbura Rural.

Amnistía Internacional considera que no debe promoverse el regreso salvo que se produzca un cambio importante y duradero en la situación que provocó la huida. Amnistía Internacional teme que si las tres condiciones anterioresse convierten en los requisitos que van a aplicarse en cualquier acuerdo futuro de repatriación, el principio de regreso voluntario va a verse socavado. En abril de 1998 se firmó un acuerdo de repatriación voluntaria entre la República Democrática del Congo, Burundi y el ACNUR y también en 1998 se celebraron varias reuniones tripartitas entre Tanzania, Burundi y el ACNUR sobre el tema de la repatriación.

La limitada presencia del ACNUR en Burundi implica que a esta organización le resulta imposible desde el punto de vista organizativo llevar a cabo una vigilancia continuada sobre la reintegración de los refugiados que han regresado. Éstos parecen, en algunos casos, no desear que se conozca su condición por temor a que les ocasione problemas. Además, como no se han abordado las causas fundamentales de la mayoría de los abusos contra los derechos humanos y del conflicto interno en Burundi, la situación en cuestiones de seguridad dentro del país sigue siendo inestable. El concepto de una zona «relativamente segura» parece, por consiguiente, más políticamente conveniente que de verdaderamente útil utilidad. El gobierno de Burundi ha acusado repetidas veces a los grupos armados de oposición de actuar desde bases situadas en Tanzania. Algunos refugiados manifestaron a Amnistía Internacional que les daba miedo que por el simple hecho de haber estado en Tanzania se pudiera sospechar que tuvieran vínculos con los grupos armados de oposición. Al parecer, estos temores han aumentado, a juzgar por los informes que indican que algunos refugiados que habían regresado a Burundi volvieron a huir a Tanzania al poco tiempo porque los trataban con recelo.

Varias fuentes, en Burundi, confirman que existe cierta desconfianza hacia las personas que han regresado aunque esto no se traduce necesariamente en abusos contra los derechos humanos. Algunas fuentes revelaron que al principio a las personas que habían regresado se las vigilaba estrechamente pero en la inmensa mayoría de los casos parece que posteriormente fueron aceptadas.

Refugiados burundeses en la República de Tanzania

En noviembre de 1998, había aproximadamente doscientos sesenta mil refugiados burundeses en Tanzania en campos cercanos a la frontera con su país. A lo largo del año, han seguido llegando refugiados a la región tanzana de Kigoma –principalmente huyendo de las provincias meridionales de Makamba y Burur, y también de las provincias septentrionales de Kirundo y Ngozi.

En la mayoría de los casos, los refugiados procedentes del sur parecían huir como consecuencia directa bien del conflicto armado actual y de la inseguridad general, o de las matanzas cometidas por las fuerzas de seguridad. La mayoría de los refugiados que llegaban procedentes de las provincias septentrionales de Kirundo y Ngozi declararon que huían a causa de la intimidación y del acoso de los miembros de las fuerzas de seguridad, tras haberse producido detenciones arbitrarias y posibles «desapariciones» en las zonas donde vivían.

Durante el mes de agosto de 1998 se contabilizó la llegada a Kigoma de unos cien refugiados al día procedentes de la provincia de Makamba. Muchos se encontraban en un estado precario de salud y gravemente desnutridos. Afirmaban que habían sido expulsados de sus pueblos por soldados y que habían huido por temor a que los mataran. Al principio no habían podido cruzar la frontera a causa de los numerosos campos de minas y habían permanecido escondidos en el bosque. Un empleado de una organización humanitaria en Tanzania declaró que parecía como si hubiesen huido pueblos enteros. Muchas de las personas que habían llegado, incluidos niños y mujeres, tenían heridas causadas por minas o por armas de fuego.

El camino de Kibundo a Ngara, Tanzania, marzo de 1998.

El gobierno de Burundi ha manifestado repetidas veces que los campos de refugiados en el noroeste de Tanzania constituyen una amenaza para la seguridad de Burundi y que entre sus habitantes también hay miembros de grupos armados de oposición. Los campos están próximos a la frontera. El gobierno de Burundi también ha acusado al de Tanzania de dar refugio y adiestramiento en su territorio a los grupos armados de oposición, acusación que el gobierno de Tanzania ha desmentido enérgicamente. Aunque al principio rechazó las denuncias de que hubiera presencia de grupos armados de oposición burundeses en los campos o sus alrededores, desde fines de 1997 el gobierno de Tanzania ha tomado varias medidas para investigar estas denuncias y la naturaleza civil de los campos. Varios refugiados y otros ciudadanos de Burundi han sido detenidos y se ha expulsado al menos a cuarenta personas de los campos; 15 de ellas han sido acusadas y juzgadas de acuerdo con la legislación tanzana por actividades subversivas. En octubre de 1998, 11 de las 15 fueron declaradas culpables de adiestramiento ilegal y condenadas a cuatro años de cárcel. A otras tres, el juez las consideró menores y las condenó a seis golpes de vara antes de ponerlas en libertad. Amnistía Internacional considera este castigo una forma de tortura y de trato cruel, inhumano o degradante prohibido por el derecho internacional. A todas las habían detenido mientras realizaban ejercicios físicos y las habían acusado de adiestramiento militar ilegal. Según informes, el grupo se estaba preparando para regresar a Burundi con el fin de recibir un adiestramiento completo del Frente por la Liberación Nacional. No tuvieron abogados defensores durante el juicio. La escasa presencia policial en los campos se ha reforzado con 400 agentes de policía tanzanos, que han recibido entrenamiento adicional del ACNUR, a cuyo cargo está el ayudar a mantener la ley y el orden en los campos y vigilar sus actividades para garantizar que continúan siendo civiles.

Campo de refugiados de Lukole, en Ngara, Tanzania. Actualmente hay más de cien mil refugiados burundeses en Lukole.

Amnistía Internacional hace hincapié en la naturaleza civil que debn tener los campos de refugiados y reitera que es responsabilidad de los Estados expulsar a los elementos armados que haya en ellos. Sin embargo, cualquier medida que se tome en este sentido debe hacerse respetando plenamente los compromisos contraídos por el Estado en materia de derechos humanos y en ningún caso debe traducirse en violación de los derechos del refugiado.

A fines de 1997 y comienzos de 1998, las autoridades de Tanzania obligaron a centenares de ciudadanos de Burundi que no vivían en los campos para refugiados a trasladarse a ellos. Estas denominadas«operaciones de agrupación» desarraigaron a familias que, en muchos casos, llevaban viviendo en Tanzania desde 1972 y que ya estaban integradas en las comunidades locales. En septiembre de 1997 se detuvo al menos a cuatro mil personas en los alrededores de Kigoma. También se detuvo a unos mil refugiados, en su mayoría burundeses, en Ngara. Durante estas operaciones algunos de los refugiados sufrieron malos tratos.

Una mujer burundesa de 23 años, que había nacido en Tanzania y que nunca había vivido en Burundi, contó a Amnistía Internacional que la detuvieron en la localidad de Kibundo, donde vivía con su esposo y sus dos hijos. Según su testimonio, el anuncio de que los burundeses debían ir a los campos se hizo en noviembre de 1997. Pero no se explicó el motivo. Algunas autoridades locales, conocidas comodirigentes Nyumba Kumi(7), pidieron dinero a cambio de protegerlos y de impedir que fueran enviados a los campos. La mujer y su familia no pagaron los diez mil chelines tanzanos exigidos por su dirigente Nyumba Kumiy los obligaron a entrar en el campo en enero de 1998. Otra refugiada burundesa entrevistada en el campo de Mtendeli llevaba viviendo en el pueblo de Katanga desde que huyó de su país en octubre de 1993. Según su testimonio, los soldados golpearon a los que se negaban a ir al campo y ni siquiera les permitieron recolectar la cosecha antes de irse.

Era como convertirse en refugiado por segunda vez. Salimos corriendo de nuestras casas dejando atrás nuestras cosas a causa del pánico.

La presencia de un gran número de refugiados continúa creado tensión en las comunidades locales. La seguridad, la economía y el medio ambiente de Tanzania se han visto afectados. El hecho de que los refugiados y no la población local –que en buen número práctica la agricultura de subsistencia–, se beneficien de la ayuda de la comunidad internacional, es motivo de resentimiento. Especialmente en Ngara, en la región de Kagera, se responsabiliza del bandidaje a los refugiados ruandeses y burundeses. Los vehículos pesados empleados por el ACNUR y otras organizaciones humanitarias para proporcionar alimentos y otras ayudas a los campos de refugiados han aumentado el deterioro de unas carreteras que ya habían sufrido daños por las fuertes lluvias.

Al tratar de encontrar una solución al problema de la protección a largo plazo de un gran número de refugiados, debe considerarse no sólo el modo en que otros países pueden compartir la carga que para Tanzania representan los refugiados(8), sino la forma en que las comunidades locales, y si fuera preciso las infraestructuras del Estado, pueden beneficiarse o recibir ayuda. El no prestar suficiente apoyo económico puede traducirse en mayor presión sobre las autoridades para que devuelvan a los refugiados a pesar de la grave situación que sufren los derechos humanos en Burundi. También hay que procurar alejar los campos de la frontera, de esta forma se cumplirán las normas internacionales para la protección de los refugiados y se evitarán motivos de crítica. Esto también requerirá un firme compromiso económico.

Refugiados burundeses en la República Democrática del Congo

Desde agosto de 1998, centenares de refugiados burundeses han regresado a su país procedentes del este de la República Democrática del Congo, huyendo del conflicto armado que se libra en esa zona. Centenares más han sido devueltos a lo largo del año.

Al menos doscientos refugiados burundeses y ciento cuarenta ruandeses fueron expulsados de la República Democrática del Congo a comienzos de abril de 1998. Se ha informado de que la mayoría de los refugiados burundeses habían llegado recientemente, desde comienzos de 1998, huyendo de las provincias fronterizas burundesas de Bubanza, Cibitoke y Bujumbura Rural. La operación de devolución fue realizada por soldados de las Fuerzas Armadas Congolesas de la República Democrática del Congo, que requisaron camiones de las organizaciones humanitarias para transportar a los refugiados a la frontera. Unos cuarenta refugiados ruandeses y cuatro ciudadanos congoleses que fueron incluidos en la expulsión a Burundi han sido devueltos posteriormente a la República Democrática del Congo.

En noviembre de 1997 unos dos mil refugiados burundeses y ruandeses fueron expulsados y enviados a Burundi y al menos 745 ruandeses refugiados en la provincia de Kivudel Sur, en el este de la República Democrática del Congo, fueron devueltos a Ruanda. Pareció tratarse de una operación militar conjunta de los tres países.

En mayo de 1998, los gobiernos de Burundi y la República Democrática del Congo y el ACNUR firmaron un acuerdo tripartito de repatriación voluntaria. Ambos gobiernos alegaron que las cuestiones de seguridad eran primordiales porque entre los refugiados había muchos combatientes. Hasta la fecha, la mayoría de las personas que han regresado, incluidas las expulsadas durante las operaciones conjuntas, han sido mujeres y niños. En 1996, según informes, las Fuerzas para la Defensa de la Democracia tenían bases en la zona oriental de la República Democrática del Congo y recibía el apoyo de las autoridades zaireñas de entonces. Tras el conflicto de 1996 y la llegada al poder del presidente Laurent-Désiré Kabila, los refugiados fueron expulsados y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia perdieron sus bases. El grado de presencia de los grupos armados de oposición burundeses en la República Democrática del Congo no está claro.

El «regreso voluntario» de burundeses refugiados en Ruanda

Au Rwanda c'est la guerre, au Burundi c'est la guerre. Si on meurt au moins ça sera au Burundi.

Hay guerra en Ruanda. Hay guerra en Burundi. Si morimos, por lo menos lo haremos en Burundi.

La mayoría de los refugiados burundeses en Ruanda ya han regresado con la ayuda del ACNUR. Quedan unos quinientos.

En abril de 1998, los delegados de Amnistía Internacional entrevistaron en el campo de tránsito de Gatumba, provincia de Bujumbura Rural, a ciudadanos burundeses que habían regresado de Ruanda. Todos habían decidido regresar a Burundi con la ayuda del ACNUR. La mayoría de ellos no parecían haber sido debidamente informados sobre la situación de los derechos humanos en Burundi antes de su regreso, cuando proporcionar información exacta y actualizada sobre la situación existente en el país al que el refugiado va a regresar es una parte fundamental de cualquier acuerdo de repatriación voluntaria. De estas entrevistas con las personas que habían regresado y de otras investigaciones realizadas por la organización a lo largo de los tres últimos años se desprende que, en muchos casos, eran las circunstancias desfavorables en el país de acogida, como Ruanda, lo que había forzado a los refugiados a regresar a su país. Entre estas circunstancias pueden citarse los malos tratos infligidos por los miembros de las fuerzas de seguridad ruandesas en los campos, la presión y la intimidación ejercidas por las autoridades de Burundi y Ruanda, las duras condiciones que padecían en los campos y las restricciones a la libertad de circulación.

Según el testimonio de los que han regresado, las condiciones en los campos ruandeses empujan a las personas a regresar: los refugiados están confinados en los campos y en sus zonas circundantes, sin acceso a escuelas ni cuidados médicos adecuados; no pueden recibir visitas y suelen ser maltratados por los soldados ruandeses. Según informes, si se los descubre en poder de alimentos que no sean los del racionamiento, los golpean. Una mujer, cuya identidad Amnistía Internacional conoce, fue golpeada en enero de 1998 por poseer patatas. Otro hombre decidió volver a Burundi después de que unos soldados lo encontraron vendiendo cerveza de plátano, lo golpearon e impidieron que recibiera tratamiento médico. Un refugiado que había salido de Burundi en 1972 con su familia cuando tenía un año, manifestó a Amnistía Internacional que había decidido volver a Burundi debido a la forma en que los soldados ruandeses maltrataban y amenazaban a los refugiados en los campos.

Se han ejercido otras formas de presión sobre los refugiados. A comienzos de 1997, una delegación burundesa y ruandesa visitó los campos para alentar a los refugiados a regresar. En agosto de 1997, se produjo la primera repatriación. Las autoridades locales ruandesas dijeron a los refugiados que los que no quisieran volver serían considerados participantes en las matanzas de 1993.

VI CONCLUSIÓN

La reiteración de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales en el contexto de las operaciones de contrainsurgencia indica que, en términos generales, se considera sospechosa a la población hutu, la mayoría étnica del país, por lo que las fuerzas de seguridad de Burundi actúan de forma deliberada y arbitraria contra ella. Como resultado de este recelo, la población civil hutu ha sufrido violaciones generalizadas de derechos humanos, de las que no se han librado ni siquiera los grupos más vulnerables que no intervienen en las hostilidades. Estas violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, restricciones a la libertad de circulación, desplazamientos forzados, uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, «desapariciones», detenciones arbitrarias, reclusiones ilegales y torturas. Por su parte, los grupos armados de oposición también han cometido asimismo un importante número de abusos contra los derechos humanos de civiles desarmados.

Muchos de los abusos que se cometen actualmente en Burundi están relacionados de algún modo con el conflicto armado que se libra en el país. Cualquier acuerdo debe buscar expresamente formas de proteger los derechos humanos que incluyan aspectos tan cruciales como las reformas indispensables que requieren el ejército y del poder judicial. Sin ello, no se pondrá fin a la crisis de derechos humanos.

Asimismo, es imprescindible que la comunidad internacional, a través de las organizaciones intergubernamentales y de otras iniciativas técnicas y diplomáticas, continúe buscando soluciones a la crisis que salvaguarden los derechos humanos. La comunidad internacional también debe ayudar a documentar y condenar públicamente los abusos que se producen, independientemente de la identidad de los responsables, y ayudar al gobierno de Burundi a llevar ante los tribunales a los responsables de estos abusos contra los derechos humanos. Pues la crisis de derechos humanos continuará si los responsables de estas violaciones y de otros delitos no son llevados ante la justicia.

Los principios de repatriación voluntaria deben respetarse en todo momento. La comunidad internacional también debe colaborar con el gobierno en las reformas esenciales que requieren las fuerzas de seguridad y el poder judicial.

VII RECOMENDACIONES

El homicidio deliberado de civiles desarmados que no participan activamente en el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de oposición constituye una grave violación de los principios fundamentales del derecho humanitario, según estable el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a todas las partes en conflicto para que respeten estos principios. Tanto las autoridades militares y gubernamentales como los dirigentes de los grupos armados de oposición deben procurar por todos los medios que no se permitan en ninguna circunstancia los homicidios indiscriminados y otros abusos contra los derechos humanos. Es indispensable que los responsables de violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia, de conformidad con las normas internacionales de justicia procesal.

Al gobierno de Burundi

! cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Carta Africana, el derecho internacional humanitario, incluido el artículo 3 común de los Convenios de Ginebray el Segundo Protocolo a los Convenios, y los requisitos de otras normas internacionales de derechos humanos;

! cursar órdenes estrictas para que no se cometan nuevas matanzas de civiles desarmados ni se lleven a cabo ataques indiscriminados o desproporcionados;

! condenar pública y oficialmente, al más alto nivel, las ejecuciones extrajudiciales siempre que se produzcan;

! garantizar una estricta cadena de mando en las fuerzas armadas y garantizar que se hace respetar el principio de rendición de cuentas;

! investigar exhaustiva e independientemente las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, hacer públicos los resultados de las investigaciones y garantizar que las personas responsables de ordenar o llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales son suspendidas de servicio yllevadas ante la justicia. Amnistía Internacional considera positivo que se haya juzgado a un reducido número de agentes de las fuerzas de seguridad por su participación en violaciones de derechos humanos, pero ve con inquietud que estos casos sean la excepción en lugar de la norma y que la mayoría de las denuncias y violaciones continúen sin ser investigadas;

! iniciar sin dilación investigaciones exhaustivas de las denuncias de desaparición forzada e informar a las familias de los «desaparecidos» sobre los avances y resultados de dichas investigaciones;

! permitir a las organizaciones nacionales e internacionales el acceso a todos los centros de detención civiles y militares. Las autoridades deben mantener registros sistemáticos del paradero de los detenidos, incluida su transferencia de un centro de detención a otro, para permitir verificar su paradero;

! garantizar que no se recluye a ningún detenido en un centro de detención ilegal, y llevar ante los tribunales a cualquier persona que ordene o permita esta clase de reclusión;

! tomar medidas inmediatas para investigar y terminar con la práctica generalizada de los malos tratos y torturas bajo custodia, y llevar ante los tribunales a los responsables;

! garantizar que las personas desplazadas recluidas en campos, ya sean de reagrupamiento o para desplazados, no sufren restricciones ilegítimas a su derecho a la libertad de circulación y son tratados con humanidad y con respeto. También se las debe proteger frente a las violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, «desapariciones», malos tratos o tortura y ejecuciones extrajudiciales;

! dejar claro a las fuerzas de seguridad que la violación y los abusos sexuales son formas de tortura que vulneran las normas internacionales de derechos humanos y humanitarias, y que no serán tolerados;

! garantizar que la protección de los derechos humanos, incluido el compromiso de respetar las normas internacionales de derechos humanos y humanitarias, forma parte intrínseca de cualquier acuerdo que se logre en Burundi.

A los dirigentes de los grupos armados de oposición

! advertir a todos los combatientes que deben respetar el derecho internacional humanitario, en particular el artículo 3 común de los Convenios de Ginebrade 1949, que prohíbe expresamente a todas las partes de un conflicto actuar contra personas que no participan activamente en las hostilidades, especialmente llevar a cabo actos de violencia, malos tratos o mutilación y tortura, incluida la violación, así como toma de rehenes;

! aplicar medidas específicas que se atengan a las normas internacionales de derechos humanos y humanitarias para impedir abusos contra los derechos humanos, tales como:

- garantizar que todas las fuerzas bajo su control reciben formación en los principios básicos del derecho humanitario, y órdenes de respetarlos en todo momento;

- investigar las denuncias de abusos para establecer la responsabilidad de estos actos y garantizar que a los responsables se los aparta de cualquier cargo que los ponga en contacto con civiles y con personas fuera de combate que corran peligro de sufrir abusos;

! dar órdenes, de forma pública y tajante, de que no se reclute a niños, y de que se excluya de las filas a cualquier niño que ya haya sido reclutado;

! dejar claro a los grupos armados de oposición que no se tolerarán los ataques contra civiles desarmados;

! garantizar que la protección de los derechos humanos, incluido el compromiso de respetar las normas de derechos humanos y humanitarias, forman parte fundamental de cualquier acuerdo que se alcance en Burundi.

A la comunidad internacional

! condenar públicamente todos los abusos contra los derechos humanos que se hayan cometido y que se estén cometiendo en Burundi, independientemente de que los cometan las fuerzas de seguridad o los grupos armados de oposición;

! solicitar al gobierno de Burundi que proporcione información actualizada y periódica sobre las medidas tomadas para impedir las violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, y datos sobre las investigaciones y los procedimientos judiciales iniciados contra los responsables;

! fortalecer y apoyar el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Burundi, para que pueda vigilar e informar eficazmente sobre la situación de los derechos humanos en el país, para lo cual deberá aumentarse notablemente el número de observadores de derechos humanos;

! mantener la presión sobre las autoridades de Burundi para que investiguen las denuncias de violaciones de derechos humanos y lleven ante los tribunales a los responsables;

! alentar y ayudar al gobierno de Burundi a llevar a cabo las reformas indispensables de las fuerzas de seguridad y del poder judicial;

! impedir el suministro de armas ligeras y de otro tipo de material militar, de seguridad o policial al gobierno de Burundi y a los grupos armados de oposición implicados en la guerra, cuando sea razonable suponer que serían utilizados por las partes del conflicto para cometer abusos contra los derechos humanos;

! respaldar el trabajo de la Comisión de Investigación sobre transferencias de armas a las ex Fuerzas Armadas de Ruanda, creada por la ONU, e instar al Consejo de Seguridad de la ONU a que amplíe su mandato a fin de que pueda ocuparse de todas las transferencias de armas que están siendo utilizadas por todas las partes en conflicto para cometer graves violaciones de derechos humanos en Burundi y demás países de la región de los Grandes Lagos.

! prohibir la fabricación, adquisición y venta de armas de efecto indiscriminado, como las minas antipersonas;

! respetar el principio de no devolución (non refoulement) en todo momento y garantizar que ningún refugiado será devuelto por la fuerza a Burundi, ni presionado para que regrese. Los gobiernos deben acatar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de la ONU, y la Convención que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en Áfricaaprobada en 1969 por la OUA;

! instar a los Estados anfitriones y al ACNUR a que, hasta que llegue el momento en que sea posible regresar en condiciones de seguridad, se comprometan firmemente a no repatriar a los refugiados a menos que esté claro que el regreso es una decisión personal, voluntaria e tomada con pleno conocimiento de causa. Para determinar que el regreso es aconsejable es preciso comprobar que ha habido un cambio eficaz y duradero del grado de protección de los derechos humanos en el país de origen, y el compromiso de garantizar una labor de seguimiento después del regreso;

! cuando se juzgue que el regreso en condiciones de seguridad es posible, los países anfitriones, con la ayuda del ACNUR y la comunidad internacional, deben establecer los procedimientos adecuados para examinar las reclamaciones de las personas que no estén dispuestas a regresar. La imparcialidad del proceso requiere como condición indispensable la experiencia y la independencia de los responsables de la toma de decisiones;

! los Estados partes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiadosdeben respetar las obligaciones que han contraído en virtud de este tratado y contribuir de forma apreciable a compartir la carga de los Estados que están acogiendo a un gran número de refugiados a fin de garantizar las necesidades básicas y las exigencias de protección de tales refugiados. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas y de otros organismos pertinentes como la Organización de la Unidad Africana, la Commonwealthy la Unión Europea, debe velar por que se disponga de suficiente apoyo económico y organizativo.

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(1) El documento tituladoBurundi: La justicia, a prueba (AFR 16/13/98/s) puede solicitarse en inglés y francés a Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, Londres, WCIX 8DJ, Reino Unido.

(2) El Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia se escindió públicamente en 1998 a causa de divisiones internas. La facción escindida, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia, dirigida por Jean Bosco Ndayikengurukiye, destituyó como presidente a Léonard Nyangoma. Sin embargo, Léonard Nyangoma sigue siendo el máximo representante del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia. El Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia no ha sido invitado a las conversaciones de paz.

(3) Para más información sobre matanzas de civiles desarmados en Burundi, consulten los documentos anteriores de Amnistía Internacional, entre ellos: Burundi: Reasentamiento forzado: nuevas pautas de abuso contra los derechos humanos(AFR 16/19/97/s),Burundi: Refugiados obligados a regresar al peligro(AFR 16/34/96/s),Burundi: Cambian los dirigentes, pero continúan los abusos contra los derechos humanos(AFR 16/21/96/s), Burundi: Los grupos armados matan sin piedad(AFR 16/08/96/s) y Burundi: Struggle for survival(AFR 16/07/95).

(4) En el documento titulado Burundi: La justicia, a prueba(AFR 16/13/98/s) encontrarán más información sobre esta cuestión.

(5) Carta al secretario general de la ONU en la que se publicaron las conclusiones provisionales, referencia S/198/777, del 19 de agosto de 1998.

(6) Para más información sobre la erosión sufrida por los principios de protección al refugiado en la región de los Grandes Lagos consulten otros documentos de Amnistía Internacional, entre ellos: Democratic Republic of Congo: Deadly alliances in Congolese forests(AFR 62/33/97, del 3 de diciembre de 1997), África: En busca de seguridad: desplazados a la fuerza y derechos humanos en África(AFR 01/05/97/s, del 20 de junio de 1997), Ruanda: Se olvidan los derechos humanos en la repatriación de los refugiados(AFR 47/02/97/s, de enero de 1997), Región de los Grandes Lagos: Aún existe la necesidad de protección: Repatriaciones, devoluciones forzosas y seguridad de los refugiados y de los desplazados internos (AFR 02/07/97/s, del 24 de enero de 1997), Burundi: Refugiados obligados a regresar al peligro(AFR 16/34/96/s, del 20 de noviembre de 1996) y Ruanda y Burundi: Regreso de los refugiados: Rumores y realidades(AFR 02/01/96/s, del 20 de febrero de 1996).

(7) Nyumba Kumisignifica «diez casas» en suajili. La célula Nyumba Kumi o «célula de diez casas»es la división administrativa más pequeña de Tanzania, cada una encabezada por un dirigente.

(8) La Conclusión 22, IV (1) del Excom (Comité Ejecutivo del ACNUR) afirma: «Cualquier afluencia masiva puede imponer cargas indebidamente pesadas a ciertos países [...] En consonancia con los principios de la solidaridad internacional y de la distribución de la carga, los Estados deberánadoptar todas las medidas necesarias para asistir, previa petición, a los Estados que han admitido a personas en busca de asilo en situaciones de afluencia en gran escala.»