Índice AI: AFR 23/12/91/s

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YIBUTI: CENTENARES DE TORTURADOS

TRAS LAS DETENCIONES EN MASA DEL AÑO PASADO

Amnistía Internacional ha manifestado hoy que unas 300 personas fueron torturadas por la policía de seguridad en Yibuti tras las detenciones en masa del año pasado. Los presos fueron suspendidos de postes y golpeados, quemados con cigarrillos y objeto de descargas eléctricas.

En su primer informe extenso sobre el país, la organización de derechos humanos también detalla la reclusión de los opositores gubernamentales, algunos de los cuales permanecen detenidos sin cargos ni juicio, mientras que otros han sido acusados de delitos políticos punibles con la pena de muerte.

"Hace 11 años, el gobierno dijo que acabaría con la tortura, pero las hechos indican que sigue produciéndose" ha manifestado Amnistía Internacional. "Hemos vuelto a instar al gobierno a que aborde urgentemente el problema de la tortura y otros relativos a los derechos humanos".

Apenas hace dos meses se recibieron nuevos informes sobre brutalidad policial, como consecuencia de la cual murieron diez personas un día después de haber sido detenidas en una redada de presuntos delincuentes.

La organización ha asegurado que sus investigaciones sobre incidentes anteriores han revelado que la policía de seguridad torturó sistemáticamente a más de 200 miembros de un clan somalí detenidos en la capital en octubre de 1990 en relación con un atentado con bomba en el Café de París en octubre de 1990, como consecuencia del cual murió una persona y 14 resultaron heridas. También fueron torturados numerosos miembros del grupo ético afar a los que detuvieron en la capital en enero de este año tras un ataque contra un cuartel del ejército en el norte.

En abril de este año, unos representantes de Amnistía Internacional visitaron Yibuti y entrevistaron a docenas de presos y ex presos que denunciaron haber sido torturados. La delegación también hizo reconocimientos médicos a unos 20. Los resultados confirmaron sus denuncias de haber sido torturados mediante métodos como el columpio (la balançoire) -consistente en atar a la víctima las manos y los pies a un poste, amordazarla con una esponja empapada en detergente y golpearla por todo el cuerpo - o la introducción de una botella en el ano.

Los presos fueron torturados durante la detención en régimen de incomunicación, que en Yibuti puede prolongarse legalmente hasta diez días, en la mayoría de los casos para obligarles a realizar una confesión falsa sobre su participación en el atentado con bomba o en el ataque contra el cuartel militar.

Todas las personas detenidas en octubre en relación con el atentado fueron liberadas tras unas semanas de investigación judicial. Sin embargo, unos 20 miembros de la etnia afar a los que detuvieron en enero tras el ataque contra el cuartel del ejército siguen detenidos, y están acusados de intentar derrocar al gobierno. Amnistía Internacional teme que el Tribunal de Seguridad del Estado no los juzgue con imparcialidad -no hay derecho de apelación y el tribunal, en el que figuran altos cargos civiles importanes, no es independiente.

La organización ha afirmado que algunos de estos presos pueden ser presos de conciencia, encarcelados por su oposición al gobierno y no porque haya ninguna prueba de su participación en actos de violencia antigubernamental. Entre los presos figuran Ali Aref Bourhane, que fue jefe del gobierno antes de la independencia de Yibuti de Francia en 1977, su sobrino, Aref Mohamed Aref, un abogado que había defendido a presos políticos y Mohamed Daoud Chehem, alto cargo público.

En su informe, Amnistía Internacional también ha manifiestado su preocupación por los opositores gubernamentales no violentos bajo detención administrativa. Este es el caso de Mohamed Moussa Ali, activista en favor de un sistema político multipartidista, el cual que estuvo detenido desde abril hasta septiembre de este año.

En su informe, Amnistía Internacional ha instado al gobierno a que acabe con la tortura y las detenciones arbitrarias de opositores gubernamentales, y a que garantice que Ali Aref Bourhane y los otros presos serán juzgados de forma imparcial o puestos en libertad.

Durante la visita de Amnistía Internacional a Yibuti en abril, los representantes del gobierno dijeron que estudiarían las recomendaciones de la organización, pero todavía no han respondido.

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