GUINEA ECUATORIAL

Una oportunidad perdida para reinstaurar el respeto

a los derechos humanos

FEBRERO 1994 RESUMEN ÍNDICE DE AI: AFR 24/01/94/s DISTR.: CO/GR/SC

A fines de 1993, la prensa internacional informó de que habían tenido lugar las primeras elecciones multipartidistas desde que Guinea Ecuatorial consiguió la independencia en 1968. Prácticamente no se hizo ninguna alusión a la oleada de violaciones de derechos humanos que acompañó a las elecciones. Este informe describe esos abusos, y los hechos relacionados con ellos, ocurridos el año pasado en Guinea Ecuatorial. A principios de 1993 había indicios que permitían abrigar la esperanza de que aumentara el respeto a las libertades civiles y políticas. Comenzó la preparación de las primeras elecciones multipartidistas desde la independencia: se aprobó una ley electoral en enero. Sin embargo, al igual que las leyes aprobadas el año anterior, perjudicaba claramente a los partidos de oposición, los cuales solicitaban continuamente que se revisase. Todos los partidos políticos se legalizaron y el gobierno ordenó públicamente a las fuerzas de seguridad que dejasen de acosar a los activistas políticos de la oposición. Más tarde, en marzo, el gobierno firmó un pacto con los partidos de oposición comprometiéndose a defender las libertades fundamentales y a castigar a los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos. Pero la sinceridad del gobierno se puso a prueba muy pronto.

Al principio parecía que las órdenes dadas a las fuerzas de seguridad de que no persiguieran a los activistas políticos se estaban cumpliendo, al menos en las ciudades. Sin embargo, enseguida salió a la luz que en las zonas rurales, lejos de la vigilancia de la comunidad internacional, los sospechosos de apoyar a partidos de oposición estaban sufriendo detenciones y palizas. En estas zonas no parece que se haya hecho ningún esfuerzo para obligar a las fuerzas de seguridad a actuar dentro de la ley. Al avanzar el año, las autoridades fueron recurriendo cada vez más al uso de tácticas represivas en todo el país. Se hizo evidente que las promesas de reforma se debían al deseo de aplacar las críticas internacionales y asegurarse de que no se interrumpiría la ayuda económica, más que al deseo de proteger a los ecuatoguineanos de los abusos que vulneran los derechos humanos. Los informes sobre arrestos¹se incrementaron gradualmente hasta agosto de 1993, en que la situación de los derechos humanos empeoró radicalmente. El gobierno se sentía cada vez más inseguro tras anunciar la fecha de las elecciones y no tenía ninguna intención de introducir las reformas necesarias para que las elecciones fuesen libres y justas. Los partidos de oposición reaccionaron declarando que boicotearían las elecciones. Varios gobiernos extranjeros se negaron a enviar observadores electorales.

Los pretextos para justificar algunos arrestos demuestran la paranoia del gobierno y el comportamiento arbitrario de las fuerzas de seguridad: cinco hombres fueron detenidos tras protestar, junto con otros habitantes del pueblo, por la construcción de un puesto de atención médica en el campo de fútbol. Todos los detenidos eran miembros de un partido de oposición. Les torturaron y uno murió a consecuencia de ello. Dos empleados de la compañía eléctrica fueron detenidos y maltratados cuando un corte de suministro obligó al presidente Obiang Nguema a aplazar un discurso: les acusaron de cortar la corriente deliberadamente. Un hombre fue detenido y torturado porque su hijo, un cura que había criticado al gobierno, se había escondido para evitar que le arrestasen.

Este informe contiene información sobre unos 30 casos de detenciones arbitrarias a lo largo del año pasado, tanto antes como después de las elecciones de noviembre, que devolvieron el poder al partido del gobierno. Se centra especialmente en las detenciones y otras violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante un periodo de seis semanas en agosto y septiembre y que incluyen dos juicios injustos, muertes de detenidos, ejecuciones extrajudiciales y una sentencia de muerte. Entre agosto y noviembre, al menos 130 personas fueron detenidas; la mayoría de ellas fueron brutalmente torturadas. En la isla de Annobón, a casi 700 kilómetros de Bioko, dos personas, de entre una población de sólo 2.000 habitantes, fueron ejecutadas extrajudicialmente y decenas más detenidas tras una discusión entre un grupo de isleños y algunos militares; el gobierno calificó más tarde el incidente de "rebelión". En Malabo, un gran número de soldados fueron detenidos y torturados, y uno de ellos murió a consecuencia de las torturas. A otros los juzgaron posteriormente en juicios sin las debidas garantías y les impusieron largas condenas por conspiración para derrocar al gobierno. En varias ocasiones, el gobierno acusó a partidos de la oposición y a gobiernos extranjeros de complicidad en las presuntas conspiraciones. No obstante, nunca se han presentado pruebas de ello.

Este informe da una idea de la escalada de las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial durante el año de las elecciones y de la realidad de la vida cotidiana de los activistas políticos. Se espera que cuando se divulgue más ampliamente la gravedad de las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, los miembros de la comunidad internacional -gobiernos, organizaciones no gubernamentales e individuos- actúen para hacer ver al gobierno ecuatoguineano la obligación de respetar los derechos humanos. La comunidad internacional ha instado repetidas veces al gobierno a organizar elecciones multipartidistas. Ahora el gobierno ha accedido, pero de manera que pueda cubrirse de una apariencia de democracia para ocultar la determinación de aplastar cualquier tipo de oposición política. En vista de esta represión, los ecuatoguineanos han insistido a lo largo de 1993 en la exigencia de sus derechos y libertades.

Este informe es el resumen de un documento titulado Guinea Ecuatorial: una oportunidad perdida para reinstaurar el respeto a los derechos humanos (Índice de AI: AFR 24/01/94/s), publicado por Amnistía Internacional en febrero de 1994. Si desean más información o llevar a cabo alguna acción respecto a esta cuestión deben consultar el documento completo.

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

GUINEA ECUATORIAL

Una oportunidad perdida para reinstaurar el respeto

a los derechos humanos.

Tras años de represión, en 1993 parecía que el gobierno ecuatoguineano empezaba a darse cuenta de que los derechos civiles y políticos no se podían negar eternamente. Se aprobó una ley electoral y en marzo, el gobierno y once partidos de oposición firmaron un pacto para garantizar el ejercicio pacífico de los derechos y las libertades civiles.

Sin embargo, a lo largo del año, las autoridades empezaron a recurrir a tácticas cada vez más represivas. Se hizo evidente que las promesas de reforma obedecían más al deseo de aplacar las críticas internacionales y asegurarse de que la ayuda económica no se interrumpiría que a la voluntad de proteger a los ecuatoguineanos de las violaciones de los derechos humanos. Los informes de detenciones crecieron gradualmente hasta agosto, cuando la situación de los derechos humanos empeoró radicalmente: las detenciones en masa, las torturas, las muertes de detenidos, las ejecuciones extrajudiciales, los juicios injustos y la pena de muerte se usaron para intimidar a los adversarios políticos en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de noviembre de 1993. Tras las elecciones, que la mayoría de los partidos de oposición boicotearon, las autoridades continuaron deteniendo a los sospechosos de oposición política.

El objetivo de este informe es dar una idea del aumento de las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial durante el año de las elecciones. Se espera que cuando se divulgue más ampliamente la gravedad de las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial la comunidad internacional (gobiernos, organizaciones no gubernamentales e individuos) actuará para convencer al gobierno ecuatoguineano de su obligación de respetar los derechos humanos.

1. Preparación para la transición a un sistema multipartidista.

Siguiendo el ejemplo de los países circundantes, Guinea Ecuatorial adoptó un sistema político multipartidista en 1992. Hasta entonces, el único partido legal era el del gobierno, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), encabezado por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. La Constitución se reformó a fines de 1991 y, en enero de 1992, los cambios se materializaron en leyes nuevas sobre la formación y el funcionamiento de los partidos políticos y y sobre la regulación de los derechos de expresión y reunión. Aun así, estas leyes tenían graves defectos y hacia fines de 1992 sólo se habían legalizado provisionalmente seis partidos. La represión a la que se sometía a los activistas partidarios de la democracia continuó a lo largo de 1992 y se detuvo a cientos de opositores al gobierno por desarrollar actividades políticas pacíficas. La mayoría de los detenidos en 1992 fueron cruelmente torturados y luego puestos en libertad sin cargos tras varios días o semanas en la cárcel ².

Esta pauta de detenciones arbitrarias y tortura de los opositores al gobierno continuó durante 1993, aunque a principios de año parecía que el gobierno hacía un esfuerzo para mejorar su imagen permitiendo el ejercicio de los derechos civiles y políticos. En enero, el gobierno legalizó todos los partidos políticos que aún no estaban registrados y declaró que las elecciones tendrían lugar en la primera mitad de 1993. También aprobó una ley electoral que regulaba todas las actividades relacionadas con el proceso electoral y el presidente Obiang Nguema ordenó públicamente a las fuerzas de seguridad que no detuviesen ni acosasen a los activistas de los partidos de oposición.

Pero la ley electoral, al igual que las leyes promulgadas el año anterior, tenía graves fallos. Era muy parcial, en contra de los partidos de oposición: por ejemplo, estipulaba que toda la propaganda de partido y los discursos electorales de la oposición tenían que ser aprobados por el Ministro de Administración Territorial. También estipulaba que los partidos de la oposición tenían que pedir autorización al gobierno antes de celebrar una concentración o reunión por pocos que fueran los asistentes a ella (este proceso a menudo suponía meses de espera). Solamente aquellos que hubiesen residido en el país los cinco años previos a las elecciones podían presentarse como candidatos o votar. Esto excluía del proceso político a muchos ecuatoguineanos, especialmente a aquellos que habían sido exiliados políticos.

Los partidos de oposición pidieron una reforma exhaustiva de la ley electoral y de las leyes promulgadas en 1992 y, tras un mes de negociaciones, representantes del gobierno y de once partidos de oposición agrupados en la Plataforma de Oposición Conjunta (POC) firmaron un Pacto Nacional el 18 de marzo de 1993. De acuerdo con los términos del Pacto Nacional, el gobierno accedía a realizar una serie de reformas para permitir el libre ejercicio de los derechos políticos y civiles. Asimismo, se comprometía a castigar a los funcionarios públicos responsables de abusos, y a liberar a los presos políticos. Varios miembros del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) a los cuales habían detenido en septiembre de 1992 fueron puestos en libertad ³. Sin embargo, las autoridades rehusaron reformar la ley electoral, un paso que también había solicitado el equipo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que examinó la ley en abril de 1993. Se estableció una Comisión de Vigilancia y Seguimiento para superivsar el registro de los votantes y asegurarse de que se cumplía el Pacto Nacional, pero su poder era limitado.

El Pacto Nacional se concluyó en un momento en que la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial era tema de debate de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra bajo el punto 12⁴del programa. En vista del absoluto y continuo desprecio a los derechos humanos que mostraba el gobierno, la Comisión, que se reunió en febrero y marzo de 1993, decidió nombrar al jurista uruguayo doctor Alejandro Artucio como Relator Especial para investigar las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. El doctor Alejandro Artucio estuvo en Guinea Ecuatorial en octubre y, de nuevo, a primeros de diciembre de 1993. Presentará un informe sobre ambas estancias en la próxima sesión de la Comisión, que tendrá lugar entre el 31 de enero y el 11 de marzo de 1994. A la vuelta del primer viaje declaró públicamente que en Guinea Ecuatorial no había derechos políticos, la libertad de prensa no existía y las condiciones de los presos de conciencia eran catastróficas.

A mediados de julio de 1993, el gobierno anunció que las elecciones legislativas tendrían lugar el 12 de septiembre de ese mismo año. Los partidos de oposición reaccionaron anunciando un boicot a las elecciones basándose en que el gobierno había rehusado actuar de acuerdo con los términos del Pacto Nacional, asegurándose así de que las elecciones no serían ni libres ni justas. El gobierno aplazó las elecciones hasta noviembre de 1993 pero no llevó a cabo ninguna reforma.

A lo largo del primer semestre de ese año se habían producido detenciones arbitrarias de activistas políticos y otras violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la crudeza de la represión aumentó en agosto, tras la retirada, debido a la presión internacional, de los soldados marroquíes que Obiang tenía como guardia personal⁵. En esta misión les relevó una nueva unidad paramilitar conocida como los Antorchas. También en agosto, un conocido opositor al gobierno, Andrés Mba, volvió a Guinea Ecuatorial tras 13 años de exilio en España. Todo esto, junto con la amenaza de la oposición de boicotear las elecciones, contribuyó a que el gobierno se sintiera inseguro. El resultado fue que decenas de personas fueron arrestadas y torturadas y al menos dos de ellas murieron. En la isla de Annobón, decenas de personas fueron arrestadas y dos fueron ejecutadas extrajudicialmente.

Los Antorchas fueron los culpables de la mayor parte de estos abusos. Los miembros de esta unidad, creada a fines de 1992, salieron de las filas de la sección juvenil del partido en el poder, el PDGE. Esta unidad fue adiestrada y equipada por personal militar francés agregado a la embajada de este país en Malabo, la capital, en la isla de Bioko. A los Antorchas se les conoce vulgarmente como los "Ninjas", probablemente por la similitud de sus uniformes negros con los de los guerreros japoneses.

2. Violaciones de derechos humanos: de enero a agosto de 1993

Entre enero y agosto de 1993, numerosos activistas partidarios de la democracia fueron detenidos arbitrariamente y maltratados en todo el país, especialmente en las zonas rurales de la región continental de Río Muni. Según parece, aunque en Malabo y en Bata, la principal ciudad de Río Muni, se habían hecho algunos intentos de mostrar cierto respeto por los derechos civiles y políticos, en áreas menos expuestas al escrutinio de la comunidad internacional se había permitido a las fuerzas de seguridad continuar con los abusos habituales.

Los que fueron detenidos entre enero y agosto de 1993, principalmente miembros o simpatizantes de partidos políticos legales, fueron puestos en libertad tras varios días o semanas sin ser sometidos a juicio. Pero con frecuencia tuvieron que pagar una multa para conseguir la libertad. Además, los detenidos fueron víctimas de torturas o malos tratos con regularidad.

A principios de enero, 18 miembros destacados de varios partidos políticos fueron detenidos en Bata cuando estaban reunidos debatiendo la ley electoral. Uno de ellos era Pastor Samuel Oke Esono, de la Iglesia Reformada de Guinea Ecuatorial y miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; esta Comisión fue creada en septiembre de 1990 por el gobierno, probablemente debido a la presión internacional, pero sin ninguna salvaguardia que le permitiese actuar con independencia y eficacia. Unos días más tarde, los líderes de cuatro partidos de oposición fueron arrestados en Ebebiyín, al noreste de Río Muni, cuando volvían del extranjero. Les retuvieron varios días y les pegaron con porras en las plantas de los pies. Uno de ellos, Benjamín Balinga, líder del Partido Socialdemócrata (PSD), que había estado detenido un corto periodo en agosto de 1992⁶, recibió tales golpes que estuvo varias semanas sin poder andar.

Aproximadamente 50 personas fueron detenidas a principios de febrero en Nsok-Nsomo, al noreste de Río Muni, según informes por no recibir al Ministro de Defensa "con los honores debidos" cuando éste visitó la zona. La mayoría de los detenidos pertenecían a la Unión Popular (UP), el mayor partido de oposición de Río Muni, pero, según informes, varios miembros del partido en el poder, el PDGE, fueron detenidos también por error. A estos últimos los pusieron en libertad inmediatamente, mientras que los primeros estuvieron recluidos varios días.

Aunque la mayoría de los detenidos en la parte continental del país durante el primer semestre de 1993 eran miembros o simpatizantes de la UP, algunos miembros de otros partidos sufrieron también cortas detenciones y malos tratos. Por ejemplo, en febrero, Arsenio Ncogo y Luciano Mba, ambos miembros del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE), fueron detenidos en Akonangui-Ngama, en el distrito de Niefang, y tuvieron que pagar una multa de 100.000 francos CFA (345 dólares estadounidenses) por escuchar una grabación de propaganda de su partido.

Uno de los detenidos durante el primer semestre de 1993 murió mientras se encontraba bajo custodia como resultado de las torturas a las que le sometieron. Dámaso Abaga Nve, de 49 años, miembro o simpatizante de la UP, fue, al parecer, detenido en Ebebiyín, al noreste de Río Muni, por proferir insultos contra el partido en el poder, el PDGE. Murió bajo custodia policial en las primeras horas del día 31 de marzo de 1993. Un familiar dijo que el gobernador provincial y el jefe de policía habían despertado a la familia a las cuatro de la mañana, les informaron de que Dámaso Abaga Nve había sido hallado muerto en la calle, y les pidieron que fuesen a la comisaría para recoger el cadáver. El informe del forense mostró que el cuerpo de Dámaso Abaga Nve presentaba hematomas y contusiones en la cabeza, fracturas en el brazo y mano izquierdos y cortes entre los dedos de la mano derecha, todo lo cual indicaba que había sido torturado. Más tarde, un hombre que había compartido la celda con Dámaso Abaga Nve afirmó que éste había sido torturado. Los policías culpables de su muerte no han sido procesados.

Los informes de detenciones en Malabo aumentaron regularmente de mayo en adelante mientras la tensión política crecía en la capital. Los partidos de oposición insistían en pedir que el Pacto Nacional se pusiese en vigor antes de que tuvieran lugar las elecciones y, al mismo tiempo, los principales países que proporcionaban ayuda a Guinea Ecuatorial se negaban a contribuir económicamente al proceso electoral mientras no se realizasen ciertas importantes reformas. Algunos de los organismos y países que ayudan económicamente a Guinea Ecuatorial, incluidos ciertos organismos de las Naciones Unidas y la Comunidad Europea (actualmente Unión Europea, desde octubre de 1993) solicitaron que se redactase de nuevo la ley electoral, que se realizase un nuevo censo electoral y que se permitiese a todos los partidos el acceso a los medios de comunicación nacionales. Sin embargo, a mediados de mayo, la Cámara de Representantes del Pueblo, el parlamento ecuatoguineano, fue disuelta para que las elecciones tuviesen lugar en un plazo de 60 días.

A fines de mayo fueron detenidos dos empleados del Ministerio de Industria. Eulalia Bekuku fue arrestada tras ser sorprendida fotocopiando La Verdad, el único periódico del país, que publica el partido de oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS). La sometieron a un largo interrogatorio que llevó a la detención de Manuel Biribe, a quien se acusó de distribuir La Verdad. Ambos estuvieron detenidos varias semanas y más tarde fueron puestos en libertad sin que se hubieran formulado cargos contra ellos.

Cinco miembros de la UP del distrito de Nsok-Nsomo, al noreste de Río Muni, fueron detenidos a últimos de junio. Se les torturó brutalmente y uno de ellos murió como consecuencia. Jesús Abeso Nguema, Efrén Osa Ovono, Elancio Esayong Andeme y Francisco Andeme Nguema, todos del pueblo de Andom Onvang, habían participado junto con otros habitantes del mismo pueblo en un acto de protesta por la construcción de un puesto de atención médica en el campo de fútbol local. En respuesta a la protesta, las autoridades de Malabo ordenaron que se buscase un nuevo lugar para el puesto de atención médica. Sin embargo, las autoridades locales reaccionaron con irritación cuando los habitantes del pueblo habilitaron otro lugar y quitaron los cuatro postes que se habían plantado como estructura de la construcción. Gaspar Mba Oyono, presidente del comité de la UP de un pueblo cercano que había ido a visitar a sus colegas de Andom Onvang, fue acusado de ser el culpable de la disputa. Antes ya había estado detenido durante breves periodos en varias ocasiones, por motivos políticos.

Más de una decena de oficiales estuvieron implicados en la detención, incluido el representante local del gobierno central, el jefe de policía, el coordinador de distrito del PDGE y 10 soldados de diferentes rangos. Uno de los detenidos relató más tarde que de camino a la prisión de Nsok Nsomo les obligaron a salir de los coches en que los llevaban, les ataron a unos árboles y les golpearon salvajemente por todo el cuerpo. Dijo que tanto él como sus compañeros quedaron inconscientes varias veces y les tuvieron que llevar de nuevo a los coches. Los cinco estaban gravemente heridos, incluso sufrían fracturas en las piernas y brazos. Gaspar Mba Oyono estaba tan mal que lo confiaron al cuidado de su familia, que le internó en el hospital de Ebebiyín, donde murió en julio a causa de las lesiones. Los otros cuatro estuvieron detenidos en régimen de incomunicación en Nsok-Nsomo durante dos semanas y después los trasladaron al hospital de Bata, donde permanecieron, sin recibir la debida atención médica, hasta septiembre, en que les llevaron a la cárcel de Bata. A primeros de octubre recibieron la visita del Relator Especial de la ONU, el doctor Alejandro Artucio, que más adelante afirmó que todavía tenían signos evidentes de tortura y les costaba andar. No se les había acusado de ningún delito cuando fueron puestos en libertad, gracias a una amnistía concedida por el presidente Obiang Nguema el 12 de octubre para celebrar el vigesimoquinto aniversario de la independencia del país.

A primeros de julio, Laurentino Jesús Nsué y Federico Nsong Eyenga, ingenieros industriales que trabajaban en la compañía eléctrica estatal, fueron detenidos. Cuando estaban trabajando, el 2 de julio, había habido un corte en el suministro en la zona de Malabo en que está situada la Cámara de Representantes del Pueblo, justo cuando el presidente Obiang Nguema se disponía a pronunciar un discurso. Los cortes de electricidad son frecuentes en Malabo, pero acusaron a los dos de cortar la corriente deliberadamente para evitar que el presidente pronunciase el discurso. Les tuvieron recluidos más de una semana y los golpearon cruelmente. Laurentino Jesús Nsué acabó con la nariz rota y contusiones múltiples y Federico Nsono Eyenga, a quién, según dicen, habían golpeado en la cabeza, empezó a tener convulsiones y tuvo que ser trasladado al hospital, donde permaneció varios días.

3. Violaciones de derechos humanos de agosto a diciembre de 1993

La represión de los activistas políticos, de sus familiares y de sus amigos aumentó enormemente en toda Guinea Ecuatorial en agosto de 1993. Durante seis semanas, más o menos, la intensidad y el alcance de los abusos alcanzaron cotas que no se habían visto en el país en años.

Las autoridades, según parece intentando asegurar su permanencia en el poder, alegaron en varias ocasiones que habían detectado conspiraciones para derrocar al gobierno y acusaron a España y a Estados Unidos de complicidad con los conspiradores. Nunca presentaron ninguna prueba de que tales conspiraciones fuesen reales. Sin embargo, entre julio y septiembre, varios ciudadanos españoles que residían en Guinea Ecuatorial, de quienes se sabía que eran amigos de líderes de partidos de oposición, fueron detenidos y expulsados del país. En diciembre, el cónsul español en Bata, que había sufrido frecuentemente el hostigamiento de las autoridades ecuatoguineanas, fue expulsado por haber mantenido una reunión con líderes de la oposición ecuatoguineana "hasta muy entrada la noche".

A principios de agosto, decenas de personas (soldados, ex soldados y civiles) estuvieron detenidas durante un breve periodo en Malabo y fueron torturadas. Varios ex soldados, algunos de los cuales ya habían estado detenidos antes por motivos políticos, fueron posteriormente confinados en sus pueblos de Río Muni. Al parecer, las autoridades justificaron estos actos diciendo que los ex soldados normalmente se muestran resentidos y se dedican a actividades criminales, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad del país. Entre los detenidos en aquella ocasión estaban: el ex capitán José Abeso Nsué, que estuvo detenido varias semanas en 1988 en relación con un presunto intento de golpe de Estado en agosto de ese mismo año; el ex capitán Lucas Oyono Nsué, miembro de la UP, que ya estuvo detenido en 1991; Ángel Federico Eyí Obama, miembro del Partido de la Convergencia Social Demócrata, que había sido detenido varias veces en 1991, y el ex teniente Tobías Obiang Nguema, también detenido en muchas ocasiones en el pasado.

Tobías Obiang Nguema recibió una gran paliza en Bata antes de que lo mandaran a su pueblo: se recibieron informes de que había estado en peligro de muerte. Le detuvieron otra vez a primeros de septiembre en su pueblo y lo llevaron de nuevo a Malabo, donde le volvieron a torturar y le obligaron a firmar una declaración en la que admitía su participación en una conspiración para derrocar al gobierno. Junto con otros soldados, fue juzgado a primeros de octubre y resultó absuelto. Los otros tres ex soldados mencionados huyeron de Guinea Ecuatorial a primeros de septiembre de 1993, cuando estaban a punto de detenerlos otra vez.

Dos semanas después de las detenciones ya descritas, numerosos soldados fueron arrestados y recluidos en cuarteles militares en Malabo. A algunos se les juzgó más tarde. La mayoría sufrió brutales torturas. Les acusaron de pertenecer a la UP y de asaltar un arsenal con vistas a dar un golpe de Estado en complicidad con el ex teniente Pedro Motú Mamiaga. Entre los detenidos estaban los sargentos Jacinto Nculu, Dámaso Ondó, y Miguel Ndjeng, el cabo Bonifacio Nsogo y el soldado raso Lorenzo Nsué Ndong. Estos cinco, junto con Tobías Obiang Nguema, fueron juzgados en secreto entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el cuartel donde los tenían detenidos. El consejo de guerra usó procedimientos sumarios que limitan el derecho a la defensa y niegan a los condenados el derecho a recurrir contra las sentencias ante un tribunal superior. Tobías Obiang Nguema fue absuelto. Los otros cinco fueron declarados culpables de conspiración, incitación a la rebelión, insultos e injurias al Jefe del Estado. Jacinto Nculu fue condenado a 24 años de prisión, mientras que a los otros cuatro les impusieron condenas de tres años. Testigos presenciales dijeron que los seis acusados mostraban signos de tortura. Jacinto Nculu tenía contusiones por toda la cabeza y parecía tener rotas las muñecas. Al parecer, le costaba mantenerse en pie, oía con dificultad y su discurso era incoherente. Su condena se redujo en dos terceras partes y a los demás les redujeron las condenas a la mitad en virtud de la amnistía del 12 de octubre.

El ex teniente Pedro Motú Mamiaga, ex preso de conciencia y miembro de la UP, fue detenido a primeras horas de la tarde del 22 de agosto en el Hotel Ureca. Estaba visitando al presidente de la UP, que acababa de regresar a Guinea Ecuatorial tras 13 años de exilio en España. Decenas de civiles que habían ido al aeropuerto a dar la bienvenida al líder de la UP fueron arrestados y retenidos brevemente entre el 21 y el 26 de agosto.

Según informes, tras su arresto, Pedro Motú Mamiaga fue trasladado al cuartel militar que recientemente habían dejado libre los soldados marroquíes, donde murió el 22 o el 23 de agosto como resultado de la tortura. El 23 de agosto por la noche, las autoridades anunciaron que se había suicidado tras presentársele "pruebas irrefutables" de que había estado incitando a la rebelión y conspirando para derrocar al gobierno. Sin embargo, estas "pruebas" nunca se presentaron públicamente y puede que ni siquiera existan. No se realizó autopsia ni se llevó a cabo ninguna investigación sobre su muerte. No se entregó el cuerpo a la familia para que lo enterrase, lo cual permitió a las autoridades ocultar las pruebas de tortura que pudiera presentar el cadáver.

Pedro Motú Mamiaga se había convertido en una leyenda por ser el sargento que capturó al primer presidente de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías Nguema, cuando este trataba de huir del país tras ser derrocado por su sobrino, el actual presidente, en 1979. Se le consideraba enemigo del presidente Obiang Nguema y una figura potencialmente poderosa en los círculos políticos ecuatoguineanos. En 1986, Amnistía Internacional tuvo noticias de que, desde 1979, Pedro Motú había pasado largos periodos en la cárcel o bajo arresto domiciliario. No hubo más noticias de él hasta diciembre de 1990, cuando fue detenido junto con, al menos, otros doce soldados y civiles por pedir un cambio político. Estuvo detenido en régimen de incomunicación en la cárcel de Black Beach, en Malabo, hasta enero de 1992, en que fue puesto en libertad sin cargos en virtud de una amnistía general. Posteriormente se exilió en Camerún. Llevaba seis semanas en Guinea Ecuatorial cuando lo mataron.

La oleada de represión se extendió a la pequeña isla de Annobón, a 670 kilómetros de la isla de Bioko, con una población de 2.000 habitantes, principalmente mujeres, niños y ancianos. Un número indeterminado de personas habían sido arrestadas en junio de 1993 tras un acto de protesta sobre la cancelación de los vuelos de aprovisionamiento y en agosto dos personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y decenas de ellas detenidas y torturadas a raíz de lo que el gobierno llamó "una rebelión". Estos incidentes son ejemplos recientes de un largo historial de represión de la población de la isla de Annobón, que ha estado sometida a un casi absoluto aislamiento y abandono. Las últimas cosechas han sido malas y el gobierno no les ha proporcionado suficientes alimentos. La extrema escasez a la que se han visto sometidos ha dado pie a protestas que se han reprimido violentamente. Lo cual, a su vez, ha hecho surgir un sentimiento nacionalista en los annobonenses. Cualquier mención de independencia (no hay pruebas de que haya ningún movimiento separatista) ha llevado a una mayor represión.

En junio de 1993, el gobierno retiró el permiso a los vuelos mensuales que organizaba la Cooperación Española y que llevaban medicinas y otras provisiones a Annobón. Los isleños dependían de estos vuelos no sólo para su abastecimiento, sino para recibir noticias del resto del mundo: la otras únicas vías de comunicación son la radio y el barco que transporta gente y provisiones una o dos veces al año. A mediados de junio, varias personas fueron arrestadas tras protestar por la supresión de los vuelos. También protestaron por la paliza que le habían dado a Eusebio Pueyo, al que habían arrestado por escuchar Radio Exterior de España, lo cual no era un delito según la ley, pero evidentemente no era del agrado de las autoridades.

El incidente de agosto comenzó, según parece, con una discusión en un bar entre dos funcionarios del Estado, el gobernador de la isla y el jefe militar local, y un grupo de civiles. Según informes, el comandante agredió a una persona del grupo y se produjo una pelea. Los civiles, que no llevaban armas, dominaron y desarmaron a los militares. En el cuartel militar local tuvieron noticias del incidente y, poco después, una decena de soldados se presentaron en el escenario de los hechos, dispararon indiscriminadamente para dispersar a la gente y después persiguieron a aquellos que huían. Un soldado mató deliberadamente a Simplicio Llorente a la puerta de su casa. El mismo soldado disparó a Manuel Villarrubia, hiriéndole primero en una pierna, y después le persiguió hasta el mar, donde le disparó varias veces a quemarropa. No ha habido ninguna investigación sobre estos homicidios ni se ha procesado al soldado culpable. Ambos homicidios parecen haber sido ejecuciones extrajudiciales.

Los disturbios continuaron hasta el domingo siguiente, cuando el transbordador Bata-Malabo llevó un destacamento de unos doscientos Antorchas y soldados para sofocar la "rebelión". Al desembarcar protagonizaron actos vandálicos como prender fuego a casas y cultivos y matar animales. De 20 a 30 personas fueron detenidas y algunas escaparon a la detención huyendo a refugiarse a la selva. A los detenidos los llevaron en transbordador a Bata, donde se les encarceló. Varios annobonenses residentes en Malabo sufrieron también breves detenciones.

Inmediatamente después de este incidente, las autoridades anunciaron públicamente que un grupo de 50 agitadores armados habían sido enviados desde Malabo por ciertos partidos de oposición y el gobierno español para provocar una rebelión. Justificaron el estallido de violencia en Annobón diciendo que los rebeldes habían intentado secuestrar al gobernador de la isla y que las dos muertes sucedieron durante un tiroteo entre los soldados y los intrusos. Los partidos de oposición y el gobierno español han rechazado categóricamente estas acusaciones.

En septiembre, los annobonenses encarcelados en Bata fueron sometidos en esta misma ciudad a un consejo de guerra sin las debidas garantías. Cuatro de ellos fueron juzgados in absentia. Todos fueron acusados de secesión y atentado contra la seguridad del Estado. A dos de ellos, Orlando Cartagena y Francisco Medina, les impusieron condenas de 28 años de cárcel (la acusación pedía pena de muerte) y otros seis fueron condenados a 20 años. El resto de los acusados fueron absueltos y puestos en libertad. No tuvieron una defensa adecuada ni derecho a recurrir contra las declaraciones de culpabilidad y las condenas ante un tribunal superior. Los condenados a penas de prisión fueron puestos en libertad en virtud de la amnistía del 12 de octubre. El Relator Especial de la ONU para Guinea Ecuatorial había pedido su liberación durante el viaje que realizó al país a principios de octubre.

Además de las grandes oleadas de detenciones ya descritas, decenas de opositores o presuntos opositores al gobierno han sido detenidos desde agosto de 1993, individualmente o en pequeños grupos. Al aproximarse las elecciones aumentó la intimidación de la población en general y de los activistas políticos en particular, especialmente en las áreas rurales donde, según informes, se obligaba a la gente a afiliarse al PDGE. Los que se negaban perdían el trabajo, les retenían el sueldo y los encarcelaban durante periodos cortos.

Paulino Oná Obiang, representante de la CPDS en Acurenam, en la frontera meridional de la provincia continental de Río Muni, fue detenido a primeros de agosto. Se había negado a asistir a un mitin que el presidente Obiang Nguema iba a dar en Bata el 3 de agosto y había animado a otros a boicotear el acto. Estuvo detenido en Bata hasta fines de octubre, cuando fue puesto en libertad sin cargos debido a la amnistía del 12 de octubre.

Otras personas fueron detenidas por ser amigas o parientes de personas que mantenían una actitud crítica hacia el gobierno. Este es el caso de Francisco Engono Micué, a quien detuvieron en una calle de Bata a fines de agosto de 1993. Le golpearon al detenerle y en el vehículo que le llevaba a la comisaría, donde estuvo detenido en régimen de incomunicación. Le torturaron durante el tiempo que estuvo detenido y sufrió graves lesiones en los brazos, los pies, la espalda y un ojo. Fue puesto en libertad sin cargos varias semanas después. Aproximadamente tres meses antes de su detención, Francisco Engono Micué había sido llamado por una de las máximas autoridades de Bata que le había amenazado con que, a menos que su hijo, el padre José Luis Engono, sacerdote católico, dejara de criticar al gobierno, "algo" podría sucederle a él. Pocos días antes de la detención de su padre, el padre José Luis Engono se había escondido porque se había enterado de que la policía le buscaba tras haber pronunciado un sermón criticando la política del gobierno. En varias ocasiones anteriores había recibido amenazas contra su integridad física del personal de seguridad y de altos cargos del gobierno. El padre José Luis Engono salió de su escondite a mediados de septiembre, pocos días antes de que su padre fuese liberado y cuando las autoridades le dieron garantías por escrito de que no le iban a arrestar ni acosar.

En 1993, al menos una persona fue sentenciada a muerte y ejecutada⁷. Romualdo Rafael Nsogo, estudiante de 18 años y miembro de la CPDS del pueblo de Alum, en el sureste de Río Muni, fue declarado culpable de un homicidio por motivos políticos. Le habían detenido el 28 de agosto de 1993 tras una pelea por causa de una mujer, en la cual, según informes, había matado a un joven, Antonio Bibang, y herido gravemente a otro. Cuando la policía registró su casa, encontró documentos de la CPDS. Esto llevó a acusar a Romualdo Rafael Nsogo de haber matado a Antonio Bibang, que, al parecer, era miembro del PDGE, por razones políticas y a afirmar que la CPDS había provocado deliberadamente la violencia política. La CPDS publicó una declaración negando cualquier relación con el caso y condenando el homicidio de Antonio Bibang.

Aunque era civil, a Romualdo Rafael Nsogo se le formó un consejo de guerra en Bata el 16 y 17 de septiembre. No tuvo acceso a un abogado defensor elegido por él mismo y se le negó el derecho a recurrir contra la sentencia. Fue ejecutado en una playa cerca de Bata el 18 de septiembre. Según las leyes ecuatoguineanas, el homicidio se castiga automáticamente con la pena de muerte. A los civiles se les puede formar un consejo de guerra aunque no está claro en qué casos.

Al acercarse las elecciones, el nivel de las prácticas intimidatorias aumentó. Se prohibió la publicación de La Verdad a fines de septiembre, tras un editorial en el que se hacía una llamada a los Antorchas para que dejasen de violar los derechos humanos. A los líderes de los partidos de oposición que boicoteaban las elecciones se les prohibió viajar a Río Muni o al extranjero.

Las elecciones, que tuvieron lugar el 21 de noviembre, las ganó el PDGE, el partido en el poder. Participaron seis partidos de oposición, pero otros ocho las boicotearon. Según informes, votó menos del 30 por ciento de la población. La ONU y algunos gobiernos extranjeros se negaron a enviar observadores, ya que las reformas necesarias para garantizar la limpieza de las elecciones no se habían llevado a cabo.

La intimidación de los activistas en pro de la democracia no disminuyó tras las elecciones. Francisco Nsué Edú, encargado de información del PP en Bata, fue detenido por organizar una reunión para dar la bienvenida al líder del PP cuando este visitó Bata, tras el final de las restricciones que les habían impuesto a los líderes de la oposición para viajar. Le maltrataron brutalmente y fue necesario hospitalizarle. En Niefang, donde un partido de oposición obtuvo una mayoría aplastante, más de 30 activistas políticos fueron detenidos cuando estaban a punto de celebrar una reunión. Les pusieron en libertad sin cargos unos días más tarde.

El 10 de diciembre 20 estudiantes, entre los que había algunas mujeres, fueron arrestados a la salida del Consulado Español de Bata. Habían ido a recoger unos libros de texto que había enviado la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Estando bajo custodia policial les golpearon fuertemente. Les pusieron en libertad una semana después sin haberles acusado de ningún delito, y tras haberles hecho pagar fuertes multas. Más tarde, las autoridades declararon que el cónsul español había tenido una reunión con partidos de oposición y le expulsaron.

A mediados de diciembre, en otro intento de acabar con los activistas políticos, el gobernador provincial prohibió, según los informes, a la Plataforma de Oposición Conjunta llevar a cabo toda actividad política.

4. Recomendaciones de Amnistía Internacional

A lo largo de 1993, Amnistía Internacional ha seguido llamando la atención del gobierno sobre casos de personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. También ha instado persistentemente a las autoridades a que instauren salvaguardias para prevenir las violaciones de derechos humanos. Estas recomendaciones se basan fundamentalmente en las disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a los que el gobierno se adhirió en 1986 y 1987, respectivamente. Amnistía Internacional tenía prudentes esperanzas acerca de los intentos de reforma iniciados a principios de 1993. Sin embargo, tal como demuestra este informe, pronto se vio que las reformas eran una simple operación de imagen que no lograba enmascarar el cínico desprecio de las autoridades por los derechos humanos más fundamentales. Amnistía Internacional lamenta que, una vez más, las autoridades ecuatoguineanas hayan perdido la oportunidad de instituir el respeto a los derechos civiles y políticos.

Evidentemente, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos acogerían con agrado toda medida para introducir en la legislación y poner en práctica las salvaguardias de los derechos humanos, que son fundamentales para desarrollar cualquier reforma política coherente.

El primer paso sería que el gobierno dejase de acosar, detener y torturar a los ciudadanos por ejercer su derecho a las libertades de expresión o reunión. Amnistía Internacional hace especial hincapié en que el gobierno controle el comportamiento de los Antorchas y se asegure de que actuarán dentro de los límites de las leyes ecuatoguineanas y de acuerdo con las normas internacionales que regulan las actividades de los agentes responsables de hacer cumplir la ley.

Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que exista ley o norma alguna que regule la institución, las facultades o los procedimientos de los Antorchas. También parece que hay otras unidades del aparato de seguridad del Estado que funcionan sin fundamento legal. Por lo tanto, el gobierno debería hacer pública cualquier ley o norma que haya al respecto y enmendarla de manera que se ajuste a la legislación internacional sobre derechos humanos.

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno para que dé una explicación detallada de cada uno de los casos descritos en este informe, así como de los presentados por otras organizaciones de derechos humanos o por las instituciones de la ONU o la Organización de la Unidad Africana cuya competencia son los derechos humanos. El gobierno debe investigar los casos, identificar a los culpables de violaciones de los derechos humanos y ponerlos a disposición judicial.