Amnistía Internacional

GUINEA ECUATORIAL

Una oportunidad para acabar con la impunidad

Julio de 1997 RESUMEN ÍNDICE A: AFR 24/01/97/s

DISTR: CO/GR/SC (26/97)

El 18 de febrero de 1997, el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, anunció públicamente la adopción de varias medidas, aunque sin concretar de qué tipo, para poner fin a las violaciones de derechos humanos en el país. El jefe del Estado reconoció también que algunos civiles, así como funcionarios militares y de seguridad, violan sistemáticamente esos derechos, y anunció que se exigirían responsabilidades y se castigaría a los autores de los abusos. Aunque en el pasado el presidente Obiang ha prometido mejorar la situación de los derechos humanos en el país, incumpliendo después sus promesas, ésta ha sido la primera vez en que ha admitido públicamente la violación sistemática de esos derechos en Guinea Ecuatorial, haciendo responsables de ello a autoridades civiles y de seguridad y anunciando que serán castigadas. Poner a disposición judicial a quienes violan los derechos humanos es fundamental para acabar con la impunidad y prevenir de forma eficaz nuevas violaciones.

Desde su independencia de España en 1968 han aumentado de forma incontrolada las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Las matanzas y otras formas de violación grave de los derechos humanos que se perpetraron durante el mandato del que fue presidente Francisco Macías Nguema, y que continuaron en menor escala durante el del actual presidente Obiang, no han sido jamás investigadas ni sus autores procesados, creando el clima de impunidad que reina en el país en la actualidad, especialmente entre las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, las autoridades se han mostrado poco inclinadas a limitar el poder de las fuerzas de seguridad y a controlar su conducta, lo cual es fundamental para acabar con la impunidad. Si no se consigue, ninguna otra medida de protección de los derechos humanos surtirá efecto, y las intenciones expresadas por el presidente Obiang pueden quedarse en meras palabras vacías.

PALABRAS CLAVE:IMPUNIDAD1 / MUERTE BAJO CUSTODIA1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / MILITARES COMO VÍCTIMAS / MILITARES / POLICÍA / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / ELECCIONES /

Este texto resume el documento titulado Guinea Ecuatorial: Una oportunidad para acabar con la impunidad (Índice AI: AFR 24/01/97/s), publicado por Amnistía Internacional en julio de 1997. Si desean más información o emprender alguna acción al respecto deben consultar el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Amnistía Internacional

GUINEA ECUATORIAL

Una oportunidad para acabar

con la impunidad

Julio de 1997

Índice AI: AFR 24/01/97/s

Distr: CO/GR/SC

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

GUINEA EQUATORIAL

Una oportunidad para acabar con la impunidad

El 18 de febrero de 1997, el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, anunció públicamente la adopción de varias medidas, aunque sin concretar de qué tipo, para poner fin a las violaciones de derechos humanos en el país. El jefe del Estado reconoció también que algunos civiles, así como funcionarios militares y de seguridad, violan sistemáticamente esos derechos, y anunció que se exigirían responsabilidades y se castigaría a los autores de los abusos. Aunque en el pasado el presidente Obiang ha prometido mejorar la situación de los derechos humanos en el país, incumpliendo después sus promesas, ésta ha sido la primera vez en que ha admitido públicamente la violación sistemática de esos derechos en Guinea Ecuatorial, haciendo responsables de ello a autoridades civiles y de seguridad y anunciando que serán castigadas. Poner a disposición judicial a quienes violan los derechos humanos es fundamental para acabar con la impunidad y prevenir de forma eficaz nuevas violaciones.

Desde su independencia de España en 1968 han aumentado de forma incontrolada las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Las matanzas y otras formas de violación grave de los derechos humanos que se perpetraron durante el mandato del que fue presidente Francisco Macías Nguema, y que continuaron en menor escala durante el del actual presidente Obiang, no han sido jamás investigadas ni sus autores procesados, creando el clima de impunidad que reina en el país en la actualidad, especialmente entre las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, las autoridades se han mostrado poco inclinadas a limitar el poder de las fuerzas de seguridad y a controlar su conducta, lo cual es fundamental para acabar con la impunidad. Si no se consigue, ninguna otra medida de protección de los derechos humanos surtirá efecto, y las intenciones expresadas por el presidente Obiang pueden quedarse en meras palabras vacías.

Las declaraciones del presidente Obiang se produjeron tras la muerte de Evaristo Abaga Ndongo a finales de enero de 1997 después de ser torturado bajo custodia policial. Evaristo Abaga Ndongo había sido arrestado el 31 de enero en Acurnam-Nsomo, distrito de Evinayong, en la región continental de Río Muni, tras una pelea con su tío, Manuel Asumu Mbomio, que pidió a dos policías que lo arrestaran. Manuel Asumu Mbomio es el representante local del partido gobernante, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). Los informes indican que Evaristo Abaga Ndongo fue golpeado en el momento del arresto y, posteriormente, en el vehículo que lo trasladaba a Evinayong. A consecuencia de los golpes quedó inconsciente, y más tarde fue trasladado a un hospital, donde murió poco después de su ingreso. Al parecer, no se efectuó ninguna investigación sobre su muerte, y se indicó a su familia que lo enterraran inmediatamente.

Tres semanas después, un tribunal militar declaró culpables a dos policías de la muerte de Evaristo Abaga Ndongo y los condenó a sendas penas de 10 y 20 años de cárcel. Esta rápida actuación indicaba la influencia de las palabras del presidente Obiang. Si las autoridades ecuatoguineanas están decididas a actuar sin demora contra quienes violan los derechos humanos, deben asegurarse de que los perpetradores de otros casos pendientes también pasan a disposición judicial.

En los últimos años se han producido numerosos incidentes de ejecución extrajudicial y de torturas, algunos de ellos con resultado de muerte, que no han sido investigados y por los que ni a las víctimas ni a las familias se ha proporcionado indemnización alguna. Éste es el caso de Pedro Motú Mamiaga, que murió bajo custodia en agosto de 1993 a consecuencia de brutales torturas. No se abrió ninguna investigación judicial sobre su muerte y a su familia no se le entregó el cadáver. Ese mismo año murieron a consecuencia de torturas al menos otras dos personas, ambas militantes del partido Unión Popular (UP). Dámaso AbagaNvemurió en marzo en Ebebiyín, al nordeste de Río Muni. Gaspar Oyono Mbafalleció a causa de una hemorragia interna en junio, cuatro días después de haber sido brutalmente torturado en la comisaría de Nsok-Nsomo, en el distrito de Ebebiyín. Sus muertes jamás se investigaron, como tampoco las de Simplicio Llorentey Manuel Villarubia, que fueron abatidos a tiros deliberadamente por un soldado en Annobón, en agosto de 1993.

En marzo de 1994, dos soldados mataron a tiros deliberadamente al ex tenienteAntonio Ndongcinco días después de su vuelta de Gabón con otros 20 hombres. Los soldados encontraron al grupo durmiendo en la selva tras cruzar la frontera y, acusándolos de tratar de derrocar al gobierno, arrestaron a 15 de sus integrantes. Antonio Ndong consiguió escapar junto con otros, pero fue encontrado más tarde. Según los informes, no estaba armado y trató de rendirse, pero, en lugar de arrestarlo, un soldado le disparó en la frente y otro en la oreja. Los arrestados fueron torturados brutalmente y juzgados por un tribunal militar en julio, que los condenó a penas de entre 12 y 30 años de cárcel. Durante el juicio se hizo caso omiso de sus afirmaciones de haber sido torturados, pese a que las señales de tortura eran aún visibles. La muerte de Antonio Ndong y la tortura de los otros 15 hombres no han sido investigadas.

En abril de 1995, un policía abatió a tiros a Faustino Sule Bopaal intentar detenerlo en Basapu. Faustino Sule Bopa se había negado a acompañarlo sin una orden oficial. A finales de septiembre se produjo el homicidio deliberado de otro hombre en la aldea de Miboman, cerca de Ebebiyín, tras las elecciones municipales. Según los informes, cuando los habitantes de la localidad celebraban la victoria electoral de la Unión Popular en la zona, llegaron unos agentes de seguridad armados, algunos uniformados y otros vestidos de civil, que comenzaron a disparar indiscriminadamente, matando a Félix Esono Mba.

El año pasado varios incidentes de tortura quedaron sin investigar, y sus autores sin castigo. Además, las víctimas no recibieron tratamiento médico. En su informe ante el 53 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra en marzo y abril de 1997, el Relator Especial de la ONU para Guinea Ecuatorial ofreció detalles del caso del soldado Salvador Ndong Mbaque, junto con otros 10 compañeros, fue acusado de tramar un golpe en julio de 1996. Juzgados en noviembre y condenados a penas de cárcel de entre dos a 12 años, todos fueron brutalmente torturados al ser arrestados. Cuando el Relator Especial vio a Salvador Ndong Mba, en diciembre de 1996, éste aún tenía heridas abiertas en los pies, y marcas en las muñecas que indicaban que había sido atado y colgado de ellas. Asimismo, presentaba dificultad para andar y mover las manos.

En marzo de 1996,Amancio Gabriel Nse, destacado miembro de Convergencia para la Democracia Social (CDPS) en Bata, Río Muni, fue brutalmente golpeado en todo el cuerpo y en los pies con un cable de alta tensión mientras se hallaba detenido en la comisaría de Bata. A consecuencia de los golpes no pudo andar durante algún tiempo.

Dos meses más tarde, en mayo, Norberto Esono, miembro del Partido del Progreso (PP) detenido por negarse a militar en el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, fue torturado en la comisaría de Niefang. Los tres policías que lo habían arrestado lo golpearon en la cabeza con las culatas de sus rifles. El resultado de la tortura fue la rotura de un brazo y una pierna, así como múltiples hematomas. Además, durante algún tiempo, Norberto Esono orinó sangre.

Al parecer, no se llevó a cabo ninguna investigación sobre éstos y otros muchos casos. Desde comienzos de la década de los noventa, Amnistía Internacional ha registrado centenares de casos de torturas y malos tratos y ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades de Guinea Ecuatorial a que efectúen investigaciones independientes e imparciales sobre los incidentes a fin de poner a los responsables a disposición judicial. Procesar a quienes violan los derechos humanos es la clave para prevenir eficazmente nuevas violaciones y acabar con la impunidad. Sin embargo, es importante que los acusados de cometer violaciones de esos derechos sean juzgados de acuerdo a las normas internacionales de garantías procesales, incluido el derecho a apelar ante un tribunal superior que pueda examinar la imparcialidad del juicio en primera instancia.

En febrero de 1997, el presidente Obiang se comprometió públicamente a terminar con la impunidad de las fuerzas de seguridad y a hacer respetar los derechos humanos. Esta lucha contra la impunidad debe ser librada sin excepciones y de acuerdo a las normas internacionales.

7200

En concreto, Amnistía Internacional insta a las autoridades de Guinea Ecuatorial a que:

C den órdenes claras a todos los miembros de las fuerzas de seguridad para que actúen de acuerdo con el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y que se aseguren de que todo el personal de las fuerzas de seguridad recibe una cuidadosa formación sobre este importante código y sobre otras normas internacionales pertinentes de derechos humanos;

C ratifiquen la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas;

C investiguen todos los informes de muertes de detenidos y de ejecuciones extrajudiciales. Estas investigaciones deben ser llevadas a cabo de forma diligente, imparcial y eficaz por un organismo independiente de los presuntos responsables, como marcan los Principios de las Naciones Unidas Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.