Document - Guinée équatoriale. Les préoccupations d'Amnesty International à propos du récent procès de Simon Mann et de sept autres coaccusés
AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
Índice AI: AFR 24/009/2008
Fecha: 16 de julio de 2008
Guinea Ecuatorial: Preocupación por el reciente juicio de Simon
Mann y otros acusados
El 7 de junio de 2008 se impusieron en Guinea Ecuatorial largas
penas de prisión a ocho hombres –seis ecuatoguineanos y dos
extranjeros— tras un proceso judicial que no cumplió las normas
internacionales sobre juicios justos.
Simon Mann, ciudadano británico, fue declarado culpable de haber
intentado cometer delitos contra el jefe del Estado, el gobierno y
la paz y la independencia de Guinea Ecuatorial en 2004. Lo
condenaron a un total de 34 años de prisión. Había sido excarcelado
en Zimbabue en mayo de 2007, tras cumplir condena por haber
intentado comprar armas sin licencia, y había sido detenido de
nuevo inmediatamente, en espera de su extradición a Guinea
Ecuatorial para ser juzgado por dichos delitos.
Mohamed Salaam, hombre de negocios libanés, residente en Guinea
Ecuatorial desde hace varios años, fue declarado culpable de los
mismos delitos y condenado a 18 años de cárcel. Había sido detenido
sin orden judicial el 29 de marzo de 2008.
En el mismo juicio fueron juzgados también seis ecuatoguineanos que
habían sido detenidos sin orden judicial en marzo y abril de 2008
(Véase Guinea Ecuatorial: Detenciones y muerte bajo custodia de
un opositor político, Índice AI: AFR 24/003/2008). Fueron
acusados y declarados culpables de asociación ilícita por ser
miembros de la organización prohibida Partido del Progreso de
Guinea Ecuatorial (PPGE) y celebrar reuniones a principios de 2006
y por posesión de armas y municiones. Cinco de ellos, Cruz Obiang
Ebele, Emiliano Esono Michá, Gerardo Angüe Mangue, Gumersindo
Ramírez Faustino y Juan Ecomo Ndong, fueron condenados a seis años
de prisión, y el sexto, Bonifacio Nguema Ndong, a uno.
Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que los
seis ecuatoguineanos fueran juzgados junto con Simon Mann, que
estaba acusado de un presunto intento de golpe de Estado ocurrido
en marzo de 2004, a pesar de que los cargos presentados contra
ellos no guardaban ninguna relación con este suceso. De acuerdo con
la información recibida por la organización, en el tribunal no se
intentó en ningún momento relacionar a los seis ecuatoguineanos con
el caso de Simon Mann ni se presentó ninguna prueba con tal
fin.
Amnistía Internacional teme, además, que los seis ecuatoguineanos
sean presos de conciencia, detenidos únicamente por el ejercicio
pacífico de su derecho a la libertad de asociación y reunión, y
declarados culpables sobre la base de declaraciones que firmaron
bajo coacción o tortura.
También son motivo de preocupación para Amnistía
Internacional algunos aspectos de la fase previa al juicio que
violaron el derecho a un juicio justo, a saber:
Los seis ecuatoguineanos y Mohamed Salaam fueron detenidos sin
orden judicial, lo que violó la legislación de Guinea Ecuatorial y
el derecho a no ser detenido arbitrariamente.
Al menos en el caso de los ecuatoguineanos, no se informó con
prontitud a los detenidos de los cargos presentados contra ellos,
sino hasta un par de meses después de su detención.
Los ecuatoguineanos hicieron sus declaraciones bajo coacción, y no
fue el juez de instrucción quien les tomó declaración, como dispone
la legislación de Guinea Ecuatorial. Los acusados comparecieron por
primera vez ante el juez de instrucción el 12 de junio de 2008,
cuando les leyó los cargos formulados contra ellos. Hicieron sus
declaraciones primeramente ante la policía y después ante el
fiscal, en presencia del ministro de Seguridad Nacional, pero sin
asistencia letrada, lo que constituyó una violación de su derecho a
comunicarse con un abogado. Además, en contra de las disposiciones
sobre juicios justos de las normas internacionales de derechos
humanos, según las cuales no se puede obligar a nadie a declararse
culpable ni a declarar contra sí mismo, los acusados fueron
obligados a firmar declaraciones que no habían hecho.
Al menos dos de los ecuatoguineanos sufrieron trato cruel, inhumano
y degradante, pues fueron golpeados bajo custodia policial.
Los acusados estuvieron recluidos en régimen de incomunicación en
la prisión de Black Beach de Malabo, sin acceso a sus familias ni a
sus abogados. Esta situación tuvo efectos negativos en sus salud
física y mental, particularmente en el caso de Mohamed Salaam. La
detención en régimen de incomunicación viola las disposiciones
sobre juicios justos de las normas internacionales de derechos
humanos, que garantizan a toda persona detenida el derecho de
acceso a su familia, a un médico y a un abogado.
Violando también las disposiciones sobre juicios justos de las
normas internacionales de derechos humanos, no se proporcionó a los
acusados tiempo ni medios suficientes para preparar su defensa. No
tuvieron acceso a un abogado hasta cinco días antes del comienzo
del juicio, ni tuvieron tampoco acceso a toda la información
necesaria para preparar la defensa.
Amnistía Internacional considera igualmente motivo preocupación
algunos aspectos del mismo juicio, en particular:
Los ecuatoguineanos se retractaron ante el tribunal de sus
declaraciones, alegando que las habían hecho bajo coacción y
tortura. Sin embargo, éste no examinó las denuncias de coacción y
permitió que las declaraciones se admitieran como prueba. Además,
en la recapitulación que hizo al final del juicio, el fiscal
general solicitó 20 años más de condena por no haber colaborado los
acusados con la administración de justicia al decir ante el
tribunal que los habían obligado con coacción a firmar las
declaraciones.
Los seis ecuatoguineanos fueron declarados culpables de celebrar
reuniones ilegales y ser miembros de un partido político prohibido,
lo que supone una violación de su derecho a la libertad de
asociación y reunión. Además, el fiscal no presentó pruebas de que
estuvieran realmente en posesión de armas y municiones, por lo que
no asumió la carga de la prueba. El fiscal no pudo demostrar más
allá de toda duda razonable que los acusados fueron culpables. Al
declarar culpables a los causados sin la práctica de la prueba, el
tribunal violó su derecho a un juicio justo.
Sólo hubo servicio de interpretación en la parte del juicio
dedicada directamente al interrogatorio de Simon Mann y Mohamed
Salaam. El resto, incluida la lectura del acta de acusación, se
celebró en español. Por consiguiente, estos dos hombres no pudieron
seguir íntegramente el procedimiento, con lo que se violó su
derecho de igualdad procesal.
El primer día del juicio, Simon Mann entró en la sala con grilletes
en los pies. Aunque el presidente del tribunal ordenó en seguida
que se los quitaran, este hecho constituyó trato cruel, inhumano y
degradante y vulneró la presunción de inocencia.
Amnistía Internacional ve con preocupación los informes sobre el
estado de salud mental de Mohamed Salaam y pide a las autoridades
ecuatoguineanas que cumplan con sus obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos y le permitan de inmediato el acceso a
los debidos servicios médicos.
La organización insta a las autoridades de Guinea Ecuatorial a que
respeten el derecho a un juicio justo y cumplan con las
obligaciones internacionales que han contraído en materia de
derechos humanos. En particular, Amnistía Internacional pide que se
investiguen las denuncias de tortura y malos tratos y que se ponga
a los presuntos responsables a disposición judicial. Además, las
autoridades ecuatoguineanas deben permitir de inmediato a todos los
presos el acceso a sus familias, a sus abogados y a los servicios
médicos que puedan necesitar.
FIN/
Documento público
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