6 de noviembre de 2001

Índice AI: AFR 29/005/2001/s

Servicio de Noticias 196/01

Guinea: Las fuerzas de seguridad deben respetar el derecho a la libertad de expresión y asociación

«Las detenciones arbitrarias y los malos tratos a opositores políticos pacíficos son inaceptables y deben acabar», ha declarado hoy Amnistía Internacional, en vísperas del referéndum constitucional que se celebrará en Guinea el 11 de noviembre. «El gobierno debe garantizar que sus fuerzas de seguridad respetan plenamente el derecho a la libertad de expresión y asociación».

A medida que se aproxima el referéndum, Amnistía Internacional siente cada vez más preocupación por el uso excesivo de la fuerza y por otras violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad de Guinea. Según los informes, el 3 de noviembre del 2001 miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron durante un breve periodo a dirigentes de partidos políticos de oposición y utilizaron porras y gas lacrimógeno contra civiles para impedir que se celebraran manifestaciones pacíficas en Conakry, la capital. Según los informes, también se detuvo arbitrariamente y se golpeó a manifestantes en la ciudad de Kankan, en el noreste del país, el 30 de octubre del 2001. Amnistía Internacional teme que, a menos que se tomen urgentemente, tanto antes del referéndum como en las semanas siguientes, medidas de prevención, la situación de los derechos humanos se deteriorará aún con más rapidez.

Las fuerzas de seguridad de Guinea utilizan habitualmente la violencia, incluida la tortura, y otras formas de intimidación para reprimir la oposición política. Las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, en las que fue reelegido el presidente Lansana Conté, se vieron enturbiadas por la violencia de las fuerzas de seguridad. Los partidos de oposición dijeron que la votación había sido injusta y acusaron al gobierno de manipular las elecciones. Parlamentarios de oposición, miembros de los gobiernos locales y decenas de individuos más, entre los que había mujeres y muchachas jóvenes, fueron detenidos. Muchos de ellos fueron torturados durante la detención, incluidas varias mujeres y niñas que fueron violadas. Algunos de los detenidos permanecieron recluidos sin cargos durante meses o fueron condenados a largas penas de prisión tras juicios sin las debidas garantías. Las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad no han sido investigadas formalmente por las autoridades, y nadie ha comparecido ante la justicia para responder de estos delitos. Las fuerzas de seguridad siguen actuando impunemente.

Amnistía Internacional ha declarado: «Está claro que existe una larga pauta de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Guinea. El gobierno guineano debe dar instrucciones, de forma pública e inmediata, a sus fuerzas para que pongan fin a las detenciones arbitrarias y a la violencia contra manifestantes pacíficos. Debe respetarse plenamente el derecho fundamental a la libertad de expresión y asociación».

Amnistía Internacional pide también a los gobiernos donantes y a las organizaciones intergubernamentales como la Unión Europea que planteen los motivos de preocupación respecto a los derechos humanos al presidente Conté y a su gobierno. El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y otros han manifestado ya su preocupación por el referéndum que, si se aprueba, ampliará el mandato actual del presidente Conté y le permitirá presentarse como candidato para un tercer mandato. Una coalición de partidos de oposición guineanos ha hecho campaña durante meses contra el referéndum y ha pedido a los votantes que lo boicoteen.

Información general

El presidente Conté se hizo con el poder en 1984 tras un golpe de Estado militar. El terrible historial de derechos humanos de su gobierno y de sus fuerzas de seguridad ha sido bien documentado por Amnistía Internacional y por otras organizaciones de derechos humanos. Recientemente, el gobierno ha reanudado las ejecuciones judiciales después de más de 15 años. Siete personas han sido ejecutadas desde febrero del 2001, y otras 22 han sido condenadas a muerte durante el año y están ahora en espera de ejecución. Antes de febrero del 2001, no se había tenido noticia de ninguna ejecución desde 1984. Amnistía Internacional pide al presidente Conté que conmute todas las condenas de muerte pendientes y que decrete la abolición de la pena de muerte tanto en la ley como en la práctica.

Aún no se ha permitido al dirigente de la oposición y ex preso de conciencia Alpha Condé reanudar sus actividades como miembro de la Asamblea Nacional. Amnistía Internacional cree que esto constituye una violación adicional de su derecho a la libertad de expresión. A pesar de que Condé fue puesto en libertad en mayo del 2001, el gobierno ha manifestado que sus «antecedentes penales» le impiden participar en la vida política. Alpha Condé permaneció encarcelado durante casi dos años y medio tras las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, en las que se presentó como candidato.

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