Servicio de Noticias 207/95

ÍNDICE AI: AFR 44/26/95/s

1 de noviembre de 1995

NIGERIA: AMNISTIA INTERNACIONAL CONDENA LAS SENTENCIAS DE MUERTE DICTADAS, TRAS JUICIOS MANIFIESTAMENTE INJUSTOS, CONTRA KEN SARO-WIWA Y OTROS DETENIDOS OGONI

Amnistía Internacional condena las sentencias de muerte dictadas contra el líder del movimiento en favor de los derechos de la minoría ogoni, Ken Saro-Wiwa, y otras ocho personas declaradas culpables de asesinato esta semana, y pide con carácter de urgencia a las autoridades nigerianas que conmuten estas sentencias de forma inmediata.

«Nos horroriza el hecho de que estas sentencias de muerte hayan sido impuestas después de juicios injustos y condicionados por motivos políticos ─ha afirmado hoy Amnistía Internacional─. Al menos dos de estas personas, Ken Saro-Wiwa y el Dr. Barinem Kiobel, son presos de conciencia y, como tales, deben quedar inmediatamente en libertad».

Los días 30 y 31 de octubre, un tribunal especial condenó a morir en la horca a los nueve presos, después de declararlos culpables de asesinato. Ledum Mitee y otros cuatro acusados en los dos juicios fueron absueltos.

Los acusados fueron condenados en relación con el asesinato, en mayo de 1994, de cuatro líderes ogoni a manos de una multitud enfurecida, hecho del que las autoridades declararon responsable, el día después de los asesinatos, a la dirección del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP). El MOSOP, organización no gubernamental con sede en el estado de Rivers, en el sureste de Nigeria, ha sido perseguido por el gobierno durante los últimos años, por su campaña no violenta contra los daños medioambientales que causan las empresas petroleras y en favor de una mayor autonomía para el grupo étnico ogoni.

Los acusados estuvieron detenidos en régimen de incomunicación durante al menos ocho meses antes de que se formularan cargos contra ellos y, según informes, varios han sido torturados o maltratados bajo custodia militar. Un Tribunal Especial de Disturbios Civiles los condenó en dos juicios celebrados en Port Harcourt, estado de Rivers. El gobierno militar designó especialmente al citado tribunal, que queda fuera del sistema judicial normal, para que juzgara estos casos.

Preocupa a Amnistía Internacional que se haya denegado a los acusados el derecho a un juicio justo y que no les asista el derecho a recurrir a un tribunal superior o independiente. Los juicios han constituido una conculcación de las normas nigerianas e internacionales de juicio justo con las que el Estado nigeriano está comprometido.

El Tribunal ha dado muestras de no ser ni independiente del control de los organismos estatales ni imparcial. El Gobierno Militar Federal ha controlado todos los aspectos del caso: los arrestos, las investigaciones, el procesamiento, la designación del tribunal y el desarrollo del juicio como tal. Dos testigos clave de la acusación afirmaron que los habían amenazado y sobornado para que prestaran declaraciones falsas. Los abogados de la defensa se retiraron de los juicios en junio y en julio de 1995, en protesta por la continua parcialidad del Tribunal en favor de la acusación.

Amnistía Internacional pide la liberación de Ken Saro-Wiwa y de otros acusados considerados presos de conciencia, puesto que cree que han sido encarcelados por sus actividades políticas no violentas.

La organización pide asimismo la liberación de todos los demás acusados, a menos que sus condenas y sentencias vayan a ser revisadas por un órgano judicial superior e independiente.

Amnistía Internacional pide asimismo la liberación de al menos 17 detenidos ogoni, encarcelados en relación con este caso y que no han sido juzgados, a menos que esté previsto formular cargos contra ellos y juzgarlos sin demora y con imparcialidad, al amparo de todos los derechos de defensa y sin imposición de la pena de muerte.

Estos detenidos llevan en régimen de incomunicación y sin juicio desde mediados de 1994. Uno de ellos, Clement Tusima, murió bajo custodia en agosto de 1995, al parecer después de pasar meses gravemente enfermo y sin asistencia médica adecuada. En junio de 1995, fueron trasladados de un centro de detención de la policía a un centro penitenciario por un «cargo pendiente». No se sabe con certeza si los juzgará también el Tribunal Especial de Disturbios Civiles en relación con los mismos asesinatos.

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Quienes deseen obtener más información, pueden consultar Nigeria: the Ogoni trials and detentions, 15 de septiembre de 1995 (AFR 44/20/95).