Servicio de Noticias 029/99

ÍNDICE AI: AFR 46/07/99/s

8 DE FEBRERO DE 1999

Zimbabue: el gobierno lanza una campaña contra la sociedad civil

Zimbabue sufre una creciente crisis de derechos humanos que podría tener graves repercusiones para los países vecinos, ha declarado hoy Amnistía Internacional, al tiempo que pedía a los jefes de Estado del África Austral que expusieran la situación con carácter urgente al presidente Robert Mugabe.

«El debilitamiento del Estado de Derecho en Zimbabue tendrá consecuencias en otros países del África Austral», ha afirmado Amnistía Internacional.

«Queremos instar a los líderes del África Austral a que hablen con su homólogo de Zimbabue para reafirmar la importancia del Estado de derecho, de la libertad de prensa y de la independencia del poder judicial.»

En lo que parece un nuevo ataque contra la libertad de los medios de comunicación, el 8 de febrero fueron detenidos cuatro periodistas de una publicación independiente, en relación con un artículo en el que, según el ejército, se veía con malos ojos la intervención de Zimbabue en la República Democrática del Congo.

La periodista Grace Kwinjeh y el director Fernando Gonçalves fueron detenidos en las oficinas del semanario Zimbabwe Mirror y acusados de publicar un reportaje falso «que puede causar temor, alarma o abatimiento en la opinión pública», en aplicación de la draconiana Ley de Mantenimiento del Orden Público.

Por otra parte, el ex director Farai Mungazi y el director ejecutivo del semanario, el doctor Ibbo Mandaza, fueron detenidos posteriormente y acusados del mismo delito. Farai Mungazi y Fernando Gonçalves fueron puestos en libertad, pero Grace Kwinjeh y el doctor Ibbo Mandaza siguen bajo custodia policial, por orden de un alto cargo de la policía.

Amnistía Internacional cree que los tres periodistas han sido detenidos aparentemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y que deben ser puestos en libertad de inmediato.

La organización siente temor por la integridad física de los dos periodistas que siguen bajo custodia, dadas las recientes detenciones y torturas sufridas por otros periodistas a quienes la policía puso bajo custodia militar hace tres semanas. Mark Chavunduka y Ray Choto —del periódico independiente zimbabuense Standard— fueron torturados con descargas eléctricas, golpes y asfixia con agua.

Información general

La detención hoy de estos cuatro periodistas se produce después del ataque que lanzó el presidente Mugabe contra la sociedad civil en un discurso de una hora televisado el 6 de febrero de 1999. En su alocución, el presidente Mugabe atacó verbalmente a cuatro magistrados del Tribunal Supremo que le habían pedido que reafirmarse su compromiso con «el Estado de derecho» en Zimbabue, después de que altos cargos del ejército desobedecieran tres mandamientos del Tribunal Superior en las que éste ordenaba la libertad de Mark Chavunduka, detenido ilegalmente bajo custodia del ejército.

En relación con las presuntas torturas infligidas a Mark Chavunduka y Ray Choto, los cuatro magistrados pidieron al presidente Mugabe que confirmara que sólo la policía civil puede practicar detenciones, condenada el presunto episodio de torturas y garantizara que se investigaría el mismo, así como que reafirmara su confianza en un poder judicial independiente y en la jurisdicción policial para investigar presuntos delitos.

El presidente Mugabe, por el contrario, pidió a los magistrados del Tribunal Supremo que dimitieran de sus cargos, atacó a los periodistas y activistas de derechos humanos de raza blanca, jurando que tomaría «severas medidas» contra ellos y aparentemente aprobó las torturas que sufrieron los dos periodistas a manos de sus interrogadores militares.

En su discurso a la nación, el presidente Mugabe declaró que los jueces no tenían derecho a dar instrucciones al presidente en ningún asunto, y les pidió que dimitieran y se convirtieran en políticos. En un radical ataque contra algunos zimbabuenses de raza blanca, el presidente Mugabe dijo que el director administrativo del Standard, Clive Wilson, y el director ejecutivo de la publicación, Clive Murphy —así como al abogado defensor de los derechos humanos David Coltart y Mike Auret, director nacional de la Comisión Católica Justicia y Paz— tenían una agenda «maligna» para derribar el gobierno negro de su país. También criticó al Reino Unido por debilitar su legítimo gobierno.

El presidente afirmó asimismo que «han llevado nuestro sentido de la tolerancia racial hasta el límite« y advirtió de que tomaría «medidas muy duras contra ellos». Esto parece una velada amenaza de tomar acciones extra legales contra ellos, dado que ni los periodistas ni los activistas de derechos humanos han cometido ningún delito reconocido en sus actividades en defensa de los derechos humanos.

Grace Kwinjeh, Fernando Gonçalves, Ferayi Mungazi y el doctor Ibbo Mandaza fueron detenidos por la División de Investigaciones Criminales de la Policía de la República de Zimbabue para ser interrogados en relación con un artículo publicado el 30 de octubre de 1998. En dicho artículo se informaba de que una familia zimbabuense había recibido la cabeza de su hijo, sin el cuerpo, después de que éste perdiera la vida en acción, mientras estaba desplegado con el Ejército Nacional de Zimbabue en la República Democrática del Congo.

La semana pasada, el Departamento de Inmigración de Zimbabue exigió que todos los periodistas locales y extranjeros que trabajasen para los medios de comunicación internacionales presentasen sus permisos de trabajo y sus pasaportes, en lo que se ha interpretado como una medida destinada a intimidar a los corresponsales extranjeros. Por otra parte, en los últimos días, el ministro de Información Chen Chimutengwende, el ministro de Exteriores Dumiso Dabengwa y el ministro de Estado para la Seguridad Nacional Sydney Sekeramayi han amenazado con crear nuevas leyes para limitar drásticamente la libertad de los medios de comunicación independientes.