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9 de octubre del 2000 Documento público

Amnistía Internacional condena la amnistía de Zimbabue

Amnistía Internacional ha calificado de «injusto» e «inaceptable» el indulto presidencial decretado el 6 de octubre en Zimbabue. El decreto otorga una amnistía total a cualquier persona susceptible de enjuiciamiento penal, cuya culpabilidad o inocencia no ha sido determinada por un tribunal de justicia, por cualquier delito de motivación política cometido en el periodo transcurrido entre el 1º de enero y el 31 de julio del 2000.

Pese a que el decreto exceptúa ciertos delitos graves, la amnistía protege a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos susceptibles de ser procesados, o acusados, por agresión con intención de causar lesiones graves (tortura), agresiones ordinarias, secuestro y rapto (que incluye por lo menos un caso de desaparición forzada) en relación con el referéndum del 12 y 13 de febrero y las elecciones del 24 y 25 de junio.

«Es necesario que se abra sin dilación una investigación imparcial e independiente de todos los abusos graves contra los derechos humanos cometidos en el periodo anterior a las elecciones de junio en Zimbabue, y que se ponga a los responsables a disposición de la justicia», insiste Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional se opone a la concesión de indultos, amnistías y medidas similares de impunidad respecto de los crímenes contra el derecho internacional que previenen que salga a la luz la verdad, que se determine la culpabilidad o inocencia ante un tribunal de justicia y que se dé la debida reparación a las víctimas.

«Esta amnistía es una oportunidad perdida de hacer justicia y de romper el ciclo de impunidad que está ahogando a Zimbabue. Al no atacar la impunidad de los graves abusos contra los derechos humanos, el decreto no tiene efecto disuasivo que impida que se cometan nuevos abusos o se sigan despreciando las normas internacionales de derechos humanos», dice Amnistía Internacional

Zimbabue presenta un historial preocupante de impunidad que se remonta a la época del gobierno de Rodesia, cuando Ian Smith era primer ministro. Amnistía Internacional pide hoy que se revoque esta amnistía al igual que hizo en su día respecto de la amnistía concedida tras la independencia a los funcionarios del gobierno de Ian Smith en los años de 1970, y respecto de la amnistía para los responsables de las atrocidades cometidas en los años de 1980 en Midlands y Matabeleland. Amnistía Internacional teme que esta amnistía, como hicieron las anteriores, sólo sirva para animar a la comisión de nuevos abusos contra los derechos humanos.

«No puede haber verdadera reconciliación ni una atmósfera propicia a la promoción de los derechos humanos, si no se determina la verdad sobre los graves abusos contra los derechos humanos que han ocurrido en Zimbabue y no se lleva ante la justicia a los responsables», insiste la organización.

Visto que Zimbabue tiene programadas elecciones presidenciales para principios del 2002, una amnistía de este tipo, que perdona los abusos contra los derechos humanos cometidos en el marco de una campaña electoral, es una mala señal.

Amnistía Internacional desafía muy particularmente a la comunidad internacional a que cumpla sus obligaciones de poner fin a la impunidad y llevar a la justicia a los responsables de los abusos graves contra los derechos humanos, condenando enérgica e inequívocamente esta orden del ejecutivo. «La comunidad internacional debe reconocer explícitamente que la amnistía socava gravemente las obligaciones de Zimbabue en materia de derecho internacional de derechos humanos», dice la organización.

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