ÍNDICE AI: AFR 51/66/00/s Servicio de Noticias 149/00

Embargado hasta las 00:01 horas GMT del 4 de agosto del 2000 Documento público

Sierra Leona: El Consejo de Seguridad de la ONU debe reforzar el tribunal especial independiente al que se encomendará el enjuiciamiento de individuos que han perpetrado abusos contra los derechos humanos

Para que se pueda poner fin a la impunidad de los abusos contra los derechos humanos cometidos en Sierra Leona, el establecimiento de un tribunal especial, que actualmente se encuentra sometido al examen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), debe insertarse en un proceso fiable y eficaz que se ajuste a las normas internacionales de imparcialidad procesal, ha señalado hoy Amnistía Internacional.

El 26 de julio pasado, Amnistía Internacional publicó el informe Sierra Leone: Ending impunity - an opportunity not to be missed (AFR 51/60/00), que expone las recomendaciones de la organización sobre los medios de impulsar un proceso que logre impartir justicia para las víctimas de los abusos contra los derechos humanos cometidos en Sierra Leona, garantice que se juzga a los inculpados de acuerdo con las normas internacionales y contribuya al fortalecimiento a largo plazo del poder judicial sierraleonés.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión del Consejo de Seguridad de dar los pasos necesarios para crear un tribunal especial independiente y le insta a tomar las medidas adecuadas para garantizar que este órgano cumple plenamente con los objetivos mencionados.

El proyecto de resolución a estudio del Consejo de Seguridad recomienda que se dote al tribunal de jurisdicción sobre todos aquellos ciudadanos sierraleoneses que, en el ejercicio de cargos importantes, tuvieron el mayor grado de responsabilidad por las violaciones más sistemáticas y atroces de la legislación de Sierra Leona y del derecho internacional humanitario, y especialmente aquellos individuos cuyas acciones han supuesto, desde el 7 de julio de 1999, graves amenazas contra la paz y la seguridad de la región. Amnistía Internacional interpreta este texto en el sentido de que el tribunal especial enjuiciará a las personas a las que se atribuye el más alto grado de responsabilidad por crímenes comprendidos en el derecho internacional, entre ellos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario. Aunque el Frente Revolucionario Unido ha sido responsable de abusos sistemáticos y generalizados durante los nueve años de conflicto armado interno, el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, las tropas del Ejército de Sierra Leona y las milicias de las Fuerzas de Defensa Civil también han cometido graves abusos contra los derechos humanos.

«Debe procesarse a los mayores responsables de estos crímenes, con independencia de su actual cargo o afiliación política, ya se trate de miembros del Frente Revolucionario Unido, el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Sierra Leona o las Fuerzas de Defensa Civil», ha afirmado Amnistía Internacional.

La jurisdicción del tribunal no debe limitarse a ciudadanos sierraleoneses, como establece la redacción actual del proyecto de la ONU, sino que debe incluir también a ciudadanos de otros países que puedan haber cometido tales crímenes. La decisión sobre quién debe ser enjuiciado debe encomendarse a un fiscal independiente que deberá actuar con la supervisión judicial adecuada. El Consejo de Seguridad debe pedir a todos los Estados que presten su cooperación, especialmente en lo que se refiere a la transferencia de personas inculpadas por el tribunal.

El acuerdo de paz suscrito por el gobierno y el Frente Revolucionario Unido el 7 de julio en Lomé, Togo, proponía una amnistía general para todos los actos —incluidos los abusos contra los derechos humanos— cometidos desde el comienzo del conflicto en 1991. El proyecto de resolución recuerda la interpretación que hace la ONU del acuerdo de paz en el sentido de que esta amnistía no se aplica a ciertos crímenes comprendidos en el derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.

«El Consejo de Seguridad debe ir más lejos y reafirmar que la amnistía no se aplica a crímenes comprendidos en el derecho internacional cometidos durante el conflicto; debe asimismo asegurar que este concepto se incorpora al estatuto del tribunal especial y se observa estrictamente», ha añadido Amnistía Internacional.

El proyecto de resolución pide que el secretario general de la ONU formule recomendaciones acerca del marco temporal de los delitos sobre los que el tribunal tendrá competencia. «El tribunal especial debe estar facultado para enjuiciar a individuos acusados de delitos comprendidos en el derecho internacional —entre ellos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra— y de ciertos delitos graves tipificados en la legislación nacional cometidos desde el comienzo del conflicto en 1991», ha afirmado la organización de derechos humanos.

Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad debe garantizar que el estatuto del tribunal no contemplará la posibilidad de que se castigue a los culpables con la pena de muerte —cuyo uso sí está previsto en la legislación de Sierra Leona—.

Amnistía Internacional ha recomendado que la ONU establezca, conjuntamente con las autoridades sierraleonesas, un marco judicial de carácter internacional, bajo los auspicios de la primera. El proyecto de resolución dispone que los jueces y fiscales del tribunal, así como la sede del órgano, deberán seleccionarse por medios que salvaguarden la imparcialidad, independencia y fiabilidad del proceso.

Es importante asegurar que el tribunal, además de contar entre sus miembros a ciudadanos sierraleoneses, está integrado por una mayoría de miembros internacionales (tanto jueces como fiscales e investigadores) que deberán participar en todas las fases del proceso judicial. Ésta será una salvaguardia fundamental de la independencia e imparcialidad del órgano y garantizará que sus decisiones se adoptan de una manera imparcial e independiente.

El proyecto de resolución pide asimismo al secretario general de la ONU que formule recomendaciones respecto de la cantidad de contribuciones voluntarias de fondos, material y servicios que deberán hacerse al tribunal. Si se decide que su funcionamiento se sufragará mediante contribuciones voluntarias, el Consejo de Seguridad deberá garantizar que se dispone de los recursos adecuados. De no ser así, los fondos necesarios deberán provenir del presupuesto regular de la ONU.

«Para que el tribunal pueda funcionar con eficacia, es fundamental que reciba un apoyo económico adecuado y sostenido», ha puntualizado Amnistía Internacional.

*********************************************************************************

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro