AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 54/079/2003/s (Público)

Servicio de Noticias: 201/03

29 de agosto de 2003

Sudán: Necesarias medidas inmediatas para proteger a los civiles y a los desplazados internos que se hallan en Darfur

Amnistía Internacional ha pedido hoy a todas las partes responsables de la intensificación de los ataques en Darfur, en el oeste de Sudán, que cesen inmediatamente todos los ataques deliberados e indiscriminados contra civiles o bienes de carácter civil. Cientos de civiles, pertenecientes en su mayoría a grupos sedentarios como los fur, los zaghawa, los masalit y los tungur, han resultado muertos o heridos y decenas de millares se han visto obligados a abandonar sus hogares en los últimos meses. Los ataques han sido perpetrados por «bandidos», milicias armadas o en el contexto de los enfrentamientos librados entre el ejército sudanés y el grupo de oposición armada Ejército de Liberación de Sudán, que actúa en la zona desde febrero de 2003.

«El gobierno de Sudán debe actuar de inmediato para proteger la vida de los civiles afectados por el conflicto, incluidos los desplazados internos que se hallan en Darfur ¯ha indicado Amnistía Internacional¯. Las autoridades sudanesas deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las personas desplazadas a causa del conflicto abierto reciban una protección adecuada y ayuda humanitaria de forma no discriminatoria.»

El gobierno sudanés está obligado en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a garantizar la protección de los civiles. Su respuesta a la situación en Darfur no debe comprender medidas susceptibles de impulsar nuevos desplazamientos. El gobierno debe condenar públicamente los abusos contra los derechos humanos cometidos en Darfur, que parecen ir dirigidos específicamente contra determinados grupos étnicos, y adoptar medidas urgentes para impedir nuevos homicidios ilegítimos de civiles.

El derecho internacional humanitario prohíbe ataques de esta naturaleza. El homicidio deliberado y arbitrario de civiles desarmados constituye una clara contravención del artículo común 3 de los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíbe: «los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas» de personas que no participen directamente en las hostilidades. El derecho internacional humanitario prohíbe asimismo los desplazamientos y la destrucción de bienes de carácter civil cuando no exista una necesidad militar absoluta, no obstante las partes en el conflicto que nos ocupa han cometido abusos de esta índole.

Homicidio ilegítimo de civiles

Según informes, a mediados de agosto un grupo armado de «bandidos» que vestían uniformes del ejército estatal sudanés conocidos como Jenjaweedatacaron dos pueblos habitados por miembros de las etnias masalit y fur situados en la zona de Wadi Salih, al oeste de Kabkabiya, en Darfur Occidental. En los ataques perpetrados en Bindisi, perdieron la vida al menos 26 personas y otras 60 resultaron heridas.

Según informes, en los últimos días el gobierno ha bombardeado diariamente con aviones Antonov las poblaciones de Kornoy y Tina, en la frontera con la República de Chad, en el norte de Darfur. Al parecer, en los bombardeos llevados a cabo en Kornoy, donde sigue habiendo civiles, no se respetó el principio de proporcionalidad ni la exigencia de discriminar entre objetivos militares y civiles o bienes de carácter civil. Los informes indican que la localidad de Tina se encuentra actualmente bajo el control del Ejército de Liberación de Sudán, aunque, al parecer, la mayoría de sus habitantes han huido a la República de Chad. Según informes, el 16 de julio la aldea de Barday, cercana a Kabkabiya, fue atacada por tierra y aire por el ejército estatal. El ataque se saldó con la muerte de al menos 58 civiles.

Según informes, los días 5 y 6 de agosto un grupo de Jenjaweedvestidos con uniformes del ejército estatal ejecutó sumariamente a al menos 42 civiles, entre ellos a Ali Suleiman y Alsir Ali Suleiman, en sus casas en la ciudad de Kutum, en el norte de Darfur. Según testimonios de civiles, las víctimas escogidas eran todos dirigentes comunitarios y hombres de negocios de las etnias zaghawa, fur y tungur. Los civiles sostienen que los agresores estaban armados y contaban con el respaldo del ejército sudanés; no obstante, el gobernador del norte de Darfur lo ha negado públicamente. Tras las ejecuciones los agresores saquearon el mercado y los bienes propiedad de la población civil e incendiaron las tiendas. El ataque se produjo tras la retirada del Ejército de Liberación de Sudán de Kutum el 3 de agosto.

Mientras el Ejército de Liberación de Sudán tomaba la ciudad de Kutum, milicias armadas presuntamente respaldadas por el gobierno atacaron pueblos de las inmediaciones. El 25 de julio, en ataques aparentemente deliberados llevados a cabo en Kereinga perdieron la vida al menos 15 civiles, entre ellos Duda Hassan Jabir y Yakub Khalifa Asan, y otras nueve personas resultaron heridas. Según informes, el 26 de julio 38 civiles resultaron muertos en la aldea de Abu Jidad, entre ellos Altigani Mahmoud Altayeb y Mohamed Abdulla Yaqub. Conforme a la información recibida, el 27 de julio, perdieron la vida en la aldea de Goor al-Naem al menos 43 civiles, entre quienes se encontraban Makka Naser Mahmoud y Mohamed Mansour Nahar; al parecer los agresores violaron a una mujer antes de asesinarla.

La organización ha recibido informes sobre otros homicidios cometidos a gran escala. No obstante, es difícil confirmar estas informaciones, debido a la ausencia de observadores independientes en la región, a las restricciones a las telecomunicaciones y al transporte impuestas por el gobierno, y a la prohibición impuesta por las fuerzas de seguridad a la prensa sudanesa en la capital de informar sobre los acontecimientos en Darfur. Amnistía Internacional teme que el número de muertos en Darfur sea muy superior al comunicado hasta ahora.

Desplazamientos provocados por el conflicto

Los ataques y el peligro de nuevos ataques han movido a decenas de miles de civiles a huir de sus hogares y desplazarse a Darfur o a buscar refugio en el vecino Chad. En una región afectada crónicamente por la sequía, el desplazamiento de civiles cuya subsistencia depende en gran medida de la agricultura aumenta la posibilidad de que se produzca una catástrofe humanitaria. La situación se ve agravada por varias circunstancias, a saber, el hecho de que las tierras han sido arrasadas por el fuego, el que los agresores hayan despojado a la población de los cereales y demás medios de subsistencia durante los ataques y la destrucción de los pozos de agua a causa de los bombardeos perpetrados por el gobierno. A ello hay que añadir el acceso limitado de los organismos humanitarios a la población afectada debido a la inseguridad reinante y a restricciones impuestas por las autoridades.

«Como ciudadanos sudaneses, los desplazados internos gozan de derechos reconocidos por la legislación nacional y el derecho internacional. El gobierno debe garantizar el respeto y protección por su parte de los derechos humanos de los desplazados sin discriminación, lo que comprende garantizar el acceso a tratamiento médico, alimentos y alojamiento adecuados», ha señalado Amnistía Internacional.

Decenas de civiles han huido a la ciudad de Kabkabiyadurante los últimos meses. Conforme a la información recabada por Amnistía Internacional, 300 pueblos de la zona han sido arrasados por los ataques o incendios provocados de que han sido objeto. Los informes indican que numerosas personas en la zona pasan la noche a la intemperie o en los colegios locales. La ayuda humanitaria que reciben es escasa o nula. Es el caso, por ejemplo, de cientos de personas que huyeron tras un ataque perpetrado el 25 de julio por milicias armadas vestidas con uniformes del ejército estatal contra Shoba, una aldea habitada por miembros del grupo fur situada 7 kilómetros al sur de Kabkabiya. En el ataque perdieron la vida al menos 51 lugareños, incluidos numerosos ancianos. No se tuvo noticia de bajas entre los atacantes. Según informes, la población no pudo regresar durante dos días a Shoba para asistir a los heridos y enterrar a los muertos debido a que soldados del ejército estatal habían cortado la carretera de acceso.

Miles de civiles han huido de Kutum y se han refugiado en pueblos vecinos o lugares desconocidos o bien han intentado llegar a El-Fasher, capital de la zona norte de Darfur, situada a unos 80 kilómetros al sudeste de la ciudad. Aunque, según parece, unos pocos de los desplazados han conseguido llegar a El-Fasher, los informes señalan que la mayoría se encuentra sin poder continuar en Kafut, un pueblo a medio camino entre ambas ciudades, debido a que el ejército sudanés está impidiendo la entrada de más civiles en busca de refugio en El-Fasher. Según informes, los civiles viven al abrigo de los árboles, sin medios de subsistencia, por lo que precisan con urgencia alimentos, ropa y un lugar donde refugiarse. Según informes, una comisión estatal de ayuda humanitaria y otras organizaciones de este ámbito han realizado una evaluación preliminar de la situación de los desplazados. Amnistía Internacional teme que aún siga sin tenerse en cuenta a muchos otros desplazados.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción cualquier medida positiva por parte de las autoridades sudanesas dirigida a abordar las necesidades relativas a la seguridad y a la situación humanitaria de los desplazados que se hallan en Darfur, tal como la evaluación preliminar sobre la situación en Kutum de que se ha tenido noticia. No obstante, la organización condena el ataque selectivo por parte de las fuerzas de seguridad sudanesas contra desplazados internos, ya sea mediante bombardeos, restricciones de acceso a zonas más seguras o detenciones y reclusiones arbitrarias de personas en función de su origen étnico o posición social que los hace sospechosos de respaldar al Ejército de Liberación de Sudán

La organización insta asimismo a la comunidad internacional a que condene los numerosos ataques contra civiles en Darfur y a que ejerza presión sobre las autoridades sudanesas para que adopten medidas urgentes encaminadas a proteger a los civiles y a los desplazados internos que se hallan en la región.

Información general

Durante los últimos años, grupos nómadas de la zona han dado muerte a cientos de civiles pertenecientes a grupos sedentarios que viven de la agricultura en Darfur, tales como los grupos fur, zaghawa y masalit, incendiando sus hogares y despojándolos de su ganado mayor y menor. En febrero de 2003, el Ejército de Liberación de Sudán tomó las armas en protesta por lo que consideraban una falta de protección estatal frente a los ataques contra grupos sedentarios y la marginación y subdesarrollo en Darfur.

Amnistía Internacional hizo entonces un llamamiento al gobierno de Sudán, pidiéndole que no respondiera a la crisis violando derechos humanos sino que la resolviese mediante debates generales en los que participasen dirigentes de los distintos grupos étnicos de Darfur. Seguidamente instó al gobierno sudanés a que nombrase una comisión de investigación independiente encargada de evaluar la situación de Darfur cada vez peor. Desaprovechada esta oportunidad, Amnistía Internacional pidió el establecimiento de una comisión internacional de investigación sobre la situación en Darfur. La organización pidió asimismo la inclusión de Darfur en el acuerdo sobre la protección de civiles establecido como parte del proceso de paz apoyado por la comunidad internacional para poner fin a la prolongada guerra civil en el sur de Sudán así como el envío de observadores de derechos humanos con el cometido de investigar los ataques contra civiles. Amnistía Internacional reitera hoy sus llamamientos.

Documento público

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