AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: AFR 55/004/2002/s (Público)

Servicio de Noticias 198/02

4 de noviembre de 2002

Suazilandia: Grave preocupación por las amenazas sufridas por magistrados del Tribunal Superior que tratan de proteger los derechos de la mujer

Amnistía Internacional ve con suma preocupación los intentos recientes de los agentes del jefe del Estado de Suazilandia, el rey Mswati III, por socavar la independencia del poder judicial.

Los agentes del rey han ordenado al presidente del Tribunal Superior y a otros dos magistrados de dicho tribunal que archiven las acciones judiciales emprendidas por la señora Lindiwe Dlamini solicitando el retorno al hogar familiar de su hija, Zena Mahlangu, a la que tomaron bajo su custodia agentes del rey Mswati III el 9 de octubre. La señora Lindiwe Dlamini y sus asesores jurídicos han visto denegada su petición de ponerse en contacto con Zena Mahlangu. Por otra parte, los funcionarios del Palacio Real han impedido repetidas veces a dos abogados designados por el Tribunal Superior para entrevistar a Zena Mahlangu ponerse en contacto con ella.

Amnistía Internacional condena esta conducta, que supone una amenaza manifiesta contra la integridad y la independencia del poder judicial. A lo largo de los dos últimos años, los funcionarios del Estado han intentado con frecuencia revocar resoluciones judiciales o sustraerse de su cumplimiento. En varios casos, la policía ha burlado de forma flagrante órdenes judiciales, sin acarrearle esto ninguna consecuencia.

El 1 de noviembre, el fiscal general informó oficialmente por escrito a los jueces encargados de la causa que nos ocupa de que si no archivaban las diligencias serían obligados a dimitir de inmediato una vez dictada sentencia. Si no hacían lo que se les indicaba, procederían a cesarlos del cargo.

Esta orden escrita fue dictada dos días después de la reunión privada mantenida por el jefe del Estado Mayor del Ejército, las autoridades policiales y penitenciarias y el fiscal general con los tres magistrados del Tribunal Superior en cuestión, para transmitirles un mensaje del Palacio Real según el cual debían archivar la causa o dimitir. Los magistrados, no obstante, prosiguieron con la vista de la causa, conforme a lo previsto, el 31 de octubre. El presidente del Tribunal Superior declaró en audiencia pública que tanto él como los otros dos magistrados tenían la intención de seguir presidiendo la tramitación de la causa pese a la amenaza de que habían sido objeto el día anterior. Además, aplazó la celebración de la vista de la causa al 5 de noviembre.

Se debe permitir que prosiga la vista de esta causa sin presión o injerencia de ninguna clase por parte del poder ejecutivo. En virtud de las normas internacionales y regionales de derechos humanos, quien presenta la instancia, en este caso la señora Lindiwe Dlamini, tiene pleno derecho a ponerse en contacto con la persona retenida, su hija, quien de hecho ha permanecido en régimen de incomunicación desde que la apartaron en secreto de la custodia de su madre con el objeto de convertirla en la décima esposa del rey.

«Con sus acciones, el rey y sus agentes han violado derechos humanos de las mujeres y las niñas reconocidos internacionalmente, incluido su derecho a no sufrir detención arbitraria y a no ser obligadas a contraer matrimonio forzado», ha comunicado Amnistía Internacional.

Estas violaciones de derechos humanos son consecuencia del prolongado cuadro de discriminación y subordinación que sufren las mujeres de Suazilandia. La práctica del matrimonio forzado y la negación a las mujeres de igualdad jurídica constituyen una forma de violencia contra ellas. En un país donde una tercera parte de la población es portadora del virus del sida, la violencia sexual constituye asimismo un peligro para la vida.

El gobierno de Suazilandia, en su calidad de miembro de las Naciones Unidas y Estado Parte en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, debe demostrar su adhesión y respeto de los valores esenciales recogidos en los tratados internacionales y regionales de derechos humanos. Su constante injerencia en el funcionamiento independiente del poder judicial hace peligrar los derechos humanos de todos los ciudadanos suazilis.

Documento público

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