AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: AFR 55/006/2009

29 de septiembre de 2009

Suazilandia: Amnistía Internacional condena el uso de fuerza excesiva de agentes de prisiones contra periodistas y activistas políticos

Amnistía Internacional ha instado hoy al gobierno de Suazilandia a establecer una comisión pública de investigación, encabezada por un miembro del poder judicial, sobre el violento ataque perpetrado el 21 de septiembre por agentes de seguridad de los Servicios Penitenciarios contra periodistas y activistas políticos en el Centro Penitenciario de Matsapha Central.

El ataque se produjo poco después de que un tribunal absolviera de cargos de terrorismo al dirigente de la oposición Mario Masuku.

Amnistía Internacional ha manifestado que ese ataque constituyó una violación del derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica e información. En varios casos, el grado y el carácter deliberado –y contra un objetivo específico– de las agresiones constituyeron malos tratos y violaron la prohibición de la tortura.

Según testigos presenciales, los agentes de seguridad reaccionaron de manera agresiva ante la presencia, a las puertas de la prisión, de unos 50 partidarios de Mario Masuku, ruidosos pero pacíficos y desarmados, que aguardaban la salida de éste del centro penitenciario. Cerca de ellos, había apostados periodistas de televisión y prensa. Sin advertencia oficial alguna de que se dispersaran, los agentes de seguridad cargaron contra el grupo. Agredieron con brutalidad a varios activistas políticos destacados y exigieron a los periodistas que dejaran de filmar y fotografiar sus acciones. Arrebataron cámaras y otro tipo de equipo informativo e insultaron, amenazaron y agredieron físicamente a varios periodistas.

Uno de los objetivos específicos de las agresiones fue el activista político Wandile Dludlu, que trató de escapar del lugar cuando los agentes empezaron a darle golpes y patadas. Lo persiguieron y lo atraparon, y luego lo golpearon con los puños y lo patearon con sus botas hasta que cayó al suelo. Él trató de cubrirse la cabeza con las manos, pero aun así sufrió lesiones en la cabeza, los ojos, la boca y la nariz, además de en otras partes del cuerpo. Finalmente, varios agentes de alta graduación intervinieron para tratar de rodearlo y protegerlo. Los colegas del propio Wandile Dludlu lo llevaron al hospital. En el momento de la agresión, todavía estaba recuperándose de las lesiones sufridas 17 días antes, cuando fue detenido ilegalmente y presuntamente torturado por la policía antes de quedar en libertad sin cargos.

Amnistía Internacional pide al gobierno que garantice que los agentes penitenciarios sospechosos de haber hecho uso de fuerza excesiva contra los activistas políticos y periodistas sean sometidos a investigaciones disciplinarias y judiciales. No debe haber impunidad para las violaciones de derechos humanos. El gobierno debe garantizar que los derechos consagrados tanto en los tratados regionales e internacionales de derechos humanos en los que Suazilandia es parte como en la Constitución se respetan, se protegen y se hacen realidad. Debe asimismo afirmar públicamente el derecho de los periodistas a llevar a cabo su trabajo sin acoso, intimidación o violencia.

Información complementaria

El 21 de septiembre de 2009, el Tribunal Superior absolvió a Mario Masuku de un cargo formulado contra él en virtud de la Ley para la Represión del Terrorismo, de 2008. La absolución se dictó el primer día del juicio, nada más concluir la exposición de la fiscalía. El tribunal resolvió que las pruebas de la acusación eran inadmisibles o no demostraban los cargos contra el acusado. Mario Masuku había sido detenido en virtud de la Ley para la Represión del Terrorismo el 15 de noviembre de 2008, al día siguiente de que su organización, PUDEMO (Movimiento Democrático Popular Unido), y otras tres más fueran declaradas ilegales en virtud de esa misma ley. En enero de 2009, Amnistía Internacional y el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados publicaron un informe que concluía que ciertas disposiciones de la Ley para la Represión del Terrorismo eran inherentemente represivas, incumplían las obligaciones contraídas por Suazilandia en virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos y la Constitución de Suazilandia y estaban ya dando lugar a violaciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión (véase Suppression of Terrorism Act Undermines Human Rights in Swaziland http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR55/001/2009/en).

FIN/