AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 59/004/2006 (Público)

Servicio de noticias: 203/2006

4 de agosto de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR590042006

Uganda: Amnistía Internacional pide una alternativa efectiva a la impunidad

Amnistía Internacional ha manifestado hoy, 4 de agosto de 2006, su profunda preocupación por los informes recibidos, según los cuales el gobierno ugandés está utilizando los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra como moneda de cambio en las negociaciones políticas que se están llevando a cabo en el sur de Sudán para poner fin al conflicto armado del norte de Uganda. La organización reitera su petición al gobierno de Uganda para que reconsidere las medidas que está tomando para establecer un sistema de impunidad por los delitos cometidos durante el conflicto, de dos decenios de duración, entre el Ejército de Resistencia del Señor y las fuerzas del gobierno, y, en su lugar, ponga en práctica una estrategia global para abordar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas, así como un resarcimiento pleno para compensarles por su sufrimiento.

Motivos de preocupación por las ofertas de “protección” a personas sobre las que pesan órdenes de detención de la Corte Penal Internacional

Amnistía Internacional siente especial consternación por las recientes declaraciones del presidente Museveni, que ofreció “protección” a cinco altos cargos del Ejército de Resistencia del Señor, acusados por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos los de asesinato, esclavitud sexual y reclutamiento forzado de menores como niños y niñas soldados.

Dicho tribunal independiente, que ha emprendido investigaciones a instancias del gobierno de Uganda, al alegar éste que las autoridades nacionales no podían administrar justicia en relación con delitos contemplados en el derecho internacional cometidos en la región, ha actuado con diligencia para hacer justicia a los pueblos del norte de Uganda. Sin embargo, resulta preocupante que, en lugar de apoyar el trabajo de la Corte y cooperar al máximo con ella, el gobierno del país está tratando de socavar la tarea que él mismo le encomendó. Esta actitud revela un intento de utilizar a la Corte como instrumento político en las negociaciones con el Ejército de Resistencia del Señor.

Amnistía Internacional quiere hacer notar que el gobierno no tiene autoridad para ofrecer “protección” a ninguna persona acusada por la Corte Penal Internacional y que, de hecho, esa oferta supone una violación de las obligaciones de Uganda en virtud del derecho internacional. Sólo la Corte está capacitada para revocar sus órdenes de detención, y ni siquiera ésta, cuyo mandato le exige enjuiciar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, podría revocar las órdenes de detención alegando que ello podría contribuir a las negociaciones políticas para poner fin al conflicto armado. Al hilo de las declaraciones del presidente Museveni, el fiscal de la Corte ha pedido a los Estados, incluidos Uganda y Sudán, que ejecuten las órdenes de detención, y ha declarado que "el mejor modo de detener el conflicto y restaurar la seguridad en la región es detener a los máximos dirigentes”. Por su parte, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha expresado su apoyo a los esfuerzos de la Corte por "enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra en el norte de Uganda". Otros Estados, como Estados Unidos, han instado tanto a Uganda como a Sudán a detener a dichas personas.

Amnistía Internacional reitera su petición de octubre de 2005, cuando se dictaron las órdenes de detención relativas a Uganda, Sudán y otros Estados (entre ellos, la República Democrática del Congo donde, según se cree, se encuentran los acusados), para que se garantice la detención de los cinco hombres y para que éstos sean puestos a disposición de la Corte Penal Internacional lo antes posible. Además, la organización insta a la Corte y a la comunidad internacional, incluida la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), a seguir aunando esfuerzos para detener a estos cinco hombres y a cualquier otra persona contra la que consten órdenes de detención de la Corte. También se insta a los demás Estados a ejercer la jurisdicción universal en relación con otras personas sospechosas de delitos en virtud del derecho internacional cometidos en el norte de Uganda, investigarlas y, si existen suficientes pruebas admisibles, enjuiciarlas en sus propios tribunales.

Motivos de preocupación por las nuevas ofertas de amnistía

Amnistía Internacional siente también honda preocupación por las nuevas ofertas de amnistía del gobierno de Uganda a todos los demás miembros del Ejército de Resistencia del Señor, que quedarían así impunes y no serían enjuiciados por los tribunales ugandeses por los delitos cometidos en virtud del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y tortura.

Amnistía Internacional se opone rotundamente a la declaración de una nueva amnistía para dichos delitos, ya que el derecho internacional prohíbe las amnistías para delitos que en él se contemplan. Es más, este tipo de amnistías violan claramente el Acta Constituyente de la Unión Africana, que incluye expresamente entre sus principios la condena y el rechazo de la impunidad. Las amnistías no son vinculantes para la Corte Penal Internacional ni para los tribunales nacionales, como los de otros países que pueden ejercer la jurisdicción universal. Como es obvio, las implicaciones de las amnistías no se limitan a cuestiones jurídicas. Sin justicia, los derechos y las necesidades de las víctimas caen en el olvido.

Aunque algunas personas argumentan que se debe sacrificar la justicia en aras de la paz, no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar que dichas medidas de impunidad favorecen una paz duradera. De hecho, en Sierra Leona, la amnistía de Lomé para delitos contemplados en el derecho internacional no detuvo la escalada de violencia, y en el norte de Uganda, la ley de amnistía actualmente en vigor, ha fracasado a la hora de contener los delitos y consolidar la paz. Amnistía Internacional ha pedido su revocación.

Por el contrario, el ejemplo de la ex Yugoslavia demuestra que la justicia puede coexistir con iniciativas de paz, como reflejan los Acuerdos de Dayton, y favorecer la paz al establecer mecanismos de rendición de cuentas, que disuaden de la comisión de nuevos delitos. Amnistía Internacional cree que, siempre que se comentan delitos contemplados en el derecho internacional, se debe adoptar un enfoque similar.

La alternativa: Una estrategia global para abordar todos los delitos cometidos en el conflicto

Amnistía Internacional insta al gobierno a dejar de socavar la justicia y de ceder los derechos de las víctimas en las negociaciones políticas para poner fin al conflictoy, en su lugar, insta al gobierno a luchar por una paz duradera, para lo que debe abordar los delitos cometidos por el Ejército de Resistencia del Señor y por las fuerzas gubernamentales durante el conflicto, estableciendo una estrategia nacional integral que garantice justicia, verdad y reparaciones plenas para las víctimas, incluidas las de violencia sexual y actos de violencia contra menores. Dicha estrategia debe reconocer que los menores que hayan superado la edad de responsabilidad penal y que hayan cometido delitos contemplados en el derecho internacional, han sido a su vez víctimas de otros delitos, incluidos los de secuestro, violencia sexual y reclutamiento como niños y niñas soldados, factores atenuantes que se deben tener en cuenta cuando se tomen medidas legales. Es preciso desarrollar un programa efectivo en colaboración con la sociedad civil, incluidos tanto hombres como mujeres, que garantice que los procesos judiciales relativos a menores respetan plenamente tanto las normas de derecho internacional sobre menores de edad como los derechos de las víctimas en general, y que forme parte de una estrategia efectiva para rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad.

Todas las medidas se deben aplicar de manera que se ajusten fielmente al derecho internacional y respeten los derechos de las mujeres. La estrategia deberá incluir las siguientes medidas, que pueden verse acompañadas o complementadas por mecanismos tradicionales de justicia:

Garantizar que todas las personas responsables de delitos contemplados en el derecho internacional, cometidos en el conflicto, comparecen ante tribunales nacionales, con objeto de hacer justicia a las víctimas y disuadir de forma efectiva de la comisión de nuevos delitos.

Establecer mecanismos efectivos para proporcionar reparaciones plenas a las víctimas y ayudarlas a reconstruir sus vidas.

Garantizar que los tribunales se encarguen de los menores reclutados como niños y niñas soldados por el Ejército de Resistencia del Señor y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda y que, al hacerlo, respetan plenamente el derecho internacional y las normas internacionales sobre justicia de menores y tienen en cuenta factores atenuantes, como el secuestro y la coacción, proporcionándoles reparaciones, dentro de un programa más amplio de rehabilitación y reintegración de menores soldados.

Desarrollar mecanismos efectivos para aclarar la verdad sobre los delitos cometidos durante el conflicto, permitiendo que las personas afectadas narren sus experiencias.