AMR 14/09/98/s Servicio de Noticias 201/98

15 de octubre de 1998

Bahamas: Las ejecuciones desafían el sistema internacional de protección de los derechos humanos

Al ejecutar en la horca esta mañana a Trevor Fisher y Richard Woods, el gobierno de Bahamas ha desoído abiertamente los llamamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que se protegieran sus vidas, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Hasta las ejecuciones de hoy, sólo dos personas habían sido ejecutadas en Bahamas desde 1984: Thomas Reckley y Dwayne Mckinney, ahorcados ambos en 1996.

«Lamentamos profundamente la ejecución de Trevor Fisher y Richard Woods y nos sentimos consternados ante el desprecio que ha mostrado el gobierno por el sistema interamericano de protección de derechos humanos», ha declarado Amnistía Internacional.

Las ejecuciones han socavado el mecanismo regional del hemisferio para la protección internacional de los derechos humanos, desarrollado durante los últimos cincuenta años, y han privado irremediablemente a estos hombres del derecho a que sus casos fueran examinados por un organismo internacional de derechos humanos.

Ambos tenían pendientes peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que denunciaban la violación de sus derechos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión Interamericana había comunicado al gobierno que emitiría sus conclusiones en un plazo de dos semanas, pero las autoridades siguieron adelante con las ejecuciones.

Al ejecutarlos, Bahamas ha incumplido su obligación ─como Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos─ de cooperar con la Comisión Interamericana y ajustarse a sus procedimientos para el estudio de las peticiones presentadas por sus ciudadanos.

Ayer, la Comisión Interamericana envió por fax una petición al gobierno para que conmutara las penas de muerte de los dos hombres hasta que la Comisión diera a conocer su decisión. La Unión Europea realizó una petición similar. Sin embargo, el gobierno contestó a la Comisión que seguiría adelante con las ejecuciones.

Amnistía Internacional expresa su condolencia a los familiares de las víctimas de Trevor Fisher y Richard Woods. No obstante, afirma que nunca se ha demostrado que la pena de muerte sea más eficaz para disuadir de la comisión de delitos que cualquier otra forma de castigo, sino que, por el contrario, embrutece a todos los que participan en el proceso.

Información general

Trevor Fisher fue declarado culpable y condenado a muerte en marzo de 1994 por el asesinato de Durventon Daniels en 1990. Tras agotar todas las instancias de apelación de la legislación nacional, el 7 de junio de 1996 presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recurriendo ante el derecho internacional. El 5 de mayo de 1998, la Comisión Interamericana admitió a trámite la petición de Fisher y fijó para estudiar el caso el periodo de sesiones del 28 de septiembre al 16 de octubre de 1998.

El 5 de octubre, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina (última instancia de apelación de Bahamas, con sede en Londres) dictó una resolución sobre una moción presentada por Trevor Fisher en respuesta a una orden de ejecución emitida en marzo de 1998. En la moción se alegaba que la ejecución sería inconstitucional, al estar aún pendiente la resolución de la petición presentada ante la Comisión Interamericana. El Consejo Privado dictaminó por mayoría de tres votos frente a dos que no era irrazonable que las autoridades de Bahamas fijaran la fecha de ejecución de Fisher, habida cuenta de que el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevaba pendiente más de veintiún meses en el momento de dictarse la orden de ejecución. El magistrado presidente del Consejo emitió un voto particular contra la decisión, afirmando: «Es difícil imaginar una negación más obvia de los derechos humanos que ejecutar a un hombre mientras su caso sigue bajo la legítima consideración de un organismo internacional de derechos humanos tras muchos meses en espera del resultado»."

Richard Woods fue declarado culpable y condenado a muerte en enero de 1995 por el asesinato de su sobrina Pauline Johnson en 1993, en un accidente tras el que se dio a la fuga. Woods presentó el 28 de agosto de 1996 su petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

15 de octubre de 1998

REINO UNIDO: Este es el momento de la cooperación contra la impunidad en Chile

La presencia del General (en retiro) Augusto Pinochet en el Reino Unido le ofrece a las autoridades británicas una oportunidad excepcional para cooperar en la lucha contra la impunidad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Chile durante su gobierno, dijo Amnistía Internacional hoy.

"La comisión rogatoria cursada por los jueces españoles para que puedan tomar declaración al General Pinochet en el Reino Unido, debe ser atendida por las autoridades británicas", ha pedido la organización.

"Esto seria un claro reflejo del compromiso del Gobierno Británico a favor de los derechos humanos y una clara señal de cooperación al pedido de miembros del poder judicial de un país de la comunidad europea, en materia de derechos humanos."

Amnistía Internacional insta a las autoridades británicas para que colaboren en el pedido de los jueces españoles, Manuel García-Castellón y Baltasar Garzón, presentada en el marco de las investigaciones que adelanta la Audiencia Nacional española sobre los casos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

"Las autoridades británicas no pueden ignorar la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas en Chile bajo el gobierno del General Pinochet", agregó Amnistía Internacional.

"La reafirmación de este reconocimiento a los familiares, a las victimas y a la comunidad internacional será su contribución efectiva a esta solicitud de asistencia de los tribunales españoles a favor de los principios de verdad y justicia."

Las autoridades británicas tienen la obligación, bajo el derecho internacional de cooperar con las autoridades judiciales españolas, en virtud de la Convención Europea sobre la Represión del Terrorismo, del 27 de enero de 1977, de la cual son parte España y el Reino Unido y que establece la cooperación para tomar medidas efectivas que aseguren que los perpetradores de secuestros y detenciones no se favorezcan de la impunidad.

Igualmente la cooperación internacional y la asistencia mutua para investigar los crímenes de lesa humanidad ha sido reconocida como un principio por las Naciones Unidas en su resolución 3074 (XXVIII), de 3 de diciembre de 1973.

Información General

Las violaciones a los derechos humanos registradas en Chile en los años del gobierno del General Augusto Pinochet (1973 a 1990) que arrojaron un saldo de miles de personas, torturadas y ejecutadas extrajudicialmente así como miles de "desapariciones" constituyen crímenes contra la humanidad.

Estos crímenes fueron cometidos por los servicios de inteligencia --dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI)-- que dependían del presidente Augusto Pinochet. Y como lo estableció la Comisión Rettig, que documentó extensivamente las violaciones cometida durante los años de la dictadura, a través de la práctica del terrorismo de estado. Los tribunales españoles han iniciado investigaciones sobre estos hechos bajo los cargos de genocidio y terrorismo al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial español que los faculta para conocer tales delitos.

FIN.../