AMNISTÍA INTERNACIONAL

Comunicado de prensa

Índice AI: AMR 19/015/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 129/07

6 de julio de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR190152007

Brasil: El gobierno debe colaborar con las comunidades para abordar la crisis de seguridad

Amnistía Internacional ha pedido hoy 6 de julio a las autoridades federales y estatales de Brasil que trabajen con las comunidades locales, y no contra ellas, para abordar la crisis de seguridad pública que padece el país.

La petición se produce tras meses de violentas operaciones de la policía en el Complexo

do Alemão y Vila da Penha, que se han saldado con decenas de personas muertas y miles más sufriendo el cierre de colegios y centros de salud, así como cortes en el suministro de electricidad y de agua.

"El nuevo gobierno de Río de Janeiro está sacrificando las vidas y los medios de vida de cientos de miles de personas al efectuar operaciones policiales esporádicas que son discriminatorias, violentas e ineficaces", ha dicho Tim Cahill, investigador sobre Brasil de Amnistía Internacional.

"Lejos de proporcionar la seguridad que las comunidades echan de menos desesperadamente, las incursiones intermitentes en el Complexo do Alemão y Vila da Penha han puesto todas las vidas en peligro y provocado un daño social y económico que podría llevar años superar", ha afirmado Tim Cahill.

En mayo de 2007, el secretario de Estado de Seguridad Pública, José Mariano

Beltrame, dijo a Amnistía Internacional que las operaciones de seguridad efectuadas en las favelas de Río de Janeiro contaban con el apoyo de las comunidades, pues garantizaban la libertad de paso por su vecindario. Beltrame concedió que tales operaciones tenían ciertos efectos negativos, pero subrayó: "Para hacer una tortilla tienes que romper los huevos".

"Es hora de que Río de Janeiro y sus dirigentes oigan las voces de aquellos a quienes afirman defender. No son "huevos", sino personas con nombres y direcciones. Desgraciadamente para ellas, estas direcciones al parecer las excluyen del tipo de protección que se ofrece a quienes viven en vecindarios ricos, como Leblon e Ipanema", ha dicho Tim Cahill.

A Amnistía Internacional también le preocupa que determinados sectores de los medios de comunicación y ciertas autoridades estatales y federales hayan intentado socavar y desacreditar a los activistas de derechos humanos y residentes en estas comunidades que han cuestionado la actuación de algunos agentes de policía.

"Es una irresponsabilidad dar a entender que quienes denuncian posibles incidentes de ejecuciones extrajudiciales, tortura, intimidación y robo durante estas operaciones piden una actuación policial de ‘pétalos de rosa y polvos de talco’, o están pagados por las bandas de narcotraficantes", ha dicho Tim Cahill.

"Desacreditar o acallar estas denuncias en el mejor de los casos refuerza la creencia de que la seguridad y el bienestar de los residentes es de importancia secundaria durante estas operaciones, y en el peor, transmite el mensaje de que las acciones ilegales llevadas a cabo en el marco de estas operaciones están permitidas."

"La verdadera seguridad sólo puede conseguirse trabajando con las comunidades para proteger todos sus derechos, combinando una presencia policial permanente y respetuosa con inversiones sociales bien dirigidas."

Información complementaria

Cuando el nuevo gobierno de Río de Janeiro subió al poder en enero de 2007 prometió abordar de una forma novedosa los problemas de seguridad de la ciudad, que vienen de antiguo, sustituyendo la violencia y la intimidación por una estrategia a largo plazo para reintegrar a las comunidades excluidas de Río. Pero los primeros seis meses han sido los más violentos en la sangrienta historia de Río, batiéndose récords en el número de homicidios policiales y muertes de policías.

La operación policial que durante dos meses se desarrolló en la aglomeración de favelas que forman el Complexo do Alemão y Vila da Penha, en el norte de la ciudad, ha sido sintomática de este fenómeno. Según los informes, estas comunidades albergan a los jefes de una de las principales bandas de narcotraficantes de la ciudad, que domina y aterroriza desde hace años las vidas de los residentes. Sin embargo, cuando Amnistía Internacional visitó el Complexo do Alemão en mayo, no se veía presencia policial.

Amnistía Internacional visitó la comunidad de Grota y también habló con residentes y líderes comunitarios del Complexo do Alemão y de Vila da Penha. Todo el mundo hizo hincapié en su deseo de librarse del control de los narcotraficantes y conseguir una presencia policial permanente y eficaz. Pero también hablaron de personas heridas a consecuencia de balas perdidas, agresiones verbales y físicas por parte de agentes de policía, destrucción de la propiedad, cortes de electricidad y agua y cierre de colegios, centros de salud y pequeños negocios.

Sesenta días después del lanzamiento de estas operaciones, la cifra de víctimas mortales asciende a 44 y la de heridos a más de 80, entre ellos policías y varios transeúntes alcanzados por balas perdidas.

El 27 de junio, la policía lanzó lo que se calificó de "megaoperación", con 1.350 agentes de la policía estatal y federal. Durante esta operación murieron 19 personas. Miembros de la Comisión de Derechos Humanos estatal han denunciado que varias de estas muertes se produjeron en situaciones que indicaban ejecuciones extrajudiciales. A Amnistía Internacional le preocupa que se intente descartar estas denuncias, y la organización insta a las autoridades a romper la larga tradición de encubrimiento e impunidad que ha caracterizado casos similares en el pasado. Una actuación policial basada en la ilegalidad aumenta el peligro tanto para la población civil como para la policía.

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