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ÍNDICE AI: AMR 22/21/99/s

FECHA DE EMBARGO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 1999

Chile: Es preciso poner fin a veintiséis años de injusticia e impunidad

Cuando se cumplen veintiséis años del golpe militar que llevó al poder al general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, las violaciones generalizadas y sistemáticas que se perpetraron durante ese periodo siguen sin resolver, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

«La detención de Augusto Pinochet en Londres el año pasado hizo concebir nuevas esperanzas a los supervivientes y los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos en su larga lucha en pos de la verdad y la justicia, pero aún queda mucho camino por recorrer para que puedan lograr sus demandas», ha manifestado la organización.

«Este aniversario debe servir para recordar a las autoridades la obligación del Estado chileno de poner en manos de la justicia y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, así como su deber de descubrir toda la verdad. El ejecutivo debe cooperar plenamente en la consecución de esa meta.»

«Los principios básicos de verdad y justicia plenas son esenciales para una verdadera reconciliación», ha recalcado la organización. «La historia ha demostrado que sólo la verdad y el reconocimiento de las atrocidades cometidas pueden restañar las heridas del pasado. Sólo entonces la sociedad chilena podrá encaminarse hacia un futuro estable.»

Veintiséis años después del golpe militar, la sociedad chilena continúa dividida respecto al legado de violaciones de derechos humanos perpetradas durante el gobierno militar. Los responsables de esas violaciones desempeñaron un papel crucial a la hora de dictar las condiciones de la transición al gobierno civil y los mecanismos garantes de la impunidad, que aún siguen en vigor.

En este vigésimo sexto aniversario, Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades chilenas para que eliminen los obstáculos que han impedido realizar investigaciones judiciales eficaces sobre el paradero de los «desaparecidos», aclarar los hechos de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, identificar a sus autores y llevarlos ante los tribunales.

«Las autoridades chilenas tienen el deber de garantizar que la responsabilidad de Augusto Pinochet en estas violaciones queda claramente establecida en los tribunales», ha subrayado Amnistía Internacional. «Ahora es más acuciante que nunca la necesidad de un compromiso firme para resolver eficazmente las iniquidades del pasado.»

Amnistía Internacional está al tanto del diálogo de derechos humanos que actualmente se desarrolla en Chile en la Mesa de Diálogo.¹No obstante, la organización subraya que la adopción de medidas poco enérgicas cuyo resultado no sea la verdad y la justicia plenas sería insuficiente y llegaría demasiado tarde, y constituiría un nuevo insulto a las víctimas y a sus familiares.

Información general

El 11 de septiembre de 1973, el ejército chileno derrocó violentamente el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende, como preludio de la aplicación de una política de violación sistemática de derechos humanos bajo el mando directo del general Augusto Pinochet. Para consolidarse en el poder, los jefes militares aplicaron una política planificada, sistemática y generalizada de violaciones de derechos humanos. Miles de personas fueron detenidas, torturadas, ejecutadas y «desaparecieron».

El carácter de estas violaciones de derechos humanos ha sido reconocido oficialmente por el gobierno civil de Chile en su informe de 1990 ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Las investigaciones de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada en 1992 bajo el gobierno del presidente Patricio Aylwin, y la posterior Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación dieron como resultado 1.102 «desapariciones» y 2.095 ejecuciones extrajudiciales y muertes como consecuencia de la tortura, lo cual hace un total de 3.197 víctimas oficialmente reconocidas por el Estado chileno. Sin embargo, las víctimas de la tortura que sobrevivieron a su terrible experiencia no fueron incluidas en los informes de las comisiones.

Durante más de un cuarto de siglo, los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos han hecho campaña pidiendo la justicia y también la verdad, apoyados por abogados, organizaciones y jueces que trabajan en el campo de los derechos humanos. Varias medidas aprobadas por el gobierno militar del general Augusto Pinochet antes de la transición al gobierno civil, especialmente la Ley de Amnistía de 1978, han hecho imposible que los familiares encuentren respuestas sobre el paradero de los «desaparecidos» y consigan que se haga justicia.

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Si desean más información, llamen a la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres (Reino Unido), teléfono 44 171 413 5566, o visiten nuestra página web en http://www.amnesty.org.