Índice AI: AMR 23/032/2007 Octubre de 2007

ATAQUES CONTRA SINDICALISTAS EN COLOMBIADefender los derechos de los campesinos

El 3 de mayo de 2007, miembros del Batallón de Fusileros Infantería de Marina núm. 4, según los informes, mataron a Luis Miguel Gómez Porto, presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores de Sucre (SINDEAGRICULTORES) y dirigente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), en la zona de Ojito del municipio de Ovejas, departamento de Sucre. Según la información recibida, había sido detenido en abril de 2005 acusado de subversión. Quedó en libertad el 18 de mayo de 2006 y no se sabe con certeza si su caso se había archivado. Según los informes, el homicidio de Luis Gómez se perpetró cuando salía de su casa para visitar a unos familiares. El ejército afirmó que era un guerrillero muerto en combate.

Los miembros de los sindicatos campesinos de las zonas de conflicto han sido reiteradamente víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos. Quienes luchan por los derechos sobre las tierras han sido tachados a menudo de subversivos por las fuerzas de seguridad y los paramilitares. Estas acusaciones han ido seguidas repetidas veces de graves violaciones de derechos humanos, cometidas por las fuerzas de seguridad o los paramilitares contra miembros de organizaciones campesinas. En el contexto del largo conflicto armado de Colombia, más de tres millones de personas han tenido que abandonar sus tierras, víctimas de desplazamiento forzado.

Muchas de estas tierras han sido ocupadas por paramilitares y poderosos intereses económicos, ávidos de explotar su riqueza agroindustrial o mineral u otras posibilidades económicas. Según cálculos de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, más de dos millones de hectáreas han quedado ilegalmente en manos de paramilitares y de intereses asociados a fuerzas paramilitares. Las amenazas y homicidios de campesinos perpetrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también han provocado el desplazamiento forzado de gran número de campesinos.

Las iniciativas legislativas que el gobierno está promoviendo servirán a quienes han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad para legalizar la tenencia de tierras ocupadas por la fuerza. Esto podría explicar gran parte de la violencia que sufren actualmente las organizaciones campesinas.

El 2 de enero de 2006, se encontró en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, el cadáver de Carlos Arciniegas Niño, ex miembro del consejo ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria(SINTRAINAGRO), que se hallaba en paradero desconocido desde el 30 de diciembre de 2005, cuando, según informes, estuvo en Barrancabermeja. El cadáver de Carlos Arciniegas presentaba signos de tortura; lo habían atado y le habían disparado tres veces. El homicidio se ha atribuido al Bloque Central Bolívar de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al parecer, Carlos Arciniegas Niño había recibido amenazas de los paramilitares antes de su muerte. Representaba a los trabajadores de las plantaciones de palma africana en las conversaciones con sus empleadores.

Las personas que desarrollan actividades sindicales en Colombia corren gran riesgo de sufrir abusos de derechos humanos. Los sucesivos gobiernos del país han puesto en práctica una serie de políticas para mejorar su protección, pero ninguna de ellas ha logrado garantizar de manera efectiva la seguridad de estas personas y sus familias. La seguridad a largo plazo de quienes desarrollan actividades sindicales en Colombia depende de que las autoridades colombianas tomen medidas decisivas para poner fin a la impunidad que protege a la gran mayoría de los autores de los abusos de derechos humanos que sufren.

¿Quiénes son los responsables de estas violaciones de derechos humanos?

Muchos de los abusos contra los derechos cometidos contra sindicalistas no pueden atribuirse a ningún grupo en particular. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos en que hay indicios claros de la responsabilidad, los autores de los abusos son las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares respaldados por el ejército. Varios casos se han atribuido a la guerrilla.

En los últimos 40 años, Colombia se ha visto asolada por un conflicto armado que ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares con las fuerzas de la guerrilla, la mayor de las cuales son las FARC. Aunque se ha producido una disminución de ciertos tipos de violencia asociados al conflicto armado, la situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo grave. Todas las partes en el conflicto continúan cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional.

El conflicto sirve muy bien para enmascarar a quienes pretenden ampliar y proteger sus intereses económicos. Más del 60 por ciento de los más de tres millones de personas desplazadas internamente en Colombia por haberse visto obligadas abandonar sus hogares y tierras proceden de zonas de gran importancia desde el punto de vista de la minería, la agricultura y otros sectores económicos.

Aunque, según informes, en los últimos tres años se ha "desmovilizado" a más de 30.000 paramilitares mediante un controvertido proceso de desmovilización auspiciado por el gobierno, hay indicios claros de persistencia de las actividades paramilitares y de las violaciones de derechos humanos, incluidas amenazas, homicidios y desapariciones forzadas. A veces, estos delitos se cometen con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad o en colusión con ellas.

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Encontrarás más información sobre este asunto en el informe de Amnistía Internacional Colombia - Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia (Índice AI: AMR 23/001/2007),disponible en www.amnesty.org.

Amnistía Internacional, Secretariado, Internacional, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido

[texto inferior]Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña en favor de los derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

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