PÚBLICO Índice AI: AMR 23/041/2004

25 de agosto de 2004

AU 255/04 Temor por la seguridad

COLOMBIA Lilia SOLANO, profesora de universidad y defensora de los derechos humanos

La activista de derechos humanos Lilia Solano ha recibido amenazas de muerte telefónicas tras llevar a cabo una protesta en el Congreso nacional contra los posibles planes del gobierno de conceder inmunidad procesal a los grupos paramilitares respaldados por el ejército. Amnistía Internacional cree que la vida de Lilia Solano corre peligro.

El gobierno está manteniendo un “diálogo” con los paramilitares, teóricamente para conseguir su desmovilización. El uso de paramilitares ha sido un importante elemento de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas contra los grupos de oposición armada en un conflicto que abarca ya cuatro décadas. Como parte de este proceso, tres dirigentes paramilitares nacionales fueron invitados a dirigirse al Congreso el 28 de julio.

Lilia Solano es directora de la organización no gubernamental de derechos humanos Proyecto Justicia y Vida. Ella y otro defensor de los derechos humanos, Iván Cepeda, realizaron una protesta dentro de la cámara de debate mientras estaban presentes los dirigentes paramilitares, y fueron expulsados por la policía. Desde entonces, Lilia Solano ha recibido varias amenazas de muerte tanto en el teléfono de su casa como en su teléfono móvil, y según los informes las oficinas de Proyecto Justicia y Vida han estado sometidas a una vigilancia constante por parte de desconocidos.

Lilia Solano es profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia en la capital, Bogotá. En 2003 ayudó a organizar una serie de conferencias en la facultad sobre la historia de la violencia en Colombia. Una de esas conferencias, celebrada en septiembre, habló del proceso de diálogo del gobierno con los paramilitares respaldados por el ejército. Después de esta conferencia, un sitio web mantenido por uno de los principales grupos paramilitares acusó a Lilia Solano –y también a otros organizadores– de ser "ideóloga de la narcoguerrilla" y “ensuciar las mentes de los estudiantes”. En el pasado, las personas a las que se ha acusado de esta manera de respaldar a la guerrilla se han convertido más tarde en víctimas de ataques u homicidios a manos de las fuerzas de seguridad o sus aliados paramilitares.

INFORMACIÓN GENERAL

Durante las cuatro últimas décadas, Colombia se ha visto azotada por el conflicto interno entre las fuerzas de guerrilla y las fuerzas de seguridad del gobierno. A lo largo de los años, las fuerzas armadas han puesto en práctica una estrategia de contrainsurgencia caracterizada por la violación sistemática de los derechos humanos y se han apoyado enormemente en los grupos paramilitares para llevar a cabo sus tácticas de “guerra sucia”, que incluyen actos de tortura, “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales. Las fuerzas de guerrilla también han sido responsables de violaciones numerosas y generalizadas del derecho internacional humanitario, tales como homicidios arbitrarios, amenazas contra las personas a las que acusan de colaborar con sus enemigos, secuestros, toma de rehenes y un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza al atacar objetivos militares.

El actual gobierno colombiano ha iniciado un proceso de “diálogo” con los paramilitares respaldados por el ejército. Amnistía Internacional siente honda preocupación por el hecho de que, dentro de este contexto, el gobierno está promoviendo legislación y ha adoptado medidas que garantizan la impunidad para los combatientes responsables de graves abusos y violaciones de derechos humanos. A la organización le preocupa seriamente que el proceso de “diálogo” con los paramilitares y la política llevada a cabo por el gobierno garanticen la impunidad de los paramilitares, de aquellos que los respaldan dentro de las fuerzas de seguridad e incluso de miembros de la guerrilla. Los defensores de los derechos humanos y los supervivientes de abusos y violaciones de derechos humanos están preocupados porque la política del gobierno les negará su derecho a la verdad, la justicia y el resarcimiento.

Las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares califican frecuentemente a las organizaciones de derechos humanos de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. De esta manera las presentan como blanco legítimo en la guerra de contrainsurgencia. Estas acusaciones vienen seguidas con frecuencia de violaciones graves de derechos humanos tales como “desapariciones”, asesinatos o torturas, cometidas por grupos paramilitares respaldados por el ejército y también por miembros de las fuerzas de seguridad. Los grupos de oposición armada también han sido responsables de amenazas y homicidios contra defensores de los derechos humanos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo antes posible, en español o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de Lilia Solano y otros trabajadores del Proyecto Justicia y Vida, ya que, según los informes, han recibido amenazas de muerte; instando a las autoridades a que les ofrezcan protección efectiva, para que puedan llevar a cabo su labor, legítima y muy importante, de defensa de los derechos humanos;

- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre éste y todos los demás casos de amenazas contra defensores de los derechos humanos, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables sean puestos a disposición judicial;

- instando al gobierno a cumplir plenamente los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

LLAMAMIENTOS A:

Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República

Palacio de Nariño

Carrera 8 No.7-26

Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 342 0592 / 337 5890

Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe

Sr. Sabas Pretelt de la Vega

Ministro del Interior y de Justicia

Ministerio del Interior

Avenida Jiménez, No 8-89.

Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 560 4630/566 4573

Tratamiento: Sr. Ministro

Dr. Luis Camilo Osorio

Fiscal General de la Nación

Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22B 52 01 (Ciudad Salite)

Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 570 2022 / 2000 (oirán un mensaje diciendo que marquen la extensión 2017)

Tratamiento: Estimado Dr. Osorio

COPIA A:

Organización no gubernamental de derechos humanos

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo'” AA 33035, Bogotá, Colombia

y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Pónganse en contacto con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de octubre de 2004.