PÚBLICO Índice AI: AMR 23/043/2006

11 de octubre de 2006

AU 276/06 Temor por la seguridad

COLOMBIA José Humberto Torres Díaz, abogado y defensor de los derechos humanos

Otros miembros de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)

José Humberto Torres Díaz, abogado que trabaja con la organización no gubernamental de derechos humanos Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) en la ciudad septentrional de Barranquilla, departamento de Atlántico, ha estado siendo sometido, según los informes, a vigilancia por unos desconocidos, y su nombre ha aparecido en documentos que pertenecen a paramilitares respaldados por el ejército. Su vida puede correr peligro.

El 13 de septiembre, la FCSPP se puso en contacto con las autoridades encargadas de coordinar los programas gubernamentales de protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos para expresarles su preocupación por el hallazgo, por parte de la Fiscalía General de la Nación, de un documento que incluía el nombre de José Humberto Torres Díaz y la dirección de su casa en Barranquilla. Según los informes, la Fiscalía General había descubierto el documento en marzo de 2006 en la casa de un dirigente paramilitar perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar nacional respaldado por el ejército. En él se acusaba a José Humberto Torres Díaz de ser miembro del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional(ELN). En el pasado, las personas a las que las fuerzas de seguridad o sus aliados paramilitares han acusado de ser miembros de grupos guerrilleros se han convertido en víctimas frecuentes de violaciones graves de derechos humanos cometidas por esas mismas fuerzas. El documento con el nombre de José Humberto Torres Díaz contenía asimismo, según los informes, una lista con los nombres de personas que después han sido asesinadas a causa de sus presuntos vínculos con grupos insurgentes.

José Humberto Torres Díaz ha participado activamente en la denuncia del papel presuntamente desempeñado por un dirigente paramilitar en la muerte del defensor de los derechos humanosAlfredo Correa de Andréis el 17 de septiembre de 2004. José Humberto Torres Díaz afirmó que, de acuerdo con los documentos sobre la investigación judicial, el dirigente paramilitar en cuestión había contado con el respaldo de la policía y de otras fuerzas de seguridad para matar al defensor de los derechos humanos. Alfredo Correa de Andréis había sido detenido por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el 17 de junio de 2004 y había sido puesto en libertad un mes después. En abril de 2006, un ex alto mando del DAS informó de que este Departamento había proporcionado una “lista negra” a los paramilitares que actúan en el departamento de Atlántico. Según los informes, el nombre de Alfredo Correa de Andréis estaba en esa lista.

La preocupación por la seguridad de José Humberto Torres Díaz se ha intensificado por los informes que indican que, en las últimas semanas, hombres armados han estado montando guardia cerca de su casa. Al parecer, los guardaespaldas de José Humberto Torres determinaron que los vehículos de esos hombres pertenecían al Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional (SIPOL).

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Quienes defienden los derechos humanos y otras personas que han denunciado la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad y los paramilitares han sido tachados de subversivos por esas mismas fuerzas. Estas acusaciones han venido seguidas con frecuencia de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y los paramilitares. Las fuerzas de seguridad también han coordinado el inicio de procedimientos judiciales arbitrarios contra estas personas, generalmente por cargos de subversión que no se basan ni en pruebas sustanciales ni en investigaciones exhaustivas e imparciales. Estos casos normalmente no se sustentan, pero los defensores y defensoras de los derechos humanos que se han visto estigmatizados por estos procedimientos arbitrarios se enfrentan a frecuentes amenazas de muerte, e incluso al asesinato. José Humberto Torres Díaz fue absuelto el 5 de agosto de 2005 de acusaciones aparentemente formuladas contra él en un documento de los servicios de inteligencia militar que había llegado a conocimiento de la FCSPP. Más tarde se vio obligado a abandonar el país durante varios meses ante el temor por su seguridad.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de José Humberto Torres Díaz y su familia, tras los informes que indican que su nombre ha aparecido en documentos en poder de los paramilitares respaldados por el ejército y que indican asimismo que este abogado está siendo sometido a vigilancia por individuos a los que se cree miembros del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional (SIPOL);

- pidiendo a las autoridades que tomen medidas efectivas –las que los propios amenazados consideren adecuadas– para proteger a José Humberto Torres Díaz y a otros miembros de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos(FCSPP), para que de este modo puedan continuar sin peligro con su legítima e importante labor de defensa de los derechos humanos;

- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares, que se hagan públicos sus resultados y que se lleve ante la justicia a los responsables de respaldar a estos grupos y participar en sus actividades;

- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por la ONU y por otras organizaciones intergubernamentales;

- pidiendo a las autoridades que establezcan políticas y planes, junto con el colectivo de defensores de los derechos humanos, para aplicar los principios de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, y que hagan públicos dichos planes.

LLAMAMIENTOS A:

Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 337 5890 / 342 0592

Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe

Dra. María Consuelo Araújo

Ministra de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10 No 5-51, Palacio de San Carlos, Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 562 7822

Tratamiento: Sra. Ministra

Dr. Mario Germán Iguarán

Fiscal General de la Nación

Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22B 52 01 (Ciudad Salite), Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 570 2000 (escucharán un mensaje diciendo que marquen la extensión 2017)

Tratamiento: Estimado Sr. Germán

COPIA A:

Sr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Defensoría del Pueblo

Calle 55, No. 10-32/46 oficina 301, Bogotá, Colombia

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Calle 26 No. 4 A-45, piso 12 torre KLM, Apartado Aéreo 22803, Bogotá, D.C., Colombia

y a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 22 de noviembre de 2006.