Colombia

«¿Qué debemos hacer para seguir viviendo?»

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

AMNISTÍA INTERNACIONAL

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Amnistía Internacionales un movimiento mundial de voluntarios que se esfuerza por prevenir algunas de las peores violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos. Amnistía Internacionaltrabaja principalmente para:

- obtener la libertad de todos los presos de conciencia, es decir, de las personas encarceladas en cualquier parte del mundo a causa de sus creencias o de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, siempre que tales personas no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso;

- lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos;

- conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura y otros tratos crueles a los presos;

- acabar con las ejecuciones extrajudiciales y las «desapariciones».

Amnistía Internacionalse opone también a los abusos de los grupos de oposición: a la toma de rehenes, a la tortura y homicidio de prisioneros, y a otros homicidios arbitrarios y deliberados.

Amnistía Internacional, reconociendo que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, se esfuerza por promover todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales mediante programas de educación en derechos humanos y campañas para que se ratifiquen los convenios internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacionales imparcial. Es independiente de todo gobierno, ideología política y credo religioso. Ni apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos trata de proteger. Lo que pretende en cada caso particular es proteger los derechos humanos, sea cual sea la ideología de los gobiernos o de las fuerzas de oposición o las convicciones de las víctimas.

Amnistía Internacionalno clasifica a los gobiernos según su trayectoria en derechos humanos. No trata nunca de establecer comparaciones, sino que se esfuerza por poner fin a las violaciones de derechos humanos específicas de cada caso.

Amnistía Internacionalcuenta con aproximadamente un millón de miembros y suscriptores repartidos entre 162 países y territorios. Tiene 4.273 Grupos locales formalmente registrados en el Secretariado Internacional de la organización, y varios miles de grupos escolares, universitarios, profesionales y de otra índole en más de 80 países de África, América, Asia, Europa y Oceanía. Para asegurar la imparcialidad, cada grupo trabaja en casos y campañas de cualquier país excepto el propio, seleccionados por su diversidad geográfica y política. La investigación sobre las violaciones de derechos humanos corre a cargo del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. Ninguna Sección, Grupo o miembro ha de procurar información sobre su país, y ninguna Sección, Grupo o miembro tiene responsabilidad alguna en las acciones o declaraciones de la organización sobre su propio país.

Amnistía Internacionalmantiene relaciones de trabajo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ecosoc); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco); el Consejo de Europa; la Organización de los Estados Americanos; la Organización de la Unidad Africana y la Unión Interparlamentaria (uip).

Amnistía Internacionalse financia con las donaciones y suscripciones de sus miembros en todo el mundo. Ni solicita ni acepta financiación de ningún gobierno. Para salvaguardar la independencia de la organización, todas las contribuciones están estrictamente controladas por las directrices del Consejo Internacional de la organización.

Fotografía de la portada:Soldados de la contrainsurgencia hacen guardia en el campamento de Pavarandó, en la región de Urabá. Cada vez más civiles huyen de sus casas para escapar de la ola de violencia que va en aumento en la región. La mayoría son campesinos sin recursos de zonas rurales remotas. © AP/Ricardo Mazalan

ÍNDICE

PREFACIO 1

INTRODUCCIÓN 1

Violencia política 3

Silenciar a las víctimas 3

LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS 5

La escalada del conflicto armado 5

El desplazamiento como estrategia deliberada 6

URABÁ: UNA REGIÓN EN GUERRA 9

Fuerzas militares y paramilitares: una estrategia común de contrainsurgencia 10

Una nueva pauta de desplazamiento en masa: Ríosucio 11

LAS CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO 14

Las fuerzas paramilitares 14

Las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR) 16

Los grupos armados de oposición 17

Tierra y violencia 19

VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO 22

Mujeres 22

Niños 25

Comunidades indígenas: entre dos fuegos 25

INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES 27

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29

Título original:

Refuge! Colombia

'Just what do we have to do to stay alive?'

Colombia's internally displaced: dispossessed and exiled in their own land

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8 DJ

Reino Unido

web site: http://www.amnesty.org

Fecha de publicación:

1 de octubre de 1997

AMR 23/48/97/s

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

Prefacio

El millón de miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo cree que los derechos humanos son para todos. Son personas que ejercen presión sobre los gobiernos de todas las naciones, trabajan con los medios de comunicación, hacen campaña local, nacional e internacionalmente para crear el impulso necesario para el cambio, y colaboran con otras organizaciones en la lucha para construir un mundo más justo y seguro.

Este documento, junto con otros cuatro informes regionales, forma parte de una campaña mundial organizada por Amnistía Internacional en favor de los derechos humanos de los refugiados y de los desplazados internos. La campaña, iniciada en marzo de 1997, se centra en tres premisas básicas, cada vez más amenazadas, menoscabadas o desatendidas por los gobiernos de todo el mundo.

• La protección de los derechos humanos en los países de origen: actuación para evitar las violaciones de derechos humanos, con el fin de que nadie se vea obligado a dejar su país de origen en busca de seguridad;

• La protección de los derechos humanos en los países de asilo: actuación para garantizar que quienes huyen de violaciones de derechos humanos logran alcanzar un lugar seguro, que reciben protección real contra la devolución (refoulement) y que en el país de acogida se respetan sus derechos humanos;

• La protección de los derechos humanos en el ámbito internacional: actuación para garantizar que las consideraciones de derechos humanos son fundamentales en las decisiones sobre temas de protección a los refugiados, como la necesidad de proteger a los desplazados dentro de su propio país, los avances en el derecho internacional sobre refugiados y en su aplicación, y los programas para que los refugiados vuelvan a su país.

Hay más de 20 millones de personas en todo el mundo que han huido del peligro de sufrir abusos contra sus derechos humanos, pero no han cruzado ninguna frontera. De hecho, a muchas de ellas los esfuerzos de otros gobiernos por restringir el acceso a sus países les han impedido dejar el suyo. Aunque los desplazados internos suelen huir dentro de su país por las mismas razones que los solicitantes de asilo escapan a otro, sólo estos últimos pueden recibir protección internacional como refugiados. La falta de protección de los desplazados internos es un tema que debe recibir mayor atención internacional y suscitar mayor preocupación. El problema de la necesidad de protección y ayuda de los desplazados internos resulta especialmente acuciante dado el aumento del número de desplazados que se observa en muchas partes del mundo y su especial vulnerabilidad ante los abusos graves contra los derechos humanos.

En este informe se explican las causas de los desplazamientos forzados en Colombia. En él se señala que no se ha dado la suficiente prioridad a los derechos humanos a la hora de resolver el problema y se analiza la especial vulnerabilidad de los desplazados internos.

Amnistía Internacional insta a todos aquellos a quienes les preocupan los derechos humanos a que participen en esta campaña para recordar a los gobiernos de todo el mundo que cada persona desplazada es un ser humano con derechos que deben ser respetados.

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

Colombia

Los desplazados internos de Colombia:

desposeídos y exiliados en su propia tierra

Niños desplazados en Bogotá. Sólo una minoría de desplazados han recibido algún tipo de ayuda o protección.

© Ascodas

INTRODUCCIÓN

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

Somos un pueblo de agricultores y pescadores y pesamos poco en la economía de Colombia. Pero amamos nuestra vida y la de la gente buena que nos rodea. No tenemos más que la vida y para nosotros es todo. Y vale la pena defenderla. Pero ¿cómo se puede defender un pueblo de pescadores y agricultores frente la prepotencia y los enormes recursos de las gentes armadas que entran y salen de nuestras casas como si fueran tierra de conquista?...En Gilgal y en nuestra población de Unguía están el Ejército y la Policía. Pero no están ni la justicia ni el orden. Están día y noche. Pero en un solo mes, de día y de noche, los paramilitares sacaron de sus casas a cinco personas. Esta no es una ciudad en donde la ausencia de cinco desparecidos no se sienta....Quince familias han tenido que huir mientras que en las últimas semanas la guerrilla y el ejército se han enfrentado aquí mismo, al lado de nuestras casas. Y la guerrilla responde asesinando a tres muchachos en Gilgal y amenazando a quien esté cerca de los paramilitares. No pueden seguir haciendo la guerra a costa de agricultores y pescadores que solo reclaman el derecho a trabajar. Las autoridades no dan razón de nada y el Ejército y la Policía no ven nada. ¿Para dónde están mirando cuando sacan a nuestros vecinos y familiares de sus casas? ¿A quién, entonces, están protegiendo en Unguía y Gilgal?. Señores guerrilleros, señores paramilitares, señores cómplices de la violencia: ¿Qué debemos hacer para seguir viviendo? .

Carta de la comunidad de Unguía, en la región de Urabá del departamento de Chocó, recibida en junio de 1996.

En los últimos años, cientos de millares de colombianos se han visto obligados a huir de sus hogares buscando seguridad. Huyen de los abusos contra los derechos humanos que cometen todos los bandos del conflicto armado. Unos cuantos millares han conseguido cruzar la frontera y solicitar asilo en otros países, aunque ni siquiera así tienen garantía de seguridad, pues muchos han sido repatriados a la fuerza a Colombia, donde en algunos casos los han matado y en otros siguen en grave peligro.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los colombianos que están en peligro de sufrir abusos contra sus derechos humanos no pueden cruzar ninguna frontera internacional. No tienen más opción que buscar refugio en otra zona del país menos afectada por la escalada de violencia. Son desplazados internos dentro de su propio país. No hay ningún tratado ni organización internacional que se ocupe específicamente de ellos para ofrecerles ayuda y protección. Según la legislación internacional, sólo las personas que solicitan asilo en otro país pueden ser reconocidas como refugiados. Esta falta de protección y ayuda internacional coloca a los desplazados internos en una situación de especial desprotección ante nuevos abusos, a menudo expuestos a los mismos peligros de los que huyeron y sin ninguna autoridad externa a la que acudir en busca de ayuda.Existen lagunas en la cobertura que la comunidad internacional presta a las necesidades de los desplazados internos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se ocupa de los civiles desplazados internos que sufren las inhumanas consecuencias de los conflictos armados. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) también desempeña una labor de asistencia a los desplazados internos como parte de su labor para la prevención y la solución de los problemas de los refugiados. Por lo general, el ACNUR interviene en favor de los desplazados internos cuando hay relación entre el desplazamiento interno y externo y en los casos en que la resolución de los problemas del desplazamiento interno contribuye a la resolución del problema de los refugiados y de las personas que vuelven. La Resolución 48/116 de la Asamblea General de la ONU establece de forma explícita dos requisitos obligatorios para la actuación del ACNUR: la petición explícita de intervención por parte del Secretario General de la ONU y el consentimiento del Estado en cuestión. La situación actual en Colombia no cumple las condiciones del mandato del CICR ni del ACNUR.

Las actuales normas jurídicas no están articuladas en un único cuerpo de principios y normas para la protección de los derechos de los desplazados internos. El Representante del Secretario General de la ONU, Francis Deng, ha reunido las reglas y normas existentes relativas a los desplazados internos y se ha solicitado la codificación de las salvaguardias jurídicas contra el desplazamiento y las soluciones para los desplazados. Es indudable que un tratamiento exhaustivo de la situación de los desplazados internos debe ocuparse de las causas del desplazamiento, la protección de los desplazados y las soluciones para su regreso. Los desplazados internos, como ciudadanos de su país que son, exigen por encima de todo que las autoridades respeten y apliquen sus derechos de ciudadanos, incluido el derecho a la libertad de circulación y residencia, tanto en el lugar del que han sido desplazados como en cualquier otro.

El fenómeno de desplazamiento forzado no es nuevo en Colombia. Durante la guerra civil conocida como La Violencia, que se desarrolló entre 1948 y 1958, se calcula que unos dos millones de colombianos tuvieron que abandonar sus hogares y sus tierras. Desde entonces, los estallidos periódicos de violencia política han ocasionado nuevas oleadas de migración forzada.

Campesinos desplazados de la región del Magdalena Medio vuelven a sus casas ayudados por instituciones religiosas y organizaciones no gubernamentales. Para muchos el regreso duró poco, ya que los nuevos ataques de los grupos paramilitares apoyados por el ejército desencadenaron un nuevo éxodo.

El grave e incesante deterioro que desde 1987 sufre la situación de los derechos humanos ha provocado oleadas de desplazamiento cada vez mayores. Un estudio realizado en septiembre de 1994 por la Sección de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Colombiana estimaba en unas 600.000 las personas desplazadas por la violencia política entre 1985 y 1994, la mayoría de ellas mujeres y niños, y campesinos de zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Sólo algo más del uno por ciento de los desplazados ha recibido algún tipo de ayuda.

El número de desplazados internos ha aumentado significativamente durante el mandato del presidente Ernesto Samper Pizano como consecuencia de la continua escalada del conflicto armado. Entre agosto de 1994, cuando el presidente Samper subió al poder, y finales de 1996, otras 300.000 personas huyeron de sus hogares. En marzo de 1997, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calculó que uno de cada 40 colombianos se había desplazado debido al aumento de la violencia, e indicó que se trata de un fenómeno sociodemográfico de gran importancia para la situación de los derechos humanos.

Violencia política

Nos vinimos a Barrancabermeja [ciudad en la región central del Magdalena Medio, en Colombia] en junio de 1995. Salimos por la violencia entre las fuerzas armadas y la guerrilla. Hubo enfrentamientos y casi me matan a dos hijas. Las peladas iban a lavar ropa en la quebrada y llegó la guerrilla bañándose y después vino una patrulla y las peladas fueron huyendo a la casa, la patrulla echándolas plomo y llegaron a la casa y me pegaron a mí y se me iban a llevar a un hijo de 10 años de edad. Preguntaron por mi esposo y respondí que estaba trayendo yuca pero ellos dijeron que no, que no estaba trayendo la yuca sino estaba con la guerrilla. Ésa es una gran mentira. A mí me pegaron delante de los niños. En base a esto y por toda la violencia en la región, decidimos irnos y nos vinimos a Barrancabermeja.

Testimonio recogido por Amnistía Internacional en junio de 1996 de una mujer, madre de 10 hijos, desplazada de su parcela en la región central del Magdalena Medio.

Las causas del desplazamiento son muy variadas: operaciones de contrainsurgencia, represalias de la guerrilla, conflictos sobre la propiedad de la tierra o intereses económicos. Pero la mayoría de los desplazados internos colombianos huyen de la violencia política originada por el conflicto existente entre los grupos de oposición de izquierda, las fuerzas armadas y los grupos paramilitares de derecha, que operan con el apoyo activo o tácito de las fuerzas armadas. Algunas veces los desplazados son víctimas casuales de las hostilidades, pero en muchos casos el desplazamiento es una estrategia deliberada que suelen utilizar las fuerzas paramilitares apoyadas por el ejército para «limpiar» de población civil las zonas de influencia de la guerrilla.

Las zonas en donde se producen la mayoría de los desplazamientos varían constantemente según la gravedad del conflicto armado. De hecho, la única constante de la violencia son las víctimas: campesinos y trabajadores que viven en zonas en disputa y cuya neutralidad como civiles no reconocen las fuerzas en conflicto. El principal flujo de desplazados procede de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado y se dirige hacia las ciudades, donde la inmensa mayoría de los desplazados acaban en barrios marginales en los que resulta difícil encontrar alojamiento o trabajo.

Silenciar a las víctimas

Muchas veces, a los ya abrumadores problemas económicos de los desplazados se añade uno más: las autoridades locales y regionales de las zonas que los acogen los califican de «guerrilleros» o «simpatizantes de la guerrilla» por el mero hecho de haber huido de zonas donde hay guerrilla, y afirman que traerán el conflicto consigo. El temor a ser perseguidos hace que muchos de ellos no admitan que se han visto obligados a huir, y por tanto no tengan acceso a la poca ayuda disponible.

En algunos casos los desplazados forzados, especialmente los que desempeñaban un papel de liderazgo en sus comunidades, han sido perseguidos hasta las ciudades, donde los han matado. Muchos otros han sido amenazados. En palabras de uno de los campesinos desplazados de la Hacienda Bellacruz (véase infra):

¿Adónde vamos a ir? A la gente le da miedo hablarnos, porque con tanta propaganda que han hecho en nuestra contra diciendo que somos guerrilleros, nadie quiere exponer su vida hablando con «guerrilleros» o prestándole un servicio a un «guerrillero». ¿Cuánto hemos perdido nosotros? ¿Quién nos restablecerá la estabilidad perdida... la salud perdida...las vidas perdidas?

Barrio marginal en las afueras de la capital, Bogotá. Muchos desplazados buscan refugio en estos barrios marginales que han surgido alrededor de las principales ciudades.

© Iris McIntyre/Christian Aid

El Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Desplazados Internos afirmó en un informe sobre su visita a Colombia en 1994Estudio de casos de desplazamiento: Colombia. E/CN.4/1995/50/Add.1, párrafo 57:

El drama de los desplazados internos reside también en que suelen sentirse obligados a huir en silencio absoluto, ya que a las personas desplazadas se las considera como personas con un pasado «problemático». El problema se agrava porque los desplazados más «visibles» son aquellos que tienen algún vínculo institucional con una organización política. Otros, como muchos de los desplazados, especialmente en Bogotá, que desempeñaban una función destacada en la sociedad local antes de desplazarse, tienen incluso que ocultar su historial al llegar a su destino ante el temor de que se reanude la persecución.

En este clima, los desplazados internos están especialmente expuestos a sufrir nuevos abusos. En mayo de 1997, unos pistoleros paramilitares mataron a seis miembros de una misma familia que había huido recientemente del conflicto que desgarra la región de Urabá, al noroeste del país. Otros dos miembros de la familia resultaron gravemente heridos. Los hombres, fuertemente armados, irrumpieron en la casa donde se alojaban las víctimas y dispararon contra ellas mientras dormían. La matanza tuvo lugar en la comunidad de Morrocoy, cerca de la ciudad de San Pelayo, en el departamento de Córdoba, una zona del país controlada por el grupo paramilitar denominado Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Dos de las víctimas mortales eran niños. Un portavoz de la policía regional manifestó que al parecer los paramilitares habían seguido a la familia desde Urabá a Córdoba.

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

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Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

La viuda de Héctor Jesús Rojas llora en el funeral de su marido, presuntamente abatido por los disparos de pistoleros paramilitares en Apartadó (Urabá), en octubre de 1996. © AP

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Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS

El prolongado conflicto armado de Colombia se ha caracterizado por un evidente desprecio de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Desde 1987, año en que la situación de derechos humanos se deterioró radicalmente, más de 25.000 personas han sido víctimas de homicidios por motivos políticos. Cada año mueren muchos centenares de civiles no combatientes durante operaciones de contrainsurgencia y «desaparecen» decenas de personas tras ser detenidas por las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad o por fuerzas paramilitares que operan con su apoyo o su consentimiento. La tortura está muy extendida, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Aunque en todos los sectores de la sociedad colombiana ha habido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, la inmensa mayoría han sido campesinos pobres.

La escalada del conflicto armado

Durante el mandato del presidente Samper, el conflicto armado se ha extendido e intensificado. La violencia política se ha incrementado especialmente desde la ruptura, en julio de 1995, de la propuesta del gobierno para iniciar conversaciones de paz con los principales grupos armados de oposición: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el EjércitoPopular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde entonces, las FARC y el ELN han continuado y ampliado sus campañas de oposición armada por todo el país. Actualmente hay una importante presencia

guerrillera en la mitad de los municipios colombianos.

Las fuerzas guerrilleras han sido responsables de muchas violaciones del derecho internacional humanitario, como el homicidio deliberado y arbitrario de civiles y la toma de centenares de rehenes. Entre las víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios figuran personas que se resistieron a ser secuestradas, desertores de organizaciones guerrilleras, autoridades locales sospechosas de corrupción, personas acusadas de colaborar con el ejército y rateros y traficantes de droga en las zonas urbanas. Los secuestros son cada día más frecuentes, ya que el dinero obtenido como rescate se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de los grupos guerrilleros. Otras veces los secuestrados son utilizados para presionar a las autoridades con el fin de que accedan a las propuestas de los guerrilleros o para exigir publicidad para sus políticas. En algunas ocasiones los secuestradores han terminado con la vida del rehén al no cumplirse las exigencias del rescate.

Los grupos paramilitares, declarados ilegales en 1989, han conseguido importantes avances territoriales mediante ofensivas militares en varias zonas de influencia de la guerrilla. En los dos últimos años, estas ofensivas han afectado especialmente el norte y el noroeste de Colombia. Desde su creación por las fuerzas armadas en la década de los ochenta, las fuerzas paramilitares han cometido numerosas atrocidades, como la ejecución extrajudicial de millares de civiles, especialmente en las zonas rurales. Entre sus víctimas ha habido líderes comunitarios, maestros, sindicalistas, activistas políticos, líderes indígenas y defensores de los derechos humanos. A pesar de las reiteradas promesas hechas por los sucesivos gobiernos colombianos de desmantelar las fuerzas paramilitares, el número de homicidios políticos y otras violaciones de derechos humanos cometidas por estos grupos se ha incrementado drásticamente en los últimos años. En investigaciones oficiales e independientes han aparecido claros indicios del apoyo constante a las organizaciones paramilitares por parte de las fuerzas armadas.

Los civiles que viven en zonas de combate se han visto, contra su voluntad, cada vez más inmersos en el conflicto ante las exigencias de apoyo y colaboración que les plantean tanto la guerrilla como las fuerzas gubernamentales y sus auxiliares paramilitares. El apoyo a un bando, aunque sea a la fuerza, suele ir seguido de las represalias del otro. A medida que se extienden por todo el país las ofensivas de los paramilitares y de la guerrilla, aumenta el número de civiles, la mayoría campesinos sin recursos de zonas rurales remotas, que se ven obligados a huir para escapar de la creciente ola de violencia.

El desplazamiento como estrategia deliberada

En la inmensa mayoría de los casos, el desplazamiento de la población civil no es una consecuencia casual, esporádica o inevitable de las operaciones de contrainsurgencia, sino un instrumento básico de la estrategia de las fuerzas armadas para combatir a las fuerzas insurgentes. Las zonas elegidas como objetivo se «limpian» de la base de apoyo real o potencial de las guerrillas, y se repueblan con campesinos favorables a los paramilitares o con familiares de miembros de las fuerzas paramilitares.

El Procurador General de la Nación explicó la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas en su informe anual de 1992:

Los organismos de seguridad y defensa del Estado están entrenados para perseguir a un enemigo colectivo y por lo general consideran que las víctimas forman parte de él. En buena parte de los casos actúan bajo la premisa que hizo carrera en la guerra en El Salvador de «quitarle el agua al pez», lo que significa que se establece una relación directa entre, por ejemplo, los movimientos sindicales o de reivindicación campesina, con los efectivos de la subversión, y cuando se llevan a cabo acciones contraguerrilleras estos sujetos pasivos no son identificados como víctimas «independientes» sino como parte del enemigo. En efecto, los organismos de

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Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

Mural en la pared del Albergue Campesino, centro para desplazados internos en la región central del Magdalena Medio. El rótulo dice: «Queremos caminos de esperanza, desarrollo integral y fructífero, dejando atrás el peso de la violencia.» El centro, creado por instituciones religiosas y organizaciones no gubernamentales, cerró a comienzos de 1997. Sus trabajadores sufrían constantes amenazas y habían sido hostigados por pistoleros paramilitares.

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Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

seguridad y defensa del Estado agreden los derechos humanos de sujetos pasivos independientes porque cometen el error de considerarlos o enemigos o aliados del enemigo.

Los campesinos de la región del Magdalena Medio han dado a Amnistía Internacional detalladas descripciones de la colaboración entre las fuerzas paramilitares y el ejército en operaciones de contrainsurgencia en las que muchas personas fueron desplazadas forzosamente.

Hace un año que nos vinimos aquí. Los paramilitares dijeron que nosotros les colaboráramos. «Trabaja con nosotros, se va o se muere». Pero entrarles a ellos es trabajar en contra de los vecinos. A nosotros nos tocó salir por eso. Los paramilitares trabajan en conjunto con los militares. El 28 de diciembre de 1994 tuve que decidir de sí o no trabajar con ellos. Vino el ejército, yo estaba trabajando. Me llevaron y me detuvieron. Fui cuatro días andando y amarrado con ellos. Me pegaron muchísimo, me pusieron una toalla empapada de agua salada sobre la cara y una bolsa de plástico sobre toda la cabeza. Todo el cuerpo era negro de los palos y aún se ven las cicatrices. Finalmente, el teniente dio la orden de soltarme.

Muchos desplazados han descrito una pauta similar: los paramilitares llegan a un pueblo y convocan a la población local a reuniones en las que suele haber personal de las fuerzas armadas. Se dice a los habitantes que les conviene colaborar con el ejército y los paramilitares y se les garantiza que, si lo hacen, se les protegerá de las represalias de la guerrilla. También se les dice que si se niegan a cooperar tienen dos opciones: abandonar el pueblo o morir. Según relató un testigo a Amnistía Internacional:

Cuando los pobladores se negaron a cooperar, empezaron a insultarlos, a pegarles y a expulsarlos. Los paramilitares mataron a una persona para obligar a los demás a cooperar mediante la intimidación. Así que la gente abandonó, presa del miedo, la población, que fue ocupada por simpatizantes de los paramilitares, cuyo grupo principal se trasladó al pueblo siguiente.

Según el informe de 1994 del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Desplazados Internos:

Los numerosos testimonios recibidos por el Representante, así como las conversaciones que sostuvo con el Gobierno, indican que la población civil residente en zonas de combate es la más expuesta a desplazamientos: en las denominadas «zonas rojas» (es decir, zonas controladas por las guerrillas o donde éstas ejercen su influencia), las fuerzas armadas recurren con frecuencia a ataques aéreos, seguidos por rastreos en tierra, que suelen obligar a las personas a desplazarse temporal o permanentemente. Estos testimonios indican además que con frecuencia se pierde la distinción entre guerrilleros y no combatientes. Incluso se ha denunciado que las fuerzas armadas han dado muerte a campesinos con el único fin de atribuir bajas a los guerrillerosIbíd, párrafo 62.

En algunas ocasiones, las fuerzas de la guerrilla han fomentado u organizado activamente el abandono de pueblos y la marcha de sus habitantes hacia centros de población locales de mayor tamaño para protestar contra los avances de las fuerzas paramilitares o del ejército en la zona. Con gran frecuencia estos desplazamientos en masa organizados por la guerrilla han supuesto grandes penalidades para los desplazados y graves problemas de seguridad para su eventual regreso. Amnistía Internacional ha documentado muchos casos en los que los líderes de movimientos masivos de protesta han muerto o desaparecido posteriormente. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, cuando las comunidades han huido espontáneamente de la persecución, las autoridades militares han acusado a los refugiados de seguir órdenes de la guerrilla a fin de crear dificultades políticas al gobierno, acusaciones que suelen ser el preludio de nuevos actos de represión contra ellos.

Según el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Desplazados InternosIbíd, párrafos 70, 54.:

En este clima de violaciones perpetuas de las normas internacionales de los derechos humanos, de que son víctimas especialmente los considerados «inútiles» para la sociedad, los desplazados internos son especialmente vulnerables a los abusos de los derechos humanos. Con frecuencia, la huida no pone fin a la persecución. El representante supo de varios incidentes en que se había perseguido y dado muerte a personas desplazadas en las zonas de acogida. El desplazamiento también limita el acceso a las autoridades judiciales y de otra índole y la participación política, ya que exige normalmente una interacción con las autoridades públicas en la zona de acogida.

La huida de la contrainsurgencia y de otras actividades violentas significa que los campesinos tienen que abandonarlo todo. El desplazamiento los deja en peor situación económica y social: en palabras de un representante de la Iglesia, «el campesino es libre en su propia tierra; en la ciudad se transforma en mendigo, su hija se prostituye; se convierte en parásito, y, por lo tanto, es ''desechable''.»

Personas desplazadas a causa de la violencia descansan tras llegar al campamento de Pavarandó, en la región de Urabá. Incluso allí siguen corriendo peligro de sufrir nuevos abusos: pistoleros paramilitares, apoyados por el ejército, amenazaron con atacar el campamento. © AP/Ricardo Mazalan

URABÁ: UNA REGIÓN EN GUERRA

La zona más afectada por el agravamiento del conflicto armado es la región de UrabáLa región de Urabá se extiende por parte de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba., al noroeste del país, donde una compleja espiral de violencia ha provocado en los últimos años una grave crisis de derechos humanos que aún continúa.

Urabá, núcleo de la lucrativa industria bananera de Colombia, es desde hace tiempo el centro de un enconado conflicto armado en el que han muerto centenares de personas. Las FARC y el ELP tuvieron durante la década de los setenta una fuerte presencia en la región, que llegaron a dominar militar y políticamente durante varios años. A finales de la década de los ochenta, la mayoría de los municipios de Urabá estaban en manos de alcaldes y concejales independientes o apoyados por la izquierda.

En 1994, en respuesta a lo que se consideró una amenaza comunista en esta región de gran importancia estratégica, los sectores empresariales y los representantes de los partidos políticos tradicionales con intereses en la zona, en alianza con las fuerzas armadas y de seguridad, lanzaron la llamada «Operación Retorno» para recuperar el poder político y militar en Urabá combatiendo y reprimiendo tanto a las organizaciones de oposición ilegales como a las legales. Tras el lanzamiento de esta ofensiva conjunta militar/paramilitar, la violencia política aumentó espectacularmente en la región y la espiral de violencia resultante provocó un derrumbamiento casi total del orden público, ya que el gobierno no mantuvo el control de la zona ni evitó que las organizaciones paramilitares y los grupos guerrilleros atacaran a la población civil.

Ésta, incluidas las comunidades indígenas de la región, se ve atrapada entre varios fuegos mientras los grupos paramilitares y las guerrillas de las FARC y del ELP luchan por el control del territorio. Son raros los choques entre grupos armados. En la mayoría de los casos, las fuerzas paramilitares y las FARC y el ELP han dirigido sus ataques contra sectores de la población civil que suponían afectos a grupos armados rivales. La lucha por el control de la región ha provocado cada año la muerte de centenares de civiles y la huida de millares para escapar de los ataques paramilitares y de las represalias guerrilleras.

Fuerzas militares y paramilitares: una estrategia común de contrainsurgencia

De la zona de conflicto de Urabá se han recibido informes convincentes que coinciden en señalar los vínculos existentes entre las fuerzas armadas colombianas y la fuerza paramilitar predominante en la región, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En 1996, un alto oficial del ejército, el coronel Carlos Velásquez, segundo jefe de la 17 Brigada con base en Urabá –la zona de Colombia que ha generado el mayor número de desplazados internos en los últimos 10 años–, confirmó la complicidad entre las fuerzas armadas y los paramilitares. El coronel Velásquez acusó al jefe de la brigada, general Rito Alejo del Río, de pasar por alto deliberadamente los abusos de derechos humanos cometidos por las ACCU, y afirmó que los paramilitares mataba a la gente sin que el ejército hiciera nada por proteger a esas personas. Cuando el ministro de Defensa insistió en que el ejército sí estaba combatiendo a los paramilitares, el coronel Velásquez comentó que ésa era la versión oficial, pero que la realidad era muy diferente. Tras una investigación interna realizada por altos jefes del ejército, el coronel Velásquez fue expulsado de las fuerzas armadas por «insubordinado y desleal».

En diciembre de 1996, el gobierno ofreció una recompensa de un millón de dólares a quien pudiera ofrecer información para la captura del jefe de las ACCU, Carlos Castaño, con varias órdenes de arresto pendientes por asesinato. Sin embargo, no se ha hecho ningún esfuerzo por asegurarse de que las fuerzas armadas y de seguridad cumplen con su obligación de capturarlo. Carlos Castaño sigue en libertad y opera sin trabas en el noroeste de Colombia.

El apoyo del ejército a las fuerzas paramilitares que operan en el noroeste de Colombia no se limita a tolerar sus abusos. Amnistía Internacional continúa recibiendo informes de operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo conjuntamente por el ejército y los paramilitares en las que se han cometido graves violaciones de derechos humanos contra civiles no combatientes.

En una de estas operaciones conjuntas, realizada en marzo de 1997 en el norte del departamento de Chocó y el sur de la región de Urabá del departamento de Antioquia, murieron varios civiles y muchos otros fueron amenazados de muerte si no abandonaban la región. Una patrulla militar de 30 hombres entró en el pueblo de San José de Apartadó (Urabá), el 27 de marzo. Tras interrogar a sus habitantes se marcharon, no sin antes avisar que volverían y amenazando: «A los sapos de la guerrilla los vamos a matar». Ese mismo día el grupo armado detuvo al agricultor José David en el vecino municipio de La Unión. Al día siguiente lo mataron y se llevaron su cadáver en un helicóptero del ejército. El 28 de marzo, los soldados llegaron a La Unión, entrando a la fuerza en las casas y amenazando a sus habitantes: «Les dijimos que se fueran y no han hecho caso. Detrás de nosotros vienen los que cortan por pedacitos».

Al día siguiente, en la vecina comunidad de Las Nieves, cercana a San José, una patrulla conjunta del ejército y los paramilitares mató a siete personas: Elías Zapata y su hermano, Eliodor Zapata; Alberto Valle y Félix Antonio Valle, de 14 años, dos familiares que habían ido a buscar a los hermanos Zapata, y Carlos Torres, que había ido a buscar a Félix Antonio Valle. La madre de los hermanos Zapata también recibió disparos cuando buscaba a sus hijos, pero consiguió escapar. Tras vestir a los siete cadáveres con uniformes de camuflaje, colocar armas a su lado y llevárselos en un helicóptero del ejército, los paramilitares amenazaron a los habitantes con matarlos si no dejaban sus casas en un plazo de cinco días. En los días siguientes las patrullas del ejército y los paramilitares mataron a varias personas más en la zona. Como consecuencia directa de estas operaciones, que continuaron en la zona durante varias semanas, huyeron varios miles de civiles. El 10 de abril de 1997, un grupo paramilitar secuestró a los hermanos Gilberto y Miguel Ramírez Giraldo, de la aldea de Altas Arenas, en el municipio de Apartadó. Según los informes, los paramilitares utilizaron los machetes de los hermanos para cortarles los dedos y, tras atarlos a unos postes, les rajaron el estómago, les clavaron los machetes en varias partes del cuerpo y los decapitaron.

El 13 de abril, un grupo de pistoleros paramilitares secuestraron en la estación de autobuses de Apartadó a José y Jairo Graciano, que la semana anterior habían huido de sus casas en la comunidad de Las Nieves tras la incursión de los paramilitares. A ambos los obligaron a punta de pistola a montar en unas motocicletas. Sus cadáveres, con señales de tortura, fueron encontrados abandonados en otro lugar de la ciudad. Estos hechos se producían tras las amenazas hechas por los paramilitares contra los desplazados: «Los desplazados de San José de Apartadó serían buscados y asesinados» . El 21 de abril, las fuerzas paramilitares mataron a varios lugareños más. Jorge Domico, jefe de la comunidad indígena patadó de La Playa, en el municipio de Apartadó, fue detenido por unos pistoleros paramilitares y llevado a una base paramilitar situada justo al lado de una base del ejército colombiano en el distrito de Policarpa de Apartadó. Al enterarse de la captura de su jefe, los miembros de la comunidad indígena se encaminaron hacia la base en masa y consiguieron que lo liberaran.

Una nueva pauta de desplazamiento en masa: Ríosucio

Tradicionalmente, los desplazados en Colombia se han movido en grupos reducidos de unas cuantas familias o individuos, sin apenas tiempo para planificar una partida organizada y digna. Los lugareños reúnen todas las pertenencias que pueden cargar a la espalda y a menudo caminan durante días a través de tierras inhóspitas para alcanzar el centro urbano más próximo, donde esperan encontrar ayuda. Su objetivo es llegar hasta localidades vecinas donde viven parientes o amigos o hasta la ciudad más cercana, donde se mezclan con la población local. Dejan tras de sí pueblos fantasmas con las casas incendiadas por el ejército o los paramilitares.

Los desplazados internos no suelen huir en grandes grupos, aunque en los últimos meses se han producido notables excepciones. La localidad de Ríosucio y los caseríos vecinos al norte del departamento de Chocó, cerca de la frontera con Panamá, han sido el centro de un desplazamiento masivo de la población civil desde el lanzamiento de una gran ofensiva paramilitar en la zona a finales de 1996.

Ríosucio está situada en una densa zona selvática, sólo accesible por río, que se mantiene desde hace tiempo bajo la influencia de las FARC. Se trata de una zona de importancia estratégica, ya que su acceso a las costas del Caribe y el Pacífico y a Panamá facilita la importación de armas y el tráfico de drogas ilegales. Además, el gobierno ha anunciado recientemente su intención de construir en la zona norte de Chocó, centro de la ofensiva paramilitar en 1996 y 1997, un canal interoceánico que podría rivalizar con el de Panamá en importancia para el comercio mundial.

Antes de avanzar sobre Ríosucio, la principal localidad de la región, las fuerzas paramilitares que penetraban en la zona establecieron puntos de control en los ríos, confiscaron las embarcaciones de los residentes y restringieron las cantidades de comida y otros suministros que éstos podían introducir en la zona. A las restricciones en el abastecimiento y los transportes, que crearon un clima de temor y tensión entre la población civil, siguieron rápidamente una serie de ataques contra caseríos remotos, en los que se reunía y mataba a los líderes comunitarios. Los cuerpos de las víctimas se dejaban con frecuencia tirados en lugares públicos para aterrorizar a la población. Inmediatamente después de las primeras matanzas de civiles cometidas por las fuerzas paramilitares en la zona vinieron las represalias de las FARC, que mataron a personas a las que acusaban de colaborar con el avance de los paramilitares.

En noviembre de 1996, a medida que se intensificaba la lucha entre el ejército, sus auxiliares paramilitares y las FARC en el norte de Chocó, muchos centenares de civiles huyeron de la zona, algunos en barco, otros abriéndose camino a

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

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Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

Campamento de Pavarandó, en la región de Urabá, donde más de 4.000 desplazados internos buscaron refugio en abril de 1997. El recrudecimiento de la violencia entre los grupos armados de oposición (de izquierda), las unidades paramilitares de derechas y el ejército obligaron a millares de campesinos a abandonar sus hogares en el norte del departamento de Chocó. © AP/Ricardo Mazalan

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

pie por el casi impenetrable estrecho del Darién para buscar refugio en Panamá. Unos 200 refugiados, en su mayoría mujeres y niños, avanzaron por la selva y cruzaron la frontera con Panamá, donde fueron repatriados a la fuerza por el gobierno panameño, que incumplió de lleno sus obligaciones internacionales.

Las autoridades colombianas alojaron a los refugiados deportados de Panamá en una residencia infantil en Apartadó (Urabá), en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. La localidad de Apartadó y las zonas rurales de los alrededores también sufrían un elevado nivel de violencia política y se registró el homicidio de al menos uno de los refugiados.

Muchos de los integrantes de la primera oleada de desplazados de Ríosucio consiguieron llegar a la ciudad portuaria de Turbo, en Urabá (departamento de Antioquia), donde fueron alojados en condiciones precarias y antihigiénicas en las escuelas de la localidad. Las autoridades regionales y nacionales que los visitaron les instaron a que volvieran a sus casas y, en vista de las malas perspectivas de ayuda y de la constante amenaza de persecución de que eran objeto por las fuerzas paramilitares de Turbo, los desplazados de Ríosucio comenzaron a dispersarse. Para los que intentaron volver a sus casas el regreso duró poco. En marzo de 1997, fuerzas paramilitares, respaldadas por efectivos de la policía colombiana y del ejército, tomaron la localidad de Ríosucio. La primera noche, los paramilitares sacaron de sus casas al menos a ocho líderes comunitarios, entre ellos el tesorero del ayuntamiento, y se los llevaron en barcas. Hasta ahora se desconoce el paradero de estas personas. A otras personas las mataron allí mismo. La policía nacional con base en la ciudad no hizo nada por proteger a los residentes ni se enfrentó a los paramilitares. De hecho, los residentes dijeron que, cuando las fuerzas paramilitares consolidaron su presencia en la localidad, confraternizaron abiertamente con la policía nacional. Días después, las FARC lanzaron un contraataque guerrillero sobre la ciudad. En la lucha, que duró varias horas, cayeron combatientes de ambos bandos, incluidos policías. La acción guerrillera provocó la rápida reacción del ejército, que lanzó un bombardeo aéreo sobre la zona.

Según un residente de Ríosucio:

Por allá por los montes oíamos disparos y luego vimos unos aviones pequeños tirar bombas que dejaban un hueco enorme en la tierra, muy cerca de las casas; hubo gente a la que le cayeron hierros en la espalda y decidieron irse de allí. Entonces, de ver correr a los otros, nosotros también corrimos. No hubo tiempo de sacar nada, cogimos las champas [embarcaciones de remo] y nos metimos por el río Atrato; no hallábamos que comer sino solamente de los árboles del camino, y bebíamos agua de los pocitos que se hacían en el suelo.

Otros residentes dijeron que los paramilitares les ordenaron abandonar la zona:

Los que estábamos más cerca del río inmediatamente empezamos a salir y ellos iban avanzando y rodeando las comunidades obligando a desplazarse a todo el mundo.

En esta ocasión huyeron al menos 6.000 personas. Algunos atravesaron la selva durante al menos dos semanas en dirección a la localidad de Mutatá en Urabá (departamento de Antioquia). Otros se dirigieron hacia Quibdó, capital del departamento de Chocó. Durante la marcha a través de la selva murieron siete niños a causa del cansancio y el hambre, o ahogados al cruzar los ríos.

Al llegar a las cercanías de Mutatá, los refugiados se encontraron con barricadas levantadas por el ejército colombiano para impedirles entrar en la ciudad, y varias personas resultaron heridas al tratar de franquearlas. El ejército había levantado estas barreras alegando que la emigración de tantas personas de la zona de Ríosucio había sido planeada y organizada por las FARC para crear dificultades a las autoridades de la nación. Se obligó a más de 4.000 refugiados a instalarse en campamentos improvisados en la localidad de Pavarandó Grande, cercana a Mutatá.

A pesar de que las autoridades trataron insistentemente de convencerlos para que volvieran a sus pueblos, donde, según les prometieron, las fuerzas armadas los protegerían, los desplazados, exhaustos y asustados, se negaron a regresar durante varios meses, temiendo por su seguridad si lo hacían. «Ni sabemos quién es quién porque todos se visten igual». En junio, en una reunión entre las autoridades, los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y el director de la oficina del ACNUR en Colombia, los desplazados de Pavarandó Grande accedieron a volver a sus hogares en Ríosucio a condición de que la zona fuera desmilitarizada y de que la ONU los acompañara para garantizar la seguridad de su vuelta. El gobierno, no obstante, se negó a aceptar la condición de desmilitarizar la zona.

Varios centenares de personas de las que huyeron de Ríosucio en marzo y abril de 1997 no pudieron hacerlo por el río y optaron de nuevo por cruzar la selva del Darién y entrar en Panamá, donde otra vez las autoridades los devolvieron a Colombia, actuando en connivencia con las autoridades colombianas. Aunque las autoridades panameñas acordaron en una reunión con funcionarios del ACNUR que no expulsarían precipitadamente a los refugiados y facilitarían al ACNUR el acceso a ellos a fin de evaluar su situación, no cumplieron su promesa. Menos de tres días después de la reunión, las autoridades panameñas y colombianas deportaron a casi 300 refugiados, de los cuales 170 eran niños. Los repatriados fueron trasladados a un campamento provisional en Cupíca, cerca de Bahía Solano, en la costa pacífica de Chocó. A finales de abril, la organización no gubernamental colombiana Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados entrevistó a unos 200 de ellos. Todos negaron haber regresado voluntariamente, como afirmaban las autoridades panameñas y colombianas, y expresaron su preocupación por su seguridad en el futuro. Tras la repatriación, el ACNUR emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba: «El ACNUR lamenta que las propuestas que hizo al gobierno de Panamá, en una reunión sostenida el pasado 15 de abril en el Ministerio de Gobierno y Justicia respecto a los derechos humanos de esta población, no hayan sido acogidas por el gobierno. En dicha reunión se nos aseguró que el gobierno no iba a emprender acciones precipitadas.»

Desde noviembre de 1996, el gobierno de Panamá ha violado varios artículos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ya que ha deportado a centenares de refugiados colombianos a su país, donde su seguridad corre grave peligro (artículo 33), les ha negado el derecho a que su caso sea examinado por un tribunal competente (artículo 34) y no ha permitido que el ACNUR acceda a ellos (artículo 35). En mayo de 1997, el ACNUR anunció que el gobierno panameño había aceptado por fin su intervención en la crisis de los refugiados y que los funcionarios del organismo podían visitar el resto de las comunidades de refugiados de la zona fronteriza del departamento del Darién.

Se calcula que entre diciembre de 1996 y febrero de 1997 más de 10.000 personas huyeron de sus casas en Ríosucio y sus alrededores. La tragedia de esta localidad se repite en decenas de pueblos remotos de todo el noroeste de Colombia y en otras zonas del país.

LAS CAUSAS DEL

DESPLAZAMIENTO

No es posible hablar genéricamente de las causas de los desplazamientos internos en Colombia. Los factores que los provocan son diversos y las causas pueden variar según la región. No obstante, la principal causa es sin duda el conflicto armado. Los desplazados huyen a causa de las amenazas, los ataques y las operaciones militares indiscriminadas de que son objeto por parte de todos los bandos del conflicto, debido a la amenaza de reclutamiento forzado o por haber quedado atrapados entre las fuerzas armadas, sus colaboradores paramilitares y los grupos armados de oposición. Según estudios independientes, actualmente la principal causa de desplazamiento es la persecución por organizaciones paramilitares ilegales: aproximadamente el 35% de los desplazamientos internos son causados por las organizaciones paramilitares, el 17% por las fuerzas armadas y la policía y el 24% por los grupos armados de oposición. En el resto de los casos, los desplazados internos no han podido identificar a los responsables.

Las fuerzas paramilitares

Las organizaciones paramilitares llevan más de 15 años sembrando el terror en las zonas rurales de Colombia. Emplean una estrategia de terror, violencia e intimidación sistemáticos dirigida hacia la población civil en zonas de presencia guerrillera. Con ello pretenden asegurar el control militar del territorio mediante la eliminación de la base de apoyo civil de los insurgentes, real o supuesta. Además de la región de Urabá, varias zonas del país se han visto especialmente afectadas por una importante ofensiva paramilitar en los dos últimos años: los departamentos del Meta en el sur, Santander en el centro y Norte de Santander, Cesar, Sucre, Bolívar, Antioquia y Chocó en el norte y en el oeste.

A finales de la década de los ochenta y principios de la de los noventa, las organizaciones paramilitares apoyadas por el ejército utilizaron una estrategia de matanzas generalizadas e indiscriminadas contra las comunidades civiles que consideraban simpatizantes, reales o potenciales, de la guerrilla. En los últimos años, esta práctica ha sido sustituida por una pauta de homicidios selectivos, especialmente de líderes comunitarios, y el sometimiento o el desplazamiento del resto de la comunidad. En palabras de un comandante paramilitar: «Eliminando al líder, los demás salen corriendo»Entrevista en Alternativa, núm. 10. Las fuerzas paramilitares plantean a los civiles de las comunidades invadidas tres terribles opciones: cooperar con ellas, abandonar sus terrenos y huir de la zona o morir. La cooperación supone no sólo aceptar el total control paramilitar de la vida comunitaria, sino también pagar «impuestos» para equipar y armar a los paramilitares. Muchos campesinos son obligados a unirse a grupos paramilitares y a acompañarlos en sus patrullas, durante las cuales pueden verse obligados a presenciar e incluso cometer violaciones de derechos humanos contra civiles no combatientes. Según los informes, niños de sólo 10 años han sido «reclutados» para patrullar con unidades paramilitares.

Un jefe paramilitar da instrucciones a los miembros de una unidad paramilitar en la región de Urabá. Las fuerzas paramilitares apoyadas por el ejército siembran el terror en las zonas rurales de Colombia desde hace más de una década.

© AP/Ricardo Mazalan

En noviembre de 1995 casi 300 familias huyeron de los caseríos de Capitán, Astí y El Juancho a Acandí, en el departamento de Chocó, tras una incursión de los paramilitares en sus comunidades. El grupo paramilitar estaba compuesto por unos 70 hombres fuertemente armados, algunos con uniforme militar. Las personas del lugar reconocieron entre ellos a varios guerrilleros desertores de las FARC, que se ocupaban de identificar a colaboradores de la guerrilla entre los miembros de la población local. Durante la incursión en la zona, que duró un día, los paramilitares capturaron y mataron al menos a seis campesinos, a los que acusaron de colaborar con la guerrilla. Según los informes, a varios de ellos los torturaron antes de matarlos. En una carta dirigida al Consejero Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, líderes comunitarios locales afirmaron:

Estas personas aparecen muertas en forma tan violenta y con tanta barbarie como en la época antigua cuando se torturaba a la gente para que confesara porque había traicionado al rey. Por tales actuaciones los campesinos emigraron de sus parcelas por temor a que se repitieran esos mismos actos en su contra o de su familia.

Tres días después llegó a las mismas comunidades una patrulla del ejército, varios de cuyos integrantes fueron reconocidos como miembros del grupo paramilitar responsable de los anteriores homicidios. «Era tanto el temor de verlos de nuevo en el pueblo y vestidos oficialmente como militares que algunos se fueron del municipio.»

Las fuerzas paramilitares continuaron provocando el desplazamiento de miles de personas en Urabá durante 1996, a medida que se recrudecía la lucha por el control de la zona. En un documento dirigido a las autoridades del gobierno, las comunidades de Puerto Rico (Urabá), explicaron los acontecimientos que provocaron el desplazamiento de muchos residentes:

El Ejército ha llegado a veces y lo que hemos recibido han sido amenazas... Los grupos paramilitares, que se crearon para acabar con la guerrilla y que en estos lugares están acabando con ella, pero también con los campesinos, y amenazan con que van a limpiar la zona del Río León y no van a escaparse ni los niños de seno o niños de brazo... Reiteramos que somos gentes indefensas que lo único que poseemos como arma es una hacha y una pala para labrar la tierra.

En 1996, la sangrienta guerra de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) contra los que consideraban opositores de izquierdas se extendió mucho más allá de Urabá. Los departamentos de Sucre, Bolívar, Chocó y Cesar fueron de los más castigados por la violencia. Durante todo el año, tras una ofensiva paramilitar en el departamento de Cesar, se produjo una oleada de desplazamientos internos. Centenares de civiles murieron a manos de los paramilitares y decenas «desaparecieron» tras su detención.

El 26 de octubre de 1996 a medianoche, un grupo de 60 hombres fuertemente armados y vestidos con uniformes del ejército entraron en la comunidad de Media Luna, en la municipalidad de San Diego, cerca de la frontera con Venezuela. Al marcharse, varias horas después, dejaron tras de sí seis muertos –entre ellos un niño de ocho años– y se llevaron a otras siete personas, una de las cuales apareció muerta más tarde en las afueras de Media Luna. La víctima presentaba señales de tortura. La habían castrado, le habían sacado los ojos y le habían arrancado las uñas. Esa misma noche, otras dos personas, que habitualmente residían en Media Luna, fueron secuestradas en Valledupar, capital del departamento de Cesar. Según la declaración jurada de un residente:

A mi casa llegaron aproximadamente de 10 a 15 hombres fuertemente armados vestidos con ropas de uso militar y con un martillo grande tumbaron las puertas de mi residencia aproximadamente a las tres y media de la madrugada. En medio de nuestra sorpresa preguntaban por mi hijo. Yo le respondí que mi hijo no estaba, que se encontraban viajando, como así era. Yo les pedí explicación de sus actos, ellos me decían que no me preocupara, que eso se trataba de una orden de Urabá. Al no encontrar a mi hijo se llevaron a mi esposo... en ropa interior sin dejarlo siquiera de ponerse la ropa. La casa me la dejaron en completo desorden.

Los paramilitares dijeron a los habitantes de Media Luna que tenían una «lista negra» de 200 personas de la zona a las que pensaban matar. Para impedirles que pidieran ayuda, destruyeron la central telefónica y dejaron pintadas en las paredes de las casas identificándose como miembros de las ACCU.

Las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR) Las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR)

La expansión y la consolidación de los grupos paramilitares ilegales se ha acelerado notablemente durante el mandato del presidente Samper, a pesar de sus promesas de desmantelar estos grupos. El gobierno no sólo no ha cumplido su promesa de erradicar las organizaciones paramilitares, responsables de la mayoría de las violaciones de derechos humanos, incluidos los desplazamientos forzados, sino que algunas de sus decisiones políticas han contribuido sin duda a su proliferación.

En diciembre de 1994 el gobierno colombiano puso en marcha un nuevo Plan Integral de Seguridad Rural que incluía la creación deAsociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR), grupos de civiles que operarían fundamentalmente en el ámbito local para facilitar información a las fuerzas de seguridad, aparentemente para combatir tanto a la guerrilla como a las fuerzas paramilitares. En situaciones en que las fuerzas armadas lo consideraran «estrictamente necesario», los integrantes de las asociaciones CONVIVIR podrían utilizar armas. A finales de 1996 había aproximadamente 400 grupos CONVIVIR funcionando en el país, muchos de ellos armados.

Amnistía Internacional ha expresado en varias ocasiones al gobierno colombiano su preocupación ante la posibilidad de que estos grupos de vigilantes civiles sean utilizados por elementos de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad para crear nuevas estructuras paramilitares a fin de perpetuar y ampliar las prácticas ilegales de contrainsurgencia. Cada vez hay más indicios de que en algunas zonas del país los grupos CONVIVIR ya no se dedican únicamente a tareas de recogida de información, sino que se han convertido en estructuras ofensivas que participan en operaciones conjuntas con el ejército colombiano. También hay muchos indicios de que los grupos CONVIVIR son los responsables de violaciones de los derechos humanos de la población civil, como el desplazamiento forzado.

Más de 200 campesinos de las zonas rurales cercanas a Río Blanco, al sur del departamento de Tolima, abandonaron sus parcelas en septiembre de 1996 tras las amenazas y los ataques del grupo CONVIVIR local, conocido como ATSER. Según los informes, los miembros del ATSER mataron a dos campesinos de la zona e hicieron circular un panfleto en el que se amenazaba de muerte a otros 60. Los campesinos desplazados huyeron a la ciudad de Río Blanco donde, tras pasar 25 días en refugios provisionales, llegaron a un acuerdo con las autoridades locales y las fuerzas armadas para poder volver a sus casas. Según el acuerdo, el batallón Caicedo del ejército desplegaría sus tropas en la zona de Maracaibo hasta febrero de 1997 con el fin de «garantizar su seguridad y controlar las actividades de la CONVIVIR mediante su presencia en Maracaibo hasta el mes de febrero.» Según los informes, los implicados en los homicidios fueron arrestados por el ejército y entregados a la justicia. Sin embargo, no se presentaron cargos contra ellos.

Decenas de familias de las zonas rurales de los alrededores de Yondó, al este del departamento de Antioquia, tuvieron que desplazarse a causa de una serie de ataques contra la población local efectuados por hombres armados. Estos hombres decían ser miembros de un batallón de contrainsurgencia del ejército que operaba con un grupo CONVIVIR. Entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 1997, un grupo de aproximadamente 100 hombres fuertemente armados y vestidos con uniformes del ejército asaltaron las localidades de San Francisco de Yondó, La Congoja, Puerto Nuevo Ité, El Tamar, El Vietnam, Caño Blanco, Patio Bonito, Sardinata Alta, Porvenir y Barbacoas, cercanas a Yondó. Según los informes, algunos de los miembros del grupo armado llevaban en sus uniformes distintivos que los identificaban como efectivos de un batallón de contrainsurgencia del ejército; otros llevaban distintivos de CONVIVIR. El grupo permaneció en la comunidad de San Francisco de Yondó dos días, durante los cuales sus integrantes detuvieron e interrogaron a unos 25 adultos y 15 niños y aterrorizaron a la población. Los detenidos quedaron en libertad y huyeron de la comunidad. Según los informes, al menos uno de ellos fue torturado.

Pocos días antes del ataque, los habitantes de Yondó habían denunciado directamente ante el ministro de Gobierno la actividad paramilitar en el municipio. La inacción de las autoridades, que no protegieron a la población civil de la zona, a pesar de haber sido advertidas de la presencia de grupos paramilitares, supone una grave negligencia. De haber actuado de forma consecuente con la información facilitada, podrían haberse evitado los homicidios, las «desapariciones» y el desplazamiento de civiles inocentes.

4 Los grupos armados de oposición

La guerrilla da cinco días de plazo para que salieran mientras que los paramilitares están mandando: ¡Sálganse, sálganse rápidos! Pero finalmente es lo mismo, tienen que irse...

En mayo de 1996, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) detuvieron un autobús en el caserío de Osorio, cerca de Batatá (Urabá), mataron al conductor y a un pasajero e incendiaron el vehículo. Poco después, reunieron a los campesinos de la zona y les dijeron que pensaban lanzar una ofensiva contra el ejército y los paramilitares y que necesitaban «vaciar» la región. El rumor de las amenazas de la guerrilla se extendió por la región como un reguero de pólvora y desencadenó la huida de unos 2.000 campesinos hacia la ciudad de Batatá. Tuvieron suerte y pudieron volver a sus casas unas semanas más tarde. Sin embargo, continúan viviendo en una constante incertidumbre sobre su futuro.

La limpieza de zonas de población civil para preparar ataques militares no es la única causa de desplazamiento atribuible a las fuerzas guerrilleras. A los civiles acusados de colaborar con las fuerzas armadas o los paramilitares, la guerrilla suele darles a elegir entre abandonar la zona o morir. En muchos casos estas amenazas van seguidas del homicidio de los que no han podido o no han querido irse. Las familias también abandonan sus hogares para evitar el reclutamiento forzoso de sus hijos, tanto niños como niñas, práctica común en zonas controladas por fuerzas guerrilleras, que exigen la entrega de un «voluntario», a veces de sólo 13 años, a cada familia con más de un hijo. El reclutamiento de niños menores de 15 años es una violación flagrante del derecho internacional humanitario. El Segundo Protocolo de los Convenios de Ginebra, de los que Colombia es Estado Parte, prohíbe tanto a los gobiernos como a los grupos armados de oposición reclutar a menores de 15 años y permitirles participar en las hostilidades.

Otras veces, la guerrilla ataca comunidades de civiles en represalia, por considerar que apoyan a las fuerzas paramilitares o colaboran con ellas. En mayo de 1996, 16 personas murieron en los pueblos de Alto de Mulatos y Pueblo Bello , en la municipalidad de Turbo (Urabá) durante un ataque de las FARC. A las víctimas las sacaron de la cama, las ataron y luego, tras matarlas a machetazos o a disparos, quemaron sus casas. Según los informes, eran familiares de miembros de las ACCU que habían sido reasentados en Pueblo Bello y Alto de Mulatos tras el desplazamiento de los residentes originales después de reiterados ataques paramilitares que provocaron decenas de muertos y «desaparecidos». Muchos de los supervivientes huyeron después del ataque. Uno de los que se quedó declaró al periódico El ColombianoEl Colombiano, 2 de diciembre de 1996.:

Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo armado de oposición que opera en el país. Las FARC son responsables del desplazamiento forzado de muchos centenares de civiles. c. AP

Todos se fueron. Unos para Montería, otros para Apartadó. También para Cartagena, Dabeiba y Medellín. Apenas quedo yo, con mi familia... Los guerrilleros vinieron en mayo y dijeron: «Se van». No explicaron por qué. Claro que uno entiende. Una semana antes habían llegado al pueblo a dar bala. Fue un candeleo bravo. Mataron siete, casi todos paramilitares... A mí también me tocó candela. Una esquirla de una bala que pegó en el mostrador se me metió al cuerpo, pero aquí sigo... El pueblo era bueno. Todo el mundo parrandeaba, tomaba aguardiente. De aquí salían todas las cosas del campo; maíz, arroz. ¡Cargas! Pero con ese ataque de la guerrilla y después con el aviso, todo el mundo cogió lo que tenía y agarró camino. El pueblo ha sido y es de los paramilitares. Por eso fue que se alberizcaron los guerrilleros.

Las fuerzas guerrilleras también han tomado represalias contra civiles que se han visto obligados, bajo amenaza de muerte, a colaborar con el ejército en operaciones de contrainsurgencia. Una mujer explicaba:

El motivo de mi salida fue que los subversivos se apoderaron de la casa de mi hijo en noviembre [1995] - pasaron el lunes ahí donde él. A las cinco de la tarde vino el ejército y se metió a la casa del hijo mío y se llevaron al muchacho...Se lo llevó el ejército para el monte y para la montaña. A la noche regresaron. Entonces, el ejército nos mandó a desocupar y dijeron: «Ustedes tienen que desocupar, porque están quemados con la guerrilla». Todo el campesinado salió, porque no se puede decir que se quedó alguien. Cuatro pollitos fueron lo que pudimos sacar. El resto se quedó todo. Se quedó un caballo, dos burros.

Dos meses más tarde su esposo volvió para la recolección. Componentes de las FARC lo mataron en venganza porque su hijo había servido de guía a los militares cuando buscaban a los guerrilleros. «Es decir, quedó muerto él por el hijo mío, pero como al hijo mío no encontraron, le tocó pagar el plato roto a mi esposo.»

Tierra y violencia

La lucha por la posesión de la tierra o de los recursos naturales es otra causa importante de desplazamiento. En Colombia, la riqueza y la tierra están en manos de un porcentaje sumamente reducido de la población, cuyos intereses han sido protegidos por los sucesivos gobiernos. Conseguir que se vayan los campesinos sin recursos –a los que se considera la base de apoyo de la guerrilla– se considera un requisito previo para crear las condiciones de seguridad necesarias que permitan la adquisición de la tierra o la explotación de recursos naturales. Por tanto, hay una clarísima convergencia entre la estrategia contrainsurgente de las fuerzas armadas y los intereses de los sectores más poderosos de la economía. A causa de este interés común en la «limpieza» de algunas zonas del país, los futuros terratenientes apoyan económicamente a las organizaciones paramilitares que se ocupan de limpiar la tierra en su provecho.

Muchos campesinos, probablemente la inmensa mayoría, no poseen ningún título de propiedad de sus tierras, aunque lleven muchos años ocupándolas. Las consiguieron originalmente durante un proceso de colonización y su posesión se estableció mediante la ocupación. Si las abandonan, pierden su derecho a la propiedad y, por tanto, no pueden volver a ellas, mientras que los nuevos terratenientes se benefician de años de roturación y de cultivo.

Los pocos campesinos que tienen títulos de propiedad no poseen recursos para emprender procesos legales que les permitan recuperar sus tierras o pedir indemnizaciones al Estado. Ayudados por la Comisión Colombiana Intercongregacional de Justicia y Paz, en 1992 un grupo de 14 familias campesinas desplazadas por grupos paramilitares de sus casas de la localidad de Carmen de Chucurí, en la región central del Magdalena Medio, intentó conseguir indemnizaciones del Estado por vía judicial. La demanda detallaba la larga historia de persecución sufrida por la comunidad campesina desde que el ejército estableciera grupos paramilitares en la región, a mediados de la década de los ochenta, con numerosos casos de tortura, «desapariciones» y homicidios. En 1991, los demandantes abandonaron sus hogares. Los paramilitares habían levantado campamentos en sus propiedades y les exigían que colaboraran activamente pagando «impuestos» y participando en operaciones de «patrulla». Todas las demandas fueron rechazadas por los tribunales basándose en que los demandantes no habían demostrado la responsabilidad del Estado.

Hay muchos casos en los que es difícil determinar las causas concretas del desplazamiento. La presunta afección a la guerrilla de una población civil puede ser utilizada como pretexto para limpiar grandes áreas de codiciado terreno. Luego, las fuerzas paramilitares consolidan el control sobre la tierra que, o bien se vende a precios exorbitantes a los grandes terratenientes, o es conservada por los jefes paramilitares para su propio provecho económico. Los civiles a los que se permite quedarse deben cooperar plenamente con los paramilitares, lo que a su vez, los convierte en víctimas potenciales de los ataques guerrilleros.

La estrategia de forzar el desplazamiento ha provocado una «reforma agraria» de factocuya principal característica es la elevada concentración de tierras en manos de grandes terratenientes que, en muchos casos, están vinculados a organizaciones de narcotráfico.

El prolongado drama de la persecución de centenares de campesinos de la Hacienda Bellacruz, al norte de Colombia, muestra claramente la coincidencia de intereses entre la estrategia de la contrainsurgencia y la propiedad de la tierra, así como el absoluto incumplimiento por parte del gobierno de su compromiso de poner fin a los abusos de los paramilitares.

Entre febrero y marzo de 1996, más de 280 familias (cerca de 2.000 personas) fueron expulsadas de la Hacienda Bellacruz, situada en el departamento nororiental de Cesar, por un grupo paramilitar que operaba en nombre de la familia que reclamaba la propiedad de la tierra y en complicidad con las fuerzas armadas colombianas. Las casas de los campesinos fueron incendiadas y muchos de ellos fueron torturados en la operación de expulsión. Ni la policía ni los efectivos del ejército destinados en la hacienda y en sus alrededores actuaron para impedirlo ni para detener a los responsables. Un residente de la hacienda relató así lo sucedido:

El día 14 de febrero, a las 8 de la noche, un grupo fuertemente armado de paramilitares hicieron presencia en cada una de las parcelas, levantaron las puertas a patadas y procedieron a sacarnos violentamente de las casas, robaron plata, electrodomésticos y enseres y quemaron nuestras casas. Golpearon a adultos y niños con palos, fusiles y rejos [látigos] con nudos. A las personas que tenían el cabello largo se lo cortaban con machete. Quemaron y destruyeron las escuelas, su muebles y material didáctico.

Nos insultaban y nos obligaban a que señaláramos a las personas que llevaban en una lista, que correspondía a nuestros lideres y dirigentes. Nos pusieron un plazo de cinco días para abandonar la tierra, dijeron que nos alejáramos por lo menos 100 kilómetros de distancia porque de lo contrario no responderían por nuestra vida.

Las operaciones de los paramilitares para expulsar a los campesinos de las tierras que llevaban ocupando más de 10 años duraron varias semanas. Según el testimonio de algunos de los campesinos, el personal del ejército presenció los ataques y algunos soldados fueron identificados más tarde como integrantes del grupo paramilitar. Incluso familias que tenían título de propiedad en una zona de la Hacienda Bellacruz fueron expulsadas violentamente. Obligadas a abandonar sus tierras y sus hogares, las familias huyeron a localidades vecinas.

En los meses siguientes a las expulsiones murieron o «desaparecieron» al menos 30 campesinos y las familias sin hogar continuaron bajo amenaza de muerte si intentaban volver. Los paramilitares llegaron a amenazar con perseguir y matar a los campesinos expulsados en cualquier lugar del país en el que se instalaran, acusándolos de ser «colaboradores de la guerrilla», y con castigarlos por haber dado a conocer las expulsiones dentro y fuera de Colombia. A pesar de que el gobierno se comprometió formalmente a garantizar el regreso seguro de las familias expulsadas, las autoridades no hicieron nada para sacar a los paramilitares de la Hacienda Bellacruz. Se dictaron órdenes de arresto contra 27 miembros de las fuerzas paramilitares por graves violaciones de derechos humanos, pero sólo se arrestó a dos de ellos. Los mandos militares regionales y nacionales no sólo se negaron abiertamente a cumplir las órdenes del gobierno de enfrentar a los paramilitares, sino que acusaron a las organizaciones sociales y de derechos humanos del país que apoyaban a las familias desplazadas de ser «colaboradores de la guerrilla».

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

Familia de refugiados en la casa donde viven temporalmente en Apartadó (Urabá). La estrategia de la contrainsurgencia suele servir a los intereses de los grandes terratenientes. La tierra cada vez se concentra más en manos de unos cuantos grandes terratenientes, mientras gran número de campesinos son desplazados a la fuerza de sus parcelas.

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

La Hacienda Bellacruz está situada al sur del departamento de Cesar, una región muy fértil y adecuada para el cultivo de productos con destino a la exportación, la cría de ganado y los cultivos ilegales, como coca y marihuana. En la región se está produciendo un proceso de concentración de tierras, ya que los grandes terratenientes, los ganaderos y los traficantes de drogas tratan de conseguir y asegurar la posesión de grandes áreas de terreno. Esto, junto con una gran presencia y actividad guerrilleras, ha hecho que la zona esté cada vez más militarizada.

La Hacienda Bellacruz no es sólo una tierra fundamentalmente agrícola y rica en recursos: también está en el centro de una zona de importancia estratégica desde el punto de vista militar. La fuerte presencia de la guerrilla en Cesar ha contribuido al deterioro económico progresivo de las grandes propiedades de la región. La amenaza de los secuestros y la extorsión de la guerrilla han influido muy negativamente en las grandes inversiones en tierras, y muchos sectores de poder se han retirado de la región en los últimos años. No obstante, últimamente la creación de fuerzas paramilitares apoyadas por el ejército ha permitido que poderosos terratenientes amplíen y consoliden sus posesiones y ha reducido el riesgo de secuestros y extorsiones de la guerrilla.

Así, la actividad paramilitar ha revalorizado el terreno, atrayendo las inversiones en tierras en la región, lo que a su vez ha hecho que los futuros terratenientes estén cada vez más dispuestos a contratar fuerzas paramilitares para limpiar la tierra de campesinos con el pretexto de que son colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Calificar de subversivo a todo el que se atreva a enfrentarse a los intereses de los poderosos sectores económicos –activistas políticos, defensores de los derechos humanos, campesinos que viven en zonas de conflicto o que mantienen disputas por los derechos sobre la tierra– y luego convertirlo en objetivo de violaciones de derechos humanos permite a los poderosos terratenientes proteger y ampliar sus intereses.

En vista de la falta de garantías de seguridad para su vuelta a la Hacienda Bellacruz, muchas de las familias desplazadas accedieron a ser reasentadas, con la ayuda del gobierno, en otra zona del país. Sin embargo, la gobernadora del departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia, frustró los planes de reasentar allí a más de 100 familias al rechazarlas alegando que eran simpatizantes de la guerrilla y traerían consigo el conflicto armado. Al final, unas 150 familias de la Hacienda Bellacruz fueron realojadas en diciembre de 1996 en unas tierras compradas por el gobierno en el departamento de Tolima, en el centro del país.

En mayo de 1997, la Corte Constitucional colombiana ordenó a las autoridades de Cundinamarca, incluida la gobernadora que había protestado contra los planes del gobierno para realojar a las familias de Bellacruz y los 115 alcaldes del departamento, que hicieran un curso intensivo de derechos humanos. El dictamen se produjo al examinar la corte una petición de protección legal (tutelaCualquier ciudadano puede presentar una petición de tutela si considera que sus derechos constitucionales han sido violados o corren peligro de serlo.)presentada por las familias desplazadas contra la gobernadora, a la que acusaban de haber violado sus derechos a la dignidad y la libertad de circulación. Además, la corte ordenó a la gobernadora «que en el futuro se abstenga de expresiones públicas que comprometan la protección debida a las personas desplazadas por la violencia».

En mayo de 1997, 15 meses después de las expulsiones, 70 de las familias de Bellacruz seguían sin hogar, a pesar de las reiteradas promesas del gobierno de resolver su situación.

VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO

Mujeres

Yo lo que quiero es que me digan si el compañero mío está vivo o está muerto. Que me lleven a donde está él. Cinco hijos y yo soy una mujer sola. Estaría muy agradecida de que me dijeran está vivo, está muerto...

Decenas de miles de campesinas, muchas de ellas viudas recientes, se han visto obligadas a huir de sus hogares con sus hijos, abandonar su ganado y sus bienes y buscar refugio en condiciones precarias en los barrios marginales a las afueras de las ciudades. Allí, tanto ellas como sobre todo sus hijos pueden ser víctimas de los «escuadrones de la muerte» o verse obligadas a llevar una vida de delito o prostitución para sobrevivir.

Aunque por lo general las mujeres no participan directamente en las hostilidades, son las más afectadas por el trauma del desplazamiento. El informe de 1994 de la Conferencia Episcopal Colombiana indicaba que el 58% de los desplazados son mujeres, en su gran mayoría cabezas de familia que han huido de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado.

El 28 de mayo del 1995, a las cuatro de la mañana, nos despertamos por unos golpes en la puerta, fuertes. Gritaron: ¡Abren!, y yo abrí. Fueron unos hombres fuertemente armados, tipo paramilitar. Atemorizados, mis cinco niños y yo nos tiramos al piso. Preguntaron por mi marido (MJ) y lo encontraron. Lo amarraron y se lo llevaron para afuera. Yo me eché sobre él, quería protegerle y pedí a los hombres de que, por favor, se le respetara su vida. Respondieron golpeándome delante de los niños. Maltrataron a mi marido y se lo llevaron. Fui a la policía y pregunté por él, pero dijeron que fueron los paramilitares. Fui a la base militar hablando con un capitán del ejército. Le pedí que me ayudara en la búsqueda de mi marido secuestrado. El capitán dijo no saber nada pero preguntó si yo quería hablar con el comandante paramilitar. Hablé con él y le dije que mi marido no tenía nada que ver con la guerrilla, que estábamos casados 20 años, que era gente sana y no estuvo metido en nada. Más tarde, un joven paramilitar, hijo de una familia amiga, me contó haber visto a mi marido «Los paramilitares se lo llevaron a tu marido por venganza. Le presionaron para que les colaborara». Con mis cinco hijos fui a Montería y vivimos con una familia también desplazada del mismo pueblo. Después de casi 4 meses no sé nada de mi marido. ¿Estará con vida?.

Testimonio de una de las miles de mujeres que han huido de sus hogares y propiedades buscando seguridad para ellas y sus familias.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 1996 indicaba que en los 10 años anteriores unas 245.000 mujeres habían sido desplazadas de sus hogares en el medio rural. En 39.000 casos, su marido o uno de sus hijos varones habían perdido la vida. En su informe de 1994, el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Desplazados Internos afirmaba: «Las mujeres en su calidad de madres han resultado especialmente afectadas por la violencia y la situación socioeconómica adversa en las zonas de acogida. La situación de muchas viudas preocupaba especialmente al Representante».Estudio de casos de desplazamiento: Colombia. E/CN.4/1995/50/Add.1, párrafo 56.

Una mujer, desplazada de su casa en la región de Urabá del departamento de Antioquia, relató:

f6 Yo me vine para este barrio porque el 19 de noviembre [1994] unos hombres vestidos con uniformes como los que usa el Ejército se nos presentaron a la finquita, le hicieron unas preguntas a mi esposo, lo aporrearon y se lo llevaron amarrado. Mi hija, desesperada, gritaba y lloraba como una loca que no le fueran a matar a su papá. Menos mal que no estábamos sino la niña menor, ella y yo. Al otro día lo encontré muerto, en un lugar que quedaba por ahí, a tres horas de camino.

Mujer desplazada con su hijo en la región colombiana del Magdalena Medio. En los últimos diez años, casi un millón de personas han tenido que desplazarse en el país a causa de la violencia política. La mayoría de estos desplazados son mujeres. © Jenny Matthews

Otra mujer obligada a huir de su casa, manifestó:

Ellos me dijeron a mí que no me quedara en casa, que me fuera de ahí donde yo vivía. Me dijeron: «Señora, usted de aquí se va». Entonces yo creía que me iban a prender la casa, entonces yo les dije: «allá en aquella pieza tengo unas niñas». Ellos me dijeron: «No, aquí no se queda, usted aquí no vive más». Entonces yo tuve que recoger mis trapitos y irme para otra casa vecina.

Niños refugiados bañándose en el Río Sinú, (Montería), en el departamento de Córdoba, al noroeste de Colombia. La inmensa mayoría de los desplazados internos tienen menos de 25 años, y muchos han perdido a uno de sus progenitores o a ambos.

Los desplazados tienen que empezar desde cero en los lugares donde se refugian, al haber perdido sus hogares, sus bienes, su medio de vida y, en muchos casos, el principal sostén de la familia. Una mujer desplazada se enfrenta a un vacío social y cultural. No sólo pierde su seguridad, sino también su identidad. Su tierra, su casa, su comunidad, sus amistades, su familia y su papel tradicional en relación con su comunidad han dejado de existir. En términos de su identidad personal y social, el desplazamiento a los centros urbanos puede producirle una tensión y un trastorno mental muy graves. Las presiones que han de soportar las personas desplazadas suelen provocar rupturas en las relaciones. Muchos hombres abandonan a sus familias, y las mujeres tienen que asumir un nuevo papel de cabezas de familia.

Del proceso de desplazamiento uno se da cuenta cuando comienza. Empieza la represión, empiezan a acusar y a amenazar a uno...Nos dimos cuenta por las llegadas constantes por la parte donde nosotros estábamos. Las familias poco a poco fueron saliendo conforme se iban endureciendo los rigores a la población, de las que quedaron no sabemos qué ha sido de ellas... Las diferencias con la vida de allá son muchas; en el campo uno no tenía que preocuparse por trabajo, en la finca trabajábamos y había todo. El hombre salía a trabajar la tierra y nosotras les ayudamos. Sacamos el trabajo del hogar, el trabajo con los niños y les colaboramos en el trabajo a ellos, también nos dedicamos a criar animales. La verdad que uno no se ve «a gatas» como decimos, si hace falta algo se vende o se mata un animalito, siempre hay recursos para sobrevivir. Mientras aquí no, para todo tiene uno que tener plata; el trabajo es la cosa más tremenda para conseguir y el hombre no lo consigue y así la mujer no puede salir, tiene que cuidar los hijos, está más amarrada a la casa; si en algún caso tienen que salir a trabajar, tiene que dejar la casa, dejar los hijos. Una de las ventajas que tiene uno aquí es que se siente como más tranquilo, que ya no siente tanto esa persecución.Entrevista con Brigadas Internacionales de Paz, marzo de 1995.

Niños

Aproximadamente el 75% de los desplazados internos son menores de 25 años, y miles de ellos son cabezas de familia debido a la muerte de uno de sus progenitores o de ambos. Un niño relató así cómo unos hombres armados, que se identificaron como personal del ejército, asaltaron en 1995 su casa en Urabá, dejándolo huérfano y sin hogar:

Me cogieron y me tiraron al suelo. A papi también y de ahí nos pararon y nos amarraron y yo les dije que ése era mi papá y que no le fueran a hacer nada a mi papá ni a mí tampoco, porque eran muchos niños chiquitos y si mataban a mi papá quedaba yo para levantar los niños. Entonces me dijeron que me fuera para la casa y yo me fui para la casa enseguida. A mi papá se lo mataron más adelantico.

Además de producir un fuerte impacto emocional, el desplazamiento suele disolver la familia nuclear y deshacer importantes lazos sociales y culturales con la comunidad. No sólo priva a los padres del medio para mantener a sus familias, sino que limita severamente las oportunidades educativas de los hijos y el acceso a la sanidad. Cuatro niños murieron en dos semanas de mayo de 1997 en el campamento de Pavarandó Grande (Urabá), donde se hacinaban 4.000 personas en condiciones sanitarias deficientes. El Consejero Presidencial para los Desplazados afirmó en una declaración que, según los informes médicos «en todos los casos los menores llegaron de sus lugares de origen con desnutrición crónica. Era necesaria la atención inmediata de los pacientes», sin embargo, «por voluntad de sus familiares, el tratamiento inicial de todos los menores fue empírico...acorde con sus creencias, tradiciones y entorno cultural...no permitió una oportuna atención por el equipo de salud responsable de estos menores en los campamentos».

Comunidades indígenas: entre dos fuegos

La oleada de homicidios de miembros de la comunidad de indígenas zenú de El Volao, cerca de Necoclí, en la región de Urabá del departamento de Antioquia, culminó con el homicidio del jefe de la comunidad, José Elías Suárez, en marzo de 1995. Este hecho desencadenó el éxodo de casi toda la comunidad, unas 700 personas. José Elías Suárez fue sacado de su casa por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL), atado un árbol cercano y cosido a machetazos hasta morir.

La muerte de José Elías Suárez fue el último de una larga serie de homicidios de miembros de la comunidad que venían produciéndose desde 1994, cuando se lanzó una ofensiva paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) para «reclamar» Urabá a las organizaciones guerrilleras. Una característica del conflicto en Urabá, como en otras zonas del país, es que los choques entre grupos armados son sumamente raros. En la mayoría de los casos, las fuerzas paramilitares y la guerrilla han dirigido sus ataques contra sectores de la población civil que suponían afectos a grupos armados rivales. Tanto las ACCU como el EPL acusaban a la comunidad zenú de El Volao de colaborar con sus enemigos, y asesinaron a varios miembros de esta comunidad. Los habitantes de El Volao afirmaron que no tenían alianza política alguna con ninguno de los bandos en conflicto y explicaron que les resultaba imposible negar alimentos y paso a los grupos armados que se lo exigían.

La población zenú estamos muy acosados, porque los militares, paramilitares y guerrilleros nos tratan como informantes...Hay desconocimiento de una política indigenista y por tanto de nuestras costumbres, en las cuales no está la violencia, pues lo que queremos simplemente es que nos dejen vivir, es decir, que nos dejen morirnos de viejos...Es que la guerrilla es la que nos tiene más acosados...Nosotros somos víctimas de todos los grupos.

En lugar de dispersarse en silencio a otros asentamientos indígenas, los zenú de El Volao se dirigieron a la localidad de Necoclí y exigieron que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Ésta fue una de las pocas ocasiones en las que tuvieron éxito las negociaciones para el regreso seguro de una comunidad desplazada. Tras varias semanas de acampar en un parque de Necoclí, las autoridades y los bandos del conflicto aseguraron a los zenú que podían regresar con seguridad a El Volao y les reconocieron su neutralidad. En una carta enviada a la comunidad zenú en agosto de 1995, Francisco Caraballo, jefe del EPL, afirmaba:

El Ejército Popular de Liberación asume sin condiciones el compromiso de respetar y respaldar la decisión voluntaria de las personas desplazadas de esta zona, de regresar a las tierras que son de su propiedad o de su ámbito de trabajo. Esta decisión se fundamenta en la posición indeclinable del EPL de respetar la vida, la dignidad de las personas...

Por su parte, los mandos de las ACCU declararon:

Queremos hacerle saber a los indígenas de la comunidad de El Volao que es satisfactorio para nosotros saber que tienen la intención de regresar a sus antiguas parcelas; garantizándoles nosotros respetarlos y permitir que continúen viviendo en paz.

A pesar de todo, el futuro a largo plazo de la comunidad zenú de Urabá no está nada claro. Las ACCU están consiguiendo el control territorial en todas las zonas que limitan con la comunidad, rodeándola y aislándola en una zona controlada por las fuerzas paramilitares. A pesar de la fuerte militarización de la región de Urabá –hay tres brigadas del ejército estacionadas en la zona–, las fuerzas armadas y de seguridad no han tomado medidas para proteger a la población civil ni combatir a los paramilitares y a los grupos armados de oposición. De hecho, se han recibido informes que coinciden en afirmar que las fuerzas armadas no sólo toleran la actividad paramilitar en la región, sino que en numerosas ocasiones la han apoyado directamente y han cooperado en operaciones conjuntas.

En mayo de 1996, la Organización Indígena de Antioquia(OIA) emitió un comunicado en nombre de las comunidades de embera, zenúes, tules y chamíes que viven en el departamento de Antioquia:

Nosotros, los embera, los zenúes, los tules y los chamíes, dieciséis mil indígenas que habitamos en veinticinco municipios, entre ellos todos los de Urabá y algunos del Occidente, acorralados por una ola de violencia y muerte, sólo comparable a la vivida por nuestros antepasados durante la conquista española, ante la presión que estamos sufriendo de los distintos grupos armados que transitan por nuestros territorios, ocupan nuestros techos y nos exigen tomar partido por uno de los bandos en conflicto, nos vemos obligados a declarar... nuestra neutralidad frente al conflicto armado y las distintas fuerzas que lo protagonizan. Esto quiere decir que no aceptamos el reclutamiento de ninguna fuerza armada, llámese guerrilla, autodefensas [paramilitares] o ejército. Quiere decir que no seremos informantes de ninguno de los combatientes, que no seremos guías, ni cargadores, ni postas, ni centinelas.

El comunicado continuaba instando a los bandos en lucha a declarar el alto el fuego e iniciar conversaciones para poner fin al conflicto. Sin embargo, esta declaración de neutralidad no protegió a las comunidades indígenas de Urabá de nuevas violaciones de derechos humanos, ya que durante el último trimestre de 1996 las ACCU mataron al menos a 15 indígenas.

El conflicto armado ha desplazado a las comunidades indígenas por toda Colombia. En marzo de 1996, el Consejo Regional Indígena de Tolima (CRIT), criticó públicamente el desplazamiento de varias familias indígenas tras el asesinato de sus jefes, el hostigamiento del ejército, las operaciones de los paramilitares y los ataques de la guerrilla. Según el CRIT, unas 100 personas abandonaron la comunidad de Vuelta del Río, en la municipalidad de Ortega, y huyeron a la capital de la región, Ibagué. En mayo de 1996, más de 2.000 indígenas de 20 comunidades cercanas a las ciudades de Nutibara y Murri, en la municipalidad de Frontino (Antioquia), huyeron de un ataque paramilitar sobre la zona.

INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Los desplazados internos se encuentran dentro de su propio país; por tanto, el gobierno de ese país es el que tiene la principal responsabilidad de ofrecerles ayuda y protección.UNHCR: International Legal Standards Applicable to the Protection of Internally Displaced Persons, 1996.

Durante la década de los ochenta y comienzos de la de los noventa, los sucesivos gobiernos colombianos intentaron pasar por alto la crisis, cada vez más grave, o incluso negar la existencia del creciente número de desplazados internos. Sin embargo, en septiembre de 1994, un mes después de ser nombrado presidente, Ernesto Samper comenzó a reconocer la gravedad del problema y a aceptar la responsabilidad oficialDiscurso dirigido a la nación por el presidente Samper en el Día Nacional de los Derechos Humanos.:

El Gobierno Nacional reconoce la existencia de un fenómeno de desplazamiento forzado de población en el interior del país a causa de la violencia. Este fenómeno no ha sido estudiado debidamente y se carece de estimaciones fidedignas de su dimensión. En su configuración concurren diversos factores de perturbación, incluida la acción de la guerrilla. Corresponden, no obstante, al Estado claras responsabilidades frente al desplazamiento forzado de personas.

En el mismo discurso, el presidente Samper esbozó las medidas que el gobierno tomaría para resolver el problema: planes de ayuda en situaciones de emergencia, promoción y financiación de proyectos productivos, generación de empleo, satisfacción de las necesidades básicas de la población desplazada e inmediata entrada en vigor de normas legales a fin de que los campesinos desplazados se beneficiaran de las medidas de reforma agraria. Sin embargo, casi tres años después se ha avanzado muy poco para cubrir las necesidades urgentes de los desplazados y menos aún para resolver las causas del desplazamiento.

En septiembre de 1995, el gobierno lanzó su plan de actuación para los desplazados internos. El Programa Nacional de Atención a la Población Desplazada por ViolenciaConocido como documento CONPES núm. 2804.estaba dividido en cuatro áreas de actuación principales:

< prevención: creación de un sistema de información y pronto aviso para detectar situaciones de riesgo;

< atención inmediata;

< consolidación y estabilización socioeconómicas; y

< comunicación, información e investigación.

Inicialmente se anunció que el programa no se pondría en marcha hasta finales de 1996 por motivos económicos. Sin embargo, desde entonces se ha avanzado muy poco en su aplicación real y cada vez tiene más visos de ser poco más que una declaración de buenas intenciones. El propio programa tiene sus fallos y el número de desplazados internos que podrían beneficiarse de él cuando fuera plenamente operativo sería muy limitado. Los criterios de concesión de ayuda no son claros, y tampoco los mecanismos y procedimientos para determinar quién tiene derecho a recibirla. Por ejemplo, para recibir la ayuda estatal es necesario algún certificado oficial expedido por las autoridades locales de la zona de desplazamiento. Sin embargo, para cumplir este requisito el desplazado tendría que volver a la zona de peligro.

En diciembre de 1996, el gobierno presentó en el Congreso un proyecto de ley para la creación de un programa especial para la adquisición de tierras que beneficiaría a la población campesina desplazada de sus tierras por la violencia, a los deportados de países vecinos y a los afectados por catástrofes naturales. Estas medidas fueron aprobadas en junio de 1997.

A pesar de la evidente intención de esta ley de encontrar soluciones a largo plazo a los problemas de los desplazados forzados, en la práctica siguen existiendo obstáculos. El programa también exigiría pruebas de que los beneficiarios se vieron obligados a huir, algo que muchas veces es imposible de demostrar sin correr nuevos riesgos. A pesar de un aparente progreso en la creación de planes de ayuda, los programas del gobierno adolecen de una gran ineficacia y falta de coordinación entre los distintos departamentos gubernamentales. Aunque en enero de 1997 se creó un comité interinstitucional para coordinar la ayuda estatal a los desplazados, la inmensa mayoría de ellos siguen sin recibir ningún tipo de ayuda oficial.

El hecho de que el gobierno no haya resuelto las causas del desplazamiento ni proporcionado una ayuda adecuada a quienes se han visto obligados a desplazarse ha supuesto que durante muchos años toda la responsabilidad de ayudarlos haya recaído sobre los organismos de la Iglesia colombiana y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. La pobreza y la inseguridad a la que se enfrentan un número cada vez mayor de desplazados internos y la ausencia casi total de ayuda estatal han hecho que varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales creen para ellos programas de asistencia en situaciones críticas y de ayuda humanitaria. Recientemente, la comunidad internacional, consciente del empeoramiento de la crisis colombiana, ha comenzado a ofrecer ayuda: los gobiernos de Japón, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos y España, y la Unión Europea han contribuido a programas de asistencia en situaciones críticas para los desplazados internos. Sin embargo, a pesar de su vital importancia, esta ayuda nunca podrá cubrir plenamente la demanda siempre en aumento de asistencia en situaciones de emergencia, por no hablar de la necesidad de soluciones a largo plazo para el problema. En junio de 1997, el gobierno colombiano solicitó oficialmente al ACNUR la creación de una oficina en Colombia para proporcionar ayuda y protección a los desplazados internos.

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

El desprecio sistemático y generalizado por los derechos humanos en Colombia a lo largo de muchos años ha causado una crisis de desplazamiento interno de proporciones alarmantes, así como algunos movimientos de refugiados. Cerca de un millón de personas han huido de sus hogares en los últimos 10 años. Las principales zonas en que se producen estos desplazamientos coinciden con las más afectadas por el conflicto armado. La inmensa mayoría de los desplazados son campesinos que se ven obligados a abandonar sus hogares a consecuencia de amenazas, intimidaciones y otros abusos contra los derechos humanos cometidos por el ejército y las fuerzas de seguridad colombianas, sus aliados paramilitares y los grupos armados de oposición. Un número indeterminado de colombianos se ha visto obligado a abandonar el país ante el agravamiento del conflicto. La mayoría ha buscado refugio en países vecinos, como Ecuador, Venezuela y Panamá, pero pocos han conseguido protección y centenares de ellos han sido repatriados a la fuerza a Colombia, donde corren el peligro de sufrir nuevas violaciones de derechos humanos.

Los desplazados internos y los refugiados colombianos no podrán volver a sus hogares en condiciones seguras hasta que se resuelvan los problemas subyacentes de derechos humanos. La crisis de los desplazados internos colombianos exige una respuesta inmediata y efectiva tanto del gobierno colombiano como de la comunidad internacional.

El gobierno colombiano

El gobierno colombiano es responsable con arreglo a las leyes nacionales e internacionales de garantizar los derechos humanos fundamentales de todos los colombianos. Esto significa que debe tomar medidas urgentes para abordar las causas del desplazamiento y crear mecanismos efectivos de protección y ayuda para los afectados. En concreto, el gobierno colombiano debe:

1) Abordar las causas de los desplazamientos forzados:

C Poner fin a las prácticas y técnicas de contrainsurgencia de las fuerzas armadas que originan desplazamientos, especialmente las violaciones de derechos humanos como la tortura, la «desaparición» y la ejecución extrajudicial;

C Cumplir sus reiteradas promesas de tomar medidas para desmantelar las organizaciones paramilitares ilegales;

C Terminar con la impunidad de los responsables de los abusos contra los derechos humanos, algo esencial para restaurar el respeto por estos derechos. Los autores de violaciones de derechos humanos y de infracciones del derecho internacional humanitario deben ser entregados a la justicia;

C Garantizar que las violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las «desapariciones» y la tortura son investigadas y juzgadas en tribunales civiles;

C Tomar medidas para acabar con el hostigamiento, las amenazas y las intimidaciones que sufren los defensores de los derechos humanos, como las declaraciones públicas de jefes de las fuerzas armadas que pretenden desacreditar su labor;

C Aplicar inmediatamente las recomendaciones pendientes de los mecanismos temáticos de la ONU que han visitado Colombia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

2) Garantizar la protección de los desplazados internos:

C Garantizar plenamente los derechos humanos fundamentales de los desplazados internos: su derecho a la libre circulación dentro del Estado, su libertad para elegir su lugar de residencia y especialmente su derecho a no ser expulsados, reasentados ni sometidos a ninguna otra forma de desplazamiento forzado. Los más vulnerables, como los niños y los ancianos, deben ser protegidos con medidas especiales;

C Tomar medidas para terminar con la estigmatización de los desplazados internos, que puede ocasionar nuevas persecuciones y violaciones de derechos humanos;

C Buscar proyectos de regreso aceptables para los desplazados internos, asegurándose de que incluyen unas garantías de seguridad y unos elementos de desarrollo adecuados;

C Asegurar que los defensores de los derechos humanos y los miembros de la comunidad y de las organizaciones sociales que trabajan con la población de desplazados reciben toda la protección de la ley para poder desempeñar su fundamental tarea. Todos los casos de violaciones de derechos humanos dirigidos contra el personal de estas organizaciones deben ser concienzudamente investigados y sus autores deben comparecer ante la justicia.

Los grupos armados de oposición:

C Los grupos armados de oposición deben comprometerse públicamente a respetar las normas humanitarias internacionales y a impedir que sus miembros cometan abusos. Deben asegurarse de que se respetan los derechos fundamentales de los civiles no combatientes, incluido su derecho a no ser desplazados a la fuerza.

La comunidad internacional

Es hora de que la comunidad internacional se enfrente directamente al problema de la protección de los desplazados internos en Colombia. No hay ninguna organización internacional cuyo mandato específico sea garantizar la protección de los desplazados internos, y el interés internacional se ha centrado principalmente en la ayuda, no en la protección. Los desplazados internos colombianos generalmente huyen por las mismas razones que los solicitantes de asilo que han escapado a otros países y, sin embargo, sólo las personas que se encuentran fuera de su país de origen pueden recibir protección internacional como refugiados. Esta discrepancia entre la protección que se garantiza a los refugiados fuera de su país y la desprotección que sufren los desplazados internos debería ser objeto de mayor atención y preocupación internacional. El problema de la necesidad de protección y ayuda de los desplazados internos resulta especialmente acuciante dada su especial vulnerabilidad ante los abusos graves contra los derechos humanos.

La comunidad internacional debe esforzarse para garantizar que el gobierno colombiano y los grupos armados de oposición respetan los derechos humanos fundamentales y los principios humanitarios en el trato que dispensan a los desplazados internos.

C La comunidad internacional debe tomar medidas concretas para velar por la protección de los desplazados internos. El Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Desplazados Internos debe formular directrices para su protección basándose en las leyes humanitarias y de derechos humanos existentes, y rellenar los posibles vacíos legales sobre el particular.

C El Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Desplazados Internos debe efectuar urgentemente una visita de seguimiento a Colombia para evaluar el empeoramiento de la situación de los desplazamientos internos y vigilar la aplicación por parte de las autoridades de las recomendaciones efectuadas en el informe elaborado con motivo de su visita de 1994.

C Todos los Estados deben apoyar la labor del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Desplazados Internos y su papel debe potenciarse para que pueda señalar a los autores de abusos contra los derechos humanos de los desplazados internos y asegurarse de que se les obliga a rendir cuentas de sus actos.

C El ACNUR y otros organismos internacionales deben asegurarse de que se destinan suficientes recursos a la protección de los desplazados internos en Colombia.

C La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia debe vigilar la protección de los desplazados internos en estrecha coordinación con el ACNUR y otros organismos intergubernamentales y no gubernamentales.

C Los gobiernos de los países a los que acuden los refugiados colombianos en busca de asilo deben proporcionarles una verdadera protección. Debido al peligro que los refugiados corren de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como torturas, «desapariciones» o ejecuciones, estos países no deben repatriarlos a la fuerza.

C El conflicto armado de Colombia ha sido alimentado por potencias externas que suministran armas a protagonistas cuyo desprecio por los derechos humanos es conocido. AI pide a todos los gobiernos que pongan fin a las transferencias de material y formación para las fuerzas militares, de seguridad o policiales que se utilicen para cometer o facilitar abusos contra los derechos humanos.

NOTAS FINALES

Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

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Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

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Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

Índice AI: AMR 23/48/97/s Amnistía Internacional, septiembre de 1997

PALABRAS CLAVE: PERSONAS DESPLAZADAS / REFUGIADOS1 / CONFLICTO ARMADO / MILITARES / FUERZAS PARAMILITARES / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / DEPORTACIÓN / MATANZA / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / TORTURA/MALOS TRATOS / HOSTIGAMIENTO / MINORÍAS / CAMPESINOS / COMUNIDADES INDÍGENAS / MUJERES / NIÑOS / IMPUNIDAD / PROBLEMAS DE TIERRAS / DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS / GOBIERNOS (OTROS) / INACCIÓN DE LOS GOBIERNOS / A Y LOS GOBIERNOS / ACNUR / PANAMÁ /FOTOGRAFÍAS

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Amnistía Internacional, septiembre de 1997 Índice AI: AMR 23/48/97/s

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INTERNO (Sólo para miembros de AI) Índice AI: AMR 23/48/97/s

Distr: SC/CO/GR (33/97)

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Los desplazados internos de Colombia: desposeídos y exiliados en su propia tierra

ACCIONES RECOMENDADAS

Este es el cuarto de los Informes Regionales publicados como parte de la Campaña de Refugiados.

Utilícenlo como parte de sus actividades de la campaña para ilustrar la relación existente entre los abusos que se cometen contra los derechos humanos y los flujos de desplazados. Es de especial importancia el que se aseguren de que los gobiernos reconocen esta relación.

Llamen la atención del gobierno de su país sobre las recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional relativas a la situación de los desplazados internos.

DISTRIBUCIÓN POR EL SI

El Secretariado Internacional envía este documento directamente a:

Secciones de AI: Coordinadores de Campañas

Coordinadores de Refugiados

Coordinadores de la Red de Acción Regional Andina Norte

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