Público

Amnistía Internacional

Septiembre del 2000

Índice AI: AMR 28/13/00/s

Distr: SC/CC/CO

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ECUADOR

PEDRO BAQUE TUÁREZ Y LOS HERMANOS JARAMILLO,

OTRO CASO DE IMPUNIDAD POR ABUSOS

CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

A Amnistía Internacional le preocupa gravemente la ejecución extrajudicial de los hermanos Pedro y Carlos Jaramillo Mera, y la tentativa de ejecución extrajudicial de Pedro Geovanny Baque Tuárez. En particular, a la organización le preocupa el hecho de que, transcurrido más de un año desde que se incoara el procedimiento judicial contra los miembros de la policía a quienes se acusó de la comisión de tales delitos, el juicio no parezca proseguir y, por consiguiente, no se haya condenado a los autores y Pedro Baque y los familiares de los hermanos Jaramillo no hayan recibido la correspondiente reparación.

El caso de Pedro Baque y de los hermanos Jaramillo no es sino un ejemplo más de los muchos casos de violación de los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en Ecuador que siguen pendientes de resolución. Amnistía Internacional cree que estos casos demuestran la persistencia de un círculo vicioso de impunidad en el país.

Según los informes recibidos, el 11 de febrero de 1999 un furgón policial en el que viajaban ocho miembros de la Policía Nacional ecuatoriana interceptó a Pedro Baque Tuárez y a los hermanos Jaramillo en el sector de Guabito, Portoviejo, en la provincia de Manabí. Tras ordenarles que se detuvieran, y cuando Pedro Baque y los hermanos Jaramillo se encontraban ya con las manos en alto, uno de los policías disparó contra Pedro Jaramillo, que falleció en el acto. Esposados y con los ojos vendados, Carlos Jaramillo y Pedro Baque fueron trasladados a una propiedad de la policía sita en el kilómetro 26 de la vía Jipijapa Montecristo. Una vez allí, los agentes de policía procedieron a golpearlos y dispararon contra Carlos Jaramillo, causándole la muerte. La policía disparó asimismo contra Pedro Baque perforándole el abdomen e hiriéndolo en el brazo izquierdo, pómulos y maxilar. Creyéndolo muerto, los agentes de la policía abandonaron a Pedro Baque en dicho lugar.

Los cinco miembros de la Policía Nacional ecuatoriana a quienes se acusó de la comisión de estos delitos se encuentran actualmente en prisión preventiva por orden de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, provincia de Manabí.

El 12 de enero del 2000, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo remitió la causa a la jurisdicción del fuero policial en Guayaquil, provincia de Guayas, alegando que no entraba dentro de la competencia de la jurisdicción ordinaria.

En febrero del 2000, habida cuenta de la situación, Amnistía Internacional escribió al presidente Gustavo Noboa Bejarano. La organización considera que el hecho de atribuir la competencia jurisdiccional en estos casos a los tribunales policiales constituye uno de los factores principales que contribuyen a la impunidad. La organización cree asimismo que los tribunales de policía no son independientes ni imparciales y que, por lo tanto, los miembros de la policía responsables de cometer violaciones contra los derechos humanos deben comparecer ante los tribunales de la jurisdicción civil, de conformidad con las normas internacionales de la ONU. En 1990, el relator especial sobre la cuestión de la tortura, de las Naciones Unidas, concluyó que los tribunales especiales, como la jurisdicción del fuero policial y militar, «..carece[n] de sentido en todos aquellos casos en que miembros de las fuerzas de seguridad hayan violado gravemente los derechos humanos básicos de un civil. Semejante acto constituye un delito contra el orden público civil, y en consecuencia debe ser juzgado por un tribunal civil». E/CN.4/1990/17, Infra. 271, p.83Del mismo modo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al definir la obligación de los Estados de juzgar a policías y militares que cometen violaciones contra derechos humanos, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha reiterado la necesidad de que tales causas sean vistas por tribunales civiles ordinarios. Ecuador ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en marzo de 1969.

Seis meses después de la remisión de la causa a la jurisdicción del fuero policial, la Corte Superior de Justicia decidió, a petición de Pedro Baque y de los abogados de la familia Jaramillo, que fuera tramitada ante la jurisdicción civil, por lo que la remitió de nuevo a la Corte Superior de Justicia de Portoviejo. Si bien Amnistía Internacional acogió con satisfacción la decisión de la Corte Superior de Justicia de remitir de nuevo la causa a los tribunales ordinarios, a la organización le sigue preocupando que no se haya designado aún juez encargado de conocer la causa.

Por otra parte, como este caso pone de manifiesto, los frecuentes conflictos jurisdiccionales existentes entre los tribunales civiles y los de policía y militares demoran la tramitación de los procedimientos judiciales, por lo que muchas víctimas de violación de los derechos humanos han de esperar años a tener acceso a la justicia.

Los cinco agentes de policía acusados en el caso de Pedro Baque y los hermanos Jaramillo llevan más de un año en prisión preventiva; sin embargo, podrían ser liberados en virtud del artículo 24.8 de la Constitución ecuatoriana, que dispone que la prisión preventiva tendrá una duración máxima de un año. El artículo 24.8 de la Constitución ecuatoriana dispone: «La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa».Los cinco policías llevan detenidos desde agosto de 1999. Amnistía Internacional cree que en los casos en que resulte esencial ordenar la prisión preventiva, las autoridades ecuatorianas deberán dotar al sistema judicial de instrumentos adecuados para garantizar la celebración de juicios con las debidas garantías y dentro del plazo limitado de prisión preventiva previsto por la Constitución.

A Amnistía Internacional le preocupa asimismo la fuga, el 14 de junio del 2000, de un cabo de policía de la comisaría en la que se hallaba detenido, quien según se informa, había participado en el homicidio de Pedro y Carlos Jaramillo y en la tentativa de homicidio de Pedro Baque. El agente, a quien se había condenado con anterioridad a 16 años de cárcel por la ejecución extrajudicial de un civil y la tentativa de ejecución extrajudicial de otras dos personas, se hallaba recluido en comisaría a la espera de la resolución de la apelación interpuesta por su abogado contra la sentencia condenatoria, lo que retrasó su ingreso en prisión.

Por otra parte, a la organización le preocupa que no se hayan formulado cargos contra todos los que presuntamente han participado en estos delitos. Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que continúa en servicio otro de los agentes de policía, con rango de comandante, que según informes intervino en el homicidio de los hermanos Jaramillo y en la tentativa de ejecución extrajudicial de Pedro Baque. En julio se informó a la organización de que el comandante había sido trasladado a Quito, la capital. Según se informó, se le había asignado un puesto de responsabilidad en la Dirección Nacional de Inteligencia.

El retraso en la sustanciación de procedimientos judiciales pone de manifiesto una aparente ausencia de voluntad de enjuiciar a los responsables de violaciones contra los derechos humanos y además deja vacío de contenido el respeto a los derechos humanos que Ecuador asegura observar a través de la ratificación de normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, desde que se produjo la ejecución extrajudicial de los hermanos Jaramillo y la tentativa de ejecución extrajudicial de Pedro Baque, se está hostigando e intimidando a quienes exigen que se haga justicia.

Intimidación a familiares de la víctimas y a sus abogados

Amnistía Internacional ha expresado en varias ocasiones su honda preocupación por que tras el homicidio de los hermanos Jaramillo y la agresión a Pedro Baque, éste y las familias y los abogados de las víctimas hayan recibido amenazas de muerte. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, manifestó su preocupación por este caso, las autoridades ecuatorianas decidieron tomar medidas para garantizar la vida y la integridad física de Pedro Baque y de su familia. Así, se le ofreció la protección del ejército del aire ecuatoriano en Quito, y protección militar a sus padres.

A pesar de que Amnistía Internacional ve con satisfacción la decisión de las autoridades ecuatorianas de proteger a Pedro Baque y a su familia, sigue preocupándole la seguridad de los abogados que representan a los familiares de las víctimas y la de las familias de éstos. Desde abril del 2000, la organización ha recibido varios informes que indican que continúa el hostigamiento y la intimidación a quienes integran la acusación particular en este litigio. El 20 de abril del 2000, Julio Peláez y Alberto Palacios, abogados defensores en la causa de Pedro Baque, y Harold Moreira Zambrano, abogado de la familia Jaramillo, fueron amenazados por agentes policiales en un juzgado de la provincia de Guayas, en el que se encontraba testificando ante el juez un testigo de los asesinatos y del intento de asesinato.

Asimismo, en junio del 2000, se informó a Amnistía Internacional de que los tres abogados y las familias de las víctimas seguían recibiendo amenazas y mensajes y llamadas intimidatorias, y de que los destinatarios de las mismas seguían temiendo por su seguridad y por la de sus familias.

El 10 de julio del 2000 tuvo lugar el último intento de intimidar a los abogados que representan a las víctimas en la causa; en dicha fecha, se informó al abogado Harold Moreira de que el comandante de la policía partícipe en la agresión contra Pedro Baque y los hermanos Jaramillo había acusado al abogado Julio Peláez de pagar a un ex convicto para que lo matara. Julio Pelaéz lo consideró un intento de mancillar su reputación y de impedirle intervenir en el proceso. Tras el incidente, Julio Pelaéz solicitó protección militar al Procurador General del Estado. Hasta la fecha, Julio Pelaéz permanece bajo protección militar. Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión del Procurador General de concederle protección. Los otros dos abogados que actúan en nombre de las familias de las vícitmas se encuentran asimismo bajo protección militar.

A Amnistía Internacional continúa preocupándole la seguridad de las personas interesadas en el proceso, en especial cuando se han recibido informes que indican que a finales de agosto del 2000 el hermano de Pedro Baque recibió varias llamadas telefónicas amenazadoras en casa.

Información general

Amnistía Internacional lleva varios años preocupándose por las muertes causadas a manos de las fuerzas de seguridad ecuatorianas por la utilización de armas de fuego en el transcurso de operaciones antidelictivas. Algunos de estos delitos llevan la impronta de ejecuciones extrajudiciales. La organización ha instado a las autoridades a que garanticen que se lleva a cabo sin demora una investigación imparcial de estas violaciones contra los derechos humanos y que se haga comparecer a los responsables ante la justicia.

Amnistía Internacional ha documentado numerosos informes de intimidación procedentes de abogados defensores de los derechos humanos y de testigos de violaciones contra derechos humanos y de sus familias en Ecuador. Ecuador ha incumplido de modo reiterado los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, refrendados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1989, y no ha protegido a los testigos de violaciones de derechos humanos. El artículo 15 de los Principios referidos dispone claramente que «los querellantes, los testigos, quienes realicen la investigación y sus familias serán protegidos de actos o amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación. Quienes estén supuestamente implicados en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias serán apartados de todos los puestos que entrañen un control o poder directo o indirecto sobre los querellantes, los testigos y sus familias, así como sobre quienes practiquen las investigaciones».

L¿QUÉ PUEDE HACER USTED?

Envíe cartas a las autoridades que se citan a continuación:

expresando su preocupación por la demora en el enjuiciamiento de todos los responsables de la presunta ejecución extrajudicial de Pedro y Carlos Jaramillo y de la tentativa de ejecución extrajudicial de Pedro Baque;

manifestando su satisfacción por la decisión judicial de remitir la causa a la jurisdicción civil, pero expresando preocupación por los informes que indican que todavía no se ha asignado el conocimiento de la causa a un juez civil concreto;

mencionando la necesidad de que los tribunales de lo civil sean competentes en los casos de violaciones contra derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de seguridad, en virtud de lo expresado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por el relator especial sobre la cuestión de la tortura, de las Naciones Unidas;

solicitando a las autoridades que garanticen que a todos los responsables de la ejecución extrajudicial de Pedro y Carlos Jaramillo y de la tentativa de ejecución extrajudicial de Pedro Baque se les impone una condena adecuada en función de su participación en estas graves violaciones contra los derechos humanos y que las víctimas y sus familiares reciben la reparación adecuada;

expresando su satisfacción por la decisión adoptada por las autoridades ecuatorianas de proteger a Pedro Baque, a sus padres y abogados, así como al abogado de la familia de Jaramillo;

expresando preocupación por la seguridad del hermano de Pedro Baque, quien, según se informa, ha recibido amenazas de muerte y llamadas telefónicas intimidatorias;

solicitando que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

AUTORIDADES

Dr. Gustavo Noboa Bejarano

Presidente Constitucional de la República

del Ecuador

Palacio de Carondelet

García Moreno 1043

Quito

ECUADOR

Fax: (593-2) 580-735

Tratamiento: Señor Presidente

Dr. Juan Manrique Martínez

Ministro de Gobierno, Policía,

Justicia, Cultos y Municipalidades

Ministerio de Gobierno y Policía

Benalcázar y Espejo

Quito

ECUADOR

Fax: (593-2) 580-067

Tratamiento: Señor Ministro

Dra. Mariana Yépez de Velasco

Ministra Fiscal General de la Nación

Robles 731 y Av. Amazonas

Quito

ECUADOR

Fax: (593-2) 560-355

Tratamiento: Señora Ministra

PALABRAS CLAVE: POLICÍA1 / IMPUNIDAD1 / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / HOSTIGAMIENTO / DIRECCIONES