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del miércoles 19 de mayo de 1991

GUATEMALA

CONTINÚAN LAS VIOLACIONES, COMO EN EL PASADO

Los homicidios que han constituido un azote en Guatemala durante décadas siguen ocurriendo a pesar de las promesas del gobierno civil, según ha informado Amnistía Internacional hoy.

"El gobierno puede haber cambiado, pero las violaciones continúan, igual que en el pasado ─ha asegurado la organización de derechos humanos─. El presidente que prometió proteger los derechos humanos no lo ha hecho en absoluto".

En un informe que publica hoy, Amnistía Internacional cita casos de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales y de tortura. Entre las víctimas hay niños de la calle, personas que trabajan en favor de los derechos humanos, periodistas, campesinos indígenas y sindicalistas, siguiendo los pasos de antaño.

"El número de asesinatos políticos perpetrados por las fuerzas del gobierno ha disminuido, pero todavía está por ver si se trata de una mejora duradera ─afirma Amnistía Internacional─. Lamentablemente, todo parece estar en contra. El hostigamiento, la intimidación y las amenazas de muerte van en aumento, los violadores del pasado se pasean libremente y las estructuras de la represión siguen en pie."

Ha habido algunos progresos limitados, tales como varias condenas de violadores de los derechos humanos y el establecimiento de una comisión presidencial para coordinar la política de protección de estos derechos. A

pesar de ello, las fuerzas de seguridad siguen matando. A algunos les han matado de un disparo o les han capturado agentes uniformados de las fuerzas de seguridad, y los "escuadrones de la muerte" ─militares que operan sin uniforme, utilizando esta conocida estratagema para ocultar su culpabilidad─, han acabado con otros. Aún otros han perdido la vida a manos de las patrullas civiles, grupos presuntamente formados por voluntarios, que, en realidad, actúan bajo el control de los militares. En el más reciente intento de ocultar su responsabilidad han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales con armas que no suelen utilizar los militares.

Como de costumbre, el gobierno ha tratado de encubrir su grado de responsabilidad afirmando que las víctimas formaban parte de los grupos armados de oposición que operan en Guatemala. Estas acusaciones suelen hacerse ─por ejemplo contra comunidades enteras de campesinos indígenas o contra activistas de derechos humanos que tratan de averiguar la verdad sobre pasadas violaciones─ con pocas o ninguna prueba.

Varios miembros de una organización que vigila la situación de los derechos humanos han muerto así, entre acusaciones del presidente Jorge Serrano Elías de que trabajaban para la oposición armada. El Consejo de Comunidades Étnicas "Runujel Junam" ("Todos somos iguales", CERJ) se creó en 1988 para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Desde entonces, más de 15 miembros del CERJ han sido ejecutados extrajudicialmente, otros siete han sido víctimas de desaparición forzada y decenas de ellos han sido intimidados por las fuerzas de seguridad.

En enero de 1992, el presidente del CERJ, Amílcar Méndez Urízar, fue nombrado en una amenaza de muerte firmada por un "escuadrón de la muerte". En mayo explotó una granada a la puerta de su casa y su hermana recibió una llamada telefónica advirtiendo que se trataba de un aviso. Posteriormente, ese mismo mes, "desapareció" otro miembro, Esteban Tojín, que también había recibido amenazas de muerte. Éstas han continuado produciéndose contra los miembros del CERJ durante todo el año, y en noviembre, el presidente de la República volvió a acusar a Amílcar Méndez de tener vínculos con la oposición armada.

Amnistía Internacional ha documentado en Guatemala numerosos casos de personas a las que los representantes del gobierno habían calificado de colaboradoras de los grupos de oposición y que posteriormente se han convertido en blanco de violaciones de derechos humanos, como la tortura, la "desaparición" o la ejecución extrajudicial.

La organización ha afirmado: "Este tipo de acusación realizada por el presidente resalta el desdén que muestran ciertos sectores del gobierno hacia los grupos de defensa de los derechos humanos, un desdén que hace peligrar la vida de sus miembros".

Amnistía Internacional cree que el gobierno tiene que realizar cambios significativos si es que ha de ponerse fin a los asesinatos políticos en Guatemala. La organización ha presentado al gobierno una lista de 17 recomendaciones, muchas de ellas encaminadas al procesamiento de los autores de pasados abusos, y otras, a la prevención de futuras violaciones.

"En 1993, el gobierno de Guatemala se encuentra con una oportunidad ideal para poner fin a los homicidios ─afirma la organización─. En junio de este año se celebrará una Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, organizada por la ONU, y en ella se dará especial relevancia a la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas y de los niños, víctimas típicas de las violaciones que tienen lugar en Guatemala. Además, todo el año ha sido designado por la ONU como Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.

"El gobierno asegura que quiere poner fin a esas violaciones: en 1993, con los ojos del mundo fijos en estas cuestiones, es el momento de convertir en realidad esta intención."

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