PÚBLICO Índice AI: AMR 34/022/2006

AU 182/06 Temor por la seguridad 30 de junio de 2006

GUATEMALA Miguel Ángel Albízurez y otros testigos

Silvia Solorzano

Rosario Pu y otros demandantes

Fundación Rigoberta Menchú Tum

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos

Asociación Memoria, Verdad y Justicia

Otras organizaciones de derechos humanos

En Guatemala se ha amenazado a testigos, demandantes y organizaciones de derechos humanos que participan en una causa judicial por genocidio, terrorismo, tortura y otros delitos cometidos entre 1978 y 1986. Amnistía Internacional teme por su seguridad.

En el año 2000, supervivientes de genocidio y organizaciones de derechos humanos iniciaron procedimientos judiciales en España contra ex oficiales del ejército guatemalteco a los que acusaban de haber cometido crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos entre 1978 y 1986, durante el conflicto armado interno de Guatemala que terminó en 1996. Entre los diversos actos delictivos investigados se encuentra una agresión contra manifestantes que habían buscado refugio en la embajada española en Guatemala en 1980, en la que las fuerzas de seguridad dieron muerte a 37 personas. El 24 de junio, el juez que lleva el caso, Santiago Pedraz, y el fiscal Jesús Alonso llegaron a Guatemala desde España para entrevistar a testigos y acusados.

El 27 de junio, en un artículo publicado en uno de los principales diarios de Guatemala, El Periódico, se citaron palabras del dirigente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) que decía que el procedimiento judicial por genocidio contra ex oficiales del ejército “no es más que una persecución política y legal de grupos unidos a la antigua guerrilla que quieren continuar con la guerra”. Según el diario, este mismo dirigente decía también: “No queremos mover aguas que no convienen, pero este caso puede traer acciones trágicas”.

El 26 de junio, AVEMILGUA y la Asociación de Viudas de Oficiales del Ejercito de Guatemala publicaron una carta abierta en el periódico Al Día sobre la visita del juez español. Parte de esa carta decía: “La presencia del juez español en Guatemala, es un intento de las organizaciones de fachada de los grupos terroristas que operaron en nuestro país, fuera de la ley, para iniciar la persecución de quienes los derrotaron militarmente”.

Otra parte de la carta afirmaba que las autoridades corrían el peligro de verse debilitadas si permitían que “cualquier organización, supuestamente humanitaria, los procese por el cumplimiento de su deber, mediante una ‘justicia paralela’ hábilmente orquestada por los supuestos y trasnochados grupos de activistas de derechos humanitarios”. También ha habido denuncias de declaraciones similares en la radio pública, en las que además de proferir amenazas en general contra las organizaciones de derechos humanos se ha nombrado a testigos concretos que debían ser entrevistados por el juez y el fiscal españoles.

El 26 de junio, 102 organizaciones de derechos humanos guatemaltecas emitieron un comunicado de prensa en el que informaban a la población en general de la visita del juez español, pedían el fin de la impunidad y respaldaban los procedimientos judiciales relativos a casos de genocidio que se están llevando a cabo en España.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en Guatemala han pedido que se haga rendir cuentas de sus actos a quienes cometieron crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. En mayo de 2000, a causa de la ausencia de reparación en el sistema judicial guatemalteco, demandantes individuales y diversas organizaciones de derechos humanos presentaron en un tribunal español una querella penal contra ex oficiales del ejército guatemalteco por actos de genocidio y otros delitos cometidos durante el conflicto armado interno. La causa judicial en España ha progresado lentamente, y ésta era la primera visita de funcionarios españoles para reunir pruebas y testimonios sobre el caso.

En el pasado, en momentos delicados durante los procedimientos judiciales y en relación con cuestiones políticas, los comentarios agresivos contra las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos han venido seguidos de actos de violencia. En julio de 2003, tras los comentarios realizados por el ex general Efraín Ríos Montt, por aquel entonces candidato a la presidencia y uno de los acusados que debían ser entrevistados por el juez y el fiscal españoles, los actos violentos causaron la muerte de un periodista y provocaron que edificios de organizaciones de derechos humanos fueran rodeados por multitudes (véase Guatemala: Legitimidad en peligro. Derechos humanos y elecciones 2003, AMR 34/051/2003, del 19 de septiembre de 2003).

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de Miguel Ángel Albizurez, Silvia Solorzano, Rosario Pu y otros testigos y demandantes, así como por la de los miembros de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Asociación Memoria, Verdad y Justicia y otras organizaciones de derechos humanos que han manifestado su apoyo al proceso que se está llevando a cabo en un tribunal español;

- pidiendo a las autoridades que ordenen investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas contra los miembros de organizaciones de derechos humanos, demandantes y testigos a quienes debe entrevistar el juez Santiago Pedraz;

- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de todos los miembros individuales de organizaciones que han expresado su apoyo a los procedimientos, y de todos los testigos a quienes debe entrevistar el juez español;

- pidiendo a las autoridades que garanticen que el juez Santiago Pedraz puede llevar a cabo su trabajo de investigación sobre el genocidio y otras violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno.

LLAMAMIENTOS A:

Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público

Licenciado Juan Luis Florido,

8a. Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores,

Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Fax: + 502 2251 2218

Tratamiento: Estimado Fiscal General

Presidente de la República de Guatemala

Licenciado Oscar Berger Perdomo

Casa Presidencial, 6 a. Avenida, 4-18 zona 1. Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Fax: +502 2221 4423 / 2239 0090

Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente

COPIA A:

Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Movimiento Nacional De Derechos Humanos

1 Avenida 0-11, Zona 2

Colonia Lo de Bran

Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Fax: + 502 22322651 (si responde una voz, digan: “por favor, tono de fax”)

y a la representación diplomática de Guatemala acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 11 de agosto de 2006.