Guatemala: Dieciocho años de lucha. El caso de la comunidad de Soledad Sayaxut

Uno de los problemas fundamentales que aquejan a los pueblos indígenas es el relativo al derecho a la tierra. La falta de acceso a la tierra, la falta de resolución de demandas agrarias, la falta de respeto a los territorios tradicionales tales como los bosques comunales, los desplazamientos forzados de pueblos indígenas como resultado de proyectos de desarrollo económico, y problemas derivados de la pérdida de sus tierras a raíz del conflicto armado, configuran un panorama de crecientes tensiones sociales. Particularmente precaria es la situación de las mujeres indígenas.

Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, sobre su misión a Guatemala en 2002

El 27 de abril de 2004, 60 agentes de policía desalojaron a unas 30 familias indígenas q’eqchi que integran la comunidad de Soledad Sayaxut, situada en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. La comunidad lleva viviendo desde hace varias generaciones en una tierra que considera terreno baldío y que trabaja en común. Sin embargo, terratenientes de la vecindad han declarado ser sus propietarios. Se dictó una orden de desalojo y, aunque los presuntos propietarios no han podido confirmar que la tierra les pertenezca y sus reclamaciones adolecen de importantes defectos, las familias fueron desalojadas de sus viviendas.

Los 60 agentes de policía llegaron a las nueve de la mañana, y hasta ese momento no se notificó realmente a la comunidad el desalojo pendiente. Los agentes derribaron sus casas utilizando al parecer unas motosierras y, más tarde, unos hombres contratados presuntamente por el terrateniente prendieron fuego a los escombros. La comunidad perdió sus reservas de maíz, sus ropas, sus utensilios de cocina, sus fertilizantes y sus equipos de fumigación; sólo pudieron salvar los pollos y los cerdos. Un tractor facilitado por el propietario de las tierras colindantes destruyó también las cosechas de cardamomo, frijoles, plátanos, café y tomates.

Después del desalojo, la comunidad huyó a una zona próxima, donde la mayoría de sus miembros siguen viviendo en alojamientos temporales alquilados. No tienen tierras para plantar sus cultivos, dar de comer a sus familias ni vender sus productos en los mercados locales.

Intentos frustrados a todos los niveles

Los intentos de la comunidad para que las autoridades reconocieran oficialmente sus tierras se habían iniciado en 1988. Su petición se basaba en que la tierra no pertenecía a ningún particular ni empresa privada y que, como terreno baldío, pertenecía al Estado guatemalteco. Los intentos para aclarar la condición jurídica de las tierras se han visto frustrados a todos los niveles. Los finqueros que reclaman la propiedad de Soledad Sayaxut no han facilitado nunca, sobre la base de informes técnicos, las medidas del terreno con el fin de aclarar sus límites.

En 1995, FONTIERRAS, organismo oficial encargado de los asuntos relacionados con la tierra, confirmó que la tierra era terreno baldío. Para dar carácter oficial a esta decisión, era necesario seguir un procedimiento formal que incluía la medición legal de las tierras. Sin embargo, los propietarios de los terrenos colindantes, que reclaman la propiedad de Soledad Sayaxut, no permitieron que se efectuaran mediciones físicas del terreno. En enero de 2004, tras numerosos intentos de acceder a la zona FONTIERRAS solicitó a la Procuraduría General de la Nación que iniciara un procedimiento legal con el fin de obtener una orden judicial para acceder a las tierras. Sin embargo, más de dos años después, la Procuraduría sigue sin tramitar la solicitud. Mientras tanto, el juez local dictó la orden de desalojo.

"Después de 18 años, ya estamos aburridos", dijo un miembro de la comunidad al describir lo cerca que están de cejar en sus esfuerzos para conseguir su derecho a la tierra.

Penalización del activismo

Algunos miembros de la comunidad han señalado que personas vinculadas al propietario de las tierras colindantes los han sometido a actos de intimidación, llegando incluso a tirotearles. Varios de sus miembros han sido acusados de "usurpación" (intento de apropiarse de tierras ilegalmente) y de robar madera de la zona, acusación que la comunidad niega. En 2001, tres de sus miembros pasaron cinco días en la cárcel y, para poder quedar en libertad, tuvieron que aceptar como condición que durante dos años firmarían cada 15 días en un libro de registro de la policía.

No se ha efectuado ninguna investigación sobre los actos criminales de destrucción cometidos durante el desalojo.

Hace más de dos años que FONTIERRAS, organismo oficial encargado de los asuntos relacionados con la tierra, solicitó que la Procuraduría General de la Nación iniciara un procedimiento legal para poder medir legalmente las tierras. En noviembre de 2005, la Procuraduría General no había iniciado todavía ningún procedimiento legal.

Información complementaria

La desigualdad en la distribución de la tierra es muy acusada en Guatemala. En el año 2000, el 1,5 por ciento de la población ocupaba casi las dos terceras partes de la tierra. En Guatemala, los hogares rurales constituyen el 93 por ciento de los considerados muy pobres.

Las disputas agrarias son algo habitual. En diciembre de 2005, el organismo oficial encargado de la resolución de los conflictos de tierras informó de que había 1.052 disputas agrarias pendientes en toda Guatemala.

Desde que el presidente Berger asumió el poder en enero de 2004, se ha desalojado de sus casas a miles de familias indígenas y trabajadores rurales. La mayoría de ellos vivían en tierras que eran objeto de disputa. Otros habían ocupado estas tierras para protestar contra violaciones de sus derechos. Las fuerzas de seguridad han hecho uso excesivo de la fuerza durante numerosos desalojos, lo que ha traído consigo la destrucción de bienes y viviendas, palizas y otros malos tratos y, en algunos casos, homicidios.

Amnistía Internacional considera que, si no se garantiza el acceso justo y seguro a la tierra a los pueblos indígenas y los trabajadores rurales, las comunidades rurales no podrán ejercer su derecho a disfrutar de un nivel de vida digno, incluidas una alimentación y una vivienda adecuadas. De hecho, esta circunstancia deja a estas comunidades sumidas en la pobreza y las hace vulnerables a los actos de violencia.

En todas las regiones del mundo, los pueblos indígenas han de hacer frente a un racismo profundamente arraigado y a leyes y políticas discriminatorias. Si no se protege adecuadamente su derecho a utilizar y vivir en las tierras y territorios que son vitales para su identidad cultural y su supervivencia diaria, las comunidades indígenas se ven a menudo abocadas a vivir en condiciones de extrema pobreza y enfermedad. Amnistía Internacional trabaja junto con otros movimientos que defienden los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo para contribuir a que se promuevan normas internacionales de derechos humanos efectivas que aborden sus especiales necesidades y circunstancias. Esto incluye el llamamiento para que se adopte de inmediato la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuando este año se presente ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

ACTÚEN

Escriban a las autoridades guatemaltecas y a la embajada de Guatemala en su país:

· instando al procurador general de la Nación a dar curso inmediatamente a la orden judicial que permita que se tomen medidas legales en las tierras ocupadas por la comunidad de Soledad Sayaxut, municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz;

· pidiendo que se investigue la destrucción y la quema de viviendas durante el desalojo que tuvo lugar el 27 de abril de 2004 y que se proporcione reparación a las personas afectadas;

· instando al supervisor general de Tribunales a llevar a cabo una revisión de los procesos judiciales que dieron lugar a la orden de desalojo;

· pidiendo a las autoridades que pongan fin a la práctica de los desalojos forzosos en Guatemala y a que promuevan la resolución justa y equitativa de las disputas agrarias que vienen sucediéndose en Guatemala.

Llamamientos a:

Presidente de la República de Guatemala,

Licenciado Oscar Berger Perdomo,

Casa Presidencial, 6 a. Avenida, 4-41 zona 1,

Ciudad de Guatemala,

Guatemala

Fax: +502 2239 0090

Procurador General de la Nación,

Licenciado Roberto Molina Barreto,

Procuraduría General de la Nación,

15 Avenida 9-69,

Zona 13,

Ciudad de Guatemala,

Guatemala

Fax: +502 2248 3228
Supervisor General de Tribunales, Lic. Javier Oswaldo Alegría Díaz, 6ta Avenida 4-83, Edificio Torre Marfil, 2do Nivel, Zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala Telefax: +502 2248-7000	Copias a: Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) en Cobán: 8ª Avenida, 04-12, zona 3, Cobán, Alta Verapaz, Guatemala (no dispone de fax)

********