Servicio de Noticias 104/96

ÍNDICE AI: AMR 35/09/96/s

7 DE JUNIO DE 1996

GUYANA: AMNISTÍA INTERNACIONAL CONDENA EL AHORCAMIENTO LLEVADO A CABO ESTA SEMANA A PESAR DE LOS LLAMAMIENTOS DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente la ejecución esta semana de Rocklife Ross. El ahorcamiento prosiguió a pesar de los llamamientos que el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra dirigió al gobierno de Guyana para que no lo llevaran a cabo hasta que el Comité de Derechos Humanos examinara el caso.

«Es indignante que la ejecución prosiguiera mientras el Comité de Derechos Humanos examinaba el caso de Ross», ha expresado hoy Amnistía Internacional.«Guyana ha socavado gravemente su reputación en el terreno de la protección de los derechos humanos, tanto regional como internacionalmente».

Amnistía Internacional pide al gobierno de Guyana que respete las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional en relación con otros casos pendientes ante el Comité de Derechos Humanos.

La organización también reiteró su preocupación debido a que la reanudación de los ahorcamientos en Guyana era un paso atrás incompatible con las normas de derechos humanos, que animan a que los gobiernos restrinjan la aplicación de la pena de muerte como paso previo a su abolición.

«Lejos de actuar como disuasión frente a la delincuencia, la pena de muerte puede propiciar un clima de venganza y de violencia, así como evitar medidas más eficaces para combatir la violencia», ha manifestado Amnistía Internacional.

«Las amenazas de violencia realizadas contra los abogados y los trabajadores de derechos humanos que se oponen a la pena de muerte en Guyana y en otros países caribeños, ilustran el efecto embrutecedor que esta pena tiene en la sociedad».

Rocklife Ross fue condenado a muerte en 1989 por el asesinato de un adolescente durante un robo. Antes de su ejecución, Ross envió una solicitud al Comité de Derechos Humanos basándose en que, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se habían violado sus derechos, un procedimiento establecido por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional, al que Guyana se adhirió en 1993.

Es la segunda ejecución llevada a cabo en Guyana desde que se reanudaron este año los ahorcamientos después de cinco años de interrupción. Hay unos veinte reos de muerte.