ACCIÓN URGENTE

DetENIDOS EN PELIGRO DE TORTURA Y JUICIO INJUSTO

Un sacerdote y otros 10 hombres han sido detenidos y acusados del homicidio de dos autoridades locales en el municipio de San José del Progreso, estado de Oaxaca, en el sur de México. Corren peligro de sufrir tortura u otros malos tratos bajo custodia, y de ser sometidos a un juicio injusto.

El 18 de junio, el jefe del gobierno municipal de San José del Progreso y otro hombre con un cargo de autoridad fueron muertos a tiros cuando sus partidarios se enfrentaron a activistas de la oposición local en la zona municipal de Cuajilote. Las circunstancias de estos homicidios no están claras. Poco después, partidarios del jefe del gobierno municipal secuestraron y golpearon a un sacerdote católico, el padre Martín Octavio García Ortiz, que se encontraba en San José del Progreso para decir una misa. Al parecer, los secuestradores lo golpearon y lo amenazaron con matarlo a menos que fuera procesado por incitar a los asesinatos. El 19 de junio, el sacerdote fue puesto bajo custodia por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca. Permanece recluido bajo vigilancia en el hospital, donde recibe tratamiento por las heridas sufridas a consecuencia de la paliza.

El padre Martín García ha sido puesto en “arraigo” (detención preventiva) por orden de un juez, junto con otros 10 hombres, como sospechoso de los dos asesinatos. Los hombres son activistas comunitarios locales que se han opuesto al apoyo prestado por el ex presidente municipal a la explotación de depósitos de oro y plata por parte de una compañía minera. Los 11 permanecerán en arraigo al menos 30 días, mientras la policía y los investigadores de la PGJE deciden si acusarlos de algún cargo. Pese a los relatos contradictorios de los homicidios, y las pruebas de que el padre Martín García no estuvo implicado en ellos, la PGJE ya ha emitido declaraciones en las que atribuye las muertes a los activistas comunitarios opuestos a la mina. Amnistía Internacional cree que estas declaraciones han violado el derecho de los detenidos a la presunción de inocencia y a un juicio justo. En muchos casos documentados por Amnistía Internacional, la PGJE de Oaxaca y la policía han sometido a tortura y malos tratos a detenidos para obtener de ellos falsos testimonios. La PGJE ha procesado a gente por cargos falsos de motivación política, negándoles un juicio justo. Los estrechos vínculos existentes entre quienes, en la comunidad, respaldan la operación minera y el partido que gobierna en el estado pueden poner al padre Martín García en peligro de sufrir ataques de represalia mientras se encuentra en el hospital. Las autoridades deben garantizar a los familiares de los fallecidos el acceso a la justicia, pero también deben defender los derechos de los detenidos y garantizar una investigación exhaustiva e imparcial.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTEen español o en su propio idioma:

• pidiendo que se garantice la seguridad del padre Martín Octavio García Ortiz y los otros 10 detenidos, y que se garantice que no son sometidos a tortura o cualquier otra forma de malos tratos;

• pidiendo que sean tratados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, lo cual incluye el acceso a atención médica, asistencia letrada y visitas familiares; deben ser acusados de un delito común reconocible o, de lo contrario, puestos en libertad;

• pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata, imparcial e independiente sobre el homicidio de las dos autoridades municipales en San José del Progreso, estado de Oaxaca, y que los responsables sean procesados en un juicio justo.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE AGOSTO DE 2010 A: