PÚBLICO Índice AI: AMR 41/054/2007

30 de agosto de 2007

AU 228/07 Preocupación médica / temor de detención arbitraria / desalojos forzados

MÉXICO 39 hombres, mujeres, niños y niñas de dos comunidades indígenas de Montes Azules, estado de Chiapas

Otras comunidades que viven en Montes Azules

En la madrugada del 18 de agosto, seis familias indígenas fueron desalojadas de sus casas en los asentamientos de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano, situados en la reserva natural de Montes Azules, estado de Chiapas. El grupo se compone de 39 personas: 6 hombres, 7 mujeres y 26 niños y niñas. Los hombres permanecen recluidos en una prisión en la cercana ciudad de Tuxtla Gutiérrez, mientras que las mujeres (dos de las cuales están encinta) y los menores permanecen bajo custodia policial en condiciones inadecuadas. Existe preocupación por la salud de los integrantes del grupo, que parecen haber sido detenidos arbitrariamente. Es posible que otras comunidades asentadas en la reserva natural sean también desalojadas en los próximos días.

Los asentamientos de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano (establecidos hace 8 y 12 años, respectivamente) se encuentran en tierras cuya propiedad legal es de otra comunidad indígena, los lacandona. Las familias fueron desalojadas después de que la comunidad lacandona presentara una denuncia formal por ocupación irregular de la zona, conocida como Selva Lacandona. Según los testimonios de los 39 desalojados, las autoridades no les notificaron la denuncia presentada contra ellos, ni tampoco su desalojo. El grupo afirma que la policía federal y estatal llegó a los dos asentamientos simultáneamente y los obligó a subir a unos helicópteros. No les dieron tiempo a empacar sus posesiones, y sus casas, cosechas y pertenencias fueron destruidas. La tierra en la que habían vivido durante más de ocho años fue entregada a la comunidad lacandona.

A su llegada al municipio de La Trinitaria, en el estado de Chiapas, los desalojados fueron trasladados a un furgón de la policía estatal, y se separó a los hombres de las mujeres y los menores. A los hombres los llevaron a la Fiscalía del estado en la localidad de Tuxtla Gutiérrez, donde más tarde los acusaron de los siguientes delitos: daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología del estado, despojo, asociacióndelictuosa y portaciónde armas de fuego.

Mientras tanto, a las mujeres y los menores los llevaron a un edificio público del municipio de La Trinitaria. Ahora permanecen recluidos en un edificio propiedad del estado, que anteriormente era un burdel. Según las organizaciones locales de derechos humanos, la policía ha justificado esta medida como necesaria para proteger a los desalojados. Al parecer, las condiciones en el edificio en cuestión son insalubres, sin alcantarillado ni instalaciones higiénicas, y la estructura no protege a los detenidos de los elementos; además, la comida que se les ha dado es inaceptable en su cultura. El grupo no ha tenido acceso a atención médica, pese a que dos de las mujeres están encinta, y se cree que otra persona padece varicela o sarampión, lo cual supondría un grave riesgo para las mujeres encintas y sus bebés nonatos. Las autoridades no han consultado con los hombres o mujeres desalojados sobre su reubicación, y han anunciado que otras cinco comunidades asentadas en la reserva natural de Montes Azules serán desalojadas en los próximos días.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los conflictos por la distribución y la propiedad de la tierra en esta zona del estado de Chiapas han sido causa de violencia entre comunidades indígenas durante décadas. Tras un decreto gubernamental dictado en 1972, la comunidad lacandona recibió la propiedad legal de las tierras de la zona, pero a muchas otras comunidades indígenas que llevaban años viviendo en esas tierras no se les reconoció ni se les entregó nada. En un acuerdo alcanzado en 2005, el gobierno federal y el gobierno de Chiapas se comprometieron a regularizar los derechos sobre la tierra de 28 comunidades, incluida Viejo Velasco Suárez, donde el 13 de noviembre de 2006 seis personas fueron asesinadas y dos permanecen aún desaparecidas tras el ataque de una banda de hombres armados (véanse AU 307/06, AMR 41/053/2006, del 16 de noviembre de 2006, y sus actualizaciones).

Según el derecho internacional, los desalojos forzados (es decir, aquellos llevados a cabo sin consultas, sin el debido proceso legal y sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado) constituyen una grave violación de derechos humanos. En particular, México, como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe respetar el derecho a una vivienda adecuada, garantizando, entre otras cosas, que todo el mundo goza de una seguridad de tenencia suficiente como para estar protegido del desalojo forzado y que nadie queda sin hogar a causa de un desalojo. En su informe de 2004 sobre su visita a México, el relator especial de la ONU sobre el fomento de la realización del derecho a una vivienda adecuada recomendó "que se cree un grupo de trabajo encargado de examinar las cuestiones relativas a los desalojos" y que se revisen las leyes y políticas con el fin de garantizar que los desalojos forzados se prohíben y se eliminan. El gobierno de México, según los informes, estableció una Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya primera tarea ha sido estudiar el alcance de la prohibición de los desalojos forzados.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- expresando preocupación por los 39 habitantes de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano, desalojados a la fuerza el 18 de agosto;

- expresando preocupación por la salud de las mujeres y los niños y niñas detenidos en La Trinitaria, especialmente la dos mujeres encinta que pueden correr peligro de contraer varicela o sarampión; pidiendo a las autoridades que garanticen que estas personas no son objeto de detención arbitraria;

- pidiendo a las autoridades que den a todos los detenidos acceso inmediato a toda la atención médica que puedan necesitar;

- expresando preocupación por el hecho de que otras comunidades corren peligro inminente de desalojo forzado, y pidiendo a las autoridades que pongan fin por completo a este tipo de desalojos;

- pidiendo que se suspendan todos los desalojos de Montes Azules hasta que las autoridades hayan garantizado que son conformes con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos;

- pidiendo a las autoridades que pongan en libertad a todos los desalojados o formulen cargos contra ellos, y que garanticen el derecho a un juicio justo y al proceso debido para todos ellos, incluidos los seis hombres detenidos;

- pidiendo garantías de que todos los desalojados tienen acceso a comida adecuada, agua potable e instalaciones higiénicas;

- pidiendo a las autoridades que, en consulta con los afectados, garanticen que todos los desalojados cuentan con un alojamiento alternativo adecuado.

LLAMAMIENTOS A:

Lic. Mariano Herrán Salvatti, Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas

Libramiento Norte s/n, tercer nivel, Col. Infonavit "El Rosario", CP 30064, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Fax: + 52 961 61 657 24

Correo-E.: mherran@fge.chiapas.gob.mx

Tratamiento: Señor Fiscal

Lic. Juan José Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno, 1º piso, Col. Centro, 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Fax: +52 961 618 8050 ext. 21122

Tratamiento: Señor Gobernador

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República

Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO

Fax: +52 55 53 46 09 08 o +52 55 56 26 44 47/96 00

Correo-E.: ofproc@pgr.gob.mx

Tratamiento: Señor Procurador General

COPIA A:

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C,

Brasil No. 14 Barrio Mexicanos, CP. 29240, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

y a la representación diplomática de México acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 11 de octubre de 2007.********