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ÍNDICE AI: AMR 44/02/96/s

21 DE FEBRERO DE 1996

PANAMÁ: PROYECTO DE LEY DE AMNISTÍA GENERAL GARANTIZA IMPUNIDAD PARA RESPONSABLES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

En una carta fechada en Londres el pasado 14 de febrero y dirigida al presidente de la República de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el Proyecto de Ley número 1 de 1995, conocido como Proyecto de Ley de Amnistía General.

Este proyecto fue aprobado en segunda lectura por la Asamblea General de Panamá en diciembre de 1995 y será debatido de nuevo el próximo 2 de marzo.

Según Amnistía Internacional, “de ser aprobada, esta ley constituiría la tercera medida en dos años tendente a librar de su responsabilidad por violaciones de derechos humanos a funcionarios o ex funcionarios públicos y otros individuos vinculados al Estado”. Las medidas anteriores a las que se refiere la organización de derechos humanos son el perdón presidencial de septiembre de 1994, que puso en libertad a 222 militares, y la medida de gracia de septiembre de 1995, que puso en libertad a otras 130 personas, algunas de ellas en espera de juicio por corrupción o delitos penales.

Amnistía Internacional critica especialmente los artículos primero y noveno del proyecto de ley que conceden la amnistía general a personas, incluyendo funcionarios y ex funcionarios públicos, perseguidas, implicadas o procesadas por delitos contra la libertad individual o delitos con motivaciones políticas, entre ellos los de detención ilegal y torturas o tratos crueles inhumanos y degradantes. Al conceder la amnistía en un plazo no mayor de una semana a partir de la vigencia de la ley se incumple la obligación del Estado de colaborar en la investigación judicial de las violaciones de derechos humanos. Esta medida también contradice los principios básicos establecidos por las Naciones Unidas para la independencia del poder judicial.

Amnistía Internacional se opone a todas aquellas medidas que otorguen inmunidad procesal a funcionarios públicos presuntamente responsables de violaciones a los derechos humanos y que impidan que se establezcan todos los hechos y responsabilidades. Por lo tanto, considera que la Ley de Amnistía no debería interferir con la investigación judicial de estas violaciones ni beneficiar a sus autores. Sin embargo, la organización de derechos humanos no toma posición sobre medidas de gracia otorgadas después de que la sentencia final haya sido pronunciada.

Amnistía Internacional considera que, con anterioridad al próximo debate del proyecto de ley, debería hacerse pública la lista de los procesos que serían archivados en el caso de que el proyecto sea aprobado. Asimismo, considera que debería darse a conocer cuáles de estos procesos involucran a funcionarios o ex funcionarios públicos y personas vinculadas al Estado que hayan podido cometer violaciones contra los derechos humanos.

La organización de derechos humanos solicita que se investiguen con imparcialidad las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo al que alude el proyecto de ley y que se juzgue a los presuntos responsables.

Amnistía Internacional concluye su carta recordando que tolerar los abusos y evitar la comparecencia de sus autores ante la justicia sólo contribuye a la perpetuación de los delitos.