PÚBLICOÍndice AI: AMR 46/26/00/s

EXTRA 64/0025 de julio del 2000

Temor por la seguridad y temor por la vida

PERÚParticipantes en las manifestaciones masivas que se celebrarán del 26 al 28 de julio

Los manifestantes que participen en una protesta masiva contra la reelección del presidente Alberto Fujimori corren peligro de ser golpeados por las fuerzas de seguridad o incluso de morir a sus manos. Está previsto que se celebren tres días de protestas que culminarán el 28 de julio, fecha en la que el presidente Fujimori jurará su tercer mandato.

Se trata de la serie de protestas más larga desde que el presidente Fujimori regresó al poder. En ella se ha producido una movilización masiva de campesinos, estudiantes, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros sectores de la sociedad civil; todos ellos piden que se refuerce la democracia en Perú. Decenas de manifestantes y policías resultaron heridos durante las marchas de protesta celebradas a finales de junio, y a Amnistía Internacional le preocupa que las fuerzas de seguridad puedan reprimir las próximas manifestaciones utilizando medios que puedan causar la muerte de manifestantes.

La victoria electoral del presidente Fujimori estuvo empañada por denuncias sobre manipulación de votos durante la primera y la segunda vuelta de las elecciones, celebradas en abril y mayo del 2000, respectivamente. Muchos consideran que este tercer mandato es inconstitucional.

Amnistía Internacional ha recibido informes sobre acoso e intimidación a activistas políticos y sociales y miembros de la sociedad civil que se opusieron a la reelección del presidente Fujimori o que participaron en las manifestaciones celebradas después de la segunda vuelta (por ejemplo, véanse el artículo del Servicio de Noticias AMR 46/11/00/s, del 26 de mayo del 2000, y la AU 220/00, AMR 46/24/00/s, del 20 de julio del 2000).

Amnistía Internacional reconoce que las autoridades peruanas tienen el deber de mantener el orden público. Sin embargo, la organización recuerda a las autoridades que, al hacerlo, deben respetar en todo momento y toda circunstancia el derecho de los manifestantes a la vida y a la libertad para celebrar reuniones pacíficas. Al cumplir con su deber, las fuerzas de seguridad deben garantizar que, si se les pide que hagan uso de la fuerza, únicamente emplearán la fuerza mínima necesaria para mantener el orden público.

INFORMACIÓN GENERAL

Las denuncias de fraude e irregularidades en las elecciones presidenciales de Perú impulsaron a la Asamblea General de la OEA a enviar en junio una misión de alto nivel al país con el propósito de explorar «con el Gobierno del Perú y otros sectores de la comunidad política, opciones y recomendaciones dirigidas a un mayor fortalecimiento de la democracia en ese país...» (Asamblea General de la OEA, Resolución 1753). La misión ha recomendado que se adopten una serie de medidas, incluido un Plan Nacional para la protección de los derechos humanos.

Las organizaciones locales de derechos humanos y el Defensor del Pueblo de Perú han manifestado su preocupación por los informes que indican que las fuerzas de seguridad han hecho uso de una fuerza excesiva contra los manifestantes. Según los informes, se ha ejercido la violencia contra manifestantes pacíficos, se ha abusado de las bombas de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes y se ha intimidado y maltratado a quienes se oponían a la reelección del presidente Fujimori.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español, en inglés o en su propio idioma:

-subrayando que el derecho a la libertad de expresión y de reunión está garantizado por los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (tratados de los que Perú es Estado Parte); instando a las autoridades a respetar ese derecho;

-reconociendo el deber de las autoridades peruanas de mantener el orden público;

-expresando honda preocupación porque los manifestantes que participen en las protestas masivas del 26 al 28 de julio pueden correr peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad peruanas;

-pidiendo a las autoridades que cumplan las normas internacionales de la ONU, incluidos el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de 1979, y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de 1990.

LLAMAMIENTOS A:

Señor Alberto Bustamante Belaúnde

Primer Ministro

Palacio de Gobierno

Plaza Mayor

Lima 1, PERÚ

Fax: + 511 447 1628

Tratamiento: Sr. Primer Ministro

General César Enrique Saucedo

Ministro del Interior

Ministerio del Interior

Plaza 30 de Agosto s/n

Urb. Córpac

San Isidro

Lima 27, PERÚ

Fax: + 511 224 2405 /+511 475 3419

Tratamiento: Sr. Ministro

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Jr. Túpac Amaru 2467

Lince

Lima 14

PERÚ

y a los representantes diplomáticos de Perú acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 28 de julio del 2000.