PÚBLICO Índice AI: AMR 51/029/2007

16 de febrero de 2007

AU 38/07 Pena de muerte / preocupación jurídica

EE. UU. (Texas) Donald Anthony Miller, blanco, de 44 años de edad

Está previsto que Donald Miller sea ejecutado en Texas el 27 de febrero de 2007. Fue condenado a muerte en 1982 por el asesinato de Michael Mozingo, cometido ese mismo año. Donald Miller tenía 19 años cuando se cometió el crimen, Lleva en el “corredor de la muerte” casi 25 años.

Michael Mozingo y otro hombre, Kenneth Whitt, fueron víctimas de un robo el 2 de febrero de 1982. Sus asaltantes dispararon contra ellos y los mataron. Se acusó del crimen a tres hombres: Eddie Segura, Danny Woods y Donald Miller. Antes del juicio de Donald Miller, Eddie Segura se declaró culpable de robo con agravantes y se convirtió en un testigo clave contra Miller. Segura fue condenado, después del juicio de Miller, a 25 años de prisión. También antes del juicio de Miller, Danny Woods, que admitió haber disparado contra Kenneth Whitt, se declaró culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Woods no testificó el juicio de Miller. Donald Miller, según al abogado que lo defendió durante el juicio (ya fallecido), se enfrentó a un juicio de pena de muerte tras haber rechazado un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable a cambio de una condena de cadena perpetua.

Tras una vista probatoria celebrada en 2002, un juez federal de primera instancia resolvió en 2004 que la fiscalía había ocultado pruebas exculpatorias en el juicio de Donald Miller, en contra de lo establecido por la resolución de 1963 de la Corte Suprema en la causa Brady v. Maryland. El juez federal concluyó que las pruebas ocultadas eran pertinentes a la condena: es decir, que la condena podría haber sido diferente si no se hubiesen suprimido.

Las pruebas en cuestión se referían a declaraciones realizadas por testigos antes del juicio. El juez federal señaló que las declaraciones previas al juicio realizadas por Ray McCall, hermano de la que entonces era novia de Eddie Segura, se contradecían con lo que éste testificó durante el juicio y podrían haber sido utilizadas por la defensa de Miller para socavar la credibilidad de McCall. En la vista probatoria de 2002, el abogado de Miller describió el testimonio de McCall como “el más devastador de todo el juicio”, ya que retrataba a Donald Miller como un asesino de sangre fría y sin remordimientos. El juez federal también señaló las contradicciones de las declaraciones de otro testigo, Archie Morris, abuelo de Ray McCall. Antes del juicio, Morris había dicho a los investigadores que sólo poseía una pistola del calibre 22 y que no se la había prestado a Donald Miller. Sin embargo, durante el juicio declaró que el día del crimen Miller le había pedido prestada el arma del calibre 38 utilizada para disparar contra las víctimas.

Además, la fiscalía suprimió las declaraciones juradas de cuatro personas que no testificaron en el juicio. Robert White, por ejemplo, declaró que Danny Woods le había dicho que, después de que una de las víctimas hubiera muerto por un disparo, “o Danny o el tipo que estaba con él se llevaron la mano a la bota y sacaron una pistola del 38 con la que dispararon contra el otro tipo cuando echó a correr”. Los abogados encargados de la apelación de Miller han argumentado que esto era importante porque en el juicio se había establecido que Miller no llevaba botas en el momento de los asesinatos. La declaración jurada de White también afirma que, al día siguiente de los asesinatos, Woods había negado que Miller hubiera participado. El juez federal concluyó que las declaraciones juradas indicaban que Woods podría haber matado a ambas víctimas y que Segura iba armado en aquel momento.

Durante la apelación ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, corte federal, la fiscalía alegó que la decisión del tribunal federal de primera instancia era errónea, y los abogados de Miller afirmaron que las pruebas suprimidas no sólo afectaban a la fiabilidad de la condena, sino también a la cuestión de la culpabilidad de Miller. La Corte del Quinto Circuito rechazó los argumentos de Miller sobre la culpabilidad y anuló la resolución del juez federal sobre la condena. Uno de los tres jueces de la Corte discrepó, alegando que “las diversas pruebas, unidas, podrían haber suscitado una duda razonable en un miembro del jurado” en el momento de decidir sobre la pena de muerte. Respecto al testimonio de McCall, el juez discrepante señaló que, aunque “durante el contrainterrogatorio se demostró que [McCall] en general era un delincuente poco honrado que no siempre había sido sincero con la policía durante la investigación”, existía “una diferencia notable entre la prueba de que un testigo no es sincero de forma general y la prueba específica de que ha hecho declaraciones contradictorias respecto al contenido de su testimonio crucial [...] La defensa no pudo contrainterrogar a McCall sobre sus declaraciones [previas al juicio]”. El juez dijo que McCall había proporcionado una “corroboración importante de la versión del crimen dada por Segura, que retrataba a Miller como el cabecilla en los homicidios, por lo que el debilitar su testimonio podría haber arrojado dudas sobre si Miller había planeado los homicidios y había sido el autor material de los disparos”. Asimismo, el testimonio de Archie Morris había proporcionado una “corroboración fundamental [...] que vinculaba a Miller con una de las armas del crimen”, y sin embargo la credibilidad de su testimonio no se había puesto en duda en el juicio.

En Texas, un jurado sólo puede dictar una condena de muerte si acuerda por unanimidad que es probable que, si se le permite vivir, el acusado cometa actos delictivos violentos en el futuro, aunque esté en prisión (la cuestión de la “peligrosidad futura”). El juez discrepante del Quinto Circuito señaló que el haber rebatido la imagen que la fiscalía dio de Donald Miller como jefe de la banda y autor de los disparos podría haber afectado a la conclusión del jurado de que Miller constituía un peligro futuro.

Un estudio publicado en 2004 por el Servicio del Defensor Público de Texas concluyó que las predicciones sobre la “peligrosidad futura” en el sistema de pena capital de este estado eran erróneas en la mayoría de los casos, y que “es injustificable basar las decisiones sobre la pena capital en las predicciones sobre la peligrosidad futura, y no sólo porque un sistema que asigna de esta manera las penas castiga en la práctica a los acusados por delitos que pueden llegar a cometer o no, violando así el principio jurídico fundamental de que el acusado es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad”. Según los informes, durante sus 25 años en el “corredor de la muerte” Donald Miller no ha sido castigado nunca por comportamiento violento o agresivo hacia otros reclusos, hacia guardias o hacia cualquier otra persona. Al parecer, en una ocasión fue acusado de haber agredido a un guardia, pero el sistema penitenciario lo absolvió de dicha acusación.

En 1995, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos escribió que podía decirse que la ejecución de un preso que había estado en el “corredor de la muerte” durante 17 años –ocho años menos que Donald Miller– negaba toda justificación disuasoria o punitiva para dicha pena. En 2002, en el caso de un recluso que había estado en el “corredor de la muerte” unos 27 años, otro juez de la Corte Suprema escribió sobre esta “reclusión extraordinariamente larga bajo pena de muerte, una reclusión que va desde el final de la juventud hasta el final de la mediana edad”. De ser ejecutado, escribió este juez, el preso en cuestión habría sido “castigado tanto con la ejecución como con más de una generación en la penumbra del ‘corredor de la muerte’. Es justo preguntar si este castigo es tanto insólito como cruel”, lo que lo convertiría en una violación de la Constitución de Estados Unidos.

Desde que Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales en 1977, se han llevado a cabo en el país 1.062 ejecuciones, de las que 383 (el 36 por ciento) han tenido lugar en Texas. Texas ha ejecutado a casi el cuádruple de personas que el siguiente estado en número de ejecuciones, Virginia. Aunque hay indicios de que Estados Unidos está volviendo lentamente la espalda a la pena capital (véase USA: The experiment that failed: A reflection on 30 years of judicial killing, 16 de enero de 2007, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510112007), el índice de homicidios judiciales en Texas sigue siendo alto. En 2006, este estado ejecutó a 24 personas, cinco veces más que el total del siguiente estado. Además, cuatro de las cinco ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos en lo que va de 2007 han tenido lugar en Texas. Durante el tiempo en que el gobernador Perry ha ocupado su cargo en Texas (desde 2001) el estado ha ejecutado a 144 presos, y durante los cinco años de mandato de su predecesor, George W. Bush, Texas llevó a cabo 152 ejecuciones.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen cuanto antes, en inglés o en su propio idioma:

- manifestando su apoyo a la familia y las amistades de Michael Mozingo y Kenneth Whitt, y manifestando que no pretenden ni disculpar la forma en que murieron en 1982 ni menospreciar el sufrimiento que su muerte ha causado;

- oponiéndose a la ejecución de Donald Miller por el asesinato de Michael Mozingo;

- expresando preocupación por el hecho de que la fiscalía suprimió pruebas durante el juicio de Donald Miller, y señalando que dos jueces federales han concluido que esas pruebas podrían haber dado lugar a una pena diferente;

- señalando que, pese a las dudas sobre si, como afirmó la fiscalía, Donald Miller fue el cabecilla de la banda que cometió el crimen, él es el único acusado que va a ser ejecutado, lo que hace pensar en la existencia de arbitrariedad;

- señalando que la determinación del jurado de que Donald Miller constituiría un peligro futuro para la sociedad, incluso en prisión, no se ha visto confirmada durante sus 25 años en el “corredor de la muerte”;

- pidiendo al gobernador que detenga esta ejecución y haga cuanto esté en su poder para que se conceda el indulto.

LLAMAMIENTOS A:

Gobernador

Governor Rick Perry, Office of the Governor, P.O. Box 12428, Austin, Texas 78711-2428, EE. UU.
Fax: +1 512 463 1849

Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador

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