ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Del control a la crueldad

EL USO DEL CINTURÓN PARALIZANTE

Y OTROS DISPOSITIVOS DE ELECTROCHOQUE

POR LOS AGENTES DE LA LEY

Junio de 1999 Índice AI: AMR 51/54/99/s

Distr: SC/CC/CO/GR

INTRODUCCIÓN

En la sesión del miércoles el presunto homicida vestía un suéter gris que lo escondía todo, salvo el bulto de un cinturón paralizante de electrochoque [...] Había cinco alguaciles, uno de ellos sin uniforme y otro con el dedo sobre el botón, listo para enviar una descarga eléctrica si Overton hacía algún movimiento brusco.

Tomado de las noticias de prensa del primer día del juicio de Thomas Overton, celebrado en Florida el 20 de enero de 1999.(1)

El 18 de marzo de 1999, Thomas Overton fue condenado a muerte en Florida. Durante todo el juicio había tenido que llevar un cinturón paralizante de electrochoque operado con mando a distancia, mediante el cual un funcionario podía aplicarle una descarga eléctrica de 50.000 voltios en caso de «necesidad». Acusado de asesinato, declarado culpable y condenado a la pena capital, resulta fácil convertir a Thomas Overton en una figura diabólica. Pero la respuesta de una sociedad frente a sus delincuentes permite deducir el respeto que esta sociedad siente hacia los derechos humanos fundamentales.

La ejecución es la pena más severa en un país que en los últimos años se ha distanciado notablemente de las políticas concebidas para rehabilitar a los delincuentes, inclinándose hacia el castigo, la incapacitación y el almacenaje de seres humanos en cárceles. Desde 1980, la población reclusa de los centros penitenciarios que albergan a presos condenados a más de un año (prisons) y los centros en los que hay detenidos, presos preventivos o presos que cumplen condenas de menos de un año (jails) ha aumentado más del triple y se acerca ya a los dos millones de personas.(2) Aunque se han invertido enormes sumas en la construcción de nuevos centros de detención, este extraordinario ritmo de crecimiento de la población reclusa ha superado el ritmo de expansión, y el hacinamiento ha contribuido a crear peligrosas condiciones penitenciarias en muchos establecimientos. Estas condiciones, junto con las presiones para sustituir el personal por la tecnología a fin de reducir costes, han estimulado el desarrollo de nuevos métodos de control de los internos. Uno de estos métodos es el uso de material paralizante de electrochoque, como pistolas, pistolas taser, escudos y cinturones.

El uso de tecnología paralizante de electrochoque en la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley resulta lógicamente preocupante para la protección de los derechos humanos, ya que la electricidad ha sido desde hace largo tiempo una de las herramientas favoritas de los torturadores en todo el mundo.(3) Portátil, fácil de usar y con posibilidad de producir un agudo dolor sin dejar señales visibles significativas en el cuerpo, el material paralizante de electrochoque se presta especialmente a un uso abusivo por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley poco escrupulosos.(4) También son preocupantes los indicios de que los dispositivos de electrochoque pueden tener efectos perjudiciales o incluso mortales, especialmente en el caso de personas que padecen problemas cardíacos o trastornos neurológicos —diagnosticados o no—, o que están bajo el efecto de fármacos.(5)

Las normas internacionales fomentan el desarrollo de armas no letales con destino a las tareas de aplicación de la ley, a fin de reducir el riesgo de muerte o de lesiones inherente al uso de armas de fuego y porras. Pero estas normas disponen que las nuevas armas deben ser objeto de una «cuidadosa evaluación» y que su uso «se controlará con todo cuidado».(6) Las autoridades estadounidenses no se han ajustado a ellas, ya que las armas paralizantes de electrochoque han proliferado en los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el país, especialmente en el ámbito local, sin que hayan sido objeto de una comprobación, evaluación y control rigurosos e independientes.

Otra preocupación es la exportación de armas paralizantes de electrochoque desde Estados Unidos a otros países donde pueden ser utilizadas para infligir torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.(7) Esta vertiente se examinará en un próximo documento de Amnistía Internacional.

El presente documento reitera el llamamiento de Amnistía Internacional a todos los organismos de asuntos penitenciarios y de vigilancia del cumplimiento de la ley en el ámbito federal, estatal y local de Estados Unidos para que suspendan el uso de todaslas armas paralizantes de electrochoque hasta que una investigación rigurosa, independiente e imparcial, que incluya una minuciosa evaluación médica, pruebe que son seguras y no contribuirán a muertes bajo custodia o a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La organización solicita además al gobierno de Estados Unidos que suspenda la fabricación, promoción y transferencia de estas armas hasta que se lleve a cabo esta investigación.

Asimismo, la organización reitera su llamamiento para que se prohíban de forma terminante la fabricación, la promoción, la transferencia y el uso de cinturones paralizantes. Amnistía Internacional cree que, de entre todo el material paralizante, el uso(8) de estos cinturones, aun cuando no se activen, constituye un ejemplo excepcional del trato o pena cruel, inhumano o degradante que prohíben las leyes internacionales. El cinturón paralizante de electrochoque es el principal tema de este informe.

EL CINTURÓN PARALIZANTE DE ELECTROCHOQUE: EL CONTROL POR EL MIEDO

La electricidad habla todos los idiomas conocidos. No es necesario traducir. Todo el mundo la teme, y con razón.(9)

Un cinturón paralizante de electrochoque es un arma que su propia víctima lleva puesta. A diferencia de lo que ocurre con otros dispositivos de electrochoque, el preso o acusado está en contacto con el cinturón todo el tiempo que se utiliza contra él, que pueden ser horas. Este recordatorio constante de su presencia hace aún más real la amenaza de su activación. La descarga eléctrica se desencadena mediante un transmisor de control remoto que puede activar —a veces accidentalmente, como ha sucedido en varias ocasiones— un agente de la ley a una distancia de hasta 90 metros. Al ser activado, el cinturón emite una descarga de 50.000 voltios y entre tres y cuatro miliamperios durante ocho segundos. Esta corriente de elevado impulso entra en el cuerpo del portador del cinturón a la altura de los electrodos del dispositivo —cerca de los riñones— y lo atraviesa, originando un rápido electrochoque, que causa incapacitación en los primeros segundos y un agudo dolor que va aumentando durante los ocho segundos. Una vez activado el dispositivo, no es posible detener la descarga eléctrica.

Nadie discute que el electrochoque de un cinturón paralizante provoca un gran dolor. En muchas jurisdicciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son sometidos a la descarga de uno de estos cinturones como parte del entrenamiento para su uso. Uno de estos funcionarios, en Maryland, describió así recientemente lo que sintió: «Es como si alguien con uñas de veinte centímetros tratara de arrancarte los costados y luego te pusieran sobre una estufa».(10) Otro funcionario de Ohio afirmó: «Sentí como un cortocircuito en todos los músculos de mi cuerpo al mismo tiempo».(11) Es preciso puntualizar que los presos, a diferencia de los agentes, que llevan el cinturón durante unos minutos en un ejercicio de entrenamiento, no tienen la oportunidad de prepararse para el momento en que se les aplicará la descarga, y además llevan puestos los cinturones durante mucho más tiempo.

En muchas jurisdicciones de Estados Unidos, antes de colocar un cinturón paralizante de electrochoque a un preso, se le exige que lea, o que le lean, una explicación sobre su potencial y una descripción de las circunstancias en las que puede ser activado. La lectura no deja ninguna duda sobre el dolor y la humillación que producirá la activación. Por ejemplo, la Oficina del Sheriffdel condado de Gwinnett, en Georgia, utiliza un impreso que advierte al portador de que el cinturón «contiene 50.000 voltios de electricidad».(12) El impreso afirma que la activación produce (1) inmovilización y caída, (2) posibilidad de defecación incontrolada y (3) posibilidad de emisión de orina incontrolada. Asimismo, informa al portador de que la activación puede producirse tras (a)cualquier arranque o movimiento brusco, (b) cualquier movimiento hostil, (c)intentar manipular el cinturón, (d) desobedecer las órdenes de moverse,(e)intentar escapar de la custodia,(f)poner las manos fuera del alcance de la vista del agente de custodiao (g) realizar cualquier acto manifiesto contra cualquier persona situada en un radio de un metro y medio. El agente responsable debe registrar en un formulario información sobre el uso del cinturón, como la cantidad de fuerza que fue necesaria para colocárselo al preso en una escala que va de «ninguna» a «necesidad de ayuda para inmovilizarlo».(13) En algunas jurisdicciones, los agentes hacen ver al futuro portador del cinturón parte de un vídeo que muestra los efectos de su activación en una serie de funcionarios de prisiones (unos 25) durante su entrenamiento.(14) Dicho vídeo no deja lugar a dudas sobre la capacidad del cinturón paralizante para infligir un agudo dolor (véase infrael caso de Christopher Blackstock).

El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 10 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma: «Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano».

Colocación de un cinturón RACC en una Oficina de Sheriffde condado, 1999 (demostración). El cinturón se cierra mediante un candado para evitar que el portador se lo quite.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano de expertos que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, afirma que «la finalidad de las disposiciones del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es proteger la dignidad y la integridad física y mental de la persona». El Comité subraya que la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del artículo 7 «se refiere no solamente a los actos que causan a la víctima dolor físico, sino también a los que causan sufrimiento moral».(15) El temor a ser sometido a un gran dolor en un marco de total indefensión es un componente fundamental del sufrimiento mental de una víctima de tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. La persona que porta el cinturón paralizante está bajo el temor constante de que se le administre una descarga eléctrica en cualquier momento y por razones que tal vez escapen a su control. Este temor constituye sufrimiento mental.(16)

Los defensores del cinturón paralizante han subrayado en reiteradas ocasiones que su eficacia depende del miedo, al que algunas veces se refieren con el eufemismo de «ansiedad». Por ejemplo, un agente del orden estatal afirmó recientemente: «Se trata de una disuasión psicológica. La ansiedad que causa llevarlo encima parece ser la herramienta más eficaz».(17) Stun Tech Inc., hasta ahora el principal fabricante de cinturones paralizantes de Estados Unidos, ha subrayado el uso del miedo para controlar a los presos que llevan el cinturón. El presidente de la empresa ha afirmado: «No recomendamos que se utilice en personas que padezcan del corazón, ya que, al llevarlo durante ocho horas, generarán una enorme cantidad de ansiedad que elevará su tensión arterial tanto como la descarga eléctrica».(18) Los textos distribuidos por Stun Tech afirman: «Después de todo, si usted llevara un artilugio en la cintura que, con solo apretar un botón que está en manos de otra persona, pudiera hacerle orinarse o defecarse encima, ¿qué haría desde el punto de vista psicológico?».

Mientras que la amenaza de una emisión incontrolada de orina o heces es específicamente humillante, el sometimiento constante a un funcionario de policía o de prisiones que tiene el poder de administrar dolor a voluntad también es claramente degradante. Esta sujeción permanente priva al preso de toda posibilidad de autocontrol y, por consiguiente, de una parte de su humanidad. La capacidad de administrar fuertes descargas a distancia hace que el cinturón paralizante se preste especialmente a un uso arbitrario o abusivo, como ha sucedido en los casos en que quienes lo manejaban han hostigado a los portadores amenazándolos con activarlo.

EL USO DEL CINTURÓN PARALIZANTE EN ESTADOS UNIDOS, CADA VEZ MÁS PREOCUPANTE

Los tiempos cambian, y también la tecnología. Por lo visto, hemos pasado de los grilletes y cadenas al cinturón electrónico...

Corte de Apelaciones de California(19)

El cinturón REACT (sigla de Remote Electronically Activated Control Technology, tecnología de control remoto con activación electrónica) es un producto de Stun Tech Inc., empresa de Cleveland, Ohio. Actualmente se encuentran en uso dos versiones del cinturón: el HSTB (High Security Transport Belt, cinturón de transporte de alta seguridad) y el MSB (Minimal Security Belt, cinturón de mínima seguridad). El HSTB está concebido para ser utilizado con otros instrumentos de coerción, como esposas y grilletes, mientras que el MSB se destina a usos menores, como la custodia en los juzgados. Stun Tech afirma haber fabricado aproximadamente el 90 por ciento de los cinturones del mercado y haber vendido unos 1.400 a instituciones estadounidenses encargadas de vigilar la observancia de las leyes. Por su parte, Nova Products, de Cookeville, Tennessee, ofrece el cinturón RACC (Remote Activated Custody Control, control de custodia por activación remota). Hasta donde sabe Amnistía Internacional, los dispositivos REACT y RACC son los únicos cinturones paralizantes de electrochoque que actualmente se usan en Estados Unidos.

El futuro del cinturón REACT parece incierto tras las acciones legales emprendidas contra Stun Tech por RACC Industries, de Upper Marlboro (Maryland), propietario exclusivo de la patente del cinturón paralizante de electrochoque.(20) Stun Tech tenía la licencia exclusiva de fabricación y venta de cinturones paralizantes a cambio del pago de los derechos a RACC Industries. Pero Stun Tech dejó de realizar estos pagos cuando rediseñó su cinturón REACT para que fuera claramente visible al ser llevado bajo la ropa (véase infrapara más detalles sobre la cuestión de la visibilidad), argumentando que de esta forma su dispositivo no se ajustaba a la descripción que figuraba en la patente original: «adaptado para quedar oculto bajo la ropa [...]». En 1998, una corte federal, confirmando la decisión de una instancia más baja, dictaminó que Stun Tech había roto el contrato de patente y le prohibió la fabricación, el uso, la venta y la distribución de sus cinturones durante el tiempo de vigencia de la patente.(21) Según la información recibida por Amnistía Internacional, esta prohibición se levantó cuando Stun Tech apeló a la Corte Suprema, que, en el momento en que se escribe este informe, no había tomado aún ninguna decisión sobre el caso. Amnistía Internacional entiende que Nova Products tiene ahora la licencia para fabricar y distribuir el cinturón paralizante.

En un acuerdo alcanzado en octubre de 1998, el gobierno estadounidense acordó pagar a RACC Industries 50.000 dólares para librarse de la responsabilidad de violación de patente por los cinturones REACT ya adquiridos por las autoridades federales y por los primeros cien que adquiriesen tras el acuerdo.(22) La situación con las autoridades estatales y locales está menos clara. Por ejemplo, en abril de 1998, la Oficina del Sheriffdel condado de Franklin (Ohio) tramitaba un pedido de cinturones REACT a Stun Tech cuando fue informada de que la empresa no podía suministrárselos debido al conflicto de la patente. Al enterarse, sustituyó el pedido por uno de cinturones RACC a Nova Products. El Departamento de Policía de Kodiak (Alaska) decidió dejar de usar su cinturón REACT a comienzos de 1998 en lugar de pagar más a RACC Industries como consecuencia del pleito. Otras jurisdicciones han comprado cinturones REACT en los últimos meses. Por ejemplo, el 1 de abril de 1999, la Oficina del Sheriffdel condado de Duval (Florida) esperaba la llegada de un cinturón REACT que había adquirido. El 10 de mayo, la Oficina del Sheriff del condado de Daviess (Kentucky) tenía pedido un cinturón REACT. Ambos condados pensaban utilizar sus cinturones paralizantes —los primeros que poseen— en las salas de los tribunales.

No hay estadísticas oficiales nacionales sobre el uso del cinturón paralizante. Stun Tech afirma que los cinturones REACT han sido utilizados en más de 50.000 ocasiones durante los últimos cinco años. La cifra puede ser mayor, teniendo en cuenta que hay bastante más de mil cinturones en circulación en más de un centenar de jurisdicciones y que cada uno puede ser utilizado en muchas ocasiones durante un año. Por ejemplo, la Oficina del Sheriffdel condado de Franklin (Carolina del Sur) tiene un cinturón que ha sido empleado unas treinta veces en su primer año de uso, según afirmó un portavoz en febrero de 1999. Por su parte, un portavoz de la Oficina del Sheriffdel condado de Franklin (Ohio) afirmó en febrero de 1999 que la mayor parte de los días se utiliza al menos uno de los cuatro nuevos cinturones RACC durante el transporte (especialmente para las extradiciones interestatales) o en los juzgados.(23)

También resulta imposible determinar el número real de veces que se han activado los cinturones paralizantes, ya que es posible que no se informe de todas ellas, especialmente de las que se producen fuera de la vista del público, como por ejemplo durante el transporte o dentro de la cárcel. Según cifras de Stun Tech, el cinturón REACT ha sido activado al menos 29 veces, incluidas varias activaciones presuntamente accidentales.(24)

En el ámbito federal, el Servicio de Marshalsde Estados Unidos y la Oficina Federal de Prisiones utilizan el cinturón paralizante de electrochoque. El primero es responsable de la seguridad en los tribunales federales y del alojamiento y el transporte de las personas detenidas en aplicación de leyes federales desde el momento en que son puestas bajo custodia hasta que son absueltas o condenadas. Este organismo tiene diariamente más de veintisiete mil detenidos bajo su jurisdicción en cárceles federales, estatales y locales. Según Stun Tech, el Servicio de Marshalsha adquirido doscientos cinturones REACT. Por su parte, la Oficina Federal de Prisiones «habitualmente saca a los internos de nuestros establecimientos de seguridad para que reciban tratamiento médico, para trasladarlos, para que comparezcan ante los tribunales, etc... A fin de aumentar la seguridad y de reducir el riesgo para la comunidad, el personal y los propios internos cuando se escolta a internos de alta peligrosidad dentro de la comunidad, se adoptó el cinturón REACT o «cinturón paralizante».(25) A finales de 1998, el total de la población reclusa a cargo de la Oficina Federal de Prisiones era de 123.041 personas. De ellas, el 14 por ciento (14.281) estaban clasificadas como de alta peligrosidad. Según Stun Tech, la Oficina dispone de un centenar de cinturones paralizantes de electrochoque.

En un sondeo realizado por teléfono en enero de 1999, los Departamentos de Prisiones de 20 estados dijeron a Amnistía Internacional que autorizaban el uso de cinturones paralizantes, aunque el grado de uso variaba de estado a estado (véase la tabla 2). La organización no ha podido hacer un estudio sistemático del uso del cinturón por los agentes del orden en el ámbito local —por ejemplo, en las oficinas del sherifflocales—, pero cree que en estas fuerzas se utiliza mucho más que en el ámbito estatal. Por ejemplo, los Departamentos de Prisiones de California y Ohio (estatales) no autorizan el uso de cinturones ni de ningún otro material paralizante en sus establecimientos, pero al menos dieciocho condados en California y más de veinte en Ohio tienen cinturones paralizantes, que utilizan en tareas de transporte y en los juzgados. Algunas jurisdicciones se han incorporado recientemente a la lista. Por ejemplo, en Ohio, la Oficina del Sheriffdel condado de Greene y la del condado de Warren compraron cinturones paralizantes en 1998, entrenaron a sus agentes para utilizarlos y comenzaron a emplearlos a finales de año. De las 25 mayores jurisdicciones penitenciarias locales de Estados Unidos en 1998,(26) al parecer 15 tienen cinturones paralizantes, como refleja la tabla 3, situada al final de este informe. En esta tabla se relacionan 112 jurisdicciones locales de 30 estados en las cuales, según los informes, hay o ha habido cinturones paralizantes. La relación no pretende ser exhaustiva.

Al parecer, el uso del cinturón paralizante de electrochoque está en expansión en otras partes de Estados Unidos. A mediados de marzo de 1999, el Departamento de Prisiones de Florida tenía previsto adquirir unos 85 cinturones REACT de Stun Tech. Parece probable que el Departamento de Prisiones de Oklahoma autorice pronto la adquisición de estos dispositivos, tras haberlos incorporado recientemente a su política sobre uso de la fuerza. La División de Servicios de Detención Preventiva del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios de Maryland ha adquirido recientemente cinturones paralizantes y en enero de 1999 estaba entrenando a agentes para que aprendieran a utilizarlos para el transporte y en los juzgados. Antes, el estado de Maryland no autorizaba el uso de ningún material paralizante. En ese mismo estado, en el ámbito local, hay informes de que la Oficina del Sheriffdel condado de Montgomery adquirió tres cinturones paralizantes en 1998 para su uso en los juzgados y que los utilizó diez veces en los últimos tres meses del año. Otras jurisdicciones locales que han adoptado recientemente el dispositivo son las Oficinas del Sheriffde los condados de Sweetwater (Wyoming) y Hall (Nebraska), que compraron cinturones paralizantes en 1998, y la del condado de Prince George (Virginia), que tenía previsto entrenar a sus agentes en abril de 1999 para utilizar su nuevo cinturón REACT.

Hay jurisdicciones que han adoptado el cinturón paralizante tras algún suceso concreto, como un incidente en los tribunales, mientras que en otros casos el motivo parece haber sido prevenir tales incidentes. Otro importante factor que explica el aumento del uso del cinturón es su presunta capacidad de ahorrar en gastos de personal. El libro de instrucciones que suministra Stun Tech a los usuarios de su cinturón paralizante destaca esta ventaja: «Las situaciones de hacinamiento en las cárceles exigen traslados masivos diarios, lo que pone presiones sobre la mano de obra y el presupuesto disponibles. El uso del cinturón REACT puede reducir las necesidades de personal de seguridad y ahorrar mucho dinero [...] Al emplear el cinturón REACT se consigue mayor ahorro, ya que es posible reducir el personal de escolta y seguridad. Muchas veces lo que cuesta un cinturón equivale a lo que cuestan veinticuatro horas extras de un agente». Actualmente, un cinturón paralizante de electrochoque cuesta unos 700 dólares estadounidenses. Según los informes, en el recurso presentado en 1998 por Phillip Flieger (véase infra), uno de los argumentos que esgrimió el condado para justificar el uso del cinturón paralizante fue que con él ahorraban gastos de personal.

Las empresas privadas que participan en el sector penitenciario de Estados Unidos, en franco crecimiento, tienen probablemente un interés aún mayor en reducir costes para aumentar sus beneficios.(27) Si bien Amnistía Internacional no sabe hasta qué punto se está utilizando el cinturón paralizante de electrochoque en los establecimientos penitenciarios privados, le preocupa que pueda convertirse en la forma preferida de inmovilización en los traslados de internos realizados por estas instituciones. Decenas de miles de personas están recluidas en prisiones estadounidenses privadas, muchas de ellas en estados distintos de aquellos donde fueron condenadas, lo cual aumenta la necesidad del transporte interestatal. Por ejemplo, el Northeast Ohio Correctional Center (NEOCC), prisión privada situada en Youngstown (Ohio), se inauguró en mayo de 1997 y pronto se llenó de presos como subcontrata del Departamento de Prisiones del Distrito de Columbia. El centro, propiedad de la empresa Corrections Corporation of America (CCA) y gestionado por ella, disponía al menos de un cinturón paralizante para los traslados. En septiembre de 1998 se realizó en el centro una investigación oficial interna de seguridad en respuesta a graves problemas y presuntos abusos. En el informe presentado como resultado de esta investigación se criticaba el hecho de que el NEOCC no disponía de normativa alguna sobre las circunstancias en que se podía aplicar el cinturón paralizante, y se recomendaba su elaboración. Esta falta de normativa era sintomática de la existencia de normas inadecuadas en diversas áreas y del uso de personal sin experiencia, consecuencia del apresuramiento de Corrections Corporation of America por abrir la prisión, que había construido basándose en conjeturas, sin previsión alguna de cuál sería la población reclusa. La falta de una normativa adecuada sobre el uso del cinturón paralizante (y de los escudos paralizantes, véase infra) podría haber tenido graves consecuencias para la salud de los presos. Muchos de los primeros internos que llegaron al establecimiento tenían graves problemas médicos, sin que el centro hubiera recibido sus historiales. En el informe se señala que 250 de los primeros 900 internos «necesitaban atención por enfermedades crónicas preexistentes tales como asma, [enfermedades relacionadas con el] VIH, diabetes, hipertensión y cardiopatía. De hecho, la atención de los casos crónicos fue durante largo tiempo un gran problema».(28)

Aunque el uso del cinturón paralizante de electrochoque parece extenderse cada vez más en Estados Unidos, su aceptación por parte de los organismos encargados de hacer cumplir las leyes dista de ser unánime. En la encuesta telefónica que se mencionó anteriormente, los portavoces de los departamentos de prisiones de varios estados indicaron a Amnistía Internacional que el cinturón era rechazado de plano o que su departamento no estaba muy dispuesto a embarcarse en su uso. El portavoz de otro estado que ha adoptado recientemente el dispositivo afirmó a la defensiva que su departamento no estaba haciendo «más que lo que hace el gobierno federal y otros estados». Otras jurisdicciones se han mostrado sensibles a la posible mala publicidad que rodea su uso. A finales de 1998, el Departamento de Prisiones de la Ciudad de Nueva York canceló un pedido de diez cinturones paralizantes y los devolvió a Stun Tech cuando un periodista investigó la noticia del pedido y Amnistía Internacional expresó su condena en un programa televisivo de difusión nacional. Según los informes, varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían sido ya entrenados para utilizar el dispositivo.(29) En marzo de 1999, la Oficina del Sheriffdel condado de Latah (Idaho) dijo a Amnistía Internacional que habían dejado de usar el cinturón paralizante «por no estar satisfechos con él» tras la activación accidental de uno de ellos contra Michael Allen Wachholtzjusto antes del comienzo de su juicio, en 1996.(30) En enero de 1999, un juez federal prohibió el uso del cinturón paralizante en los juzgados del condado de Los Ángeles (California) tras la activación de uno de ellos durante un juicio en 1998, que fue muy comentada (véase infrael caso de Ronnie Hawkins).

Los defensores del cinturón paralizante de electrochoque han tratado de justificar su uso diciendo que son raras las ocasiones en que es preciso activarlo, dado el control psicológico que ejerce. Además —dicen— sólo lo llevan los individuos más peligrosos. Sin embargo, Amnistía Internacional abriga el temor de que, a medida que vaya aumentando su aceptación en la sociedad estadounidense, se convierta en una forma más habitual de coerción en algunas jurisdicciones. En algunos casos, la decisión de colocar un cinturón paralizante al encausado parece haberse basado únicamente en el tipo de delito del acusado o condenado, más que en una valoración creíble de su peligrosidad bajo custodia o de las probabilidades de que intente escapar. En algunas jurisdicciones, grupos enteros de presos que no son considerados de alta peligrosidad pueden llegar a ser candidatos al cinturón paralizante. En el condado de El Paso (Colorado), la Oficina del Sheriffconsidera que el cinturón paralizante es un método de coerción de «primer grado» (el más bajo), igual que las esposas. Los medios de coerción de este grado «suelen utilizarse para transporte y escolta, así como para otras situaciones en las que el interno es obediente y no ofrece resistencia u ofrece una resistencia mínima».(31) Según los informes, en Nueva Orleans (Luisiana), presos de mínima seguridad con VIH o sida han tenido que portar el cinturón por su condición de seropositivos, no por su nivel de peligrosidad (véase infra).

Un ejemplo del tipo de preso contra el cual las autoridades podrían usar el cinturón paralizante de forma cada vez más rutinaria es el denominado «depredador sexual». El 11 de marzo de 1999, Steven Klein, según los informes condenado por intentar abusar sexualmente de dos menores en 1992, compareció ante un tribunal de Florida, esposado y portando un cinturón paralizante sobre el uniforme de la prisión. Tras haber cumplido su condena, se enfrentaba a una vista sobre su internamiento forzoso por prescripción médica en aplicación de la «Ley Jimmy Ryce» de Florida, de 1998. Esta ley dispone que los condenados por delitos sexuales que sigan siendo considerados un peligro para la sociedad queden en reclusión indefinida bajo programas de tratamiento. Steven Klein está recluido, junto con varias decenas de delincuentes sexuales, en la Unidad de Tratamiento de seguridad media del Centro Penitenciario de Martin, dependiente del Departamento de Prisiones de Florida. Según informó en abril de 1999 un funcionario que trabaja allí, es norma del centro utilizar el cinturón paralizante con todos estos presos siempre que son trasladados fuera del establecimiento y durante las vistas judiciales. En la vista de marzo, el juicio por internamiento forzoso» de Steven Klein quedó fijado para el 19 de julio de 1999. También se usó un cinturón paralizante en un juicio similar celebrado en el estado de Washington a mediados de 1998 (véase infra).(32)

Amnistía Internacional reconoce la gravedad de los delitos por los que se ha acusado o condenado a muchas de las personas que han portado cinturones paralizantes, algunas de las cuales se mencionan en este informe. La organización también reconoce el peligro que representa para la seguridad en los juzgados o durante su transporte una reducida minoría de presos y encausados, así como también sabe que muchos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no utilizan arbitrariamente el cinturón paralizante. Sin embargo, cree que el uso del cinturón viola normas internacionales de derechos humanos aplicables a todoslos presos, y se presta al abuso por parte de funcionarios faltos de escrúpulos. A la organización también le preocupa el peligro de que, en algunos casos, los temores o prejuicios personales —conscientes o no— de quienes deciden sobre la conveniencia de utilizar el cinturón paralizante con un preso puedan provocar el uso arbitrario del dispositivo. Por ejemplo, parece ser que Wendell Harrison (véase infra) tuvo que ponerse el cinturón paralizante porque un ayudante del sheriffle tenía un miedo infundado, no porque hubiera indicios de que constituía una verdadera amenaza. Wendell Harrison, Jason Mahn y Craig Shelton (véase infra) han denunciado que los agentes los hostigaron antes o después de aplicarles la descarga eléctrica mediante el cinturón paralizante.

Los temores de Amnistía Internacional respecto al posible uso arbitrario del cinturón paralizante se han agudizado tras las alarmantes denuncias que la organización ha recibido sobre la prisión estatal de Red Onion, establecimiento de super máxima seguridad de Pound (Virginia) inaugurado en julio de 1998.(33) Al parecer, el cinturón paralizante de electrochoque se utiliza con gran frecuencia en el establecimiento, y varios internos han recibido descargas eléctricas arbitrarias tras su llegada. Amnistía Internacional escribió al Departamento de Prisiones de Virginia el 27 de enero de 1999 solicitando que estas denuncias se investigaran de forma inmediata y exhaustiva. Ese mismo mes, un abogado de Human Rights Watchentrevistó a diez reclusos como parte de la investigación de esta organización sobre las denuncias de uso excesivo de armas de fuego por parte del personal de la cárcel y sobre el encarcelamiento en Red Onion de presos no clasificados como de super máxima seguridad. Las autoridades de la cárcel hicieron que los diez presos llevaran durante las entrevistas cinturones paralizantes, esposas y grilletes. Se les dijo que si se levantaban, el guardia que estaba en la puerta activaría el cinturón por control remoto. Otro preso más que había pedido ser entrevistado cambió de idea cuando supo que tendría que llevar un cinturón paralizante.

La inmensa mayoría de los guardias de la prisión estatal de Red Onion son de raza blanca y proceden de la zona rural del oeste de Virginia donde está enclavado el establecimiento. Paradójicamente, alrededor del 75 por ciento de los internos son de raza negra, y muchos proceden de zonas urbanas. Ha habido denuncias de insultos racistas proferidos por el personal de la prisión contra los internos negros, en algunos casos acompañados de presunto uso indebido de armas de electrochoque (véase un ejemplo más adelante, en el apartado titulado «Prisiones estatales»). La población reclusa de Estados Unidos está compuesta de forma desproporcionada por afroamericanos.(34) Estas personas son juzgadas y encarceladas por un sistema de justicia penal y penitenciario abrumadoramente compuesto por blancos, que cada vez añade a su arsenal más armas de electrochoque, como el cinturón paralizante. Por ejemplo, el Centro de Detención de Baltimore, que forma parte de la División de Servicios de Detención Preventiva de Maryland, consiguió recientemente tres cinturones paralizantes para su uso en traslados y juzgados. El centro, una de las mayores prisiones municipales de Estados Unidos, tiene una media de población reclusa diaria de 3.000 personas. En 1997, el 83,5 por ciento de los 42.026 reclusos que ingresaron en el año fueron afroamericanos y el 15,9 por ciento, blancos. Aproximadamente el 70 por ciento de la población de Maryland es blanca y el 25 por ciento, negra. En Florida, los afroamericanos representan aproximadamente el 14 por ciento de la población, pero son más de la mitad de los internos de las cárceles que gestiona el Departamento de Prisiones del estado.(35) Como ya se indicó, en marzo de 1999 este mismo departamento de prisiones tenía previsto adquirir otros 85 cinturones más. No hay datos estadísticos desglosados sobre la raza y el uso del cinturón paralizante en el ámbito nacional.

Los niños, al menos los que son juzgados como adultos, no están exentos de llevar el cinturón paralizante de electrochoque. En junio de 1997, en la cárcel de seguridad media de Fox Lake (Wisconsin), el joven de 17 años Clark Krueger se convirtió en el primer interno estadounidense que llevó el cinturón paralizante en una cuadrilla de trabajo de la cárcel. En este caso, en Fox Lake el cinturón se utiliza como castigo por infringir las normas de la cárcel. Aunque se lo juzgó como a un adulto, Krueger aún estaba sujeto a las normas antitabaco vigentes para los menores. Precisamente por fumar lo castigaron a permanecer en régimen de aislamiento o a formar parte de una cuadrilla de trabajo. Krueger optó por esto último y tuvo que llevar un cinturón paralizante y grillos en las piernas mientras trabajaba en la cuadrilla.(36)

Jason Halda y Michael Watts, acusados de matar a un policía local el 23 de septiembre de 1998 en Manitowoc (Wisconsin), tuvieron que llevar cinturones paralizantes durante los procedimientos judiciales previos al juicio. Ambos tenían 17 años. Los dos llevaron cinturones paralizantes durante sus respectivos juicios, que se celebraron en enero y febrero de 1999, cuando ya habían cumplido 18 años.(37) A la audiencia de determinación de la condena, celebrada el 7 de abril de 1999, Jason Halda —que según los informes tiene problemas de aprendizaje— acudió con grilletes y cinturón paralizante. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo cual viola la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas.(38) En enero de 1999, en Florida, un funcionario judicial dijo al abogado de Jermaine Jones, de 16 años de edad, que las autoridades del condado de Collier iban a hacer llevar a Jones un cinturón paralizante durante su juicio por asesinato.(39) Era la primera vez que el abogado oía hablar del cinturón paralizante, pero decidió protestar sobre su uso en su cliente tras informarse sobre él. El condado también pretendía conseguir la pena de muerte para Jones, vulnerando las leyes internacionales que prohíben dictar pena de muerte contra personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito. Llegado el momento, Jermaine Jones se declaró culpable a cambio de que no se pidiera la pena de muerte, y por lo tanto no fue juzgado. El 22 de marzo de 1999 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Amnistía Internacional ha documentado casos de uso inadecuado de instrumentos de coerción contra presos con enfermedades mentales o trastornos emocionales en Estados Unidos, y a la organización le preocupan las posibilidades de mala utilización de los cinturones paralizantes contra internos o encausados cuyos problemas de salud mental pueden provocarles respuestas inhabituales en situaciones de custodia. En los folletos de promoción de Stun Tech se indican posibles usos del cinturón paralizante, como por ejemplo «para tareas de transporte, control de internos, transporte de enfermos mentalesy en los juzgados» (la cursiva es nuestra). Hay gran número de internos con enfermedades mentales en las prisiones estadounidenses.(40) Por ejemplo, el sistema de prisiones del condado de Los Ángeles ha sido descrito como la mayor institución mental del país.(41) El condado de Los Ángeles tiene 54 cinturones REACT, que al parecer se han utilizado en más de mil ocasiones. Actualmente está prohibido usarlos, tras la polémica activación de uno de ellos en un tribunal en 1998 (véase infra).

EN EL BANQUILLO: EL USO DE LOS CINTURONES PARALIZANTES EN LOS JUZGADOS

Un instrumento para infligir dolor que puede poner en peligro la capacidad de un individuo para participar en su propia defensa no tiene cabida en un tribunal.(42)

Actualmente, en audiencias y juicios de todo Estados Unidos es normal el uso del cinturón paralizante de electrochoque en encausados considerados peligrosos para la seguridad. La razón que se aduce es que el cinturón hace que el individuo sea más dócil y, al no ser visible para los miembros del jurado, es menos perjudicial para el acusado que otras formas más tradicionales de coerción, como grilletes y esposas. Por ejemplo, Paul Dennis Reid llevó un cinturón paralizante durante todo su juicio por asesinato en abril de 1999 en el condado de Davidson (Tennessee) porque, según los informes, el juez deseaba «seguridad extra», pero no quería que el encausado llevara «elementos inmovilizadores visibles».(43)

Además del hecho de que el cinturón paralizante puede causar miedo al que lo lleva, sea o no visible para el jurado, interfiriendo posiblemente en la capacidad del encausado para participar plenamente en el proceso, el dispositivo algunas veces se utiliza junto con métodos de coerción mecánicos y otras medidas de seguridad. Durante su juicio, celebrado en enero y febrero de 1999 en el condado de Monroe (Florida), Thomas Overton llevó grilletes y un cinturón paralizante, ademe1s de ser custodiado por diez o doce agentes en la sala y otros más fuera. En Ohio, Gregory Curry llevó grilletes y un cinturón durante su juicio, celebrado los días 5 y 6 de octubre de 1998 en el condado de Warren. En el condado de Clark (Nevada), Patrick McKenna fue obligado en septiembre de 1996 a llevar grilletes en las piernas y un cinturón paralizante en la fase de determinación de la condena de su juicio por un delito punible con la muerte. También había en la sala varios hombres armados y uniformados pertenecientes a la Unidad de Armas y Tácticas Especiales (Special Weapons and Tactics,SWAT).(44) En abril de 1995, James Oswald, acusado en el condado de Waukesha (Wisconsin) de matar a un agente de policía, tuvo que llevar un cinturón paralizante, además de grilletes, a pesar de presentarse en la sala en silla de ruedas. Al parecer, el tribunal no estaba convencido de que la invalidez de Oswald fuera real. Oswald denunció que recibió dos descargas eléctricas. Según los informes, las autoridades afirmaron que el cinturón se había activado una vez por accidente.

Con frecuencia el cinturón paralizante se convierte en objeto de discusión en el tribunal cuando el abogado defensor protesta ante su uso. En una vista previa al juicio celebrada en el condado de Gwinnett (Georgia) el 15 de marzo de 1999, el abogado de Byron Fleming argumentó que el uso del cinturón contra su cliente era cruel, inhumano y degradante, no se basaba en ninguna preocupación justificada por la seguridad y lesionaba el derecho a la presunción de inocencia de su defendido. Fleming también llevaba grilletes y esposas, y estaba atado. Como sucede en muchas jurisdicciones, la decisión inicial de que el encausado llevara el cinturón la tomó la Oficina del Sheriff, haciendo recaer sobre la defensa la tarea de conseguir que se lo retiraran. Esta tarea es aún más dura si el juez tiene tendencia a apoyar la decisión de la Oficina del Sheriffsin que medie vista alguna (véase infrael caso Flieger).(45) En el caso de Byron Fleming, acusado de matar el 22 de septiembre de 1998 a un ayudante del sheriffdel condado de Gwinnett que estaba fuera de servicio, los compañeros de trabajo de la víctima pusieron al encausado un cinturón paralizante y el resto de las medidas de coerción. Fleming ya había comparecido así inmovilizado en su primera vista el 25 de septiembre, en la que se designó su abogado actual. Según éste, la Oficina del Sheriffdel condado de Gwinnett le informó de su intención de que Byron Fleming llevara el cinturón paralizante en todas sus comparecencias ante el tribunal que lo juzgaría por el delito, punible con la muerte. A finales de marzo de 1999, el juez negó la petición del defensor de que le quitaran el cinturón, según los informes, a pesar de que no había indicios de que Byron Fleming representara una amenaza concreta ni hubiera causado problemas en prisión preventiva.

Aunque un defensor consiga convencer al tribunal en una vista de que no hay ninguna razón de seguridad válida para que su cliente lleve un cinturón paralizante, es probable que el dispositivo ya le haya sido colocado en esa o en anteriores vistas. El abogado de Christopher Thomas Blackstock argumentó que el uso de un cinturón paralizante contra su cliente en una vista previa al juicio celebrada en el condado de Gwinnett en marzo de 1997 constituía hostigamiento, y no se basaba más que en un testimonio no confirmado de otro interno que al parecer deseaba mejorar su situación en la cárcel. El interno denunció que Christopher Blackstock había amenazado con reducir a un guardia de la prisión que tenía su mismo aspecto, robarle el uniforme y escapar mientras lo llevaban al tribunal. Los agentes estuvieron de acuerdo en que Blackstock nunca había dado problemas disciplinarios, pero afirmaron que, dado que estaba acusado de asesinato y que estaba en juego la seguridad de un ayudante del sheriff, se había tomado la decisión de utilizar el cinturón paralizante. Antes de ponérselo, le mostraron un vídeo con los efectos de la activación del cinturón sobre sus portadores. Su abogado, a quien no le habían dicho que pensaban utilizar el dispositivo, dice que cuando visitó a su cliente en el calabozo de los juzgados antes de la vista, Blackstock estaba «sollozando» de miedo por llevar el cinturón, a causa de lo que había visto en el vídeo.(46) En la vista previa al juicio, el juez accedió a que el cinturón le fuera retirado al acusado durante el juicio, al no existir indicios más sólidos de su necesidad.

Ha habido varios casos en los que el juez sólo ha accedido a quitarle al encausado el cinturón paralizante tras algún incidente de activación, lo que indica que el tribunal consideraba que el dispositivo era un instrumento de coerción aceptable en teoría, siempre que no se activara. Por ejemplo, el cinturón que Juan Rodríguez Chávez llevaba durante el juicio celebrado contra él por un delito punible con la muerte en el condado de Dallas (Texas) en 1996 fue activado, al parecer por accidente. El juez ordenó que el acusado no volviera a llevar el cinturón durante el resto del juicio.(47) En lugar del cinturón, los ayudantes del sheriffle pusieron grilletes en los tobillos y le colocaron un aparato inmovilizador en la pierna izquierda. En una vista celebrada el 4 de marzo de 1999, un juez de Santa Ana, en el condado de Orange (California), ordenó a los alguaciles que retiraran el cinturón paralizante a Charles Ng y lo sustituyeran por cadenas para la cintura y las piernas y esposas. Según los informes, al juez le preocupaba que hubiera que activar el cinturón para controlar al encausado debido al estado emocional de éste. La semana anterior, Charles Ng había sido declarado culpable de asesinato y podía ser condenado a muerte.

Por el contrario, el arrebato emocional y físico que mostró el encausado Michael Leon Bell en un tribunal del condado de Stanislaus (California) el 8 de abril de 1999 fue la causa de que tuviera que llevar un cinturón paralizante durante el resto del juicio. Bell había sido declarado culpable de homicidio premeditado la semana anterior. En la audiencia de determinación de la condena, celebrada el 8 de abril, su madre testificó en su favor, pero se vino abajo cuando se le mencionó el hecho de que su hijo podía ser condenado a muerte. Según los informes, Michael Bell se levantó de un salto y tuvo que ser reducido por varios agentes. Al día siguiente, como consecuencia del incidente, el encausado acudió al tribunal en silla de ruedas, con grilletes en las muñecas y los tobillos y portando un cinturón paralizante. Según los informes, un neuropsiquiatra que testificó para la defensa afirmó que Michael Bell, de 28 años, padece varios problemas mentales, entre ellos una lesión cerebral que le hace difícil controlar sus emociones.(48) El 19 de abril, el jurado recomendó que Michael Bell fuera condenado a muerte.

El cinturón paralizante no es siempre tan invisible a los ojos de los demás como a veces afirman los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La propia Stun Tech ha subrayado este detalle. El libro de instrucciones que suministra la empresa a los usuarios de su cinturón paralizante afirma que su modelo MSB (Minimal Security Belt, cinturón de mínima seguridad), recomendado para los juzgados, es «algo voluminoso» y que «si se lleva bajo la ropa, a cualquier observador le resultará ''EVIDENTE'' que la persona lleva algode gran tamaño». El manual recomienda «encarecidamente» que el MSB se lleve por fuera de la ropa y afirma que «el hecho de que el cinturón quede a la vista no ''pone en entredicho'' la imparcialidad del jurado». El manual continúa diciendo que se deja «al criterio del comprador» el uso del cinturón por debajo de la ropa, pero recuerda que «su tamaño es lo suficientemente grande como para que nopase desapercibido si se lleva bajo la ropa» (el subrayado es del original). Sin embargo, parece que a la mayoría de los acusados se les hace llevar el dispositivo por debajo de la ropa. Por ejemplo, según los informes, en septiembre de 1997, mientras hablaba ante un tribunal de Texas sobre su preocupación por el trato que se le dispensaba, Dudley Vandergriff se quitó la chaqueta, se levantó la camiseta y dejó ver el cinturón paralizante que los marshalsle obligaban a llevar puesto.

Si bien la inmensa mayoría de los cinturones paralizantes de electrochoque en uso son del modelo REACT, que, según admite la propia Stun Tech, pasa difícilmente desapercibido, el cinturón RACC también puede ser detectado, aunque se esconda bajo la ropa. En el juicio contra Norris Young en el condado de Douglas (Georgia), su abogado defensor protestó porque bajo la chaqueta de su cliente era posible ver el «evidente bulto» del cinturón RACC . En el proceso de selección del jurado, un potencial miembro de éste preguntó: «Desearía hacer una pregunta... El primer día que vinimos, él [refiriéndose a Young] llevaba algo escondido bajo la chaqueta, aquí atrás, a la derecha [señalándose], y me pregunté qué sería [...] Bueno, si uno está en un tribunal y ve que alguien lleva un bulto bajo la chaqueta, se pregunta qué podrá ser [...]». En una carta enviada a su abogado en octubre de 1997, Norris Young recordaba la ansiedad que durante el juicio le produjo pensar que cualquier movimiento por su parte podría ser malinterpretado por el agente que llevaba el mando del control remoto y hacerle activar el cinturón. En abril de 1998, la Corte Suprema de Georgia rechazó un recurso en el que se argumentaba que el uso del cinturón paralizante en Norris Young había lesionado su derecho a tener un juicio justo.(49)

La cuestión de la visibilidad es preocupante, ya que, al ver que el encausado lleva puesto un cinturón paralizante, los miembros del jurado pueden hacerse la idea de que es particularmente peligroso. Los motivos de preocupación aumentan en los juicios por delitos punibles con la muerte, en los que el jurado decide si un encausado convicto debe vivir o morir, pues esta decisión puede depender de hasta qué punto los miembros del jurado perciben al individuo como una amenaza para la sociedad. Sin embargo, Stun Tech ha fomentado entre los organismos encargados de hacer cumplir las leyes que usan el cinturón paralizante de electrochoque la creencia de que alguien que ve el dispositivo en un encausado no lo considera un medio de coerción. En su vídeo de formación, la empresa afirma: «Mientras que las esposas y los grilletes, cuando se utilizan en un tribunal, predisponen en contra al jurado por su simbolismo, el cinturón, aunque se vea, no indica ningún tipo de coerción».

Juzgado del condado de Franklin, en el estado de Washington, 1996. Philip Flieger se sienta junto a su abogado. Puede verse la silueta rectangular del cinturón paralizante bajo su camisa (se aprecia mejor en la foto original). Más tarde, el defensor protestaría ante el juez (a la derecha) por el uso del cinturón con su cliente. A Flieger le concedieron un nuevo juicio tras presentar un recurso en 1998 sobre la cuestión del cinturón.

En mayo de 1998, la Corte de Apelaciones del estado de Washington concedió a Phillip Duane Flieger un nuevo juicio, afirmando que el cinturón paralizante podría ser de hecho incluso más perjudicial que otras formas de coerción. Phillip Flieger había tenido que llevar un cinturón bajo la camisa en su juicio, celebrado en el condado de Franklin en abril de 1996. Su defensor en este juicio argumentó que debía retirársele el cinturón porque lesionaba su derecho a un juicio justo. El juez se negó, afirmando que, si la Oficina del Sheriffhabía decidido que su uso era necesario, en ausencia de pruebas en contra, la corte debía «respetar sus deseos». El juez señaló también que el cinturón paralizante era menos «notorio» que los grilletes u otros métodos de coerción, e incluso cuando dos miembros del jurado admitieron ante el tribunal que habían visto el cinturón y habían hablado sobre él se les permitió seguir formando parte del jurado y el cinturón no fue retirado.(50) Sin embargo, la Corte de Apelaciones dictaminó que el tribunal había abusado de sus facultades discrecionales al no llevar a cabo una vista sobre la necesidad de utilizar el cinturón paralizante contra Flieger, y ordenó un nuevo juicio: «Las actas del proceso demuestran que los miembros del jurado se daban cuenta de la existencia de la caja de descargas [sic] y hacían conjeturas sobre ella. Su uso puede haber dado a entender al jurado que Phillip Flieger era una persona peligrosa e incontrolable en la que no se podía confiar, ni siquiera en presencia de un agente armado. El uso de la caja de descargas puede ser incluso más perjudicial que el de esposas o grilletes en las piernas, porque implica que para controlar al encausado se precisa una fuerza excepcional».(51)

La cuestión de la visibilidad del cinturón paralizante volvió a surgir en un caso reciente de internamiento forzoso en el estado de Washington. En abril de 1998, poco antes de la fecha de su puesta en libertad tras cumplir su condena por una violación cometida en 1986, este estado presentó una petición para recluir a Casper Ross en el Centro Penitenciario de la Isla de McNeil en aplicación de la Ley sobre Depredadores Sexuales Violentos.(52) En la vista que se celebró posteriormente, en mayo y junio de 1998, las autoridades de la prisión del condado de Pierce insistieron en que Casper Ross llevara grilletes en los tobillos, lo cual, según los informes, es la norma de la policía del condado en tales casos. Según la información recibida por Amnistía Internacional, no se presentó prueba alguna de que Casper Ross fuera una persona conflictiva ni que presentara peligro de fuga. Cuando el abogado defensor señaló que el estado iba a llamar a Ross como testigo y que, por consiguiente, debían retirarle los grilletes, ya que el jurado los vería, el juez afirmó: «Las autoridades de la prisión nos han asegurado que hay una alternativa, un poco más draconiana si se utiliza, pero que consiste en algo que se lleva puesto». A Casper Ross le pusieron entonces un cinturón paralizante, al parecer para que lo llevara durante toda la vista. El juez señaló que el cinturón era visible, y el abogado defensor afirmó que era tan notorio como los grilletes. Sin embargo, en lugar de quitárselo, el juez ordenó que Ross se sentara en el banco de los testigos antes de que los miembros del jurado entraran en la sala (el cinturón paralizante era menos visible cuando Ross estaba sentado). Casper Ross fue internado en la Isla de McNeil, y en febrero de 1999 presentó un recurso contra este fallo, en el que hacía referencia a la cuestión del cinturón paralizante.

Varios presos condenados han argumentado en sus recursos que el uso de cinturones paralizantes en las primeras fases de su proceso los había perjudicado o les había impedido participar plenamente en los procedimientos judiciales. Amnistía Internacional sabe que se han presentado recursos de este tipo en California, Colorado, Florida, Georgia, Idaho y Ohio, la mayor parte de los cuales fueron desestimados por la instancia superior. Esto por sí solo podría ser una señal de la tolerancia que ha desarrollado al uso del cinturón paralizante la sociedad estadounidense, reacia a reconocer el efecto psicológico que el dispositivo puede tener en el acusado. A continuación se muestran dos casos, uno de Colorado y otro de Florida.

En el expediente del recurso presentado por Roy Allan Melanson en 1996, se argumentaba ante la Corte de Apelaciones de Colorado que, para que un encausado preste testimonio en un juicio «es necesario que esté lúcido y tenga la mente clara», y se preguntaba: «¿Qué persona normal puede mantenerse en este estado con el temor constante a sufrir un dolor agudo y una incapacitación total rondándole la mente?» Melanson, que ahora tiene 62 años, no asistió a su juicio en el condado de Gunnison en parte, según dijo, por miedo a llevar el cinturón paralizante. Ausente, explicó al tribunal en una declaración jurada: «[...] en todas las vistas previas al juicio [...] mis acusadores me exigieron que llevara puesto un cinturón de seguridad que anuló por completo mi capacidad para enterarme del proceso debido a la tensión mental y a la presión de concentrarme en los 50.000 voltios de electricidad que contenía el dispositivo paralizante del cinturón. [...] Siempre estaba preocupado de que, si hacía un movimiento inadecuado con las manos o el cuerpo, mis acusadores, que controlaban el botón de activación, podrían matarme a voluntad, porque padezco del corazón. [...] Todas las precauciones que pudo tomar el tribunal para ocultar ante el jurado el cinturón electrónico con una chaqueta cuando yo entraba y salía de la sala no anularon la presión mental ejercida sobre mí [...]». En el recurso, Roy Melanson también argumentaba que su historial disciplinario no justificaba el uso del cinturón paralizante. La corte de apelaciones rechazó el recurso y resolvió que el uso del cinturón paralizante contra el encausado no lo había privado de su derecho a estar presente en el juicio ni había lesionado su derecho a la presunción de inocencia.(53) Roy Melanson, condenado en un juicio celebrado en 1993 por un asesinato cometido en 1974, cumple cadena perpetua. En febrero de 1999, recordó a Amnistía Internacional su temor al cinturón paralizante: «Para mí, esta incapacitación mental era mucho peor que ser golpeado. El dolor y el sufrimiento mental duran más».

En 1998, el Tribunal Supremo de Florida decidió sobre el recurso presentado por Jason James Mahn, condenado a muerte en 1994. Una de las cuestiones que planteaba el recurso fue el uso y la activación de un cinturón paralizante durante el juicio de Mahn en el condado de Escambia (Florida), en noviembre de 1993. Mahn, que entonces tenía 20 años y un grave historial de inestabilidad mental y emocional,(54) fue obligado a ponerse un cinturón paralizante por su mal comportamiento en un juicio anterior. Durante un descanso en el proceso de selección del jurado, el encausado, que se encontraba fuera de la sala, recibió una descarga del cinturón. La defensa pidió que constara en acta que tras el incidente Mahn se mostró exaltado y se quedó sentado llorando con la cabeza sobre la mesa, y que se negó a volver a la sala durante el resto del día. Al día siguiente volvió al juicio. Su abogado defensor pidió que se le retirara el cinturón paralizante e informó de que los guardias que se ocupaban del control remoto habían estado hostigando al preso con el dispositivo. El juez denegó la solicitud, pero al día siguiente cambió de opinión y ordenó que sustituyeran el cinturón por grilletes en las piernas. El juez insinuó que podría haberse producido un uso abusivo del cinturón al explicar: «Cuando ayer salí del juzgado, una persona, que en mi opinión es intachable y no tiene motivo alguno para exagerar ni nada parecido, oyó un comentario [...] que me hizo preguntarme si debe permitirse que alguien tenga el dedo sobre el botón que controla un dispositivo electrónico que lleva otra persona». El juez señaló que la decisión de activar un cinturón paralizante es «muy, muy subjetiva [...] y eso me preocupa mucho».(55) En su decisión de 1998, el Tribunal Supremo de Florida no analizó el tema, por considerar que quedaba excluido por una cuestión de procedimiento, al no haber sido planteado durante el juicio.(56)

En enero de 1999, un tribunal federal prohibió el uso del cinturón paralizante en el condado de Los Ángeles, tras un incidente de activación en una sala que fue muy comentado. El juez aceptó que el cinturón paralizante podía violar los derechos civiles de un encausado por el mero hecho de llevarlo puesto, aunque no se activara.A continuación se comenta este caso y algunos otros en los que el cinturón fue activado en los juzgados.

Activación de cinturones paralizantes de electrochoque durante los procedimientos judiciales

| El cinturón paralizante que Jeffrey Lee Weaver llevaba puesto en el tribunal del condado de Broward (Florida) fue activado el 15 de abril de 1999. El juez había ordenado que lo llevara porque Jeffrey Weaver se defendería a sí mismo y, al estar moviéndose por la sala, no podría llevar grilletes. Según el jefe de los Servicios de Seguridad de Tribunales de la Oficina del Sheriff, el cinturón REACT se activó durante la selección del jurado cuando un agente pulsó accidentalmente el botón del transmisor. En ese momento los miembros del jurado no estaban en la sala. Un abogado que sí estaba presente contó a Amnistía Internacional que, cuando el cinturón se activó, el encausado gritó de dolor, golpeó varias veces con las manos la mesa en la que estaba sentado y trató de arrancárselo, y que después le estuvieron temblando visiblemente las manos durante diez minutos. Tras ser testigo de la activación, este abogado dijo a Amnistía Internacional que, si bien reconocía la necesidad de que en los juzgados hubiera una adecuada seguridad, ahora creía que el cinturón paralizante, aunque eficaz, es inadecuado para ese fin. Frente a esto, el jefe de los Servicios de Seguridad de Tribunales ha dicho que desea que los jueces del condado permitan un uso «más rutinario» del dispositivo contra ciertos encausados en los juzgados. A Jeffrey Weaver se lo acusa de haber matado a un agente del Departamento de Policía de Fort Lauderdale el 5 de enero de 1996. Weaver, de 37 años, procedente de Carolina del Norte, al que se describe como una «persona que va sin rumbo de un lugar a otro» y que recientemente obtuvo el título de enseñanza secundaria mientras estaba en la cárcel, comenzó a ejercer su propia defensa tras un desacuerdo con la estrategia del que era su defensor. En el momento en que se escribe este informe continuaba su juicio, que podía terminar con una condena a muerte, y Weaver llevaba el cinturón paralizante en el tribunal.

| Si bien al incidente de Jeffrey Weaver se le dio poca publicidad, la activación de un cinturón paralizante contra Ronnie Hawkinsen un tribunal de California en 1998 centró la atención nacional e internacional sobre el potencial de este método de control de alta tecnología para producir abusos.

Ronnie Hawkins, de 48 años, fue declarado culpable en abril de 1998 de un delito de violación de domicilio y hurto por robar aspirinas por valor de más de doscientos dólares en un establecimiento. Hawkins dijo que las necesitaba para mitigar el dolor que le provocaba el virus del sida. Al haber sido condenado en ocasiones anteriores por delitos graves, éste se tipificó también como delito grave, aplicándole la «normativa de la triple reincidencia» y en la audiencia de determinación de la condena se enfrentaba a la posibilidad de ser condenado a veinticinco años de cárcel. El 30 de junio, fecha en que se celebraba la audiencia en la Corte Municipal del Distrito Judicial de Long Beach, le pusieron grilletes y cadenas, así como un cinturón paralizante de electrochoque bajo el uniforme de la cárcel porque, según los funcionarios del tribunal, se había comportado violentamente durante su estancia en la prisión y en anteriores ocasiones había interrumpido los procedimientos. Ronnie Hawkins se defendía a sí mismo. La juez, molesta por sus repetidas interrupciones, le advirtió que llevaba «un instrumento muy malo». Según los informes, Ronnie Hawkins hablaba de forma muy enérgica, pero no insultante, y no hacía ningún movimiento amenazador o agresivo. Tras interrumpir el proceso varias veces más, una de ellas para afirmar que la activación del cinturón paralizante contra él sería inconstitucional, la juez ordenó a un alguacil del condado de Los Ángeles que activara el dispositivo. Según los informes, al recibir la descarga de 50.000 voltios durante ocho segundos, Hawkins contrajo el rostro en una mueca y sus extremidades, rígidas, comenzaron a temblar. Más tarde diría: «Sentí como un aguijón en la columna y luego un gran dolor en la espalda. Estuve paralizado unos cuatro segundos». Cuando Ronnie Hawkins volvió a comparecer ante el juzgado municipal, el 29 de julio, ya no llevaba cinturón paralizante: le habían esposado la mano izquierda a una cadena en la cintura.

Ronnie Kawkins © AP

En noviembre de 1998, Amnistía Internacional presentó una petición especial (un informe amicus curiae)(57) en apoyo de la demanda federal que Ronnie Hawkins presentó contra la juez, las cortes Municipal y Superior de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles (véase también infra). La demanda también solicitaba que se dictara un auto de acción de grupo prohibiendo al condado de Los Ángeles utilizar el cinturón paralizante contra cualquiera de las personas detenidas (entre 20.000 y 22.000) en las cárceles del condado. La argumentación de Hawkins se basaba en que obligar a una persona a llevar el cinturón paralizante —aunque éste no se active— viola la constitución de Estados Unidos.

En enero de 1999, el juez federal Dean Pregerson, del Distrito Central de California, publicó un auto preliminar prohibiendo el uso del cinturón paralizante en los juzgados del condado de Los Ángeles. El juez señaló: «El cinturón paralizante, aunque no llegue a ser activado, puede poner en peligro la defensa. Tiene un efecto conmocionante [...] La persona que lo lleva puede abstenerse de actuar de una forma tolerable por temor a ser sometido al dolor de una sacudida eléctrica de 50.000 voltios. Por ejemplo, puede inhibir a un encausado de objetar o impugnar la lógica de una decisión, algo a lo que tiene todo el derecho. La capacidad de un encausado para participar en su propia defensa es uno de los pilares de nuestro sistema judicial. Un instrumento para infligir dolor que puede poner en peligro la capacidad de un individuo para participar en su propia defensa no tiene cabida en un tribunal. Además, si el encausado recibe la descarga del cinturón, es probable que la defensa quede aún más comprometida. En primer lugar, no es razonable esperar que un encausado participe de forma significativa en el proceso tras una descarga. En segundo, al haber recibido una descarga por una conducta concreta, el encausado puede inferir que otras conductas, aunque sean adecuadas, provocarán otras descargas».

El condado de Los Ángeles ha apelado contra el dictamen. Amnistía Internacional volverá a apoyar a Ronnie Hawkins con un informe amicus curiae, cuya lectura, en el momento en que se escribe este informe, estaba prevista para el 28 de mayo de 1999.

| En otro juzgado de California se activó un cinturón paralizante una semana después del incidente que protagonizó Ronnie Hawkins. Brian Hill, que también se enfrentaba a la posibilidad de veinticinco años de cárcel en aplicación de la «normativa de la triple reincidencia», se defendía a sí mismo en un juicio que se celebraba en la Corte Superior del condado de Alameda (Oakland), acusado de agredir a un ayudante del sheriffen 1997 en la prisión del condado de North, en Oakland. El 7 de julio de 1998, durante el proceso de selección del jurado, el cinturón paralizante que llevaba puesto fue activado. Según los testigos, Hill cayó de espaldas en la silla y se convulsionó durante varios segundos. Lo trasladaron al hospital y ese mismo día lo devolvieron a la prisión del condado de North. Brian Hill afirmó que la descarga fue un acto intencionado de represalia que formaba parte del constante acoso que padecía por denunciar las condiciones de la prisión. El Departamento del Sheriffnegó estas acusaciones y afirmó que la activación se había producido accidentalmente al inclinarse un agente sobre la silla del acusado y apretar el botón del transmisor.

| Hay informes de que Barrington Wilson, acusado de violación, recibió descargas eléctricas en dos juicios, celebrados en 1997 y en 1998. Wilson, de 22 años, llevaba un cinturón paralizante durante su primer juicio en el condado de Dade (Florida) en septiembre de 1997 por la extraña conducta que había mostrado durante una vista anterior en la que se juzgaba su capacidad mental, hablando con una persona imaginaria llamada Frank y tirando excrementos al juez. Sus abogados, que argumentaron que Wilson era mentalmente incompetente para ser juzgado, afirman que permaneció sentado «quieto y callado» durante el juicio (hasta el punto de que no ayudó a la defensa). Luego, cuando la fiscal comenzó con su alegato final, el encausado se puso en pie de repente y tomó una silla como si fuera a lanzarla. Los agentes activaron el cinturón paralizante y Wilson cayó sobre la mesa y después al suelo. Al día siguiente, no asistió a la sesión del juicio, donde se le declaró culpable. Al segundo juicio, que comenzó el 28 de octubre de 1998 y duró aproximadamente una semana, Barrington Wilson acudió con grilletes y con cinturón paralizante . Al parecer, volvieron a activar el cinturón contra él por interrumpir el proceso. Amnistía Internacional no tiene más detalles de este segundo incidente de activación.

Al parecer, Barrington Wilson fue víctima de graves abusos sexuales y de otro tipo durante su infancia en su país de nacimiento, Nicaragua. De niño lo golpeaban, lo ataban y lo colgaban fuera de su casa. Más o menos por las fechas de su detención al parecer oía voces y mostraba trastornos de conducta, como comerse sus propias heces. Actualmente cumple dos condenas a cadena perpetua.

| Cuando el fiscal presentaba su alegato final en el juicio de Roy Hollaway por un delito punible con la muerte, celebrado en Las Vegas (Nevada) en octubre de 1997, se activó el cinturón paralizante que el encausado llevaba puesto. La descarga eléctrica tiró de la silla a Hollaway, que cayó al suelo «temblando incontrolablemente». Un agente afirmó que había pulsado sin darse cuenta el botón del control remoto al apoyarse en una mesa. Una hora más tarde, los jueces condenaron a muerte a Roy Hollaway por el asesinato de su esposa. No está claro por qué las autoridades creyeron necesario poner a Roy Hollaway un cinturón paralizante, ya que era un encausado cooperante, hasta el punto de ir en su propia contra. Se había defendido a sí mismo durante el juicio y había instado a los miembros del jurado a que lo condenaran a muerte. Tenía intención de declararse culpable a fin de facilitar este resultado, pero supo que si lo hacía, la pena la fijaría un tribunal formado por tres jueces, y le hicieron creer que era menos probable que lo condenaran a muerte si lo juzgaba un tribunal que si lo juzgaba un jurado. Hollaway, que había pasado previamente varios exámenes psiquiátricos y había sido declarado mentalmente competente para representarse a sí mismo, decidió no declararse culpable y optar por un juicio con jurado.

| En septiembre de 1997, Kenneth Deputy recibió la descarga eléctrica de un cinturón paralizante en la Corte Superior del condado de Kent (Delaware). Según los informes, en ese juicio y en otro anterior le hicieron llevar cinturón paralizante por sus arrebatos verbales en la sala. Los informes indican que en el segundo juicio el cinturón paralizante fue activado durante uno de estos arranques, dirigido contra el juez. Kenneth Deputy declaró que la descarga había sido muy dolorosa y le había dejado «pequeñas quemaduras en forma de puntos» en el lado izquierdo de la cadera y la parte inferior de la espalda.(58) El cinturón paralizante que llevaba era uno de los seis que posee el Departamento de Prisiones del estado, que los utiliza con ciertos internos durante su transporte y en los juzgados.

| Wendell Harrison recibió una descarga eléctrica de un cinturón paralizante durante su juicio, celebrado en agosto de 1996 en el condado de Kern (California). Tanto él como su abogado defensor denuncian que lo obligaron a ponérselo no por ningún problema de conducta grave, sino a petición de una ayudante del sheriff, que afirmó que el preso no le había contestado cuando le había preguntado si necesitaba ir al aseo y también que no le había gustado la forma en que había mirado a los presentes en la sala. El abogado de Wendell Harrison, que ha dicho a Amnistía Internacional que su cliente no había mostrado conducta agresiva alguna, protestó por el cinturón paralizante, pero el juez decidió que se usara. Una vez colocado, Wendell Harrison afirma que los agentes que estaban en la sala lo apuntaron con el mando a distancia y simularon su activación, imitando los gestos de alguien que recibe una descarga eléctrica. Al día siguiente, 2 de agosto, durante la hora del almuerzo, el alguacil activó el cinturón contra él fuera de la sala, causándole «un dolor atroz, como si me hubieran introducido una gran aguja por la columna hasta la base del cráneo». Su abogado dice que el grito se oyó en la sala. El defensor pidió al juez que no continuara utilizándose el cinturón, y éste accedió a que el encausado no lo llevara durante el resto del juicio. En 1998, Wendell Harrison afirmaba que seguía sufriendo pesadillas e insomnio como consecuencia del incidente. Actualmente cumple cadena perpetua.

LA COERCIÓN LLEGA DEMASIADO LEJOS: EL USO DE CINTURONES PARALIZANTES DURANTE EL TRANSPORTE

El interno, tirado en el suelo hecho un ovillo, suplicaba al agente que lo escoltaba en el transporte que desactivara el cinturón. Al acabar los ocho segundos de descarga, tuvieron que ayudarlo a volver a la mesa. Entonces se dieron cuenta de que se había orinado.(59)

Si bien las normas internacionales permiten el uso de instrumentos de coerción durante el transporte de presos, a fin, por ejemplo, de impedir fugas, tales instrumentos deben cumplir la prohibición internacional de infligir torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El cinturón paralizante de electrochoque no cumple estos criterios mínimos.

Sin embargo, los cinturones paralizantes se utilizan, al igual que otras formas de coerción como grilletes, cadenas y esposas, en el traslado de ciertos presos fuera de las prisiones estadounidenses, por ejemplo, al hospital o al juzgado. Durante el transporte, a diferencia de lo que sucede en los juzgados, el portador del cinturón paralizante no está a la vista del público, lo cual incrementa las posibilidades de que funcionarios poco escrupulosos lo utilicen mal, hostigando con él al preso o activando el dispositivo arbitrariamente. A su vez, investigar las denuncias de estos abusos es más difícil, debido a la falta de testigos.

| El 13 de noviembre de 1998, Amnistía Internacional escribió al sheriffdel distrito (parish)de Nueva Orleans tras saber que ese mismo año el cinturón paralizante había sido introducido en la Antigua Prisión del Distrito, la unidad penitenciaria de máxima seguridad de la Prisión del Distrito de Orleans. Al parecer, a todos los internos de la unidad se les ponía el cinturón en los transportes, y también mientras estaban en las celdas del Centro Médico de Luisiana en Nueva Orleans («Hospital de Caridad»).

Amnistía Internacional expresó su especial preocupación por los informes según los cuales el cinturón paralizante se utiliza de forma rutinaria con los internos de la unidad OPP-D-1 de la Antigua Prisión del Distrito. En esta unidad se aísla a los internos que son seropositivos o padecen sida. Como los presos son asignados a ella por ser seropositivos, no por su clasificación de peligrosidad, en la OPP-D-1 conviven internos de diferentes grados de peligrosidad. En la práctica, el resultado es que tanto los presos preventivos como los de peligrosidad mínima y media son obligados a llevar el cinturón paralizante por su condición de seropositivos, mientras que otros de peligrosidad equivalente, que no son seropositivos ni padecen sida y por ello están en otras unidades de la Prisión del Distrito de Orleans, no tienen que llevarlo. De aquí se deduce, por tanto, que estos internos están sometidos a lo que Amnistía Internacional considera trato cruel, inhumano y degradante, así como clasificados arbitrariamente como presos de alta peligrosidad por su condición de seropositivos.

Según los informes, los internos de la unidad OPP-D-1 deben firmar un documento de renuncia consintiendo en que se use con ellos el cinturón paralizante. De lo contrario, no los llevan a la Clínica C-100 del Hospital de Caridad para recibir el tratamiento que necesitan regularmente. Al parecer, al menos en dos ocasiones se han activado cinturones paralizantes contra presos de la unidad OPP-D-1. En una de ellas, el preso estaba en una celda del hospital. Amnistía Internacional no tiene más detalles de estas denuncias.

En la carta, Amnistía Internacional señalaba que hay pruebas médicas que indican que los dispositivos de descarga eléctrica en general pueden tener efectos lesivos o incluso mortales, especialmente sobre personas que padecen del corazón. La organización afirmaba que, cuando menos, parece completamente impropio usarlos contra presos seropositivos o con sida, o con otros internos que padecen graves problemas de salud.

Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido respuesta a la carta, en la que instaba a que dejara de utilizarse el cinturón paralizante contra todos los presos. El 5 de marzo de 1999, un abogado, en representación de los internos de la unidad OPP-D-1, presentó argumentos legales sobre el caso ante una juez de Nueva Orleans. En el momento en que se escribe este informe, la juez no había tomado ninguna decisión.

| Craig Ryan Shelton, interno del Centro Correccional de Hutchinson, cárcel del Departamento de Prisiones del condado de Reno (Kansas), afirma haber recibido la descarga eléctrica de un cinturón paralizante mientras estaba en un furgón de la cárcel y en una unidad de salud mental.

Craig Shelton afirma que el 2 de abril de 1996 fue trasladado de Hutchinson a la Unidad de Salud Mental del Correccional de Larned (Kansas) para recibir tratamiento. Shelton afirma que llevaba grilletes, esposas y un cinturón paralizante, e iba con cinturón de seguridad. Afirma que en aquel momento no sabía lo que era el cinturón paralizante pero que «pronto lo descubriría». Estaba separado de los dos agentes por una malla metálica. Afirma que, cuando el vehículo pasó por la armería de la prisión, uno de ellos dijo al otro: «Hoy ni siquiera vamos a necesitar armas, porque éste va a estar cargado». Shelton dice que se quedó dormido en el camino hacia la autopista.

«Me desperté poco después sintiendo un dolor intenso tremendo que me corría por todo el cuerpo. La corriente eléctrica eran tan fuerte que realmente pensé que me moría. No había causado ningún problema, estaba encadenado por la cintura, con grilletes, con el cinturón de seguridad puesto y había una malla entre los agentes y yo, de modo que no tenían ningún motivo para utilizar el aparato contra mí. Recuerdo borrosamente el resto del viaje hasta llegar a la Unidad de Salud Mental del Correccional de Larned [...] Sin embargo, creo que volvieron a darme otra descarga mientras estaba aún en la furgoneta. Cuando llegamos a Larned, me bajaron y me llevaron a un calabozo [...] Una vez allí, varios agentes entraron y activaron de nuevo el cinturón paralizante. Esta descarga eléctrica me hizo caer al suelo, mientras oía cómo los agentes se reían y hacían chistes a mi alrededor [...]»

Craig Shelton afirma que en junio de 1997 le pusieron de nuevo un cinturón paralizante y lo llevaron en una furgoneta de Hutchinson a Larned. Dice que vio cómo un agente apretaba el botón del control remoto, pero que sólo sintió «un cosquilleo». Supone que quedaba poca batería.(60) Tras volver a Hutchinson, según Shelton, un agente le dijo que no debían haber usado el cinturón paralizante contra él y que lo habían hecho «por pura maldad». Shelton también afirma que el agente le informó de la existencia de una norma según la cual un preso debe firmar un impreso antes de que lo obliguen a llevar el cinturón paralizante, pero que a él no le dieron a firmar nada.

Estas denuncias llegaron a oídos de Amnistía Internacional a finales de 1998. El 7 de enero de 1999, la organización escribió al Departamento de Prisiones de Kansas solicitando una investigación. En el momento en que se escribe este informe no se había recibido respuesta alguna.

ALTERNATIVAS HUMANAS AL CINTURÓN PARALIZANTE: UNA CUESTIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES

¿Es ponerle el cinturón a alguien una violación de sus derechos individuales? Sin duda, la respuesta es NO.

Libro de instrucciones de Stun Tech para los usuarios del cinturón paralizante.

Un principio fundamental del derecho internacional es que todoslos presos tienen derecho en todo momentoa no ser sometidos a torturas ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Amnistía Internacional cree que el cinturón paralizante de electrochoque contraviene abiertamente este principio, y que las legítimas necesidades de seguridad que tienen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de su función de controlar a presos y encausados deben quedar cubiertas sin que ello implique infligir este tipo de tratos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas prohíben de forma inequívoca la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Si bien en estos instrumentos se define la tortura,(61) la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha definido la expresión «tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». No obstante, los gobiernos han acordado que esta expresión debe interpretarse de manera que abarque «la más amplia protección contra todo tipo de abusos, ya sean físicos o mentales».(62) Sin embargo, la postura individualista que Estados Unidos adopta con relación a estas normas puede limitar más que ampliar la protección de las personas bajo custodia, ya que, aunque este país ha ratificado tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención contra la Tortura, sólo considera vinculantes los artículos que prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en la medida en que tales tratos encajan en la definición de «penas crueles e insólitas» de la Constitución de Estados Unidos.(63)

Esta resistencia a aplicar las normas internacionales de derechos humanos quedó también patente en el fallo de la corte federal sobre el caso Hawkins en 1999 (véase supra). En este caso concreto, Ronnie Hawkins afirmaba que el uso del cinturón paralizante contra él constituyó una tortura que violó el derecho internacional consuetudinario y las obligaciones internacionales de Estados Unidos. El juez Pregerson desestimó esta parte de la demanda, afirmando entre otras cosas que dudaba «en interferir en un asunto tradicionalmente confiado a los poderes legislativo y ejecutivo. Son estos dos poderes los que deben interpretar las obligaciones internacionales que Estados Unidos asumirá y su forma de aplicación interna». El juez señaló que la ratificación por parte del Senado estadounidense del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura se había hecho con la condición expresa de que estos tratados no primarían sobre las leyes del país. Además, añadió que el Congreso no había aprobado la legislación necesaria para modificar este estado de cosas.

Estados Unidos es, que Amnistía Internacional sepa, uno de los dos únicos países que utiliza el cinturón paralizante de electrochoque.(64) El hecho de que la inmensa mayoría de los países del mundo no utilice este dispositivo indica que hay alternativas viables que las autoridades estadounidenses podrían estudiar. Además, las muchas jurisdicciones de Estados Unidos que no han considerado necesario recurrir a él —más de la mitad de los Departamentos de Prisiones estatales— demuestran diariamente que hay otras opciones para trasladar a los presos o controlar a encausados problemáticos o peligrosos.

Sobre el uso del cinturón en los juzgados, como señaló el juez Pregerson en el caso Hawkins, la Corte Suprema de Estados Unidos ha señalado que los jueces tienen tres opciones si el encausado causa problemas: 1) amonestarlo por desacato; 2) retirarlo de la sala hasta que se comporte adecuadamente; 3) permitirle que continúe en la sala, pero atándolo o amordazándolo. Según el juez Pregerson, al existir estas opciones, el hecho de verse privados del uso del cinturón paralizante «no supone un perjuicio importante» para los policías o los tribunales en su trabajo. Frente a ello, «las personas sometidas a estos dispositivos son víctimas potenciales de la privación de sus derechos constitucionales».

En casos extremos —indicó el juez Pregerson— el encausado puede continuar participando desde un calabozo de los tribunales comunicado con la sala por vídeo o teléfono. La Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles, expresando su preocupación por el incidente de Ronnie Hawkins, sugirió también que «los encausados u otras personas que interrumpan los procedimientos del tribunal pueden ser expulsadas de la sala e incluso exigírseles que sigan el proceso por vídeo». Cuando circunstancias extremas así lo exijan, no cabe duda de que éste es un uso mejor de la tecnología moderna que colocarle un cinturón paralizante al encausado.

Muchos abogados defensores que tienen una larga experiencia de trabajo en los tribunales con diversidad de clientes se han declarado contrarios al uso del cinturón paralizante. Michael Mears, abogado de Atlanta (Georgia), con veintidós años de experiencia en casos de pena capital, dijo a Amnistía Internacional en abril de 1999 que consideraba que el cinturón paralizante es una forma de coerción «brutal», equivalente a una tortura psicológica. Mears afirmó que, por su experiencia, los encausados rara vez causan problemas graves en los juzgados, y subrayó que no debían utilizarse métodos de coerción salvo en casos excepcionales, realmente justificados por la conducta anterior del acusado bajo custodia. Él y otros abogados defensores, ante clientes potencialmente agresivos, han pedido que a sus clientes no se les obligue a llevar un cinturón paralizante. El 27 de agosto de 1998, Gregory Curry pegó un puñetazo a su abogado en el tribunal del condado de Warren (Ohio). Seis semanas después, Curry se convirtió en el primer encausado que usó el cinturón paralizante recientemente adquirido por el condado. Su nuevo abogado protestó por el uso del cinturón, afirmando que su efecto intimidatorio sobre el encausado podría tener un efecto negativo en el juicio y aduciendo que, si era necesario, Gregory Curry podría ser controlado sin recurrir al dispositivo de electrochoque.

l240 Como se indicó en la introducción, Thomas Overton tuvo que llevar puesto un cinturón paralizante cuando fue juzgado y condenado a muerte en Florida a comienzos de 1999. Uno de sus abogados, Manuel García, declaró a Amnistía Internacional en marzo que consideraba que el cinturón paralizante había sido innecesario en este caso y en otros. «No cree que el uso del cinturón paralizante de electrochoque entre dentro de lo que podría considerarse una precaución razonable contra un encausado potencialmente peligroso. Además de ser una forma brutal de tratar a un ser humano, el dispositivo se detecta con facilidad, aunque sólo sea porque los esfuerzos que hacen los agentes para ocultarlo a los miembros del jurado son igualmente detectables, como ponerle al encausado por encima alguna prenda de vestir de más o que resulta disonante. En el caso de Thomas Overton, los medios de comunicación divulgaron mucho antes del comienzo del proceso que llevaría un cinturón paralizante. ¡Para que luego digan que es un método de coerción oculto! Hay otras alternativas para no tener que recurrir a esta tecnología, empezando por la de utilizar a los alguaciles, dándoles la formación adecuada. Pero me imagino que resulta fácil utilizar este dispositivo en una persona que la sociedad ha etiquetado de monstruo». Tal vez una sociedad que cree que algunos de sus miembros pueden, por sus acciones, perder su derecho a la vida y ser ejecutados por el Estado, puede tolerar más fácilmente el uso de un dispositivo para hacer cumplir la ley a los presos que es capaz de causarles un agudo dolor y una terrible humillación con sólo apretar un botón.

En el condado de Franklin (estado de Washington), la Oficina del Sheriffadquirió cinturones paralizantes tras un incidente que se produjo en los tribunales en 1995. Antonio González Ibarra tiró a su abogado de la silla y arremetió contra un ayudante del fiscal. El abogado protestó y continúa protestando por el uso del cinturón paralizante en los juzgados, pues considera que puede influir en el jurado e impedir psicológicamente que un encausado participe plenamente en el proceso. El letrado, que ahora es ayudante del fiscal, cree que hay alternativas válidas para conseguir la seguridad en los tribunales sin recurrir al cinturón paralizante, y en marzo de 1999 dijo a Amnistía Internacional: «Como abogado defensor, cuando he tenido un cliente que podía crear problemas, lo he notificado a los agentes pertinentes del tribunal para que estuvieran atentos. González Ibarra era un cliente con problemas mentales, y yo no me di cuenta de que éstos podrían manifestarse en el tribunal. Pero no fue una situación peligrosa. Mi cliente estaba desarmado y había dos agentes de seguridad en la sala que pudieron reducirlo. Por mi experiencia, la necesidad de medidas especiales de seguridad en los juzgados es poco habitual, y puede resolverse sin recurrir al electrochoque. Un factor importante es que haya personal de seguridad adecuado».

Algunos organismos encargados de hacer cumplir la ley no lo dudan cuando los fabricantes de cinturones les prometen que van a poder controlar a los internos y al mismo tiempo reducir los gastos de personal. Pero Amnistía Internacional cree que el uso del cinturón paralizante conlleva el coste real de aumentar la tolerancia de la sociedad para con la crueldad y la humillación hacia las personas acusadas de ciertos delitos o condenadas por cometerlos. Si bien este tipo de enfoque puede resultar popular en ciertos sectores de la opinión pública, los medios de comunicación y el poder legislativo, es imposible cuantificar el efecto que tendrá a largo plazo sobre la cultura de la violencia y sobre el respeto de los derechos humanos.

En marzo de 1999, el comandante Mark Kellar, de la Oficina de Planificación y Evaluación, perteneciente a la Oficina del Sheriffdel condado de Harris (Texas), declaró a Amnistía Internacional que en este condado, cuya población reclusa era en 1998 la quinta mayor del país, no se utiliza el cinturón paralizante y no se ve con buenos ojos la proliferación de estos métodos de coerción. Afirmó que, en su experiencia, el uso de estos dispositivos fomenta que se dependa demasiado de ellos y el simple hecho de tenerlos provoca un aumento en su uso.(65) Kellar subrayó que el factor más importante para lograr que el traslado de presos potencialmente peligrosos se realice en condiciones de seguridad es contar con «personal debidamente formado» y afirmó que el condado de Harris utiliza esposas y grilletes para el transporte de presos de alto riesgo y que nunca han sido precisas otras medidas.(66)

Dar un trato humano a los presos, especialmente en estos momentos en que se está encarcelando a tanta gente en Estados Unidos, exige una adecuada financiación y una formación adecuada de las personas encargadas de su vigilancia, que incluya técnicas para el trato de los internos y encausados con problemas emocionales o trastornos mentales. En marzo de 1999, Armand Start, ex director del servicio médico de los departamentos de prisiones de Texas y Oklahoma, actualmente profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, expresó a Amnistía Internacional su opinión de que el uso cada vez más común en Estados Unidos de armas paralizantes, entre ellas el cinturón, es síntoma de un sistema penal que sólo busca «una gestión sin complicaciones» de la población reclusa almacenada: «Los funcionarios están buscando métodos sencillos para controlar a los presos en lugar de buscar métodos humanos. Estos métodos humanos requieren una formación específica de los agentes —para lo cual hace falta tiempo y energía— así como conseguir que la atmósfera de las prisiones sea menos opresiva y provocadora».

El doctor Start también dijo a Amnistía Internacional que, desde el punto de vista médico, no tiene conocimiento de ningún estudio científico «serio» que aporte pruebas de la inocuidad de las armas paralizantes, y subrayó que estos dispositivos dejan la puerta abierta al abuso. Esta preocupación, que Amnistía Internacional comparte, crece con las continuas denuncias sobre el uso inadecuado de este material. En el siguiente apartado se indican algunos casos de presunto uso inadecuado de escudos paralizantes, pistolas paralizantes y pistolas taser.

DENUNCIAS DE TORTURA O MALOS TRATOS CON OTRO MATERIAL DE ELECTROCHOQUE

Además, nuestras cárceles no son como las que hay por el mundo, donde presos políticos son injustamente recluidos por expresar su oposición al régimen. El gran trabajo que realiza Amnistía Internacional para llevar un rayo de esperanza a esos oscuros rincones es digno del mayor respeto. Pero su indignación parece fuera de lugar cuando se dirige hacia el uso limitado y ocasional de una pistola paralizante contra un recluso violento.

Editorial del Kentucky Postel 9 de febrero de 1999(67)

Pistola paralizante de electrochoque activada. La línea blanca que hay en la parte superior del dispositivo es un arco de electricidad. Cuando se utiliza contra una persona, la descarga eléctrica se transmite a través de los contactos del borde superior. En la foto se aprecia sobre el botón de activación el dedo gordo de la persona que la maneja.

Además de solicitar la prohibición del uso del cinturón paralizante de electrochoque, Amnistía Internacional cree que debería suspenderse el uso del resto de las armas de electrochoque, como pistolas, pistolas taser, porras y escudos paralizantes de electrochoque(68) hasta que se lleve a cabo una rigurosa investigación sobre su uso y sus efectos. Hasta ahora, dicha investigación no se ha realizado.

En el condado de Maricopa (Arizona), todo el personal de vigilancia penitenciaria fue equipado con pistolas paralizantes desde 1994 como parte de un estudio piloto patrocinado por la División de Ciencia y Tecnología del Instituto Nacional de Justicia y la Asociación Nacional de Sheriffs. El estudio tenía como finalidad evaluar la eficacia de las armas no letales. Por su parte, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia inició en 1995 una investigación sobre presuntos abusos en el sistema penitenciario de Maricopa y encontró un grave problema de uso excesivo de la fuerza por los guardias, una de cuyas manifestaciones era el mal uso de las pistolas paralizantes, que atribuyó en parte a la «gran disponibilidad de estas armas».(69) En el informe del Departamento de Justicia se hacía constar con preocupación que las pistolas paralizantes se utilizaban para conseguir la cooperación de reclusos que ofrecían resistencia pasiva o contra presos que ya estaban reducidos. Amnistía Internacional también ha informado de denuncias similares, como la aplicación repetida de descargas eléctricas a los internos mediante pistolas paralizantes y, en un caso, el uso de una de estas pistolas para despertar a un preso.(70) En 1997, el condado de Maricopa modificó su normativa y dejó de utilizar armas no letales con el único fin de conseguir la cooperación del preso o como sustituto del «control cuerpo a cuerpo».

El estudio piloto original, llevado a cabo por investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, trataba de determinar si las armas no letales, como las pistolas paralizantes y los pulverizadores de pimienta, provocaban un número menor de lesiones en el personal y los internos comparadas con otros métodos de fuerza. Los resultados, publicados en un informe de septiembre de 1997,(71) fueron muy poco concluyentes, y el propio estudio presentaba graves limitaciones. Por ejemplo, no estudiaba los abusos, y se basaba fundamentalmente en los informes que de sí mismo ofrecía el personal penitenciario.(72) No obstante, el estudio observó que durante el periodo objeto de estudio (1994-1996) aumentó la aceptación de las armas paralizantes entre los agentes y éstas fueron utilizadas para controlar a los internos en más del 50 por ciento de todos los incidentes de uso de la fuerza, a menudo como complemento de la fuerza «cuerpo a cuerpo». Amnistía Internacional no sabe con qué frecuencia se utilizan actualmente las armas paralizantes en el sistema penitenciario del condado de Maricopa, aunque se sigue entrenando y equipando al personal con este tipo de dispositivos. No obstante, la frecuencia con que se utilizaron pistolas paralizantes durante el periodo del estudio y las denuncias de abusos que surgieron posteriormente demuestran los riesgos que conlleva este tipo de armas.

Un reciente informe del Departamento de Justicia sobre el Centro de Detención del condado de Daviess, situado en Owensboro (Kentucky), ilustra aún más estos riesgos. El informe, publicado en abril de 1998, señala que el personal del centro «usa de forma inadecuada y abusiva armas como los pulverizadores de pimienta, los escudos paralizantes y las pistolas paralizantes, recurriendo a ellos de forma frecuente y precipitada, tanto para control como para castigo». El documento cita un caso en el que un guardia utilizó una pistola paralizante para despertar a un interno que se había «desmayado». Asimismo, señala que el personal del ala de menores del centro utilizaba habitualmente pistolas paralizantes y pulverizadores de pimienta «para interrumpir peleas y controlar a los jóvenes poco dispuestos a cooperar». El informe criticaba el hecho de que la única orientación o formación que proporcionaba el centro a su personal sobre el uso de estas armas era una sesión de formación inicial sobre su funcionamiento. Además, el establecimiento, en el que, según el informe, la superpoblación creaba «una peligrosa situación para los internos» no contaba con un sistema coherente para que los internos informaran de malos tratos por parte del personal. El informe daba cuenta también de cómo un agente había enseñado a otro a redactar un informe sobre uso de la fuerza de modo que indicara «que las señales de la cara [del interno] fueron consecuencia de una caída, y no de una agresión».(73)

Como se indicó en el apartado de este documento dedicado al cinturón paralizante, en las prisiones estadounidenses hay gran número de internos con enfermedades mentales y trastornos emocionales. Los investigadores federales que realizaron el informe sobre el Centro de Detención del condado de Daviess, por ejemplo, observaron «en el ala principal de la prisión individuos con graves trastornos mentales, sin duda necesitados de evaluación y tratamiento psiquiátrico, que permanecían durante días en ''observación'' solos en una celda. Un individuo estuvo cantando durante horas enteras y comiendo sus propias heces». A Amnistía Internacional le preocupa que los agentes, sobre todo en los casos en que no están bien entrenados, puedan utilizar las armas paralizantes para responder a comportamientos anómalos de este tipo de internos o de otros que muestran una conducta emocionalmente trastornada, pero no peligrosa. Según los informes, en 1996, en la cárcel de Muncy (Pensilvania), el personal utilizó un escudo paralizante para reducir a una interna que, presa de una gran angustia, se negaba a cumplir las órdenes de los guardias tras conocer la fecha en que sería ejecutada. Amnistía Internacional mantuvo sobre este caso una correspondencia con las autoridades del estado en 1998, y a la organización continúa preocupándole el hecho de que al parecer el escudo se utilizara para hacer que la mujer acatara las órdenes, no para proteger al personal.

Las siguientes denuncias de abuso de las armas paralizantes de electrochoque en los centros penitenciarios locales, estatales y federales de Estados Unidos en 1998 y 1999 sirven para confirmar la preocupación por el uso de este tipo de armas.

Prisiones locales

| Varios presos de la cárcel del condado de Kenton (Kentucky) han denunciado el uso inadecuado de armas paralizantes en la prisión. Tim Hollingsworth declaró que en abril de 1998 unos guardas se excedieron en el uso de la fuerza en un enfrentamiento con él durante el cual le aplicaron más de doce descargas eléctricas con una pistola paralizante, aún después de haberle puesto unos grilletes. Una investigación del Departamento de Justicia consideró que no se habían violado los derechos civiles del preso durante este incidente. Otis Brock, de 17 años, interno en el ala para menores de la prisión, declaró que en diciembre de 1998 unos agentes lo golpearon, le dieron patadas, le insultaron y le aplicaron dos descargas con una pistola paralizante por negarse a salir de una celda de aislamiento. En marzo de 1999 todavía no se conocían las conclusiones de una investigación sobre el caso llevada a cabo por el Departamento de Justicia.

En marzo de 1999, James Brock presentó una demanda en la que alega que el 6 de marzo de 1998, cuando se encontraba en una celda de la cárcel del condado de Kenton, inmovilizado mediante una técnica que consiste en atar las manos por la espalda a los tobillos,(74) le aplicaron descargas eléctricas con una pistola paralizante. Brock afirma que previamente unos agentes de la policía de Covington que lo habían detenido por provocar un escándalo cuando estaba en estado de embriaguez lo habían metido en la parte trasera de su vehículo y, tras rociarlo con un pulverizador de macis (pimienta) y atarlo de pies y manos, con las manos a la espalda atadas a los tobillos, le habían aplicado una descarga con una pistola paralizante. Según Brock, al llegar a la cárcel de Kenton lo dejaron en una celda provisional atado en la misma postura que en el coche. Brock afirma que gritó pidiendo auxilio porque tenía dolores y no podía respirar bien y que los agentes le aplicaron descargas eléctricas repetidas veces con una pistola paralizante para hacerlo callar.

El 29 de enero de 1999, Michael Labmeier, de 48 años, interno de la prisión de Kenton que sufría trastornos psiquiátricos, murió tras un altercado con unos guardas que intentaban sacarlo de una celda de aislamiento para trasladarlo al hospital y someterlo a un examen psiquiátrico. Funcionarios de la prisión han declarado que están convencidos de que fueron su exceso de peso y los problemas cardíacos que sufría los que le causaron la muerte(75). Las circunstancias exactas del incidente no han sido aclaradas. Según los primeros informes recibidos, le pulverizaron pimienta sobre el rostro y activaron una pistola paralizante como amenaza para que colaborara, pero no se le llegó a aplicar ninguna descarga. Sin embargo, en marzo se supo que uno de los funcionarios había reemplazado su informe original por una versión revisada. El informe original, del que se había deshecho, fue descubierto más tarde. En él se afirmaba claramente que el preso había recibido descargas eléctricas con un escudo paralizante cuando intentaban sacarlo de la celda. Esta versión no coincidía con la del informe revisado, en el que se indicaba que se había utilizado un escudo paralizante no activado. Había otras discrepancias entre los dos informes. Mientras que en los dos se afirmaba que el preso llevaba grilletes en las piernas, en el informe original consta que a Labmeier le pusieron tres pares de esposas, mientras que en el revisado se habla sólo de un par. Además, en el segundo informe se afirma que Michael Labmeier estaba atado de pies y manos con las manos atadas por la espalda a los tobillos. Amnistía Internacional ha conseguido una copia de cada informe.

La organización también ha conseguido una copia de la grabación de una entrevista que no formaba parte de la investigación oficial y que se celebró el 25 de febrero. En esta entrevista se interroga sobre el incidente y los informes al funcionario que los redactó. Éste declara que, en un principio, había dado por supuesto que el escudo paralizante que se usó contra Labmeier estaba activadoporque oyó la orden de activarlo, y él mismo recibió accidentalmente una descarga en la mano cuando los funcionarios entraron en la celda. Sin embargo, se deshizo de ese informe y archivó una versión revisada al decirle otro agente que el escudo no había sido activado contra el preso. El entrevistado, que aparentemente no podía aclarar completamente la cuestión de la activación, negó que lo hubiesen presionado para que cambiara el informe. A continuación citamos unos extractos de la entrevista, en los que el encargado del interrogatorio intenta establecer si se utilizó o no un escudo paralizante activado. El funcionario declaró que lo único que Michael Labmeier llevaba puesto era la ropa interior.

P: Cuéntenos todo lo que recuerde: ¿Qué ocurrió cuando se abrió la celda?

R: Abrimos la puerta y entramos. Se activó el escudo taser. Lo agarramos [a Labmeier], lo pusimos en el banco y -

P: ¿Quién lo puso en el banco?

R: Lo hicimos entre todos los que estábamos allí: habíamos entrado unos seis u ocho. [...]

P: ¿Lo empujaron contra la pared con el escudo paralizante?

R: Pusimos el escudo contra su cuerpo. Nada más.... [...]

P: ¿Durante cuánto tiempo diría que lo sostuvieron contra su cuerpo?

R: Mmm... Unos cinco o diez segundos como mucho...[...]

P: Lo sostuvieron unos cinco o diez segundos. ¿Chilló, gritó o hizo algo?

R: Gritó un poco, pero creo que era sólo por las esposas y porque todo el mundo estaba agarrándolo por un lado y por otro.[...]

P: Usted ha dicho que lo sostuvieron contra él durante cinco o diez segundos después de activarlo al entrar.

R:Ajá... (interjección afirmativa).

P: Es decir, que lo utilizaron. ¿No es cierto?

R: Ajá... (interjección afirmativa).

P: Y estaba activado cuando lo usaron.

R: Ajá... (interjección afirmativa). [...].

P: Usted estaba junto a una persona que utilizó ese escudo. Vio cómo se usaba, vio cómo se activaba, sintió cómo se activaba, vio los efectos —los gritos y la reacción violenta— que sólo podían ser consecuencia de su aplicación sobre la piel a alguien.

R: Ajá... (interjección afirmativa).

P: Bien. ¿Y cómo es posible que piense que el escudo puede no haber sido utilizado?

R: Porque yo no lo utilicé.

Aunque Amnistía Internacional no desea prejuzgar el resultado de ninguna investigación sobre el caso ni llegar a conclusiones precipitadas sobre si la utilización de un escudo paralizante, de un aerosol de pimienta o de otros métodos de coerción pudo contribuir a la muerte de Michael Labmeier, la organización cree que la entrevista ilustra el potencial de las armas de electrochoque para ser utilizadas de modo abusivo y lo difícil que resulta probar las acusaciones de abuso. Cuando se redactó este informe, aún no se habían dado a conocer los resultados de la autopsia ni de la investigación que dirige el Departamento de Policía de Kenton.

| En 1998, se presentaron preocupantes acusaciones de tortura y otros casos graves de malos tratos a los detenidos del Servicio de Inmigración y Naturalización que se encontraban en el Centro Correccional del condado de Jackson, una cárcel situada en Marianna (en el noroeste de Florida)(76). Las acusaciones preocuparon tanto al propio Servicio de Inmigración y Naturalización que éste ordenó el traslado de los 34 detenidos.

En declaraciones juradas tomadas por abogados del Centro de Defensa del Inmigrante de Florida, de Miami, 17 de los 34 detenidos trasladados(77) describen los abusos a los que dicen haber estado sometidos en el Centro Correccional del condado de Jackson entre agosto de 1997 y septiembre de 1998. Los presuntos abusos incluyen descargas eléctricas con escudos paralizantes, palizas y otros malos tratos físicos, denegación de atención médica, detención en régimen de aislamiento durante un periodo excesivo de tiempo, e insultos (en ocasiones de índole racista). Según los presos, este trato o bien no obedecía a razones concretas o bien se dispensaba como castigo, por ejemplo, por participar en un altercado o por quejarse de los comentarios racistas que hacía el personal de la prisión. A continuación se citan extractos de cinco declaraciones en las que se hace hincapié en las acusaciones referidas específicamente a las armas paralizantes:

«Después de atarme [a la cama de cemento], el agente Xtrajo un gran escudo, lo colocó sobre mí y me lanzó una descarga eléctrica. Cuando la electricidad atravesó mi cuerpo me sentí paralizado [...] [El escudo] está hecho de un material transparente y tiene unas tiras de metal horizontales y verticales [...] Tiene dos asas por donde el agente lo sostiene [...] Entre las asas hay una caja negra que supongo que será la batería. Adjunto un dibujo».

Tomado de la declaración jurada de un hombre que estuvo detenido por el Servicio de Inmigración y Naturalización en el centro correccional del condado de Jackson y que denuncia haber sido víctima de abusos con un escudo paralizante de electrochoque el 5 de junio de 1998, tras pedir varias veces papel higiénico cuando estaba recluido en régimen de aislamiento.

BLOQUE DE CEMENTO (cama)

Anillas metálicas empotradas en el cemento

3 pies (90 cm)

2 pies (60 cm)

6 pies (1 m 80 cm)

ESCUDO

Tiras metálicas

4-5 pies (1 m 20 cm — 1 m 50 cm)

Asa

¿Baterías?

Preso colocado boca abajo

2-3 pies (anchura suficiente para cubrir la espalda) [60-90 cm]

<«La primera vez que vi el aparato, un preso estaba con un ataque epiléptico, no paraba de rogar que le dieran su medicación, golpeando la ventana. Entonces entraron cuatro o cinco agentes con el escudo paralizante [...] Arrojaron al preso al suelo y le esposaron las manos detrás de la espalda. Después le pusieron encima el escudo y lo golpearon. El tipo gritaba. Si son capaces de hacerle eso a uno de su propio país, ya puedes imaginarte lo que nos hacen a nosotros, los inmigrantes.»

<«Los agentes vinieron hacia mí con un objeto de 90 cm de largo y 45 de ancho, con líneas curvas en la superficie, como un escudo. Me empujaron con él, y al golpearme sólo sentía electricidad recorriéndome el cuerpo. Hacía un ruido eléctrico. Me golpearon con él dos veces, la primera vez me fallaron las rodillas, la segunda me caí al suelo. Chillaba como un poseso pidiendo ayuda, pero nadie me ayudó.»

<«Cuando estás en régimen de aislamiento en Jackson sólo te dejan bañarte dos veces a la semana y sólo te dan cinco minutos para hacerlo. Si te pasas de esos cinco minutos, el agente coge un objeto redondo y corto como una linterna y te golpea con él... Cuando estabas en la ducha te daban con eso mismo en las piernas y las nalgas.»

<«Vimos cómo le aplicaban una descarga al detenido [haitiano] en el cuerpo con un escudo paralizante, y también con una pistola paralizante [...] La pistola tenía unas barras con las que transmitía la electricidad [...] Al detenido haitiano le dieron unas tres descargas. Mientras se las daban, estaba tirado de lado en el suelo, con las manos esposadas a las piernas [...]»

<«Me dijeron que me echase sobre una tabla de cemento, como una cama hecha de cemento. Había cuatro anillas, una en cada esquina. Me dijeron que me echara sobre el estómago y cuando pregunté para qué, [un agente] me impidió incorporarme, me puso el escudo encima y me dio una descarga. No podía mover los músculos. Me ataron las manos a las anillas, me pusieron grilletes en los pies y ataron esposas en los grilletes para insertarlos en las anillas. Me pegaron una vez con el escudo y me lo dejaron encima. Creía que me estaban matando. Entonces me dejaron unas diecisiete horas. Cuando les dije que tenía que orinar me dijeron: ''¿De pequeño no te meabas encima?'' y eso tuve que hacer.»

Amnistía Internacional escribió a las autoridades locales y federales pidiendo una investigación. En cuanto al tema de las armas de electrochoque, el administrador del Centro Correccional del condado de Jackson respondió que: «el uso de técnicas de coerción, agentes químicos y dispositivos inmovilizantes electrónicos sólo puede ser autorizado por un supervisor, y cada empleado ha sido entrenado para usarlas por un instructor autorizado. Estos dispositivos y agentes químicos están guardados bajo llave y controlados por el supervisor. Tenemos normas locales que definen cuándo usarlos. Llevamos un registro de incidentes, y si se utilizan estos métodos se lleva a cabo una revisión médica. Estamos continuamente revisando nuestras normas sobre inmovilización de presos para hacer los cambios necesarios, si la situación lo permite»(78).

El Servicio de Inmigración y Naturalización respondió a Amnistía Internacional que la política del Servicio no permite la utilización de armas de electrochoque en los Centros de Internamiento (centros de detención del Servicio de Inmigración y Naturalización) ni en los centros de detención que contrata. El Servicio afirmó que esta prohibición no afecta directamente a las prisiones locales, pero que el Servicio de Inmigración y Naturalización «se esfuerza al máximo para garantizar que las personas que permanecen detenidas en cárceles locales no son sometidas a los efectos de las armas electrónicas». En diciembre de 1998, el Departamento de Justicia hizo saber a Amnistía Internacional por escrito que la Sección Penal de la División de Derechos Civiles había abierto una investigación sobre las acusaciones de uso excesivo de la fuerza. La carta informaba de que la Oficina Federal de Investigación (FBI) había completado su investigación preliminar y que la Sección Penal estaba revisando sus conclusiones.

A Amnistía Internacional le preocupa que la investigación federal tardara, según parece, varios meses en ponerse en marcha y que, en noviembre de 1998, aún estuviera en las «fases preliminares de la investigación». Cuando Amnistía Internacional solicitó información al respecto a principios de abril de 1999, fue informada de que tanto la investigación civil como la penal estaban «en curso» y no era posible facilitar más detalles. Las autoridades no pudieron hacer ningún comentario sobre las denuncias formuladas a Amnistía Internacional según las cuales, a 6 de abril de 1999, los investigadores federales no habían interrogado a ninguno de los detenidos que habían hecho declaraciones juradas, con la posible excepción de un hombre que desde entonces ha sido deportado.

Ni el Centro de Defensa del Inmigrante de Florida ni Amnistía Internacional esperan que se acepte fácilmente la veracidad de las declaraciones y por ello pidieron la investigación. Pero es necesario que ésta se lleve a cabo sin dilación, no sólo porque a medida que pasa el tiempo resulta más difícil llevar a cabo las pesquisas, sino porque las denuncias no sólo se referían a los detenidos a los que el Servicio de Inmigración y Naturalización trasladó, sino también a otros que aún se encontraban en la prisión.

Prisiones estatales

| Los internos de la prisión estatal de super máxima seguridad de Red Onion (Virginia), inaugurada en julio de 1998, han denunciado el uso generalizado de fuerza excesiva por parte de los guardias, incluida la utilización de armas de electrochoque. Hay informes de que los internos han recibido descargas con el fin de intimidar a presos recién llegados y como castigo por infracciones menores de las normas de la prisión y por mostrarse insolentes. Amnistía Internacional escribió al Departamento de Prisiones de Virginia en enero de 1999 con referencia al presunto uso excesivo de cinturones paralizantes y otras armas de electrochoque (véase supra). La preocupación de la organización ha aumentado tras el informe publicado en abril de 1999 por Human Rights Watchen el que se incluyen denuncias de abusos recibidas por esa organización en las que se habla del uso de pistolas tasery pistolas paralizantes en Red Onion. He aquí algunas de las denuncias:

• un preso recibió una descarga con una pistola taserdespués de haberse mostrado reacio a desnudarse y permitir que le hicieran un registro visual en presencia de personal femenino a su llegada a la prisión junto con otros presos en septiembre de 1998. Tras el incidente, al parecer, un agente le gritó al preso al oído: «Chico, ahora estás en Red Onion» y después les dijo a los otros guardas: «Sacad de aquí a este negro de mierda». Según Human Rights Watch, el director de la prisión alegó que se había utilizado la pistola taserporque el preso se había mostrado reticente a desnudarse y, por tanto, «no obedecía las instrucciones»;

• un preso recibió una descarga al negarse a devolver un vaso de papel cuando se lo ordenaron;

• un recluso recibió una descarga porque tenía el brazo colgando por la trampilla de la puerta de la celda a través de la cual se les sirve la comida, y no la quitó lo suficientemente rápido cuando le ordenaron que lo hiciera;

• varios internos recibieron una descarga cuando ya estaban esposados para proceder a su extracción de la celda(79).

| En 1998 se denunció un uso excesivo de la fuerza, en ocasiones por medio de escudos paralizantes, durante las extracciones de celda en la penitenciaría de super máxima seguridad del estado de Colorado, en la que casi todos los presos permanecen en sus celdas veintitrés horas al día. Según informes, se han producido 65 «entradas por la fuerza» a las celdas durante los primeros seis meses del año.

Establecimientos privados

| A finales de septiembre y principios de octubre de 1998 surgieron denuncias de que en el Centro Correccional de Whiteville (Tennessee), gestionado por la empresa privada Corrections Corporation of America (CCA), hasta una veintena de presos de Wisconsin habían sido víctimas de torturas y malos tratos —patadas, empujones contra la pared, insultos racistas, descargas eléctricas con pistolas paralizantes y escudos paralizantes— después de una agresión contra un guardia. Los presos dijeron que miembros de un Equipo de Operaciones Especiales y Respuesta a Situaciones de Alerta (Special Operations and Response Team, SORT), al que se había avisado para que investigara la agresión contra el guardia habían torturado y maltratado a los presos mientras los interrogaban. Uno de los presos declaró que lo habían esposado y desnudado y, tras obligarlo a ponerse de rodillas, un guarda lo había agredido sexualmente con una botella de champú y le habían aplicado una descarga con una pistola paralizante. Un preso de 18 años denunció que lo habían llevado a una habitación, le habían esposado las manos a la espalda y, una vez desnudo, le habían dado patadas y descargas eléctricas en el estómago y los testículos con una pistola paralizante. También declaró que le habían aplicado una descarga en la espalda con un escudo paralizante y que vio cómo otros presos también recibían descargas en la espalda. En total, al menos seis presos han denunciado que se usaron armas inmovilizadoras contra ellos, y cuatro de ellos que recibieron descargas en los genitales con pistolas paralizantes. En octubre, el Departamento de Prisiones de Wisconsin aceptó las declaraciones de la Corrections Corporation of America, que afirmó que no se había producido abuso alguno y que no se habían empleado escudos paralizantes. Según informes, sin embargo, tras la aparición de nuevos datos, el Departamento de Prisiones del estado llevó a cabo su propia investigación y en noviembre llegó a la conclusión de que quince o veinte de los reclusos habían sufrido abusos durante un periodo de cuatro días en agosto y que los empleados de la CCA habían intentado encubrir los hechos. Los abusos está ahora siendo investigados por las autoridades federales.

| Una investigación oficial del Centro Correccional del Noreste de Ohio (NEOCC), situado en Youngstown (Ohio) y gestionado por la empresa Corrections Corporation of America (véase supra), informó sobre unos registros de celdas que se llevaron a cabo entre marzo y abril de 1998, tras dos asesinatos en la prisión. La investigación determinó que «la forma en que se llevaron a cabo los registros fue más dura de lo necesario y traspasó los límites de los procedimientos penitenciarios habituales. Los registros parecían concebidos para degradar y humillar a los reclusos». El informe describe cómo «los equipos de emergencia, equipados con abundante material antidisturbios, después de registrar a los presos desnudos, no dejaban que éstos se cubrieran siquiera con unos calzoncillos y los llevaban desnudos y con grilletes al exterior de las celdas, donde los obligaban a tumbarse en grupos en el suelo o a arrodillarse con la cabeza contra la pared durante treinta o sesenta minutos mientras registraban las celdas [...] Los miembros del Equipo de Operaciones Especiales y Respuesta a Situaciones de Alerta llevaban a la fuerza a los presos que protestaban a celdas de aislamiento, a veces utilizando escudos paralizantes. Informes oficiales del centro hablan de más de cuarenta extracciones forzosas durante aquella época». Según el informe: «La dura y poco habitual forma de llevar a cabo estos registros generalizados y sistemáticos dejó un profundo sentimiento de humillación entre los reclusos, que son, en su mayoría, afroamericanos. Muchos de los presos se lamentan con amargura, y a menudo comparan el tratamiento que han recibido con la situación de los esclavos en el barco Amistad, recientemente llevada a las pantallas».

Una ex mecanógrafa de la prisión declaró que, durante los registros, ella y otras secretarias se vieron obligadas a hacer inventario de los efectos personales de los presos en presencia de ellos, desnudos y de rodillas. Declaró que si los reclusos hablaban los sometían a descargas eléctricas con un escudo paralizante. «Los arrastraban desnudos por el pasillo [...] con las manos y los tobillos atados con esposas y grilletes».(80)

El informe oficial sobre el Centro estableció que su normativa sobre el uso de los escudos paralizantes permitía a los agentes utilizarlos «con el fin de hacer cumplir las normas y órdenes de la institución». El informe decidió que se dejaba demasiada libertad a los agentes para determinar cuándo debían usarlo.

El 17 de marzo de 1999, Amnistía Internacional escribió al presidente de la Corrections Corporation of America haciendo referencia a los casos que se citan, solicitando información sobre la normativa de la empresa respecto a la utilización de armas paralizantes e instando a la empresa a que suspendiera el uso de estos dispositivos en los centros que dirige. En el momento en que se redactaba este informe, la organización aún no había recibido noticias de Corrections Corporation of America.

RECOMENDACIONES

El Relator Especial está preocupado por el empleo de prácticas tales como el encadenamiento en grupo, de medios de coerción en los tribunales y de cinturones y armas que hacen perder el sentido, algunos de los cuales sólo pueden servir para causar sufrimientos y degradación, y otros producen ese mismo efecto. Insta al Gobierno a que utilice todos los medios a su alcance, inclusive los judiciales, para ver si esas medidas son compatibles con los derechos civiles de las personas afectadas.

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura (81)

La utilización de armas paralizantes de electrochoque es una de las preocupaciones de Amnistía Internacional respecto a las técnicas de coerción utilizadas en Estados Unidos. El uso cruel de técnicas de coerción, que causan dolor y lesiones innecesarias, y en ocasiones incluso la muerte, está muy extendido dentro del sistema penitenciario estadounidense. Los métodos de coerción se imponen deliberadamente como castigo o como medida rutinaria de control, más que como respuesta a una situación de alerta. Amnistía Internacional continúa su campaña sobre sus preocupaciones por el uso abusivo de diversos métodos de coerción, como la silla inmovilizante, los pulverizadores con gases o productos químicos, la técnica de inmovilización consistente en colocar al preso con las manos a la espalda atadas a los tobillos y los grilletes en mujeres embarazadas.(82)

En el caso de las armas de electrochoque, Amnistía Internacional insta a las autoridades federales, estatales y locales a que:

< prohíban la utilización de cinturones paralizantes de electrochoque operados con mando a distancia por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y organismos penitenciarios;

< prohíban la fabricación, promoción y distribución (tanto dentro de Estados Unidos como a otros países) de estos cinturones paralizantes;

< interrumpan la fabricación, el uso, la promoción y el traslado (tanto dentro de Estados Unidos como a otros países) de otros instrumentos de electrochoque, como las pistolas paralizantes, los escudos paralizantes y las pistolas taser, hasta que se lleve a cabo una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre la utilización y los efectos de este material. Esta investigación deberá analizar sus efectos médicos y de otro tipo en relación con las normas de derechos humanos que regulan el trato que han de recibir los presos y el uso de la fuerza. Además, deberá estudiar todos los casos que se conocen en los que la utilización de un dispositivo de este tipo haya provocado lesión o muerte a algún detenido. Los resultados de la investigación deberán hacerse públicos sin demora.

Amnistía Internacional solicita a las empresas de Estados Unidos que:

< pongan fin inmediata y permanentemente a la producción y distribución del cinturón paralizante de electrochoque operado por control remoto;

< interrumpan la fabricación, promoción y traslado (tanto dentro de Estados Unidos como a otros países) de todos los demás instrumentos paralizantes de electrochoque hasta que se lleve a cabo la investigación indicada anteriormente.

APÉNDICE: Encuesta sobre el uso de cinturones paralizantes y demás material inmovilizador en Estados Unidos

Notas:|Dada la falta de estadísticas oficiales, así como los continuos cambios en el tipo de armas empleadas en las distintas jurisdicciones, este sondeo es sólo orientativo, y sus conclusiones no han de considerarse definitivas. |''Sí'' = dispositivo inmovilizador autorizado. Cuando se tenga conocimiento de que el dispositivo está autorizado pero no está actualmente en uso, se indicará mediante una nota al pie. |''No'' = dispositivo inmovilizador ni autorizado ni en uso. No indica necesariamente que haya una prohibición por ley. |Según el material de promoción de Nova Products, el uso de las pistolasparalizantes por la policía de Michigan, Hawai, Rhode Island, Massachusetts y Washington DC es ilegal. Amnistía Internacional sabe que en Massachusetts están prohibidas todaslos armas paralizantes en aplicación de una ley aprobada en 1986, pero desconoce si la prohibición del uso de la pistola paralizante en las otras jurisdicciones se extiende también a otras armas paralizantes, como por ejemplo el cinturón paralizante. |''D'' = información desconocida en el momento de elaboración del estudio. |"Ámbito estatal" = Departamento de Prisiones del estado o equivalente. Información obtenida mediante una encuesta telefónica entre los Departamentos de Prisiones llevada a cabo en enero de 1999. |"Ámbito local" (información ampliada en la Tabla 3) = organismos locales encargados de hacer cumplir la ley (por ejemplo, Oficina del Sheriffdel condado). Información obtenida a través de los medios de comunicación, los datos de ventas que facilita Stun Tech, los informes de los juzgados, y de una encuesta telefónica limitada llevada a cabo por AI.

TABLA 1: Ámbito federal

pard

AUTORIDAD FEDERALCINTURÓN PARALIZANTEESCUDO PARALIZANTE / PISTOLA PARALIZANTE / PISTOLA TASER
Oficina de Prisiones	Sí	No
Servicio de Marshals de Estados Unidos	Sí	Sí: pistola paralizante
Servicio de Inmigración y Naturalización	No	No

TABLA 2: Ámbito estatal y local

ESTADO			CINTURÓN PARALIZANTE
ESCUDO PARALIZANTE / PISTOLA PARALIZANTE / PISTOLA TASER
	Ámbito estatal	Ámbito local		Ámbito estatal (ámbito local no investigado)
Alabama	Sí	Sí		Sí: pistola paralizante / escudo paralizante
Alaska	Sí	Sí		Sí: pistola paralizante
Arizona	Sí(83)	Sí		No
Arkansas	Sí	Sí		Sí: sin especificar
California	No	Sí		No
Carolina del Norte	No	Sí (véase tabla 3)		No
Carolina del Sur	No	Sí		Sí: porra paralizante(84)
Colorado	Sí	Sí		Sí: pistola paralizante / escudo paralizante
Connecticut	No	D		No
Dakota del Norte	No	D		No
Dakota del Sur	No	Sí		Sí: escudo paralizante
Delaware	Sí	D		Sí: pistola paralizante / escudo paralizante
Florida	Sí	Sí		Sí: pistola paralizante / escudo paralizante
Georgia	Sí	Sí		Sí: escudo paralizante
Hawai	No	D		No
Idaho	No	Sí (véase tabla 3)		No
Illinois	No	Sí		No
sb0 Indiana	Sí	Sí		Sí: pistola paralizante
Iowa	No	Sí		Sí: escudo paralizante
Kansas	Sí	D		Sí: pistola paralizante / escudo paralizante / pistola taser(85)
Kentucky	No	Sí (véase tabla 3)		Sí: pistola paralizante / escudo paralizante / pistola taser
Luisiana	Sí(86)	Sí		Sí: escudo paralizante
Maine	No	D		No
Maryland(87)	Sí	Sí		Sí: escudo paralizante
Massachusetts	No	No		No
Michigan	No	D		No
Minnesota	No	D		No
Misisipi	No	D		No
Misuri(88)	No	D		No
Montana	No	D		No
Nebraska(89)	Sí	Sí		Sí
Nevada	No	Sí		Sí: pistola taser
Nueva Jersey	No	D		No
Nueva York	Sí	Sí		Sí: pistola paralizante / escudo paralizante
Nuevo Hampshire	No	D		No
Nuevo México	No	D		Sí: pistola paralizante / escudo paralizante / pistola taser
Ohio	No	Sí		No
Oklahoma	Sí(90)	D		Sí: pistola paralizante / escudo paralizante / pistola taser
Oregón	Sí	Sí		Sí: escudo paralizante / pistola taser
Pensilvania	No	D		Sí: escudo paralizante

th3
Rhode Island	No

DNo
Tennessee	No	Sí	Sí: pistola paralizante / escudo paralizante / pistola taser
Texas	No	Sí	No(91)
Utah	No	D	No(92)
Vermont	No	D	No
Virginia	Sí	Sí	Sí: pistola paralizante / escudo paralizante / pistola taser
Virginia Occidental	No	Sí	No
Washington	Sí	Sí	Sí:pistola paralizante / escudo paralizante
Wisconsin	Sí	Sí	Sí: pistola paralizante
Wyoming	Sí	Sí	Sí: pistola taser

TABLA 3: Jurisdicciones locales de los Estados Unidos que, según los informes, tienen o han tenido cinturones paralizantes

ESTADO	JURISDICCIÓN Salvo que se especifique lo contrario, la información se refiere a la Oficina del Sheriff del condado. Aparecen marcadas en negrita las jurisdicciones incluidas en la lista de las 25 mayores jurisdicciones penitenciarias en 1998 (su puesto en esta lista aparece entre paréntesis, junto al nombre del condado). Esta lista no pretende ser exhaustiva.
Alabama	Condado de Etowah y Departamento de Policía de Gadsden.
Alaska	Departamentos de Policía de Anchorage y de Kodiak (dejó de usarse en 1998).
Arizona	Condados de Cochise, Cocomino, Maricopa (7) y Pinal.
Arkansas	Condado de Washington.
California	Condados de Alameda (17), Fresno, Kern, Los Ángeles (1), Merced, Orange (12), Riverside, Sacramento (21), San Bernardino (13), San Diego (10), San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara (14), Santa Rosa, Siskiyou, Sonoma, Stanislaus y Tullare.
Carolina del Norte	Condado de Forsyth (dejó de usarse, no se conocen otros usuarios locales).
Carolina del Sur	Condado de Franklin.
Colorado	Condados de Adams, El Paso, Gunnison y Larimer.
Dakota del Sur	Condado de Pennington.
Florida	Condados de Broward (15), Collier, Dade (4), Duval (25), Escambia, Gadsden, Hamilton, Marian, Monroe , Palm Beach y St Lucie.
Georgia	Condados de Clayton, Douglas, Fulton (16), Gwinnett y Monroe.
Idaho	Condado de Latah (dejó de usarse, no se conocen otros usuarios locales).
Illinois	Condados de DuPage, Jackson y Kankakee.
Indiana	Condados de Tippecanoe y Vanderburgh.
Iowa	Condado de Blackhawk.
Kentucky	Condado de Daviess (había pedido un cinturón REACT en mayo de 1999).
Luisiana	Oficina del Sheriff del distrito de Caddo, Oficina del Sheriff del distrito de Orleans (8).

Condados de Harford y Montgomery y Ciudad de Baltimore (18) [prisión municipal, dependiente del Departamento de Prisiones del estado - véase supra en el documento].
Nebraska	Condado de Hall.
Nevada	Condado de Clark.
Nueva York	Condado de Dutchess y Departamento de Prisiones de la Ciudad de Nueva York (2) [pedido cancelado después de entrenar a varios funcionarios, véase supra en el documento].
Ohio	Condados de Ashland, Clermont, Clinton, Fairfield, Franklin, Greene, Guernsey, Hamilton, Holmes, Huron, Lake, Licking, Lorain, Muskingum, Portage, Richland, Ross, Sandusky, Seneca, Stark, Summit, Van Wert y Warren.
Oregón	Condados de Jackson y Multnomah.
Tennessee	Condados de Davidson y Knox.
Texas	Condados de Dallas (6), Jasper (préstamo de Jefferson para un juicio celebrado en 1999) y Jefferson.
Virginia	Prisión Central Regional de Virginia (condado de Orange) y condados de Henry, Pittsylvania y Prince George.
Virginia Occidental	Condado de Grant.
Washington	Condados de Clark, Franklin y Pierce.
Wisconsin	Condados de Manitowoc, Milwaukee (24), Outagamie, Washington y Waukesha.
Wyoming	Condados de Laramie y Sweetwater.

intbl Maryland

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(1) «Jury told of alleged murder confession», Miami Herald, 21 de enero de 1999.

(2) A mediados de 1998, se estimaba que había 1.210.034 personas en las prisiones federales y estatales y 592.462 en las prisiones locales. La suma de ambas cifras arroja un total de 1.802.496 reclusos. Departamento de Justicia, Oficina de Estadística Penal, marzo de 1999.

(3) En las últimas décadas, en muchos países se ha utilizado la tortura mediante electricidad, tomada directamente de la red o generada por aparatos manuales. En Estados Unidos, por ejemplo, en una investigación realizada en la Tucker Prison Farm de Arkansas en 1966 se descubrió un aparato de teléfono de manivela que se utilizaba para torturar a los internos mediante descargas eléctricas. En 1989 salieron a la luz denuncias de tortura sistemática en la comisaría de policía de la Zona 2 de Chicago. Las torturas se habían producido durante un periodo de veinte años y de ellas fueron víctimas al menos sesenta detenidos, que informaron haber sido torturados, entre otros métodos, mediante un generador manual que emitía descargas eléctricas. En febrero de 1999, una coalición de abogados y activistas solicitaron una investigación sobre los casos de diez de los sesenta, que continúan en espera de ser ejecutados, afirmando que las acciones judiciales emprendidas contra ellos se basaron en confesiones obtenidas mediante tortura.

(4) «Se puede utilizar cualquier cosa para torturar, pero es un poco más fácil utilizar nuestros dispositivos». Declaraciones de John McDermit, jefe de Nova Products (fabricante estadounidense de armas paralizantes de electrochoque), en «Shock Value: US Stun Devices Pose Human Rights Risk», The Progressive, septiembre de 1997.

(5) Se han producido varias muertes tras el uso de armas paralizantes (véase, por ejemplo, el capítulo 3 del informe EE. UU.: Derechos para todos(Índice AI: AMR 51/35/98/s, octubre de 1998). Para más información sobre las preocupaciones médicas relativas a las armas paralizantes, véanse Estados Unidos de América: El uso de cinturones inmovilizadores de electrochoque(Índice AI: AMR 51/45/96/s, 12 de junio de 1996),y Armas para los torturadores: Tortura mediante la aplicación de descargas eléctricas y extensión de los aparatos de inmovilización(Índice AI: ACT 40/01/97/s, marzo de 1997).

(6) Principios 2 y 3 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de La Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

(7) Véase Armas para los torturadores, op. cit.

(8) En este documento, por «uso» de un cinturón paralizante se entiende el hecho de que un preso lo lleve puesto. Cuando nos referimos a la activación del cinturón, lo especificamos.

(9) Dennis Kaufman, presidente de Stun Tech, citado en: «Shocking restraint attracts criticism», Sun-Sentinel (Fort Lauderdale, Florida), 4 de febrero de 1998.

(10) «New tool in courts: stun belts», Washington Post, 29 de diciembre de 1998.

(11) «Deputies say stun belts work to control prisoners», The Columbus Dispatch, 5 de octubre de 1998.

(12) Al parecer, este impreso es similar o idéntico al que se utiliza en la mayoría de las jurisdicciones que emplean el cinturón REACT de Stun Tech, y se basa en uno que facilita esta empresa como ejemplo.

(13) Este formulario también está basado en uno facilitado por Stun Tech.

(14) Vídeo facilitado por Stun Tech con fines de entrenamiento y promoción.

(15) Comentario General 20, 10 de abril de 1992.

(16) De acuerdo con una decisión del Comité de Derechos Humanos del 12 de julio de 1990 (Comunicación 195/1985, Documento ONU CCPR/C/39/D/1985, párrafo 5.5.), infligir temor podría considerarse también una violación del derecho a la seguridad de la persona establecido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

(17) Washington Post, op. cit.

(18) Declaraciones publicadas en «Stunning Technology», The Progressive, julio de 1996. Stun Tech recomienda que no se utilice el cinturón en mujeres embarazadas ni en personas con trastornos cardíacos, esclerosis múltiple o distrofia muscular. En su vídeo de promoción, la empresa afirma: «La tecnología que utilizamos no puede provocar un ataque al corazón». Amnistía Internacional no sabe que se haya realizado ningún estudio independiente riguroso para avalar esta afirmación. Nova Products afirma que sus dispositivos paralizantes son seguros desde el punto de vista médico. A comienzos de 1999, la Televisión Neerlandesa entrevistó a un funcionario de la Oficina del Sheriffdel condado de Maricopa (Arizona) quien, en su respuesta a la pregunta de si en su jurisdicción se utilizaba el cinturón paralizante RACC (de la marca Nova Products) en personas con problemas cardíacos, dio a entender que no había necesidad de tener esto en cuenta, al contestar: «El cinturón no causa ningún tipo de problema. Si la persona padece del corazón, no le afectará».”

(19) People v García, 56 Cal. App. 4th 1349, 5 de agosto de 1997.

(20) Patente estadounidense número 4.943.885 - “Remotely Activated, Nonobvious Prisoner Control Apparatus” (aparato no detectable para el control de presos activado por control remoto) - concedida el 24 de julio de 1990.

(21) RACC Industries Inc. v. Stun-Tech Inc., no 98-1186, Fed. Cir. [1998].

(22) RACC Industries v. The United States, US Court of Federal Claims, No 98-139C.

(23) Sin embargo, hay jurisdicciones que lo utilizan con poca frecuencia. Por ejemplo, en el momento en que se escribe este informe, los dos cinturones REACT que posee la Oficina del Sheriffdel condado de Multnomah (Oregón) nunca han sido utilizados. En abril de 1999, el condado solicitó asesoramiento jurídico acerca de posibles demandas tras el uso o la activación del cinturón paralizante para decidir si utilizar uno de sus cinturones paralizantes en futuros procedimientos judiciales contra un encausado que había atacado a su abogado defensor.

(24) Según Stun Tech, el problema de los accidentes se ha resuelto colocando una cubierta plástica de seguridad sobre el botón disparador de los nuevos cinturones REACT y aumentando el entrenamiento en su uso. Nova Products afirma que «no ha habido activaciones equivocadas o accidentales» del cinturón RACC, que se activa pulsando simultáneamente dos botones. Al parecer, existe la posibilidad de que los cinturones paralizantes se activen accidentalmente por la interferencia de señales de radio.

(25) Respuesta dada a Amnistía Internacional por el subdirector de la Oficina Federal de Prisiones en julio de 1996.

(26) Oficina de Estadística Penal, marzo de 1999. En 1998, estas 25 jurisdicciones representaban el 27 por ciento de todos los internos de prisiones locales.

(27) Según los informes, hay 163 establecimientos penitenciarios privados en Estados Unidos, frente a «uno o dos en 1984». A medida que aumenta el número de prisiones privadas, los estados buscan mayor control. New York Times, 15 de abril de 1999.

(28) El 1 de marzo de 1999, un juez federal concedió la aprobación preliminar de un acuerdo de liquidación de 1,65 millones de dólares a favor de los internos del Distrito de Columbia encarcelados en el NEOCC que habían presentado una acción de grupo contra CCA en agosto de 1997.

(29) Según la Oficina de Estadística Penal (marzo de 1999), la jurisdicción de la Ciudad de Nueva York ocupaba en cuanto a número de internos en cárceles locales el segundo puesto de Estados Unidos en 1998, con una población reclusa diaria media de 17.524 internos (la mayor era el condado de Los Ángeles, en California, con 21.136). Según los informes, los cinturones paralizantes se iban a utilizar en las cárceles locales y los juzgados de la Ciudad de Nueva York y en el traslado de ciertos internos al tribunal o el hospital.

(30) Tampoco la Oficina del Sheriffdel condado de Lorain (Ohio) ha vuelto a usar su cinturón paralizante desde el día en que éste se activó —al parecer debido a un fallo de funcionamiento— cuando lo llevaba puesto James Filiaggi el primer día de su juicio por asesinato, delito punible con la muerte, en julio de 1995. Filiaggi, que ahora está pendiente de ejecución, demandó a Stun Tech en 1997, afirmando que el incidente lo traumatizó y le impidió participar plenamente en el proceso. La demanda no prosperó tras el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Ohio a finales de 1997. La Oficina del Sheriffdel condado de Lorain tiene un cinturón paralizante que, según parece, sustituye al que funcionaba mal. En enero de 1999 aún no se lo habían hecho llevar a ningún interno tras el incidente de Filiaggi.

(31) Policy and Procedure Manual (manual de normas y procedimientos) del Departamento de Detenciones de la Oficina del Sheriffdel condado de El Paso, fechado el 28 de octubre de 1998. El cinturón paralizante se considera medio de coerción de «tercer grado» cuando es activado. Los medios de coerción de este grado «pueden utilizarse en casos de indocilidad, resistencia física, amenaza de muerte o de autolesiones o lesiones a terceros de carácter grave, incluidos internos con fuerte tendencia al suicidio, posible conducta autolesiva importante con consecuencias de lesiones o muerte de terceros o daños a la propiedad». Amnistía Internacional considera que la distinción por grados entre activación y no activación es falsa, ya que la amenaza de activación está siempre presente.

(32) Varios estados, entre ellos Washington, Arizona, Wisconsin, Kansas y California, tienen leyes para los «predadores sexuales violentos», que permiten la reclusión contra su voluntad de ciertos delincuentes sexuales en centros de tratamiento tras cumplir sus condenas (véase la nota al pie número 52). La Corte Suprema de Estados Unidos ha confirmado la constitucionalidad de estas leyes (Kansas v Hendricks, 1997).

(33) En Estados Unidos hay más de cincuenta prisiones de super máxima seguridad. En muchos aspectos, sus condiciones violan las normas internacionales y en algunos casos constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. El aislamiento prolongado en condiciones de estimulación sensorial limitada puede producir graves daños físicos y psicológicos. La cárcel de Red Onion, la primera de super máxima seguridad que se abrió en Virginia, tiene una capacidad máxima de 1.267 internos (el número de internos en enero de 1999 era de 926), con nada menos que 192 recluidos en celdas de aislamiento durante veintitrés horas diarias.

(34) Por ejemplo, a fecha 30 de junio de 1998, el 41,2 por ciento de los casi 600.000 detenidos en prisiones locales eran negros, según datos de marzo de 1999 de la Oficina de Estadística Penal de Estados Unidos. El porcentaje de población de raza negra de Estados Unidos es el 12 por ciento.

(35) A fecha 30 de junio de 1998, el 55 por ciento del total de internos del Departamento de Prisiones de Florida (36.669 de 66.280) eran negros. Fuente: Oficina de Investigación y Análisis de Datos de Florida.

(36) A Amnistía Internacional le preocupa que el uso del cinturón paralizante en las cuadrillas de trabajo de Wisconsin sea otra señal de que el dispositivo se está convirtiendo en un método de coerción habitual, no sólo reservado a presos de alta peligrosidad. Los inventores del cinturón paralizante de electrochoque, al solicitar la patente, previeron el uso de los cinturones en cuadrillas de trabajo, incluso para presos «condenados por delitos no violentos o delitos menores». Según los informes, en 1996 Stun Tech habló con las autoridades de Florida, Luisiana y Alabama sobre el uso de cinturones paralizantes para eliminar las cadenas de las cadenas de presos. En 1997, las autoridades del condado de Queen Anne (Maryland) estudiaron la posibilidad de empezar con los presos encadenados en grupo y de usar cinturones paralizantes en vez de cadenas, pero renunciaron a ambas ideas ante la oposición de grupos de derechos humanos y otros ciudadanos.

(37) Jason Halda cumplió 18 años el 4 de diciembre de 1998. Por entonces, ya había comparecido en tres vistas previas con cinturón paralizante.

(38) El artículo 37 a) de esta Convención dispone que «ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad». En el momento en que se escribe este informe, Michael Watts aún no había sido sentenciado.

ard (39) La Oficina de Funcionarios Judiciales de la División de Procedimiento Judicial del condado de Collier tiene un cinturón paralizante REACT para utilizarlo en los juicios ante jurado de encausados con peligro de fuga o considerados potencialmente violentos. Al portador del cinturón se le obliga a ver el vídeo de activaciones antes de ponérselo (véase supra).

(40) «En Estados Unidos, cualquier día del año hay muchos más enfermos mentales en las cárceles —más de 300.000— que en los hospitales psiquiátricos», NBC news release, 1 de marzo de 1999. «Los estudios clínicos indican que entre el 6 y el 15 por ciento de los reclusos de las prisiones de ciudades y condados y entre el 10 y el 15 por ciento de los reclusos de las prisiones estatales son enfermos mentales graves.», Lamb H.R., Weinberger L.E., en «Persons with severe mental illness in jails and prisons: a review». Psychiatric Services, 1998; 49:483-492. «Las investigaciones demuestran [...] que la inmensa mayoría de los enfermos mentales que son encarcelados no recibían tratamiento del sistema de salud mental en el momento de su detención.» Elliot Currie. Crime and Punishment in America, Metropolitan Books, 1998. Las reglas 82 (1) y 82 (2) de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de las Naciones Unidas, disponen, respectivamente: «Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales» y «Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos».

(41) Torrey, E.F., 1995. «Editorial: Jails and Prisons - America’s New Mental Health Hospitals.», American Journal of Public Health. 85(12), 1611-12.

(42) Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Central de California, 26 de enero de 1999 (CV 98-5605 DDP).

(43) The Tennessean, 22 de abril de 1999. La Oficina del Sheriffdel condado de Davidson utiliza el cinturón RACC para el transporte y la custodia en los tribunales. El 20 de abril de 1999, Paul Reid fue condenado a muerte. Según los informes del juicio, en la fase de determinación de la condena cobraron mucha importancia los detalles de su salud mental. Peritos presentados por la defensa testificaron que Reid sufre lesión cerebral y esquizofrenia paranoide, «está muy mal dotado para desenvolverse en el mundo real» y desde su más temprana infancia tuvo necesidades de salud mental que no fueron debidamente atendidas. Estuvo en un correccional a los ocho años, a los 19 fue hallado mentalmente incompetente para ser juzgado por atraco a mano armada y a los 20 se le detectó un retraso mental en el límite de la normalidad. Según una reciente legislación de Tennessee, Paul Reid, que ahora tiene 41 años, puede elegir para su ejecución entre la silla eléctrica y la inyección letal.

(44) En noviembre de 1998, la Corte Suprema de Nevada vio el recurso y resolvió que McKenna no había demostrado que las medidas de seguridad le hubieran ocasionado un «verdadero perjuicio»: «[...] la presencia de seis agentes del SWAT no obligó al jurado a imponer la pena de muerte». McKenna v. State, 114 Nev. Adv. Op. No. 115.

(45) En 1997, una corte de apelaciones de California decidió que un tribunal no había abusado de sus facultades discrecionales al obligar a Anthony García a llevar un cinturón paralizante de electrochoque durante su juicio a petición de la Oficina del Sheriffdel condado de San Luis Obispo. Sin embargo, la corte señaló que este dictamen no significaba que los cinturones paralizantes pudieran utilizarse «sin mediar más que la petición del sheriffo el fiscal», sino que debía «demostrarse un buen motivo basado en un conjunto de hechos y circunstancias». People v García, 56 Cal. App. 4th 1349 (1997).

(46) La Oficina del Sheriffdel condado de Gwinnett posee el vídeo de demostración de Stun Tech (véase supra), pero en enero de 1999 un portavoz declinó informar a Amnistía Internacional si actualmente lo proyecta a los internos antes de colocarles el cinturón paralizante.

(47) El tribunal que juzgó a Juan Rodríguez Chávez desestimó su petición de que se declarase su juicio nulo tras la activación del cinturón paralizante. El encausado presentó un recurso contra esta decisión, argumentando que el hecho de que los miembros del jurado supieran que llevaba un cinturón había afectado negativamente a su imparcialidad. El 7 de abril de 1999, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas rechazó el recurso. Juan Rodríguez Chávez continúa en espera de ser ejecutado.

(48) «Killer misses penalty phase». Modesto Bee, 10 de abril de 1999. Se ha sugerido que la perspectiva de ser sentenciados a condenas extremas, como la pena de muerte, aumenta las probabilidades de que los encausados estallen. En marzo de 1999, un agente de la Oficina del Sheriffdel condado de Sacramento (California), para justificar el uso del cinturón paralizante en los tribunales de este condado, sugirió a Amnistía Internacional que el dispositivo sofoca la posible reacción violenta de los encausados «cuando escuchan la palabra “culpable” en el veredicto». Si esta opinión se generaliza en los organismos encargados de hacer cumplir la ley, podría convertirse en otro factor que contribuyera al uso habitual de los cinturones paralizantes con acusados de ciertos delitos.

(49) Young v. State, 269 Ga. 478; 499 S.E.2d (28 de abril de 1998).

(50) El propio juez señaló la visibilidad del cinturón cuando, al darse cuenta de que había un fotógrafo en la sala, preguntó: «¿Quién es ese fotógrafo? ¿Con quién viene? No queremos que salgan en los periódicos fotos de esa caja que el acusado lleva a la espalda». Tomado del registro literal del juicio, citado en el expediente de la apelación.

(51) State of Washington v. Flieger, 91 Wash.App. 236, 955 P.2d 872 (28 de mayo de 1998).

(52) Según esta ley, un «depredador sexual violento» es una persona que ha sido declarada culpable o acusada de «un delito de violencia sexual y que sufre alguna anomalía mental o trastorno de personalidad como consecuencia de los cuales es probable que cometa actos de violencia sexual si no es recluida en un establecimiento seguro». La ley permite al estado iniciar el proceso de internamiento involuntario cuando el preso está a punto de terminar de cumplir la condena por un delito sexual violento. Tras el internamiento, una vez al año se evalúa el estado mental del interno hasta que se considera que su reincorporación a la comunidad no ofrece peligro.

(53) 937 P.2d 826; 1996 Colo. App

(54) El Tribunal Supremo señaló que «Mahn estaba lejos de ser un muchacho normal de 19 años en el momento de los homicidios» y reconoció su «irrefutable y antigua toxicomanía, su inestabilidad mental y emocional crónica y su extrema pasividad frente a los constantes malos tratos físicos y psíquicos [...]».

(55) Registro literal del juicio 574-575, citado en el informe de la apelación.

(56) 714 So. 2d 391; Tribunal Supremo de Florida, 16 de abril de 1998.

(57) Procedimiento por el que un particular o una entidad pública presentan un informe a una corte con sus opiniones sobre una causa.

(58) El libro de instrucciones que suministra Stun Tech a los usuarios de su cinturón paralizante señala que «las descargas del cinturón dejan dos señales por contacto [hay dos contactos] [...] Debido a la duración de la descarga y las dimensiones de los contactos, el tamaño de las señales será considerable, y su duración dependerá de la sensibilidad de la piel».

(59) Tomado de una carta de agradecimiento (sin fecha) enviada a Stun Tech por el Departamento del Sheriffdel condado de Kankakee (Illinois). Según la carta, el preso recibió una descarga eléctrica con el cinturón paralizante tras proferir reiteradas amenazas y luego atacar a un agente. El incidente se produjo en 1993, en un hospital al que el recluso había sido trasladado para recibir tratamiento. El Departamento del Sheriffdel condado de Kankakee continúa utilizando el cinturón paralizante para el transporte de ciertos presos, y sus responsables dijeron el 15 de enero de 1999 a Amnistía Internacional que, desde que comenzaron a usarlo en 1993, se habían producido dos activaciones.

(60) Stun Tech afirma que el cinturón paralizante no funciona como está previsto si «ambos contactos no están lo suficientemente pegados al cuerpo» o si «las baterías no están cargadas o están insuficientemente cargadas» . Según la empresa, el tiempo de carga que necesita el cinturón REACT para que las baterías queden totalmente cargadas es de 8-9 horas. La carga dura setenta y dos horas, salvo que el cinturón haya sido activado más de dos veces en el curso de veinticuatro horas.

(61) La Convención contra la Tortura define ésta como «todo acto por el cual se inflija intencionadamente a a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia».

(62) Nota al pie del principio 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; artículo 5, comentario c) del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979.

(63) Véase «El doble rasero: Estados Unidos y la protección internacional de los derechos humanos», capítulo 7 del documento Derechos para todos. Índice AI: AMR 51/35/98/s, octubre de 1998.

(64) En 1997 surgieron indicios de que en Sudáfrica, un país con continuos problemas de torturas y malos tratos a los detenidos bajo custodia policial y en las cárceles, se estaba probando un cinturón paralizante de electrochoque operado por control remoto, suministrado por Estados Unidos. Posteriores informaciones de funcionarios de prisiones, recibidas en marzo de 1999, han confirmado que actualmente hay un cinturón paralizante en uso en la cárcel de máxima seguridad CMAX de Pretoria. El dispositivo se utiliza durante el transporte de los presos a los juzgados.

(65) En abril de 1999, un ayudante de la Oficina del Sheriffdel condado de Vanderburgh (Indiana) declaró a Amnistía Internacional que los cambios que se estaban introduciendo en la Oficina tras el nombramiento del nuevo sheriffen enero podrían fomentar el uso de los cinturones paralizantes por parte de los agentes, ya que «están ahí para usarlos».

(66) Los otros condados que pertenecen a la lista de las 25 mayores jurisdicciones penales y en los que el cinturón paralizante tampoco se utiliza son los de Cook (Illinois), Filadelfia (Pensilvania), Shelby (Tennessee), Orange (Florida), Tarrant (Texas), Bexar (Texas) y Hillsborough (Florida). Véase la tabla 3 del apéndice.

(67) Publicado en respuesta a una carta de Amnistía Internacional del 15 de enero de 1999 dirigida a las autoridades del condado de Kenton sobre el presunto uso abusivo de las armas paralizantes de electrochoque en la cárcel del condado (véase supra).

(68) Otro producto que actualmente está en fase de pruebas es el proyectil paralizante de electrochoque (Sticky Shocker). A diferencia de la pistola taser—que dispara cables que se prenden a la ropa o la piel con púas, a través de los cuales se transmite la descarga eléctrica— el proyectil paralizante funciona sin cables. Consiste en el lanzamiento de un proyectil que se pegaa su objetivo mediante una sustancia pegajosa, o a la ropa mediante púas. Según el Centro Nacional de Tecnología Penitenciaria y de Aplicación de la Ley, «el proyectil incorpora un paquete de baterías y unos elementos electrónicos que transmiten una breve descarga de impulsos de alto voltaje capaz de penetrar varias capas de ropa y dejar fuera de combate al individuo, o provocarle una gran incomodidad».

(69) Carta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia estadounidense a la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, 25 de marzo de 1996.

(70) Véase Estados Unidos: Malos tratos a reclusos en las cárceles del condado de Maricopa, Arizona (Índice AI: AMR 51/51/97/s, agosto de 1997). El 7 de enero, el condado de Maricopa y su compañía aseguradora pagó 8,25 millones de dólares para zanjar una demanda de muerte por negligencia presentada por la familia de Scott Norberg, que murió en la cárcel de Madison Street en junio de 1996 tras recibir más de veinte descargas de una pistola paralizante antes de que lo colocaran en una silla de inmovilización con una toalla en la cara.

(71) Safety and Control in a County Jail: Nonlethal Weapons and the Use of Force- a report submitted to the Maricopa County Sheriff’s Office, National Sheriff’s Association and the National Institute of Justice by John R Hepburn, Marie L. Griffin and Matthew Petrocelli, University of Arizona, septiembre de 1997.

(72) El estudio se basó fundamentalmente en encuestas sobre la opinión del personal acerca de la utilidad de este tipo de armas y en informes internos sobre uso de la fuerza (que el informe del Departamento de Justicia calificó de inadecuados). Los investigadores no estudiaron si la fuerza utilizada en el primer momento estaba justificada o era excesiva, ni tuvieron acceso a datos comparativos, como los referidos a informes sobre uso de la fuerza en periodos anteriores, y en el propio documento se admitía que la investigación no podía proporcionar indicios concluyentes de que el uso de armas paralizantes o pulverizadores de pimienta redujera las lesiones del personal o de los internos, ni los comportamientos problemáticos de estos últimos. En el 20 por ciento de los casos en que se usaron armas paralizantes se registraron lesiones de los internos. Aunque el personal de la prisión informó de su opinión de que las armas paralizantes o los pulverizadores de pimienta servían para reducir las lesiones del personal y los internos, el estudio admitió que no había forma de saber «cuántas lesiones se habrían producido, de haberse producido alguna, si no se hubieran introducido las armas». Este estudio se cita en el material promocional de Nova Products, al ser las armas fabricadas por esa compañía las que fueron seleccionadas para el proyecto piloto.

(73) Carta del Departamento de Justicia al juez de la Corte del Condado sobre el Centro de Detención del condado de Daviess, Kentucky, 10 de abril de 1998.

(74) Amnistía Internacional ha pedido que se prohíba este método de inmovilización (véase Derechos para todos, op.cit.).

(75) Cuando se estaba redactando este informe, la cárcel del condado de Kenton era objeto de una demanda judicial de un millón de dólares presentada por la familia de James Franklin, diabético de 68 años de edad, que fue hallado muerto en una celda de aislamiento en junio de 1998, presuntamente como resultado de una grave negligencia médica. Según algunos informes, un agente fue rebajado de categoría por falsificar información en un informe redactado a raíz de la muerte de Franklin. Otro funcionario fue despedido.

(76) El Servicio de Inmigración y Naturalización envía a sus detenidos, entre ellos a los solicitantes de asilo, a cárceles del condado cuando sus propias instalaciones están llenas.

(77) Los 17 procedentes de Bahamas, Cuba, Honduras y Bangladesh.

(78) Según un periódico de Miami, el administrador ha afirmado que el personal utiliza el escudo para reducir a los presos con problemas de disciplina y ha admitido que, en ocasiones, los guardas han encadenado a los presos que están en régimen de aislamiento a una cama de cemento. Negó, sin embargo, que se hubieran aplicado descargas electricas a presos que estuvieran esposados. Miami New Times, 30 de julio - 5 de agosto de 1998.

(79) Red Onion State Prison: Super-Maximum Security Confinemente in Virginia. Human Rights Watch.

(80) «Employees criticize privately run prison». The Plain Dealer, 30 de agosto de 1998.

(81) Documento de la ONU E/CN.4/1998/38, del 24 de diciembre de 1997, párrafo 203. En su informe de 1999, el Relator Especial «lamenta que no se han facilitado respuestas detalladas a las comunicaciones que ha enviado [a las autoridades estadounidenses]desde 1995. Confía en que para cuando prepare su siguiente informe habrá recibido respuestas a esas comunicaciones [...]». Documento de la ONU E/CN.4/1999/61, del 12 de enero de 1999, párrafo 752.

(82) Véanse, por ejemplo, los capítulos 3 y 4 del documento Derechos para todos, op. cit.

(83) Cinturón paralizante utilizado por el Equipo de Transporte de Seguridad Interestatal para el transporte de presos entre estados.

(84) En la unidad de máxima seguridad de la cárcel de Kirkland.

(85) Pistolas tasery pistolas paralizantes autorizadas, aunque no está confirmado si están siendo utilizadas en alguna de las instituciones del Departamento de Prisiones.

(86) Según las directrices sobre el sobre el «uso de la fuerza» del departamento, «el uso del cinturón paralizante resulta apropiado para el transporte de presos cuya condición médica no permita una inmovilización total [...]» A Amnistía Internacional le preocupa esta postura, ya que no se conocen los efectos del cinturón en la salud, pero no tiene conocimiento de que el cinturón se esté usando en centros que dependan del Departamento de Prisiones.

(87) El Departamento de Prisiones no utiliza material inmovilizador. En enero de 1999 los agentes de la División de Servicios de Detención Preventiva recibieron entrenamiento para el uso del cinturón paralizante, y en abril para el uso del escudo paralizante.

(88) En una carta fechada el 14 de abril de 1999, el Director del Departamento de Prisiones de Misuri escribió: «El uso de cualquier dispositivo de electrochoque o dispositivo paralizante está expresamente prohibido en nuestro departamento».

(89) En el ámbito estatal, el Departamento de Prisiones autorizó recientemente la compra de material inmovilizador, pero, por lo menos hasta enero de 1999, no ha comprado ninguno, ya que las directrices para el uso de la fuerza del Departamento de Prisiones todavía no se ocupan de este tipo de material.

(90) El cinturón paralizante está contemplado en las directrices sobre el «uso de la fuerza», pero, al menos hasta enero de 1999, el departamento no ha autorizado ninguna compra.

(91) Según indican los informes, el Departamento de Justicia Penal de Texas dejó de utilizar escudos paralizantes después de la muerte de Harry Landis, agente penitenciario. Su muerte se produjo en diciembre de 1995 durante una sesión de entrenamiento para el uso del escudo paralizante.

(92) La Unidad de Operaciones Especiales ha hecho pruebas con pistolas taser, pero nunca las ha utilizado.