PÚBLICO Índice AI: AMR 51/055/2005

15 de marzo de 2005

AU 64/05 Pena de muerte / preocupación jurídica

EE. UU. (Pensilvania) Kathy MacClellan, de 70 años de edad

Los fiscales de Pensilvania han anunciado su intención de pedir la pena de muerte contra Kathy MacClellan por un delito que se le acusa de haber cometido el mes pasado. Kathy MacClellan tiene 70 años, y el derecho internacional prohíbe la imposición de la pena de muerte a personas que sean mayores de 70 años en el momento del delito.

Kathy MacClellan ha sido acusada del asesinato de su vecina, Marguerite Eyer, de 84 años de edad, hallada el 7 de febrero en su casa de la localidad de Easton, condado de Northampton, en el este de Pensilvania. Marguerite Eyer murió poco después, en el hospital. Había sido golpeada en la cabeza. La fiscalía afirma que había sido víctima de robo.

Aún no se ha fijado la fecha para el juicio de Kathy MacClellan. El 12 de marzo, la Fiscalía de Distrito del condado de Northampton comunicó su intención de pedir la pena de muerte contra ella. Se considera probable que en el caso se aborden las cuestiones relativas a su salud mental.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe el uso de la pena de muerte contra las personas que fueran mayores de 70 años en el momento del delito. Estados Unidos no ha ratificado esta convención, pero sí la firmó en 1977. Al convertirse en signatario, el país se ha comprometido en virtud del derecho internacional a no hacer nada que mine el tratado mientras decide sobre su ratificación.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. Es una pena que constituye un síntoma de la cultura de la violencia, no una solución a ella. Se trata de un castigo desfasado, abolido en la ley o en la práctica en 118 países. Un reducido número de países, incluido Estados Unidos, son responsables de la inmensa mayoría de las ejecuciones. En China, país que más presos ejecuta cada año, no hay límite máximo de edad para la aplicación de la pena capital. Por ejemplo, Wei Youde fue condenado a muerte en la provincia de Hunan en 2002 por un asesinato que se cometió cuando tenía 87 años. Su condena fue conmutada en 2004, en el proceso de apelación.

Desde que Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales en 1977, 944 hombres y 10 mujeres han muerto en sus cámaras de ejecución. El sistema estadounidense de aplicación de la pena capital se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y los errores, y las autoridades estadounidenses han violado con frecuencia las normas internacionales en su afán de ejecutar a presos, incluidos menores de edad, deficientes mentales, personas sin asistencia letrada adecuada, personas sobre cuya culpabilidad seguían existiendo dudas y ciudadanos extranjeros a los que se negaron sus derechos consulares.

En 2002, en la causa Atkins vs. Virginia, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió la ejecución de delincuentes que sufrieran retraso mental. Este mismo mes de marzo de 2005, en la causa Roper vs. Simmons, la Corte estableció la misma prohibición para los casos de delincuentes que fueran menores de 18 años en el momento del delito. Esta última resolución ha alineado finalmente a Estados Unidos con el consenso mundial que prohíbe la pena de muerte para los delitos cometidos por menores.

El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: "No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta". Estados Unidos firmó esta convención el 1 de junio de 1977 y, al convertirse en signatario, se comprometió a no minar las disposiciones del tratado. En virtud del artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1979), "[u]n Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado: a) si ha firmado el tratado [...] mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado".

En Estados Unidos, desde 1977, no se ha ejecutado a ninguna persona que fuera mayor de 70 años en el momento del delito. En 1991, Ray Copeland fue condenado a muerte en Misuri por un delito que se cometió cuando tenía 71 años. Murió en prisión dos años después. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ninguna otra persona que haya sido condenada a muerte en Estados Unidos desde 1977 por un delito cometido cuando era mayor de 70 años de edad. En enero de 2002, un fiscal de condado de Texas anunció su intención de pedir la pena de muerte contra Melvin Hale, acusado de un asesinato cometido dos años antes, cuando él tenía 72 años (véase AU 08/02, AMR 51/001/2002, http://web.amnesty.org/library/index/eslamr510012002). En aquel caso se llegó un acuerdo por el cual Melvin Hale se declaró culpable y a cambio fue condenado a cadena perpetua.

Se cree que la persona de más edad recluida actualmente en el "corredor de la muerte" de Estados Unidos es Viva Leroy Nash, de 89 años. Fue condenado a muerte en Arizona en 1983 por un delito que se cometió en 1982, cuando él tenía 67 años. La persona de más edad ejecutada en Estados Unidos desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977 fue James Hubbard, que tenía 74 años en el momento de ser ejecutado en Alabama el 5 de agosto de 2004. Tenía menos de 60 años cuando se cometió el delito. Además, en el país se ha ejecutado desde 1977 a dos mujeres que tenían más de 60 años en el momento de su muerte: Betty Lou Beets, que tenía 62 años cuando fue ejecutada en Texas en febrero de 2000, y Lois Nadean Smith, que tenía 61 años en el momento de ser ejecutada en Oklahoma en diciembre de 2001.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

- manifestando su apoyo a los familiares y amigos de Marguerite Eyer, y explicando que no pretenden disculpar la manera en que murió ni menospreciar el sufrimiento que su muerte ha causado;

- explicando que no pretenden hacer comentario alguno sobre la culpabilidad o inocencia de Kathy MacClellan, sino simplemente expresar su preocupación por la intención del condado de Northampton de pedir la pena de muerte contra ella;

- señalando que el pedir la pena de muerte contra una acusada que tenía más de 70 años en el momento del delito constituye una violación del derecho internacional;

- pidiendo a la fiscalía que abandone su intención de pedir la pena de muerte en este caso.

LLAMAMIENTOS A:

Fiscal Adjunta Primera del Distrito

Paula A. Roscioli

First Deputy District Attorney

Office of the District Attorney of Northampton County

Government Center

669 Washington Street, Easton

PA 18042, EE. UU.

Fax: +1 610 559 3035

Tratamiento: Dear First Deputy District Attorney / Sra. Fiscal Adjunta Primera del Distrito

COPIA A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.

También pueden enviar cartas breves y personales de preocupación (de no más de 250 palabras) a:

Letters to the Editor, The Express-Times

30 N. 4th Street, P.O. Box 391, Easton, PA 18044-0391, EE. UU.

Correo-e., a través del sitio web: http://penn.nj.com/expresstimes/submit.html

Fax: +1 610 258 7130

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.