Público

Amnistía Internacional

EE. UU.: No a los juicios sin las debidas garantías.

Ha llegado el momento de suprimir las comisiones militares

07 de mayo de 2009

Índice AI: AMR 51/061/2009

La administración de Estados Unidos podría estar sopesando la reanudación de los juicios ante comisiones militares de personas detenidas en Guantánamo, tras una suspensión de 120 días que expira el 20 de mayo de 2009. Amnistía Internacional sigue oponiéndose a los juicios celebrados al amparo de la Ley de Comisiones Militares¹(Military Commissions Act, MCA). Los juicios de los detenidos de Guantánamo deberían celebrarse ante cortes federales civiles estadounidenses y cumplir las normas internacionales. En ningún caso la administración debería solicitar la pena de muerte.

Los procedimientos de las comisiones militares se suspendieron poco después de la toma de posesión del presidente Barack Obama el 20 de enero de 2009. En un memorándum hecho público ese mismo día, el secretario de Defensa, Robert Gates, ordenó a la Autoridad Convocante de las Comisiones Militares que “dejara de remitir causas a las comisiones militares inmediatamente”. Además ordenó al fiscal jefe de las comisiones militares que “dejase de presentar acusaciones”, que solicitase a los jueces de las comisiones la suspensión por espacio de 120 días de las diligencias en todos los casos pendientes y que solicitase al Tribunal de Revisión de las Comisiones Militares que “dejase en suspenso durante 120 días todos los recursos pendientes”. La mayoría de los jueces militares aceptaron estas peticiones. En el único caso en que un juez se negó a hacerlo, el gobierno retiró los cargos contra el detenido en cuestión.²

El memorándum del secretario de Defensa afirmaba que el objetivo de la suspensión era conceder a la nueva administración el tiempo suficiente para “revisar la situación de las personas que se encuentran en la actualidad detenidas en Guantánamo, evaluar los casos de los detenidos cuya liberación o traslado no han sido autorizados, para determinar si deben ser procesados por alguno de los delitos que puedan haber cometido, y para establecer qué instancia sería la más adecuada en un futuro procesamiento”. El memorándum concluía con la frase “esta orden no descarta que la [Oficina de las Comisiones Militares] siga investigando o evaluando los casos.”.

Amnistía Internacional ha solicitado a la nueva administración que renuncie a las comisiones por completo, que retire todos los cargos presentados en aplicación de la Ley de Comisiones Militares y que traslade de inmediato a territorio continental estadounidense a toda persona detenida en Guantánamo contra la que vayan a presentarse cargos. Estos detenidos deben comparecer ante una autoridad judicial civil y se les deben imputar sin demora delitos concretos de acuerdo con ley federal pertinente. Todo inculpado debería ser juzgado sin dilaciones indebidas en cortes federales ordinarias de Estados Unidos³.

Sin embargo, tres meses y medio después de la toma de posesión, la administración no ha presentado cargos contra ninguna de las personas detenidas en Guantánamo ni se ha pronunciado sobre qué instancia o instancias deberán juzgarlas. Ha mantenido la opción de las comisiones militares abierta. Por ejemplo, en la presentación de un escrito en marzo de 2009 la administración apuntó que “bajo la dirección del secretario de Defensa, el Departamento de Defensa sigue investigando y evaluando casos susceptibles de ser sometidos a juicio por una comisión militar”. En una sesión ante el Comité de Consignaciones del Senado el 30 de abril de 2009, el secretario Gates indicó que las comisiones “todavía están vigentes”. El 8 de abril de 2009, en una entrevista con los medios de comunicación, el fiscal general, Eric Holder, insinuó que “un número considerable” de personas contra las que la administración había decidido presentar cargos serían juzgadas en cortes federales civiles, pero que otras podrían ser llevadas ante “cortes militares” con “algunas medidas mejoradas”

El fiscal general Holder comentó que uno de los retos era qué hacer con los detenidos que habían sido objeto de técnicas de interrogatorio “mejoradas” cuando estaban bajo custodia estadounidense, es decir, métodos que quebrantan la prohibición de tortura y malos tratos. Amnistía Internacional quiere destacar que si el procesamiento en una corte federal ordinaria no se considera posible para un determinado detenido porque es de esperar que la corte rechace todo tipo de pruebas obtenidas mediantes tortura o malos tratos o tome las medidas necesarias para asegurar un juicio justo, no sería lícito ni legal recurrir a procedimientos judiciales que consideren como válidas esas pruebas. Es ilegal utilizar la información obtenida mediante tortura o malos tratos en cualquier actuación. Si es necesario garantizar que se cumplen las debidas garantías en un juicio ante una corte federal ordinaria, será igualmente necesario garantizarlo ante cualquier otra corte. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Estados Unidos es parte, prohíbe la discriminación basada en el origen nacional en aras de las debidas garantías de todo proceso judicial. En la actualidad, la Ley de Comisiones Militares y sus procesos judiciales especiales sólo son aplicables a personas no estadounidenses, lo que es una clara violación de esta norma. Si no es posible presentar las pruebas suficientes y admisibles en una corte federal ordinaria para sustentar la acusación de una persona detenida en Guantánamo, ésta debería quedar inmediatamente en libertad.

Amnistía Internacional considerará motivo de gran preocupación cualquier propuesta que permita que personas civiles sean juzgadas por cualquier tipo de tribunal militar. La organización se opone a que personas civiles, incluidas aquellas acusadas de delitos de lesa humanidad o de otros delitos graves similares, sean juzgadas por cortes militares. A la organización le preocupa que la nueva administración, a pesar de haber retirado el término “combatiente enemigo” en las litigaciones de Guantánamo y de quitar importancia a la frase “guerra contra el terrorismo”, sigua enmarcando dentro de las “leyes de la guerra” detenciones que no están relacionadas con ningún “conflicto armado” actual, según se define este término en el derecho internacional de los conflictos armados, al margen del derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía Internacional sigue pidiendo a EE.UU. que se base únicamente en los sistemas ordinarios de justicia penal para justificar la detención preventiva de aquellas personas que no están relacionadas con ningún conflicto armado internacional actual y que han sido acusadas por conductas fundamentalmente delictivas.

acusados previamente al amparo de la ley de comisiones militares

A fecha de 19 de enero de 2009, 28 detenidos de Guantánamo habían sido acusados por la administración Bush al amparo de la Ley de Comisiones Militares. Tres de ellos habían sido declarados culpables -de los cuales dos habían sido enviados a sus países de origen (Australia y Yemen) y un tercero, Ali Hamnza al-Bahul, de nacionalidad yemení, estaba cumpliendo cadena perpetua en Guantánamo⁴. La Autoridad Convocante de las Comisiones Militares había desestimado los cargos contra varios otros, entre ellos Binyam Mohammed, de nacionalidad etíope y residente en Reino Unido, quien se convirtió en febrero de 2009 en el primero y hasta la fecha único detenido puesto en libertad por la nueva administración⁵. En abril de 2008, se desestimaron los cargos contra otro detenido, Mohamed al Qahtani, de nacionalidad saudí. En enero de 2009, la Autoridad Convocante de las Comisiones Militares hizo público que había desestimado los cargos contra Mohamed al Qahtani porque fue torturado mientras estuvo bajo custodia estadounidense⁶.

La administración Bush acusó de acuerdo con la Ley de Comisiones Militares a siete detenidos que habían permanecido en programas de detención secreta antes de ser enviados a Guantánamo en 2006; pedía la pena de muerte para seis de ellos. Los siete habían sido sometidos a desaparición forzada mientras estuvieron en detención secreta. Algunos o todos ellos habían sufrido técnicas de interrogatorios o condiciones de detención que equivalen a torturas o a otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes⁷.

A dos de los detenidos acusados según la Ley de Comisiones Militares se les imputaron delitos que presuntamente cometieron cuando eran menores de edad. El ciudadano canadiense Omar Khadr tenía 15 años cuando fue puesto bajo custodia estadounidense, y Mohammed Jawad, de nacionalidad afgana, tenía 16 o 17 años⁸. En el trato que recibieron, Estados Unidos no tuvo en ningún momento en cuenta su edad, en contravención del derecho internacional, incluido el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Entre los que han solicitado que no sean juzgados en un tribunal militar está el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Si Estados Unidos decide seguir adelante con su procesamiento deberá hacerlo de forma que tenga verdaderamente en cuenta sus derechos humanos, especialmente su edad en el momento en el que se cometieron los presuntos delitos. Además, Amnistía Internacional considera que teniendo en cuenta los años durante los que han sido objeto de trato ilegítimo a manos de Estados Unidos, debería estudiarse seriamente, por razones humanitarias y de rehabilitación, la posibilidad de que sean liberados e incluidos en programas apropiados para garantizar su reintegración en la sociedad. El 23 de abril de 2009, la Corte Federal de Canadá dictaminó que el gobierno de Canadá “debe presentar una solicitud a Estados Unidos para que se repatríe al Sr. Khadr lo antes posible” y que la negativa actual del gobierno canadiense “falta a un principio de justicia fundamental”. La próxima vista de la comisión militar sobre el caso de Omar Kahdr está fijada actualmente para el 1 de junio de 2009.

El 12 de junio de 2008 la Corte Suprema de Estados Unidos falló en la causa Boumediene v. Bush que las personas detenidas en Guantánamo tenían derecho a que se vieran con “prontitud” sus recursos de hábeas corpus en cortes federales de Estados Unidos para que pudieran impugnar la legalidad de su detención. Once meses después sólo unos pocos detenidos han podido acogerse a un procedimiento de hábeas corpus. Ninguna de las personas previamente acusadas para ser juzgadas por las comisiones militares de la administración Bush han tenido la posibilidad de presentar un recurso de hábeas corpus. Es más, en varios de estos casos, la nueva administración ha pedido que se desestimen o se suspendan los recursos de hábeas corpus alegando que algunos de los cargos en su contra están todavía pendientes.⁹

El 22 de abril de 2009 un juez de la corte federal de primera instancia rechazó levantar la suspensión del recurso de hábeas corpus en el caso de Baidullah Obaidullah, de nacionalidad afgana, que había sido acusado según la Ley de Comisiones Militares en septiembre de 2008 después de haber pasado más de seis años bajo custodia estadounidense. El juez Richard Leon ordenó que el gobierno le proporcionara el 17 de julio de 2009 una puesta al día sobre el proceso de la comisión militar en el caso de Obaidullah.

El 27 de abril de 2009 la juez de la corte federal de primera instancia, Ellen Segal Huvelle, denegó la petición del gobierno de desestimar o dejar en suspenso el recurso de hábeas corpus de Mohammed Jawad y Mohammed Kameen en vista de que se habían suspendido los procedimientos de las comisiones militares. Sin embargo, la juez dijo que el gobierno podría volver a cursar su petición de desestimación si los cargos contra estos dos ciudadanos afganos eran remitidos a una comisión militar. La próxima sesión de procedimientoen el caso de hábeas corpus de Mohammed Jawad ante la corte federal de primera instancia está fijada para el 15 de junio de 2009, más de una año después del fallo de la causa Boumediene y seis años y medio después de que Mohammed Jawad fuese puesto bajo custodia estadounidense cuando era adolescente. ¹⁰

El 7 de abril, en el caso de Ahmad Mohammad al Darbi, ciudadano saudí detenido por autoridades civiles en Baku, Azerbaiyán, en 2002 y transferido a Guantánamo vía Bagram, Afganistán, el presidente de la corte federal de primera instancia, Royce Lamberth, denegó la petición del gobierno de desestimar o suspender su petición de hábeas corpus. Teniendo en cuenta la suspensión de las comisiones militares el presidente de la corte falló que “Al Darbi no puede agotar su proceso penal porque no tiene ningún proceso abierto programado”. Acceder a la petición de desestimación de la solicitud de hábeas corpus, dejaría, según el presidente de la corte federal, a Ahmad al Darbi en “un limbo”. La solicitud del gobierno fue rechazada sin perjuicio de “estudiar si [al Darbi] deber ser citado para ser juzgado en un tribunal penal, militar o civil”. El 27 de abril de 2009 el juez militar que presidía la comisión militar de Ahmed al Darbi dictó una orden en la que especificó que “en la fecha de esta orden, no ha habido ningún cambio en el marco estatutario o regulador que rige las comisiones militares. Ante esto, el juez militar, el coronel James Pohl, fijó la próxima vista en el caso de Ahmed al Darbi para el 27 de mayo de 2009 en Guantánamo. Al establecer la fecha, el coronel Pohl escribió que “no estaba intentando influir en la revisión por parte de la administración” y que estudiaría adecuar o cancelar la vista si “se produce algún cambio entre la fecha actual y el 27 de mayo de 2009”.¹¹

acciones recomendadas

Envíen sus llamamientos a una o a varias de las direcciones proporcionadas a continuación, utilizando la siguiente pauta

• manifestando su preocupación porque durante los más de tres meses de la nueva administración ni una sola persona detenida en Guantánamo ha sido acusada ante las cortes ordinarias y sólo una ha quedado en libertad.
  
  

• pidiendo a la administración estadounidense que renuncie por completo a las comisiones militares y a los tribunales cuyos procedimientos no cumplen con las normas internacionales;
  
  

• pidiendo a la administración que presente cargos contra los detenidos para que sean juzgados ante cortes federales ordinarias o que los excarcele;
  
  

• pidiendo que se estudie urgentemente la repatriación por motivos humanitarios y de rehabilitación de aquellos detenidos que fueron puestos bajo custodia cuando eran menores de edad, tal y como se especifica anteriormente;
  
  

• pidiendo a la administración que no solicite la pena de muerte para ninguno de los detenidos contra los que decida presentar cargos.
  
  

DIRECCIONES

President Barack H. Obama

Office of the President

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington DC 20500, EE. UU.

Email: president@whitehouse.gov

Fax: + 1 202 456 2461

Tratamiento: Dear Mr President/Sr. Presidente

Attorney General Eric H. Holder

US Department of Justice

950 Pennsylvania Avenue, NW

Washington DC 20530-001, EE. UU.

Fax: + 1 202 307 6777; + 1 202 616 8470

Email: AskDOJ@usdoj.gov

Tratamiento: Dear Attorney General/Sr. Fiscal General

Secretary of Defense Robert M. Gates

1400 Defense Pentagon

Washington DC 20301, EE. UU.

Fax: + 1 703 571 8951

Tratamiento: Dear Secretary of Defense/Sr. Secretario de Defensa

Por favor, envíen copia de sus llamamientos a los representantes diplomáticos estadounidenses acreditados en su país.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España